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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas de repetición interpuestas

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Fecha
2025-12-09
Radicado
50001233300020160055101
Número interno
72068
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (META)
Demandado
CARLOS ALIRIO GÓMEZ VILLARAGA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas de repetición interpuestas

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Esta competencia se extiende a la revisión de apelaciones en segunda instancia siempre que la cuantía del proceso supere los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos, permitiendo a las entidades públicas obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados indebidamente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 142, 150 y 150 núm. 9
  • Ley 678 de 2001, art. 7 inc. 1

También resuelve

  • ¿Puede considerarse vulnerado el derecho fundamental al debido proceso —en particular los principios de cosa juzgada y non bis in ídem consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política—…
  • ¿Debe considerarse que existe cosa juzgada —y, por ende, que resulta improcedente emitir un nuevo pronunciamiento judicial— cuando en un proceso posterior se pretende debatir hechos y pretensiones…
  • ¿Debe abstenerse el juez de imponer costas y agencias en derecho en segunda instancia cuando la parte demandada estuvo representada por un curador ad litem que actuó de manera gratuita como defensor…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

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Condena en costas y agencias en derecho

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Es procedente aplicar las disposiciones del Código General del Proceso (CGP) a un recurso de apelación interpuesto en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando el CPACA no regula expresamente el trámite correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
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Titulación de la relatoría 11.669 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, puesto que la cuantía supera la exigida, de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150 NUMERAL 9, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1 DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AMPARO AL DEBIDO PROCESO / CLASES DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO / ELEMENTOS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / FINALIDAD DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / FORMALIDADES MÍNIMAS DEL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / LÍMITES DEL DEBIDO PROCESO Problema jurídico: ¿Puede considerarse vulnerado el derecho fundamental al debido proceso —en particular los principios de cosa juzgada y non bis in ídem consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política— cuando un juez conoce y decide nuevamente sobre un litigio en el que concurren identidad jurídica de partes, identidad de objeto e identidad de causa, conforme a los requisitos previstos en los artículos 303 del CGP y 189 del CPCA? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario, que tiene derecho a la asistencia de un abogado, a un debido proceso y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. De tal manera, que dicha disposición protege esencialmente el derecho de defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio non bis in ídem. A su turno, el artículo 303 del CGP consagra que la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Por su parte, el artículo 189 del CPCA prevé, entre otras cosas, que la sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Lo anterior supone que una de las tantas manifestaciones del derecho al debido proceso se configura precisamente en el cumplimiento del principio de cosa juzgada y del non bis in ídem, pues ambos tienen en común prohibir al juez resolver dos veces el mismo asunto. (…) Así las cosas, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre hechos, conductas o asuntos previamente culminados en otro proceso judicial en virtud de los principios mencionados, y por ello su conocimiento se debe limitar exclusivamente al análisis y decisión de cuestiones que no hayan sido debatidas y resueltas en un proceso judicial anterior. Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en los artículos 303 del CGP y 189 del CPCA, para que una sentencia tenga fuerza de cosa juzgada deben concurrir los siguientes requisitos, a saber: (i) identidad jurídica de partes, lo que implica que al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada; (ii) identidad de objeto, esto es, que la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada; y (iii) identidad de causa, que conlleva a que la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 189, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 303 COSA JUZGADA / ALCANCE DE LA COSA JUZGADA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / CARACTERÍSTICAS DE LA COSA JUZGADA / CLASES DE COSA JUZGADA / CONCEPTO DE COSA JUZGADA / CONSECUENCIA DE COSA JUZGADA / COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA / PROCEDENCIA DE LA COSA JUZGADA Problema jurídico: ¿Debe considerarse que existe cosa juzgada —y, por ende, que resulta improcedente emitir un nuevo pronunciamiento judicial— cuando en un proceso posterior se pretende debatir hechos y pretensiones que ya fueron decididos mediante la sentencia del 22 de junio de 2012, confirmada el 18 de febrero de 2015, en la cual se declaró la nulidad parcial del Decreto 033 de 2006 y se resolvió además el llamamiento en garantía del señor C. A. G. V., concurriendo en ambos procesos identidad jurídica de partes, identidad de objeto e identidad de causa, conforme a los artículos 303 del CGP y 189 del CPCA? Respuesta al problema jurídico: Si En el presente caso se observa que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho No. 5001-23-31-000-2006-00670-00, promovida en fecha indeterminada por C. C. R. F. contra el municipio de Villavicencio, para que se declarara la nulidad del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006 expedido por el alcalde (e) C. A. G. V., se llamó en garantía al señor G. V., quien se vinculó en debida forma al proceso, ejerció el derecho de defensa y presentó oposición al llamamiento, según consta en la copia de la sentencia proferida el 22 de junio de 2012 por el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio, la cual posteriormente fue confirmada mediante sentencia del 18 de febrero de 2015, expedida por el Tribunal Administrativo del Meta. En ese sentido, está demostrado que, mediante sentencia del 22 de junio de 2012, el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio declaró la nulidad parcial del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006, esto es, mediante el cual se había efectuado el nombramiento de L. C. D. J. como Secretaria de Gobierno de Villavicencio, asimismo, ordenó el reintegro de C. C. R. F. a un cargo de igual o mayor jerarquía al que desempeñaba y ordenó el pago de todos los salarios y emolumentos dejados de percibir por la señora R. F., desde su desvinculación hasta su efectivo reintegro. Asimismo, frente al llamado en garantía, C. A. G. V., indicó que no se había demostrado su actuación dolosa o gravemente culposa, según da cuenta copia de la mencionada providencia. (…) Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en los artículos 303 del CGP y 189 del CPCA, para que una sentencia tenga fuerza de cosa juzgada deben concurrir los siguientes requisitos, a saber: (i) identidad jurídica de partes, lo que implica que al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada; (ii) identidad de objeto, esto es, que la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada; y (iii) identidad de causa, que conlleva a que la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. En el presente caso se observa que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho No. 5001-23-31-000-2006-00670-00, promovida en fecha indeterminada por C. C. R. F. contra el municipio de Villavicencio, para que se declarara la nulidad del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006 expedido por el alcalde (e) C. A. G. V., se llamó en garantía al señor G. V., quien se vinculó en debida forma al proceso, ejerció el derecho de defensa y presentó oposición al llamamiento, según consta en la copia de la sentencia proferida el 22 de junio de 2012 por el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio, la cual posteriormente fue confirmada mediante sentencia del 18 de febrero de 2015, expedida por el Tribunal Administrativo del Meta. En ese sentido, está demostrado que, mediante sentencia del 22 de junio de 2012, el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio declaró la nulidad parcial del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006, esto es, mediante el cual se había efectuado el nombramiento de L. C. D. J. como Secretaria de Gobierno de Villavicencio, asimismo, ordenó el reintegro de C. C. R. F. a un cargo de igual o mayor jerarquía al que desempeñaba y ordenó el pago de todos los salarios y emolumentos dejados de percibir por la señora R. F., desde su desvinculación hasta su efectivo reintegro. Asimismo, frente al llamado en garantía, C. A. G. V., indicó que no se había demostrado su actuación dolosa o gravemente culposa, según da cuenta copia de la mencionada providencia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 189, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 303 CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Debe abstenerse el juez de imponer costas y agencias en derecho en segunda instancia cuando la parte demandada estuvo representada por un curador ad litem que actuó de manera gratuita como defensor de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 7 del artículo 48 del CGP? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento en el que se interpuso el recurso de apelación, (…). Bajo este entendido, no se fijarán costas y agencias en derecho de segunda instancia, toda vez que el demandado, A. M. B. B., estuvo representado por curador ad litem, quien desempeñó el cargo en forma gratuita como defensor de oficio de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 48 del CGP. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 48 NUMERAL 7

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012333000201600551011100103