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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-08-19Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 66001233300020160019204LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existe fundamento jurídico para negar la prueba documental solicitada de tal suerte que la decisión del tribunal no resulta irrazonable, desproporcionada o arbitraria? Sí
El contratista no puede obtener la prueba documental solicitada si no demuestra haber ejercido el derecho de petición de manera diligente y oportuna, conforme a los artículos 173 y 78 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a proporcionar documentos que el actor pudo haber obtenido por sí mismo mediante el derecho de petición, y si no se presenta prueba de que se intentó obtener dicha información, la negativa del tribunal a decretar la prueba no resulta irrazonable, desproporcionada o arbitraria. La administración puede negar la prueba documental si no se acredita que el actor ha cumplido con su deber de diligencia, lo que implica que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante no prospera, confirmando la decisión del tribunal.síntesis automática
También resuelve:¿No existe prueba que el interesado hubiera radicado la petición del documento en la entidad respectiva o que la petición no hubiera sido atendida?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2024-07-22Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿El derecho de petición presentado ante la autoridad judicial, solo procede frente a las funciones administrativas que esta desempeñe? Sí
El derecho de petición ante la autoridad judicial solo es procedente respecto de las funciones administrativas que esta desempeña, no alcanzando para solicitudes que requieren una actuación judicial, las cuales deben tramitarse conforme a las reglas procesales correspondientes. En este caso, la solicitud presentada buscaba información sobre los fundamentos legales de una decisión judicial, lo cual es improcedente ya que se trata de un acto jurisdiccional sometido a la ley procesal, y no una función administrativa. Además, la Constitución Política y el Código de Procedimiento Civil establecen que el acceso a la justicia debe efectuarse por conducto de un abogado, salvo excepciones específicas no aplicables en este caso, por lo que todas las actuaciones judiciales en la acción de controversias contractuales deben tramitarse a través del abogado que representa a las partes.síntesis automática
También resuelve:¿En la presente acción de controversias contractuales, todas las actuaciones judiciales que se surtan, deben conducirse a través del abogado que detenta la representación judicial de las partes?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2024-06-11Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente el derecho de petición para efectuar solicitudes que se relacionan con los fundamentos de las decisiones judiciales proferidas en el marco de la litis? No
Cuando una parte formula al juez, por la vía del derecho de petición, solicitudes que se relacionan con los fundamentos de las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso, la petición es improcedente. La regla se sostiene en tres razones: el derecho de petición del artículo 23 de la Constitución solo procede ante las autoridades judiciales cuando actúan en ejercicio de funciones administrativas; las solicitudes que requieren una actuación judicial se sujetan a las reglas procesales del trámite ante la jurisdicción; y el artículo 229 de la Constitución exige que el acceso a la administración de justicia se haga por conducto de un profesional del derecho, salvo excepciones legales. En el caso, la sociedad actora presentó directamente una petición sobre los fundamentos de un auto que ordenó practicar una prueba, sin que la norma permita litigar sin abogado en una acción de controversias contractuales, por lo que se ordenó estarse a lo resuelto. El documento cita una providencia previa sobre el alcance del derecho de petición ante autoridades judiciales, pero no señala que la regla reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que las objeciones a las decisiones judiciales deben presentarse por el apoderado a través de los recursos procesales.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición2024-03-11Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233100020080125501ACCION CONTRACTUAL
¿Los jueces tienen la obligación de respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia? Sí
Los jueces deben respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia, y que la solicitud de impulso de un proceso judicial no se tramita como derecho de petición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 impone a los jueces el deber de respetar el orden para proferir sentencia. Segunda, la actividad judicial se rige por los códigos procesales de cada jurisdicción, y los procesos contencioso administrativos siguen el CCA o el CPACA según la fecha de inicio, conforme al artículo 308 del CPACA. Tercera, la jurisprudencia citada ha precisado que el derecho de petición regulado en la Ley 1755 de 2015 es improcedente ante las autoridades judiciales en desarrollo de su actividad judicial. La providencia ordena estarse a lo resuelto e informar a la solicitante que el proyecto de sentencia se redactará en su turno. La consecuencia práctica es que el reclamo sobre la demora en el fallo se resuelve dentro del turno del despacho y no mediante derecho de petición.síntesis automática
También resuelve:¿La actividad de las autoridades judiciales está regulada en los códigos procesales de las respectivas jurisdicciones y especialidades?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición2023-08-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980028901ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente la petición de impulso procesal reiterada por el demandante, con miras a obtener fallo definitivo, cuando se observa que aún existen actuaciones procesales pendientes por surtirse en el trámite del proceso? No
En cuanto a la solicitud de impulso radicada el 15 de junio de 2023, tendiente a que se profiera fallo definitivo, se le aclara al demandante que el asunto se encuentra al Despacho para resolver objeción del dictamen pericial presentada el 3 de marzo de 2023 por el apoderado de la parte demandada, de manera que aún existen actuaciones procesales pendientes, las cuales, una vez se surtan en su totalidad, se podrá proferir una decisión de fondo en el presente asunto. En ese sentido, es dable precisar que de conformidad con el principio de preclusión, el juez debe garantizar que el proceso se desarrolle conforme a las etapas y oportunidades previstas en la ley, para efectos de garantizar la seguridad jurídica y que el proceso cumpla su función de solucionar efectivamente las controversias jurídicas.
¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público e hizo efectiva la cláusula penal, por haberse vulnerado el debido proceso de la contratista, porque la entonces directora del DADEP omitió tramitar la recusación formulada en su contra antes de proferir la Resolución 245 de 8 de julio de 2019 por la cual se resuelven dos recusaciones promovidas contra la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica? No
No existe una causal de nulidad autónoma denominada violación del debido proceso, pues las causales previstas en el artículo 137 del CPACA se refieren a formas de vulneración de alguno de los componentes de ese derecho, de modo que el reproche debe encuadrarse en un vicio concreto de forma o de expedición irregular del acto. Tampoco pueden estudiarse los cargos contra actos que no fueron demandados, pues estos se presumen legales mientras no se pida su nulidad. Por ello, la omisión de tramitar una recusación debe demostrarse como vicio específico del acto que se cuestiona y no puede invocarse de manera general. En el caso concreto, la contratista alegó que la omisión de tramitar una recusación antes de resolver otra vulneró su debido proceso, y la providencia confirmó la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento del contrato y ordenaron hacer efectiva la cláusula penal. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento por vicios procedimentales debe identificar la causal específica del artículo 137 y demandar también los actos que resuelven la recusación.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso?
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra?¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa?¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2025-06-03Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020140012100LEY 1437 REPETICION
¿Existe fundamento jurídico para negar la prueba documental solicitada, de tal suerte que la decisión del ponente no resulta irrazonable, desproporcionada o arbitraria? Sí
El contratista no puede obtener el decreto de prueba documental en un proceso de repetición contra la entidad estatal si no demuestra que la petición previa no fue atendida, de acuerdo con el artículo 173 del Código General del Proceso. La entidad estatal puede negar la prueba documental solicitada si la parte demandante no acredita que la petición fue radicada y la entidad guardó silencio, lo que no constituye un exceso ritual manifiesto. La Sala confirmará la decisión del ponente si encuentra fundamento jurídico para negar la prueba documental sin que resulte irrazonable, desproporcionada o arbitraria, reafirmando que la parte actora debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 173 del CGP para solicitar la prueba documental. Esta decisión matiza la interpretación de la obligación de solicitar previamente la prueba documental y restringe la posibilidad de obtenerla en la fase judicial sin cumplir con dichos requisitos, lo que limita la capacidad del contratista para obtener pruebas adicionales en la etapa judicial.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora no probó lo que exige la norma, esto es, que la petición no hubiera sido atendida?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-11-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 50001233300020150019101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia, entre otras, cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la contraparte? Sí
El contratista no puede obtener pruebas documentales a través del juez si no ha intentado obtenerlas previamente mediante el derecho de petición, conforme al artículo 78, numeral 10, y 173, inciso 2, del Código General del Procedimiento Administrativo Contencioso. Esta regla se fundamenta en que las partes y sus apoderados deben abstenerse de solicitar al juez documentos que podrían haber conseguido por sí mismos, y su incumplimiento implica la negación de la solicitud de pruebas en segunda instancia. La Sala ha reiterado este criterio, estableciendo que no procede el decreto de pruebas documentales cuando no se acredita que la parte demandante haya realizado las gestiones necesarias antes de interponer la demanda. Esta decisión implica que las partes deben cumplir rigurosamente con la carga procesal antes de solicitar pruebas en el proceso, lo que puede limitar significativamente la obtención de pruebas documentales en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es deber de las partes y sus apoderados abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que, directamente, o por medio del ejercicio del derecho de petición, hubieren podido conseguir?
¿Para que opere el silencio administrativo positivo respecto de la renuncia del contrato de concesión minera, se deben cumplir los siguientes requisitos: presentar por parte del concesionario de la manifestación unilateral de renuncia al contrato de concesión minera; y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta (30) días contados a partir de su radicación.? Sí
Para que el silencio administrativo positivo opere en el contexto de la renuncia al contrato de concesión minera, es necesario que el concesionario presente una manifestación unilateral de renuncia y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta días hábiles. En este caso, la Sala ha confirmado que la configuración del silencio administrativo positivo se da cuando la Administración no responde a la solicitud de renuncia dentro del plazo establecido, lo que implica la aceptación tácita de la renuncia.síntesis automática
También resuelve:¿Configura el silencio administrativo positivo el vencimiento del término legal otorgado a la Administración para resolver una petición…¿Opera el silencio administrativo positivo frente a la renuncia al contrato de concesión minera cuando el concesionario presenta la solicitud de renuncia y la autoridad minera deja vencer el término…¿Conservaba la Agencia Nacional de Minería competencia para proferir actos administrativos sobre la renuncia al contrato de concesión minera después de configurarse el silencio administrativo…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar2022-04-18Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020140013700LEY 1437 REPETICION
[D]ecreto de las medidas cautelares solicitadas. Sí
En la medida que [la] información es susceptible de ser obtenida… mediante el ejercicio del derecho de petición, sin que le sea dable, como se dijo en párrafos anteriores, acudir a los poderes del Juez para tal efecto, como quiera que el artículo 173 [CGP], condiciona al juez para ordenar la práctica de las pruebas que la parte haya podido solicitar directamente… , a que ésta haya probado sumariamente que actuó en procura de aportar dichas pruebas, es decir, que las solicitó a la entidad, pero que estas le fueron negadas, lo cual no ocurrió en este caso.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-10-08Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020220039802Controversias contractuales
¿Para tener por cumplida la carga prevista en el artículo 173 del CGP basta con comprobar que la autoridad dio respuesta formal al derecho de petición mediante el cual la parte solicitó los documentos? Sí
El contratista no cumple con la carga prevista en el artículo 173 del Código General del Proceso si la respuesta formal a su derecho de petición no permite acceder efectivamente a los documentos solicitados, ya que la regla exige que estos sean entregados o que se permita su consulta. La entidad estatal debe atender íntegramente la petición documental para que el juez se abstenga de ordenar pruebas adicionales, salvo que la parte demuestre que su solicitud no fue atendida. Además, si la respuesta oficial ya reconoce el hecho que se pretende acreditar, las pruebas documentales adicionales resultan superfluas en virtud del artículo 168 del CGP, a menos que demuestren utilidad específica para el propósito probatorio indicado. Asimismo, el agotamiento del trámite de insistencia no es un requisito para solicitar judicialmente la incorporación de documentos considerados reservados, y la administración no puede oponer la reserva a la autoridad judicial sin asegurar la conservación de los documentos. Finalmente, la prueba documental que acredita pagos o recuperaciones patrimoniales efectivas es pertinente para establecer el monto del daño subsistente, siempre y cuando se demuestre que los documentos remitidos mediante enlaces electrónicos han quedado incorporados y preservados de manera estable en el expediente.síntesis automática
También resuelve:¿Deben rechazarse como superfluas las pruebas documentales adicionales cuando el hecho que se busca acreditar ya aparece expresamente reconocido en la respuesta oficial de la entidad entidad al…¿El agotamiento del trámite de insistencia previsto en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 constituye un requisito para solicitar judicialmente la incorporación de documentos que una autoridad se…¿Procede decretar la incorporación de los documentos que acrediten los pagos o las recuperaciones patrimoniales efectivas obtenidas por el FUTIC en los procesos de cobro coactivo…
¿La omisión del trámite previsto en el artículo 12 del CPACA frente a una recusación formulada contra una funcionaria constituye un vicio de forma que invalida los actos administrativos expedidos? No
El contratista no puede invalidar los actos administrativos basándose en la omisión del trámite previsto en el artículo 12 del CPACA frente a una recusación, ya que la entidad estatal detalló las razones por las cuales se adoptó la decisión y no se extralimitó u omitió sus funciones, además de que la recusación fue resuelta posteriormente. La entidad administrativa no está obligada a tramitar reiterativamente recusaciones con fundamentos sustancialmente similares, según el artículo 19 del CPACA, lo que no vulnera el procedimiento administrativo. Asimismo, la elaboración de un informe de presunto incumplimiento por parte de un contratista, dirigido al supervisor del contrato, no vicia de nulidad el procedimiento sancionatorio, siempre y cuando no afecte derechos fundamentales o altere el sentido de la decisión. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, estableciendo que no toda irregularidad en el trámite administrativo configura una causal de nulidad, sino que debe ser jurídicamente relevante y afectar derechos fundamentales o el sentido de la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿La reiteración sustancial de los fundamentos de una recusación exime a la entidad administrativa de tramitarla conforme al artículo 12 del CPACA?¿Vulnera el procedimiento administrativo la autoridad que se remite a respuestas anteriores cuando enfrenta recusaciones reiterativas ya resueltas?¿Vicia de nulidad el procedimiento sancionatorio el hecho de que el informe de presunto incumplimiento haya sido elaborado por un contratista y no directamente por el supervisor del contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de impulso procesal2023-04-21Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233100020070292402ACCION CONTRACTUAL
¿Los jueces tienen la obligación de respetar el orden de llegada de los procesos para proferir sentencia? Sí
La parte demandada presentó solicitud de impulso procesal. El 3 de diciembre de 2021, el Despacho informó que el proceso ingresó para elaborar proyecto de sentencia el 29 de abril de 2014. El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 establece que los jueces tienen la obligación de respetar el orden para proferir sentencia. El proceso será fallado de acuerdo al turno que le corresponde.
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve:¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago?¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el…¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
¿Cuál es el término legal que debe observar la entidad contratante para efectos de aprobar una póliza en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos formales y materiales para su publicación y con miras que el contratista/proveedor obtenga una respuesta, clara y oportuna al proceso»; y ii) «¿La aprobación de una póliza por la plataforma SECOP II previo cumplimiento de los requisitos formales y materiales…
Conforme a las anteriores consideraciones, ni en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, ni el Decreto 1082 de 2015, se establece un plazo para la aprobación de las garantías constituidas por los contratistas en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, dado que según el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, la aprobación de las garantías es un requisito de ejecución del contrato, la inexistencia de un término legal para la aprobación de las garantías no hace que esta quede al libre arbitrio de la entidad contratante, quien una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de la garantía, conforme a lo pactado en el contrato y las normas citadas, debe aprobarla, sin lo cual no podrá iniciarse la ejecución del contrato.
También resuelve:Ejecución del contrato: requisitos, garantía única de cumplimiento, aprobaciónGarantía única de cumplimiento: aprobación, término, derecho de petición, silencio administrativoDerecho de petición: noción, respuesta, término
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-03-31Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020200013400LEY 1437 REPETICION
¿Puede el juez modificar el orden procesal para dictar sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial? Sí
El juez puede modificar el orden procesal para dictar sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial siempre que se cumplan las causales establecidas en el artículo 182A numeral 1 del Código General del Proceso Administrativo, y siga el procedimiento de pronunciarse sobre las pruebas, fijar el litigio y correr traslado para alegar de conclusión, sin alterar el orden establecido por la norma. Asimismo, el juez no puede decretar pruebas documentales que las partes no solicitaron previamente mediante derecho de petición, salvo que se demuestre que la petición no fue atendida o fue negada por razones de reserva legal, conforme a los artículos 78 y 173 del Código General del Proceso. Además, el juez no debe decretar una prueba testimonial cuando la parte interesada no ha precisado los hechos sobre los cuales versaría la declaración, ya que el artículo 212 del Código General del Proceso establece que es necesario enunciar concretamente los hechos objeto de prueba. Por último, la excepción de caducidad no es una excepción previa y debe resolverse en la sentencia, no antes de la audiencia inicial, como lo establece el artículo 175 del Código Procesal Administrativo y el artículo 101 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez decretar pruebas documentales que las partes no solicitaron previamente mediante derecho de petición?¿Puede el juez decretar una prueba testimonial cuando la parte interesada no ha precisado los hechos sobre los cuales versaría la declaración?¿Debe la excepción de caducidad resolverse en la sentencia y no como excepción previa, en atención a que no se encuentra prevista en el listado taxativo del artículo 100 del Código General del…
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-12-03Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020190081601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los testimonios solicitados por la entidad demandanda son pertinentes para determinar la legalidad de un acto de adjudicación? No
El contratista no puede solicitar testimonios adicionales para determinar la legalidad de un acto de adjudicación, ya que estos medios de prueba son impertinentes y vulneran el debido proceso al intentar agregar explicaciones que no están consignadas en el acto administrativo cuestionado. La entidad estatal es competente para expedir actos administrativos que gozan de presunción de certeza y legalidad, y el particular demandante debe demostrar que dichos actos están falsamente motivados o que violan disposiciones legales, sin que la administración pueda solicitar pruebas adicionales para fundamentar el acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de controvertir el acto administrativo con las consideraciones jurídicas y fácticas ya establecidas, evitando la presentación de pruebas que busquen modificar o ampliar la motivación del acto original, lo que implica que los testimonios solicitados por la entidad demandada no son pertinentes en el proceso judicial.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2022-03-17Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 66001233300020120003203LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuándo se realice alguna solicitud de complementación de un auto, debe fundamentarse dicha petición por la parte interesada, de lo contrario deberá negarse? Sí
Ingresa el expediente al despacho para proveer sobre la petición de complementación del auto del… a través del cual se resolvió la solicitud probatoria formulada por el Instituto Nacional de Vías.… En el escrito… la parte actora señala que el despacho omitió pronunciarse en relación al segundo memorial allegado por el Invias… a través del cual se allegaron los medios probatorios.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2024-04-12Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 11001032600020150004900LEY 1437 REPETICION
¿Cuando se pidan testimonios se debe expresar el nombre, domicilio, residencia o lugar donde citar a los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba? Sí
La Sala, en esta providencia confirmará la decisión adoptada en la audiencia inicial de 6 de marzo de 2023, respecto de las pruebas que fueron solicitadas por la parte demandada y que se negaron, toda vez que el expediente administrativo debió ser solicitado por la parte demandada directamente y, los testimonios, no cumplen con los requisitos de pertinencias y conducencia. El artículo 173 del CGP señala que el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite… . Por su parte, el artículo 212 del CGP dispone que cuando se pidan testimonios se debe expresar el nombre, domicilio, residencia o lugar donde citar a los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.