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ACTO ADMINISTRATIVO FICTO

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Consejo de Estado Providencia

En esta última fecha se configuró el silencio administrativo positivo en los términos del artículo 84 del CPACA

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020190053101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para que opere el silencio administrativo positivo respecto de la renuncia del contrato de concesión minera, se deben cumplir los siguientes requisitos: presentar por parte del concesionario de la manifestación unilateral de renuncia al contrato de concesión minera; y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta (30) días contados a partir de su radicación.? Sí
Para que el silencio administrativo positivo opere en el contexto de la renuncia al contrato de concesión minera, es necesario que el concesionario presente una manifestación unilateral de renuncia y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta días hábiles. En este caso, la Sala ha confirmado que la configuración del silencio administrativo positivo se da cuando la Administración no responde a la solicitud de renuncia dentro del plazo establecido, lo que implica la aceptación tácita de la renuncia.síntesis automática
También resuelve: ¿Configura el silencio administrativo positivo el vencimiento del término legal otorgado a la Administración para resolver una petición… ¿Opera el silencio administrativo positivo frente a la renuncia al contrato de concesión minera cuando el concesionario presenta la solicitud de renuncia y la autoridad minera deja vencer el término… ¿Conservaba la Agencia Nacional de Minería competencia para proferir actos administrativos sobre la renuncia al contrato de concesión minera después de configurarse el silencio administrativo…
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Consejo de Estado Providencia

Por el contrario, existen pruebas que indican que la entidad no pagaría los anteriores ítems

Sentencia — Sentencia 2023-03-10 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020080059502 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró el incumplimiento de contrato por parte del contratista? Sí
Cicon S.A. no cumplió sus obligaciones contractuales de corregir los defectos de las obras, subsanar los pendientes que le había señalado la interventoría, entregar los productos y documentos para la liquidación del contrato dentro del plazo pactado; situación que le fue comunicada por el IDU en varias ocasiones a la mencionada sociedad contratista, entre octubre de 2008 y marzo de 2009, y que incluso dio lugar a trámites administrativos dirigidos a que se declarara ocurrido el siniestro de incumplimiento y que, en consecuencia, se hiciera efectivo el amparo de cumplimiento, así como a la imposición de la multa pactada.
También resuelve: ¿Tiene competencia en segunda instancia el Consejo de Estado por razón de la cuantía del proceso? ¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde el día siguiente al vencimiento del plazo para que se efectuara la liquidación unilateral del contrato? ¿La anulación de un acto administrativo que no ha sido demandado configura una violación del debido proceso de la demanda?
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Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto

Sentencia — Sentencia 2022-10-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 15001233300020160087601 LEY 1437 REPETICION
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
El recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo es competente para el Consejo de Estado en segunda instancia, conforme a la Ley 678 de 2001 y las Leyes 1437 de 2011. En este caso, la entidad estatal no cumplió con la carga de identificar el evento de la norma que resultaba aplicable al caso concreto, lo que limitó su derecho de defensa. La Sala analizará el elemento subjetivo por fuera de las presunciones legales.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de repetición fue presentado dentro del término legal? ¿Se aplican las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron con posterioridad a su vigencia? ¿Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho constituyen prueba del elemento subjetivo?
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Acto administrativo ficto: 08001 23 31 000 1997 00535 01_22279

08001-23-31-000-1997-00535-01_22279 2013-02-13 Sección Tercera
ACTO ADMINISTRATIVO FICTO,PRUEBA DEL CONTRATO,SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – Contrato de arrendamiento, Existencia de contrato,Accionante,Competencia,Configuración,Requisitos de existencia del contrato,Prueba del contrato,Copia simple – Mes: febrero – Año: 2013…
También resuelve: Contrato de arrendamiento: existencia del contrato, carga de la prueba, accionante Acto administrativo ficto: configuración, requisitos Prueba del contrato: requisitos de existencia del contrato
Consejo de Estado Providencia

El juez no puede adoptar decisiones oficiosas cuando en el caso obre un pacto arbitral, sino que son las partes quienes deciden ―expresa o tácitamente― si cumplen o hacen cumplir la obligación inserta en el pacto arbitral de acuerdo con la ley de someter al conocimiento de árbitros la controversia que pretendan solucionar.

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 20001233100020140005201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe decretarse la nulidad procesal por falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dado que el contrato núm. 112 de 2006 contiene una cláusula compromisoria? No
Cuando en un contrato estatal existe cláusula compromisoria y el demandado no propone la excepción de compromiso o cláusula compromisoria, el juez de lo contencioso administrativo no puede declarar de oficio la falta de jurisdicción, porque la omisión implica renuncia al pacto arbitral para el caso concreto. La regla se apoya en el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, que es el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y estaba vigente cuando se presentó la demanda. Las razones que la sostienen son tres: el pacto arbitral es un acuerdo de voluntad de las partes para someter la controversia a árbitros, de modo que solo ellas pueden hacerlo valer o renunciar a él; la norma atribuye expresamente a la falta de propuesta de la excepción el efecto de renuncia; y la intervención oficiosa del juez comprometería esa voluntad. En el caso, la sentencia confirmó la decisión que negó la nulidad procesal por falta de jurisdicción, pues el demandado no alegó la cláusula en la oportunidad legal. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la excepción de cláusula compromisoria debe proponerse oportunamente ante el juez para no entenderse renunciada.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda cuando se impugna un supuesto acto ficto de liquidación unilateral del contrato… ¿La renuncia expresa del contratista a efectuar cualquier tipo de reclamación por mayor permanencia en obra y por los sobrecostos ocasionados con el nuevo plazo pactado en la prórroga del contrato… ¿Los perjuicios que cause la suspensión de la interventoría del contrato de obra pública deben ser soportados por el contratista de obra…
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Consejo de Estado Providencia

No se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud

Sentencia — Sentencia 2024-07-31 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020160055301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera? No
El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales… ¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera… ¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?
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Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-05-31 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 08001233100020110131401 ACCION CONTRACTUAL
¿El recurso de apelación determina el marco de competencia del juez de segunda instancia cuando hay apelante único? Sí
El juez de segunda instancia debe limitar su competencia al marco establecido por el recurso de apelación presentado por el apelante único, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, que reitera la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado. En el caso de controversias contractuales, la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para resolver disputas sobre la legalidad de actos administrativos contractuales que imponen multas en contratos de concesión, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. El cómputo del término de caducidad para acciones de controversias contractuales se inicia desde la fecha en que el acto administrativo demandado cobró firmeza, como lo establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. Para contratos de concesión celebrados por entidades del Estado, la normativa aplicable es la del Estatuto General de Contratación y la normatividad específica del servicio público de transporte masivo de pasajeros, según la naturaleza y composición accionaria de la entidad concesionaria.síntesis automática
También resuelve: ¿Es competente la jurisdicción contenciosa administrativa para resolver la controversia por la declaración de nulidad del acto administrativo contractual que impone multa en el marco de un contrato… ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando en la demanda se solicita la declaración de nulidad del acto administrativo contractual que… ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato de concesión suscrito por una Empresa Industrial y Comercial del Estado (“EICE”) que tiene por objeto el transporte público masivo de pasajeros?
Consejo de Estado Providencia

La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.

Sentencia — Sentencia 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020170045901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante? ¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además… ¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
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Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020190078801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso promovido contra las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería en ejecución del contrato de concesión minera? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de las resoluciones que expide una agencia estatal de naturaleza especial en la ejecución de un contrato de concesión minera, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se sostiene en tres razones: las resoluciones impugnadas se dictaron en el marco de la ejecución del contrato de concesión, lo que las sujeta al derecho administrativo; el artículo 150 del CPACA atribuye al Consejo de Estado la resolución de la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, asigna en primera instancia a los tribunales administrativos el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos, de modo que la segunda instancia corresponde a esta Corporación. Por ello, la vocación de doble instancia del proceso determina la competencia del superior. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a la competencia.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el medio de control de controversias contractuales para cuestionar las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017… ¿Debe imponerse condena en costas y fijarse agencias en derecho en segunda instancia a cargo de la parte apelante, conforme a los artículos 365 y 366 del CGP y a las tarifas del Acuerdo PSAA16‑10554…
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Consejo de Estado Providencia

El debido proceso es un principio y derecho fundamental que intrínsecamente se entrelaza con el principio de legalidad

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180084801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso de apelación, relativos a la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, dado que la autoridad minera desconoció, de forma aparente, las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción; procuraban la modificación del Programa de trabajos y Obras; y, demostraban la reducción del valor de la póliza minero ambiental? Sí
El contratista puede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos presentados en el recurso de apelación, relacionados con la ilegalidad de las resoluciones que desconocieron aparentemente las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción, la modificación del Programa de Trabajos y Obras, y la reducción del valor de la póliza minero-ambiental, ya que la falsa motivación se configura ante la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos por la administración. Esta regla reitera la jurisprudencia existente, permitiendo a los contratistas cuestionar la legalidad de los actos administrativos en términos de falsa motivación cuando se evidencie una distorsión en los fundamentos de estos.síntesis automática
También resuelve: ¿Si la posesión o tenencia de los predios que contienen los minerales son de propiedad exclusiva del Estado, al margen de quien detente su dominio… ¿El beneficiario del título minero debe presentar a la Agencia Nacional de Minería el Programa de Trabajos y Obras en el que describa la planificación… ¿Para ejecutar el contrato de concesión minera el concesionario debe constituir a favor de la autoridad minera una póliza independiente para cada etapa de ejecución del contrato…
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Consejo de Estado Providencia

Imprescriptibilidad del bien público: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-02-27 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 25000233600020190058903 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los litigios relacionados con actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado están sujetos al término de prescripción? No
Los litigios sobre actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado no están sujetos al término de prescripción. La regla se sostiene en dos razones: la línea de pensamiento que la subsección reitera, según la cual los litigios sobre actos o contratos surgidos de un bien imprescriptible o inajenable del Estado no prescriben, como ocurre con los contratos de concesión minera; y la naturaleza de los bienes de dominio público, que no pueden adquirirse por prescripción ni enajenarse, lo que impide que su régimen de controversias se someta a esa figura. Por ello, el tribunal debe aplicar esa regla al resolver la excepción de prescripción propuesta en litigios de esa naturaleza, y no declarar extinguido el derecho por el transcurso del tiempo. Esa solución se mantiene cuando el acto o el contrato se vincula directamente con el bien de dominio público, y la providencia de primera instancia se modifica en los aspectos que aplicaban la prescripción al caso.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda interpuesta en relación con un contrato liquidable fue presentada dentro del término de caducidad? ¿Se configura la desviación de poder o la vulneración del principio de planeación como causales de nulidad del acto administrativo por causa u objeto ilícito? ¿El deber de planeación en la contratación estatal impone exclusivamente a la administración la carga de información sin exigir obligaciones correlativas a los particulares?
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