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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente

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Fecha
2023-03-03
Radicado
25000233600020120076502
Número interno
55305
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, , H Y H ARQUITECTURA S.A.
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

Según el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que resulta aplicable al presente asunto, la acción contractual caduca al vencimiento del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista presenta oportunamente el medio de control de controversias contractuales conforme lo establece la Ley 1437 de 2011, siempre que la demanda se interponga dentro del término de dos años contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral o unilateral del contrato. En este caso, la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011, que declaró la caducidad del contrato, quedó ejecutoriada el 1 de diciembre de 2011, por lo que el plazo para la liquidación bilateral expiró el 2 de abril de 2012 y el plazo para la liquidación unilateral venció el 2 de junio de 2012. A partir del 3 de junio de 2012, comenzó a correr el término de dos años para presentar la demanda, que venció el 3 de junio de 2014. Como la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2012, resulta oportuna, además de que la parte presentó solicitud de conciliación extrajudicial antes de interponer la demanda. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la oportunidad del medio de control de controversias contractuales y garantiza el debido proceso en la contratación estatal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, conforme lo establece la ley?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2

También resuelve

  • ¿En aras de resolver el cargo de violación del debido proceso que alegó la recurrente, por no haber sido estudiado en la sentencia de primera instancia…
  • ¿Estaba llamado a prosperar el cargo de violación del debido proceso que, como sustento de la pretensión principal de nulidad del acto…
  • ¿Es posible que la Sala realice la liquidación judicial del contrato, toda vez que no obra en el expediente la información suficiente y necesaria para llevar a cabo el respectivo corte de cuentas del…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES REGULACIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO OBJETO DEL CONTRATO DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RECURSO DE APELACIÓN ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA PRUEBA FALTA DE PRUEBA SOLICITUD DE PRUEBA DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL JURISPRUDENCIA PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CLÁUSULA EXCEPCIONAL APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO OBJETO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO PROPÓSITO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO REGULACIÓN DEL DEBIDO PROCESO CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL SANCIÓN IMPOSICIÓN DE SANCIONES GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA ADMISIÓN DE LA PRUEBA ANÁLISIS DE PRUEBAS DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL NEGOCIO JURÍDICO PRUEBA DEL NEGOCIO JURÍDICO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACCIÓN ALTERNATIVA UNIÓN TEMPORAL RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL INHABILIDAD DEL FUNCIONARIO PÚBLICO POR CONTRATACIÓN INHABILIDADES TEMPORALES EJECUCIÓN DEL CONTRATO MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIÓN TEMPORAL CONSORCIO NULIDAD PARCIAL NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA PROCEDENCIA DEL ANÁLISIS DE PRUEBAS DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO INTERVENTORÍA CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL CESIÓN DEL CONTRATO ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO DE CUMPLIMIENTO INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES INHABILIDAD POR CONTRATACIÓN INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS DAÑO EMERGENTE NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE DINERO RESTITUCIÓN DE DINERO IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE DINERO LUCRO CESANTE INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE LUCRO CESANTE NEGADO PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE PERJUICIO INMATERIAL GOOD WILL CERTIFICACIÓN DEL GOOD WILL NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Terminación unilateral Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Inhabilidades e incompatibilidades para contratar Cesión del contrato

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Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Titulación de la relatoría 54.044 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿El medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, conforme lo establece la ley? Respuesta al problema jurídico: Si Según el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que resulta aplicable al presente asunto, la acción contractual caduca al vencimiento del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. En el presente asunto, la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011 -confirmada por la Resolución No. 4401 del 28 de octubre del mismo año- por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato, quedó ejecutoriada el 1 de diciembre de 2011 (fls. 233-308 c. 2), por lo que las partes tenían 4 meses -hasta el 2 de abril de 2012- para la liquidación bilateral y, de no lograrse, la entidad debía liquidarlo unilateralmente dentro de los dos meses siguientes -hasta el 2 de junio del mismo año-, por lo que, a partir del día siguiente a esta fecha -3 de junio de 2012-, empezó a correr el término de dos años para presentar la demanda, que, por lo tanto, vencía el 3 de junio de 2014. Como la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2012, resulta evidente que la misma fue oportuna, debiéndose anotar que el 19 de octubre de 2012 la sociedad H & H Arquitectura S.A. presentó solicitud de conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad, ante la Procuraduría Quinta para Asuntos Administrativos y el 10 de diciembre de 2012, la peticionaria y el IDU adelantaron la audiencia respectiva, la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / OBJETO DEL CONTRATO / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / SOLICITUD DE PRUEBA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / JURISPRUDENCIA / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL / CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / OBJETO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PROPÓSITO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / REGULACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Problema jurídico: ¿En aras de resolver el cargo de violación del debido proceso que alegó la recurrente, por no haber sido estudiado en la sentencia de primera instancia, debe la Sala referirse a este derecho fundamental, de consagración constitucional -art. 29-? Respuesta al problema jurídico: Si Se reitera que esta causal de anulación la propuso la demandante, fundada en que el IDU no se pronunció sobre las pruebas pedidas en el procedimiento administrativo que precedió a la expedición de la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011, por medio de la cual declaró la caducidad del Contrato de Obra No. 71 de 2008. Así mismo, en su recurso de apelación manifestó que, el Tribunal aquo, no hizo manifestación alguna sobre esta causal de nulidad. Revisada la sentencia de primera instancia, encuentra la Sala que, en verdad, el a-quo no se pronunció sobre este cargo, razón por la cual procede a efectuar su estudio, para lo cual, luego de establecer el régimen jurídico y las generalidades del contrato objeto de la controversia (…) El contrato materia de controversia está regulado por la Ley 80 de 19939, pues se trató de un negocio jurídico cuya parte contratante, Instituto de Desarrollo Urbano IDU, es un establecimiento público distrital que, por lo tanto, hace parte de las entidades públicas enunciadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Por otra parte, las partes acordaron que el objeto contractual consistiría en “ejecutar, a precios unitarios, las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local del Distrito de Conservación del Grupo 3 (suroriente), en la ciudad de Bogotá” (…) Se evidenció así mismo el incumplimiento del contratista en relación con la gestión social, pues se evidenciaba una disminución reiterada de las calificaciones sociales obtenidas, y lo relacionado con el cupo de crédito, que fue desconocido por quien supuestamente lo había concedido -Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja-, que sostuvo que el documento en cuestión tenía indicios de falsificación. Finalmente, en la comunicación sobre la apertura del procedimiento administrativo tendiente a la declaratoria de caducidad del contrato, se fijó fecha y hora para audiencia de descargos, que debían presentarse verbalmente y por escrito. (…) Advierte la Sala que el documento de descargos se halla incompleto pues faltan las páginas 45 a 49 del mismo, por lo que pasa del numeral “3. incumplimiento de la obligación de disponibilidad del cupo de crédito presentado por la firma Grupo Franco Obras y Proyectos S.A.” -que aparece sólo el título-, al numeral “5.2. Solicitud para el aporte de documentos” (…) El apoderado de la sociedad H&H Arquitectura S.A. interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011, por la cual se declaró la caducidad del Contrato de Obra No. 071 de 2008. Adujo, en síntesis, que, según la asignación de las actividades libremente establecidas en el acuerdo de la unión temporal y los porcentajes de participación, las sanciones por el incumplimiento serían divisibles y cada miembro asumiría la responsabilidad de la sanción. (…) En relación con este recurso de reposición, advierte la Sala que H&H no hizo alusión alguna a la supuesta violación del debido proceso que ahora aduce en sede judicial, proveniente de no haber resuelto la entidad, con antelación a la expedición del acto, lo atinente a las pruebas pedidas por aquella firma en su escrito de descargos. El 28 de octubre de 2011, mediante la Resolución No. 4401, el IDU resolvió los recursos de reposición interpuestos por la sociedad H&H Arquitectura S.A. y la compañía de seguros SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., confirmando en todas sus partes la Resolución 3455 impugnada. En aras de resolver el cargo de violación del debido proceso que alegó la recurrente, por no haber sido estudiado en la sentencia de primera instancia, debe la Sala referirse a este derecho fundamental, de consagración constitucional -art. 29-. Concebido como una garantía para todas las personas que se vean sometidas a decisiones administrativas o judiciales, sancionatorias o simplemente adversas a sus intereses, el debido proceso pretende asegurar que tales decisiones no sean tomadas por fuera del marco legal que las contempla, por funcionarios competentes y con observancia de las respectivas formas, en tal forma que se garantice el derecho de audiencia y de defensa de su destinatario. Es claro que la referida garantía, como bien lo dice la norma constitucional, opera no sólo en procesos judiciales, sino también en las actuaciones administrativas, que también son susceptibles de afectar los derechos e intereses de la persona titular de la situación jurídica objeto de la decisión que, en tal caso, lo será un acto administrativo de carácter particular y concreto. El derecho al debido proceso apunta entonces, a que las personas respecto de las cuales se va a tomar una decisión determinada, judicial o administrativa, sólo sean objeto de tal actuación cuando la misma esté previamente establecida en la ley, que la decisión sea tomada por quien tiene la facultad legal para hacerlo y que lo haga siguiendo el procedimiento establecido para ello en la normatividad correspondiente, brindándoles a sus destinatarios la oportunidad de ser oídos y de ejercer el derecho de defensa antes de que la decisión sea efectivamente expedida. Específicamente en relación con los actos administrativos proferidos por las entidades estatales, el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984- consagró en su Primera Parte -artículos 1 a 81- la regulación de las actuaciones administrativas, es decir aquellas que se deben adelantar y agotar por parte de las autoridades de manera previa a la toma de una decisión que afectará la situación jurídica particular y concreta de un administrado, estableciendo los principios que rigen a tales actuaciones; la forma como ellas pueden ser iniciadas; el deber de informar al administrado que se pueda ver afectado con ella, el inicio de la respectiva actuación, dándole la oportunidad de participar en el proceso de formación de la voluntad administrativa, mediante la posibilidad de pedir y aportar pruebas y contradecir las aducidas por la administración, antes de que esta tome la decisión final que, a su vez, puede ser objeto de impugnación ante la misma autoridad que la profirió o su superior si lo tuviere, a través de los recursos de reposición y apelación. Ahora bien, la jurisprudencia, de tiempo atrás, ha reconocido que el debido proceso se debe garantizar en todas las actuaciones administrativas, aún en materia de contratación estatal, sobre la cual el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 dispone que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, y su artículo 77 establece que “las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa, serán aplicables en las actuaciones contractuales”, en cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de dicha ley. Es claro que, en el desarrollo y ejecución de su actividad contractual, las entidades estatales profieren actos administrativos, en veces sancionatorios, que afectan la esfera jurídica de sus contratistas, razón por la cual también en este ámbito resulta procedente la protección de sus derechos fundamentales y se descarta la posibilidad de la imposición de sanciones de plano. No obstante, la aplicación de este derecho debe ponderarse frente a los principios que informan el ejercicio de la función administrativa, como lo son la eficiencia, la economía, la celeridad y la eficacia con la que deben adelantarse las actuaciones, en especial cuando dicha función se ejerce en materia de contratación estatal, en donde la eficiencia y eficacia de esta actividad se halla en directa relación con la satisfacción del interés general, mediante la obtención oportuna de los bienes, obras y servicios requeridos por las entidades estatales para el logro de sus fines, teniendo en cuenta que se trata de negocios jurídicos que se deben adelantar de manera ágil y en unos determinados tiempos, que se consideran adecuados y suficientes para la ejecución total de los contratos celebrados. Tal y como fue reconocido por la Corte Constitucional en sentencia C-449 de 1992 al consagrar el objeto de los contratos de la administración pública, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. De ahí que la contratación pública sea un instrumento de gestión para su consecución, a través de una actuación administrativa eficiente y eficaz. (…) Específicamente sobre la facultad excepcional de declaratoria de caducidad del contrato -que fue la ejercida en el sub-lite a través del acto demandado-, la misma se encuentra regulada en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y está definida como la estipulación negocial, en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. Frente a las potestades excepcionales al derecho común consagradas a favor de la Administración, entre las cuales se encuentra la de declaratoria de caducidad del contrato, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 señala que las denominadas cláusulas excepcionales o poderes unilaterales de la administración son una herramienta que tiene por objeto evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos con la finalidad de asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el debido proceso en materia contractual, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 53479, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Debido proceso que se debe ponderar frente a los principios que informan el ejercicio de la función administrativa, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2005, expediente 14157, C.P. Alier E. Hernández Enríquez. Sobre contrato estatal ver, sentencia C-154/97, sentencia C-713/09. C-119 de 2020. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2022, expediente 53318, C.P. José Roberto Sáchica. Objetos de los contratos, Corte Constitucional, sentencia C-449 de 1992 FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77 ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / SANCIÓN / IMPOSICIÓN DE SANCIONES / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / ADMISIÓN DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE PRUEBAS DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Estaba llamado a prosperar el cargo de violación del debido proceso que, como sustento de la pretensión principal de nulidad del acto, se adujo en la demanda en contra de las Resoluciones 3455 y 4401 de 2011, por medio de las cuales el IDU declaró la caducidad del Contrato de Obra No. 071 de 2008? Respuesta al problema jurídico: No [La] declaratoria de caducidad del contrato da lugar a las siguientes consecuencias: (i) dar por terminado el vínculo negocial sin que haya lugar a indemnización para el contratista; (ii) ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre; (iii) hacer exigibles las garantías por configuración del siniestro del incumplimiento; (iv) hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y (v) configura para el contratista la inhabilidad para celebrar contratos con entidades públicas durante 5 años. En este sentido, la Corporación ha sostenido que la caducidad del contrato es la sanción más drástica que la entidad pública puede imponer a su contratista, al entrañar el aniquilamiento del contrato y comportar para él la inhabilidad de celebrar negocios jurídicos con entidades públicas durante el período fijado por el legislador. En este sentido, el ejercicio de este poder excepcional supone una decisión motivada que sea el resultado de un procedimiento administrativo en el que se haya garantizado el debido proceso, pero sin perder de vista que el objetivo primordial de dicho poder es evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos, con la finalidad de asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación, por lo que la expedición de los actos administrativos al interior de la relación negocial deberá efectuarse mediante unas actuaciones expeditas, que no atenten contra esos objetivos y finalidades. De acuerdo con lo anterior, siempre ha sido claro para la jurisprudencia que, cuando la entidad contratante pretenda tomar una decisión al interior del contrato en ejecución, que pueda afectar la esfera jurídica de su contratista, sobre todo cuando se trate de una sanción, deberá garantizar el debido proceso. Sin embargo, la Ley 80 de 1993 no consagraba explícitamente este deber, como sí lo hizo con posterioridad la Ley 1150 de 2007 en su artículo 17, en el que dispuso que el debido proceso “(…) será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales”, y al contemplar nuevamente la posibilidad de las entidades estatales de imponer unilateralmente las multas pactadas en sus contratos, dispuso que “[e]sta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista”, sin que de ninguna manera se pueda entender que, con anterioridad a la expedición de esta norma, no existiera ya el deber de garantizar el debido proceso en todas las actuaciones administrativas de índole contractual (…) Por otra parte, se tiene que el procedimiento que se debe adelantar por las entidades estatales para tomar las decisiones unilaterales que afectarán a sus contratistas no fue regulado de manera expresa en la Ley 1150 de 2007, sino que, con posterioridad, fue la Ley 1474 de 2011 la que dispuso, en su artículo 86, un procedimiento expedito para efectos de la imposición de multas y otras sanciones por parte de las entidades contratantes (…) [El] legislador consideró que era suficiente, para efectos de garantizar el debido proceso del contratista, con darle a conocer la iniciación del procedimiento sancionatorio, con información sobre los motivos de la entidad para ello, los posibles incumplimientos del contratista y sus consecuencias, y citarlo a una audiencia para darle la oportunidad de brindar sus descargos, mediante las explicaciones que considere necesarias, de aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. De acuerdo con lo anterior, y como lo ha concluido en pasadas ocasiones la Sala, “(…) cuandoquiera que la administración ejercite una facultad sancionatoria, como lo es la caducidad35, debe garantizarle al contratista su derecho a ser oído sobre los presupuestos de hecho y de derecho en que se fundan los presuntos incumplimientos que darían lugar a la imposición de la sanción, a presentar y controvertir las pruebas que se aduzcan en su contra, a ser notificado de las decisiones de fondo, a ser juzgado por una autoridad imparcial y competente, entre otras. Esto, sin embargo, no implica que, para la época en que se desarrolló la disputa entre las partes, necesariamente se debiera tramitar un procedimiento reglado compuesto por etapas rígidas como lo son los procedimientos judiciales — o los procedimientos administrativos reglados en la Ley 1474 de 2011, por ejemplo—“. Se observa que la Ley 1474 de 2011, al regular el procedimiento mínimo que deben adelantar las entidades que pretendan tomar decisiones que afecten a sus contratistas, como son las sancionatorias, no dispuso expresamente la facultad de estos últimos de pedir pruebas ni, por lo tanto, el deber de las entidades de resolver sobre tal petición antes de decidir de fondo, pues sólo refirió el derecho del contratista a presentar pruebas y a controvertir las aducidas por la entidad; es decir que no se contempló tampoco una etapa probatoria dentro de ese procedimiento administrativo en el que hubiera que decretarse y practicarse las pruebas pedidas por el contratista, decisiones que dejó a criterio de la entidad, pues la norma tan sólo contempló la posibilidad de que ella suspenda la audiencia de descargos (…) Y si bien cuando se inició por parte del IDU el procedimiento sancionatorio en contra de la Unión Temporal GTM, aún no había entrado a regir la Ley 1474 de 201137, lo cierto es que, para la época en que se profirió el acto administrativo por medio del cual la entidad declaró la caducidad del Contrato 071, que lo fue la Resolución 3455 del 28 de julio de 2011, tal regulación ya había entrado a regir. Por lo anterior, considera la Sala que, en cuanto a las pruebas solicitadas por la Unión Temporal GTM en los descargos, no le asiste razón a la actora, en cuanto el IDU sí se pronunció sobre cada una de las pruebas pedidas. Lo que ocurrió fue que no accedió a algunas de ellas por considerarlas improcedentes, inconducentes, impertinentes e inútiles, razón suficiente para que no merecieran un pronunciamiento previo a la decisión. Se reitera que la entidad pública fundamentó la negativa a decretar y practicar las pruebas solicitadas en lo dispuesto en el artículo 179 del C.P.C., vigente a la fecha de los hechos, por expresa remisión del artículo 267 del C.C.A. (…) Cabe agregar que, en el acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, se hizo mención a las pruebas que servían de fundamento a la decisión. De esta forma, se relacionaron nueve (9) oficios de requerimientos respecto al incumplimiento del cronograma de obra, dos (2) en relación con el incumplimiento frente al componente social y las listas de chequeo y calificación y ocho (8) que tenían que ver con la falta de disponibilidad del cupo de crédito. (…) Dado lo anterior, no le era exigible a la entidad demandada el agotamiento de una etapa probatoria previa a la expedición del acto administrativo, y bastaba con brindarle la oportunidad al contratista de presentar las pruebas que tuviera en su poder para sustentar sus descargos, tal y como lo hizo en este caso el IDU, que además explicó, como ya quedó visto, en la misma resolución de caducidad, las razones que tuvo para desestimar las pruebas pedidas por su contratista. No se puede predicar, por lo tanto, como lo hace el demandante, que la entidad, en aras de garantizar el debido proceso, necesariamente tenía que pronunciarse sobre las pruebas pedidas antes de tomar la decisión y que no pudiera, como en efecto lo hizo, manifestarse sobre las mismas en el propio acto, pues ninguna norma le imponía dicho trámite. En consecuencia, concluye la Sala que no estaba llamado a prosperar el cargo de violación del debido proceso que, como sustento de la pretensión principal de nulidad del acto, se adujo en la demanda en contra de las Resoluciones 3455 y 4401 de 2011, por medio de las cuales el IDU declaró la caducidad del Contrato de Obra No. 071 de 2008. NOTA DE RELATORÍA: La caducidad del contrato es la sanción más drástica que la entidad pública puede imponer a su contratista, ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de octubre de 2012, exp. 20738, C.P. Enrique Gil Botero. Las sanciones que se impongan deben estar precedidas de un trámite mínimo que garantice el debido proceso, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 53479, C.P. José Roberto Sáchica Méndez La naturaleza sancionatoria de la caducidad ha sido materia de desarrollo por el Consejo de Estado, ver, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, Sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 33.337. Sobre procedimientos judiciales o los procedimientos administrativos reglados, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 53479, C.P. José Roberto Sáchica Méndez FUENTE FORMAL: DECRETO 1 DE 1984 - ARTÍCULO 267, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011, LEY 80 DE 1993 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NEGOCIO JURÍDICO / PRUEBA DEL NEGOCIO JURÍDICO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALTA DE PRUEBA Problema jurídico: ¿Es posible que la Sala realice la liquidación judicial del contrato, toda vez que no obra en el expediente la información suficiente y necesaria para llevar a cabo el respectivo corte de cuentas del negocio jurídico objeto de la controversia? Respuesta al problema jurídico: No Dentro de las pretensiones de la demanda la sociedad H & H Arquitectura S.A. pidió que se realizara la liquidación judicial del contrato, toda vez que las partes no lo liquidaron, pretensión que reiteró en el recurso de apelación, con fundamento en que el a-quo no se pronunció sobre la misma. En efecto, al revisar el fallo de primera instancia, se advierte que en él no hubo análisis ni decisión alguna en relación con la pretensión tercera principal, consistente en que “se liquide judicialmente el contrato de obra pública No. 071 del 30 de diciembre de 2008, suscrito entre el IDU y la Unión Temporal GTM”, ni en el expediente consta en parte alguna que se haya producido la liquidación de común acuerdo o unilateral del Contrato de Obra No. 71 de 2008 celebrado entre el IDU y la Unión Temporal GTM, a pesar de que la misma fue ordenada en el artículo quinto de la parte resolutiva de la Resolución No. 3455 de 2011, confirmada en todas sus partes por la Resolución 4401 del mismo año, por lo que le asistiría razón al apelante sobre este punto de su recurso. No obstante, a pesar de que, al no haber sido resuelta dicha pretensión en primera instancia, habría lugar a decidirla en esta oportunidad, encuentra la Sala que resulta imposible acceder a la misma, toda vez que no obra en el expediente la información suficiente y necesaria para llevar a cabo el respectivo corte de cuentas del negocio jurídico objeto de la controversia, como que no se encuentran ni siquiera las actas de obra ejecutada, el respectivo recibo a satisfacción de las mismas ni constancias de los pagos efectuados. Teniendo en cuenta que la liquidación del contrato es un corte de cuentas definitivo en relación con el resultado económico final de ejecución del contrato, para establecer, en últimas, quién debe a quién y cuánto, es evidente que dicho trabajo no se puede realizar si no se cuenta con los insumos necesarios para ello, tal y como lo ha reconocido la Sala en pasadas ocasiones. NOTA DE RELATORÍA: Sobre liquidación del contrato, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de marzo de 2017, expediente 50890, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 18 de febrero de 2022, expediente 48045, C.P. María Adriana Marín. De la Subsección B, se puede consultar en similares términos sentencia del 4 de mayo de 2022, expediente 54837, C.P. Freddy Hernando Ibarra Martínez. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACCIÓN ALTERNATIVA / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / UNIÓN TEMPORAL / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / INHABILIDAD DEL FUNCIONARIO PÚBLICO POR CONTRATACIÓN / INHABILIDADES TEMPORALES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIÓN TEMPORAL / CONSORCIO / NULIDAD PARCIAL / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La sanción que se deriva de la declaratoria de caducidad del contrato, consistente en la inhabilidad que surge para el contratista de contratar con entidades estatales por un periodo de 5 años, toda vez la misma sólo deberá ser asumida por el o los miembros de la unión temporal que, con sus actuaciones u omisiones, hayan dado lugar al incumplimiento del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Descartada la procedencia de las pretensiones principales por las razones anotadas, resultaba procedente el estudio de las subsidiarias planteadas en la demanda, tarea que no emprendió el a-quo, tal y como lo sostuvo la apelante. En consecuencia, la Sala abordará su análisis y decisión. Tal y como se relacionó ab-initio, en la demanda se pidieron pretensiones subsidiarias: primera alternativa y segunda alternativa, lo que significa que, de no prosperar las pretensiones principales, deben estudiarse estas otras, en el orden propuesto. Es decir que, si tampoco prosperan las de la primera alternativa, se analizarán las de la segunda. (…) [La] primera pretensión subsidiaria consiste en la declaratoria de nulidad parcial del acto administrativo de declaratoria de caducidad del Contrato de Obra 071 de 2008, (…) Según se anotó al dar cuenta del recurso de alzada, la sociedad H&H adujo que el Tribunal no analizó en debida forma el contenido del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, en cuanto al tratamiento diferencial que se debe dar a los miembros de una unión temporal cuando se presenta un evento de incumplimiento contractual, caso en el cual se debe tener en cuenta el grado de participación de cada uno de sus miembros en los hechos que dieron lugar a dicho incumplimiento, para efectos de determinar las responsabilidades y sanciones a que haya lugar. De haberlo hecho, habría constatado que, dado que H&H no incurrió en las conductas reprochadas en el acto administrativo demandado, puesto que fue el único integrante de la unión temporal que ejecutó los trabajos a su cargo, sobre ella no podían recaer las sanciones que se desprenden de la declaratoria de caducidad, como lo es la inhabilidad por 5 años. En la sentencia de primera instancia, si bien se dio cuenta de las diferencias que existen entre un consorcio y una unión temporal, se consideró que no era dable “escindir el incumplimiento de las obligaciones del contrato estatal por parte de la unión temporal, con las obligaciones que adquirieron cada uno de los miembros en el acta de constitución”; que las sanciones económicas sí se imponían de acuerdo al porcentaje de participación de los miembros de la unión, pero que no ocurría lo mismo frente a la inhabilidad derivada de la declaratoria de caducidad, la cual se predicaba de todos sus integrantes. Así mismo, precisó que la solidaridad entre los miembros impedía que se hiciera un análisis de la conducta individual por cada integrante respecto de la ejecución contractual. La ley fue clara en hacer la distinción entre consorcios y uniones temporales, que tienen en común la responsabilidad solidaria por el cumplimiento total del contrato, lo que significa que “(…) por ley, están llamados a responder, cada uno de ellos, por la totalidad de tales obligaciones; por tanto, correlativamente, la administración puede exigir a cada uno de ellos el cumplimiento total del débito, sin que éstos puedan oponer la división de la obligación en razón de su participación en la ejecución del contrato”, y se diferencian en cuanto a la aplicación de las sanciones a las que el incumplimiento puede dar lugar, pues al paso que en los consorcios las mismas recaerán en todos sus miembros, en las uniones temporales se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros, (…) Es claro entonces, que de cara a la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento del contrato en su totalidad, surge la responsabilidad solidaria en cabeza de todos los miembros de la unión temporal, independientemente del porcentaje de participación o de la repartición de funciones que, al interior de su constitución, se hubiera producido, y de la ejecución efectiva que cada cual haya llevado a cabo en relación con los trabajos a su cargo, pues frente a la entidad todos resultarán obligados a responder por el cumplimiento del contrato. Lo dicho significa que la entidad puede reclamar a todos y cada uno la ejecución del objeto contractual y, en su defecto, la indemnización de los perjuicios que se deriven para ella a partir del incumplimiento contractual. A diferencia de lo anterior, cuando a raíz del incumplimiento del contrato surjan sanciones a imponer al contratista, sí se deberá tener en consideración cuál o cuáles miembros de la unión temporal fueron los que dieron lugar a dicho incumplimiento, porque en este caso, la ley sí dispone expresamente que “(…) las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal”, lo que significa, sin duda alguna, que en materia sancionatoria sí se debe analizar la conducta de cada uno de los miembros de la unión temporal, por cuanto las sanciones jurídicas y/o económicas no podrán recaer en aquel que no haya propiciado el incumplimiento contractual por el que las mismas son impuestas. En relación con la facultad excepcional de declaratoria de caducidad de un contrato, se observa que su finalidad primordial es permitir a la entidad la terminación unilateral y anticipada del contrato, cuando se presenta un incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecte de manera grave su ejecución y amenace con paralizarlo; esto, con el objeto de que la administración pueda excluir definitivamente al contratista incumplido y tomar, de manera inmediata, las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, bien sea mediante su continuación a través de la aseguradora, o por medio de una nueva contratación, o directamente por la entidad para, de esta manera, satisfacer el interés público que se persigue con él. No obstante, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia48, es innegable que, en la práctica, la caducidad del contrato se traduce igualmente en la sanción más grave a la que se puede ver sometido un contratista, dadas las consecuencias jurídicas que de tal decisión se derivan para él, como lo es la inhabilidad que, por 5 años, le impone el legislador. (…) De acuerdo con lo expuesto, en un contrato estatal celebrado con una unión temporal en el que se presenta un incumplimiento grave que dé lugar a la declaratoria de caducidad del contrato, todos los integrantes de dicha unión deberán responder ante la entidad por ese incumplimiento, lo que significa que en todos ellos recaerá el deber de indemnizar los perjuicios que con el mismo le hayan causado, bien sea en virtud de una condena judicial, o de la efectividad de la cláusula penal pecuniaria que se hubiera pactado así mismo en el contrato. Sobre este último aspecto, vale la pena recordar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, mediante el acto administrativo de declaratoria de caducidad se termina unilateralmente el contrato y se ordena su liquidación, no surge indemnización alguna a favor del contratista y, por el contrario, éste se hace acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley; además, la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro de incumplimiento, que permitirá hacer efectiva la respectiva garantía de cumplimiento que se haya constituido por el contratista a favor de la entidad. Pero así mismo, si en el contrato se ha pactado la cláusula penal, en el acto de caducidad se podrá ordenar su pago a través de la efectividad de la respectiva garantía de cumplimiento, toda vez que, para la época de expedición del acto de caducidad se hallaba vigente el Decreto 4828 de 2008 -mediante el cual se expidió el régimen de garantías en la contratación de la Administración Pública, en desarrollo del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007-, que disponía en su artículo 4 los riesgos a amparar derivados del incumplimiento de obligaciones, imputables al contratista, (…) La cláusula penal pecuniaria en los contratos estatales, corresponde a una estimación anticipada y definitiva de los perjuicios que sufrirá la entidad por causa del incumplimiento contractual definitivo de su contratista, que se pacta por un porcentaje determinado del valor total de contrato y que le permitirá a la entidad su cobro, sin necesidad de acudir ante el juez del contrato para que este determine el monto de los perjuicios sufridos, mediante la efectividad de la respectiva garantía de cumplimiento. (…) Conforme a lo expuesto, no cabe duda entonces de que la obligación de pago derivada de la efectividad de la cláusula penal pecuniaria no corresponde a una sanción, pues no es más que la asunción de la responsabilidad contractual por parte del contratista incumplido, razón por la cual, en el caso de las uniones temporales, en virtud de la responsabilidad solidaria que les asiste, el cobro que de la misma se haga en el acto de caducidad del contrato, recaerá en todos los miembros de esa forma asociativa. No ocurre lo mismo en relación con la sanción que se deriva de la declaratoria de caducidad del contrato, consistente en la inhabilidad que surge para el contratista de contratar con entidades estatales por un periodo de 5 años, toda vez que tal y como se explicó, la misma sólo deberá ser asumida por el o los miembros de la unión temporal que, con sus actuaciones u omisiones, hayan dado lugar al incumplimiento del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Responsabilidad de los consorcios y uniones temporales, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2022, expediente 53318, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la caducidad del contrato, ha dicho la jurisprudencia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 27391, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre la caducidad como manifestación de la potestad sancionatoria de la administración, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de octubre de 2012, expediente 20738, C.P. Enrique Gil Botero. Y esta Subsección, ha sostenido: “Se puntualiza que la potestad exorbitante de declarar la caducidad del contrato estatal se entiende como una expresión del derecho sancionador dentro de las funciones administrativas reservadas al Estado contratante para efectos de proteger los cometidos estatales”. Sentencia del 3 de agosto de 2017, expediente 52531, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. La consagración de las inhabilidades e incompatibilidades obedecen unas, primordialmente a razones éticas, y otras se vinculan con la eficiencia, la eficacia y la imparcialidad administrativa , Corte Constitucional, sentencia C-489 del 26 de septiembre de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell. La caducidad como terminación unilateral de un contrato, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre la naturaleza de la cláusula penal, ver jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 23 de mayo de 1996, expediente 4607, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Sobre la cláusula penal pecuniaria en los contratos estatales Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de noviembre de 2019, expediente 36600, C.P. María Adriana Marín. PRUEBA / ADMISIÓN DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DEL ANÁLISIS DE PRUEBAS DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INTERVENTORÍA / UNIÓN TEMPORAL / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIÓN TEMPORAL / CESIÓN DEL CONTRATO / ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / ACTO ADMINISTRATIVO DE CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES / INHABILIDAD POR CONTRATACIÓN / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Considera la Sala que la primera pretensión subsidiaria consistente en la declaratoria de nulidad parcial del acto administrativo de declaratoria de caducidad del Contrato de Obra, está llamada a prosperar, por lo que hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar la nulidad parcial del acto administrativo demandado? Respuesta al problema jurídico: Si En el sub-lite se observa que en el plenario obran pruebas suficientes de que la sociedad demandante H&H ARQUITECTURA S.A., cesionaria dentro de la Unión Temporal GTM de la sociedad TRANSLOGISTIC S.A., no fue la que propició las condiciones de incumplimiento que condujeron a la declaratoria de caducidad del Contrato 71 de 2008, circunstancia que fue reconocida por la Interventoría del contrato y por la misma entidad contratante, quienes admitieron que, en realidad, la referida sociedad fue la única de los miembros de la unión temporal que estaba ejecutando los trabajos que le correspondían en las obras objeto del negocio jurídico. En efecto, como se constató, el contrato de obra fue celebrado en el año 2008 por el IDU y la Unión Temporal GTM, conformada por las sociedades GRANDI LAVORI FINCOST SPA, TRANSLOGISTIC S.A. y CONSTRUCTORA INCA Ltda. y se ejecutó con esta conformación de la parte contratista hasta mayo de 2010, cuando autorizada por la entidad contratante, se produjo la cesión de la participación en el contrato por parte de TRANSLOGISTIC, en su porcentaje dentro de la unión temporal (40%), a favor de la sociedad GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS en un 5% y de H&H ARQUITECTURA S.A. en un 35%. (…) A manera de síntesis, el IDU confirmó las consideraciones que tuvo en cuenta en la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011, en cuanto i) el pago del anticipo se hizo conforme a lo estipulado por las partes en el contrato, pero el tercer pago sí se vio afectado por el mal manejo de los recursos que habían sido entregados, lo que obligó a la administración a no seguir realizando desembolsos; ii) la interventoría vigiló el impacto de la ola invernal en la ejecución de las obras y determinó que no fue constante (11% de los días registraron precipitaciones mayores a 5 mm) y que el incumplimiento de la contratista se dio incluso en tiempo seco (50% de los días); iii) el contratista no adoptó las medidas de prevención y mitigación necesarias para minimizar los efectos de la temporada de lluvias; y, iv) la falta de personal, materiales, maquinaria y, en general disponibilidad de recursos en cada frente de obra, fue lo que llevó a que no se cumpliera con el cronograma de obra. Así mismo, puso de presente el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente social, las cuales fueron calificadas por debajo del promedio exigido y la irregularidad presentada con la disponibilidad del cupo de crédito presentado por el GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS SL. (…) En relación con la actividad de H&H ARQUITECTURA S.A. en la ejecución del contrato, el IDU empezó por reseñar cuál era el estado del mismo cuando se produjo la cesión a favor de dicha firma por parte de TRANSLOGISTIC S.A., en mayo de 2010, para lo cual tuvo en cuenta el Informe No. 65 de Interventoría del 10 de mayo de ese año, (…) [O]bserva la Sala que la entidad reconoció, en la Resolución No. 4401 del 28 de octubre de 2011, que la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A. -para la fecha en que se declaró la caducidad del contrato había ejecutado más del 50% de lo que le correspondía según sus obligaciones como miembro de la unión temporal, exactamente el 63.34% de lo programado a su cargo, equivalente a $32.685´361.264. No obstante, si bien tuvo en cuenta que su desempeño no la relevaba de la responsabilidad por el incumplimiento total del contrato de obra, no hizo el mismo análisis respecto de las sanciones que de la decisión de caducidad se derivaban para los distintos miembros de la unión temporal según su grado de participación en los hechos y omisiones que dieron lugar a dicho incumplimiento. Según quedó visto, se acreditó que no fue la demandante la que dio lugar al incumplimiento contractual que justificó la declaratoria de caducidad del Contrato de Obra No. 071 de 2008, puesto que los atrasos en el cronograma de ejecución de las obras no se presentaron por razones a ella imputables. (…) Al respecto, si bien no consta en el plenario que la demandante hubiera acatado cabalmente estos deberes contractuales en lo que a ella le correspondía, según los frentes de obra a su cargo, lo cierto es que este incumplimiento no era de tal gravedad que, por sí solo, ameritara o justificara la declaratoria de caducidad del contrato, en tanto no afectaba de manera grave y directa su ejecución ni se evidenció que, por esta causa, pudiera conducir a su paralización como lo dispone el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, dada la naturaleza de las obligaciones supuestamente incumplidas por el contratista, consistentes en los trámites para la atención al ciudadano y la falta de uso, por parte de los trabajadores en los diferentes sitios de la obra, de elementos de dotación que cumplieran con el manual de identidad visual, por lo que, aún en el evento de que efectivamente la demandante hubiera incurrido en él, no habría sido tampoco la causante de la decisión administrativa demandada. Ahora bien, en virtud de la responsabilidad solidaria que surgió de su participación dentro de la unión temporal contratista, a la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., le corresponde responder junto con los demás miembros de la misma por los perjuicios que de ese incumplimiento se derivaron para la entidad y, por lo tanto, asumir lo que le corresponda con ocasión de la efectividad de la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato y que fue objeto de la declaratoria del siniestro de incumplimiento para los efectos del cobro de la respectiva garantía contractual. Sin embargo, en relación con la sanción que se deriva de dicha decisión administrativa, considera la Sala que la pretensión subsidiaria -primera alternativa en estudio está llamada a prosperar, por lo que hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar la nulidad parcial del acto administrativo demandado, en cuanto no dispuso, como debía, lo relativo a la gradación de las sanciones de acuerdo con lo expuesto y a disponer, de acuerdo con lo establecido en el tercer inciso del artículo 187 del CPACA, que en virtud de no haber sido la que dio lugar a la declaratoria de caducidad, la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., no estará sometida a la inhabilidad dispuesta por el numeral 8º de la Ley 80 de 1993. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, LEY 80 DE 1993 NUMERAL 8 NULIDAD PARCIAL / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DAÑO EMERGENTE / NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / DINERO / RESTITUCIÓN DE DINERO / IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE DINERO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿Al declarar la caducidad habrá lugar a la indemnización para el contratista? Respuesta al problema jurídico: No La demandante pidió, como consecuencia de la declaratoria de nulidad parcial del acto de caducidad, la indemnización de perjuicios en la modalidad de materiales - daño emergente y lucro cesante- e inmateriales, respecto de los cuales se observa: En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la decisión de caducar el contrato quedó incólume, por lo que resulta aplicable el contenido del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 en su integridad. Dicha norma establece expresamente que “Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista”. Así, no resultan procedentes las reclamaciones fundadas en la declaratoria de caducidad como tal, toda vez que la demandante sí era responsable por el incumplimiento del contrato. Dado que lo que será objeto de la nulidad es exclusivamente lo concerniente a las consecuencias sancionatorias del acto de caducidad, específicamente, la inhabilidad que de ella se desprendió, en principio, para la sociedad demandante, serán únicamente los perjuicios que de tal circunstancia se hayan producido para la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A. a partir de la referida inhabilidad y que aparezcan debidamente acreditados en el plenario los que serán pasibles de ser indemnizados. Bajo este título, la parte actora reclamó: a) $10.000’000.000 o el valor que se establezca dentro del proceso, correspondiente a la inversión efectuada por la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., en beneficio de la ejecución del contrato No. 071 de 2008. En relación con esta pretensión, observa la Sala que, según se dio cuenta de ello párrafos atrás, el contador de la Unión Temporal GTM certificó que la demandante le prestó a aquella la suma de $8.433´198.030,08, sin embargo no obran pruebas de que tales recursos se hubieran invertido efectivamente en la ejecución del Contrato de Obra 071 de 2008 y, de haberlo sido, es claro que no era obligación de la entidad contratante responder por el referido crédito, entre otras razones, porque, como ya se anotó, el demandante no tiene derecho a reclamar perjuicios por la declaratoria de caducidad distintos a los derivados de la inhabilidad que le hubiere sobrevenido como consecuencia. (…) b) La restitución de los dineros que hubiera pagado o llegare a pagar la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., como consecuencia de lo exigido en la declaratoria de caducidad. En cuanto a esta pretensión, aparte de que no resulta procedente debido a la responsabilidad solidaria que se desprende de la declaratoria de caducidad para todos los miembros de la unión temporal, tampoco consta en el plenario que la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A. haya tenido que pagar suma alguna por cuenta de la ejecución del acto administrativo demandado, respecto del cual, además, se observa que se halla suspendido en sus efectos respecto de la sociedad demandante por orden judicial, (…) Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el acto de declaratoria de caducidad del Contrato de Obra 071 de 2008 no produjo efectos frente a la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., por hallarse suspendidos los mismos, razón por la cual no le pudo producir los alegados perjuicios que ahora reclama. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18 LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / LUCRO CESANTE NEGADO / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE Problema jurídico: ¿Hay lugar a reconocer esta pretensión indemnizatoria? Respuesta al problema jurídico: No La demandante pidió a este título ($2.000´000.000.oo) o el valor que se logre probar dentro del proceso, correspondiente a las utilidades dejadas de percibir por la declaratoria de caducidad del contrato. En relación con esta pretensión, resulta necesario advertir que la declaratoria de nulidad que se proferirá en la presente providencia es parcial, sólo en cuanto el acto no estableció lo concerniente a las sanciones derivadas de la caducidad del contrato desde la perspectiva de la actuación de los miembros de la unión temporal contratista que hubiere dado o no lugar a ella, por lo que, en general, la declaratoria de esa terminación unilateral y anticipada del contrato por causa de su grave incumplimiento perdura frente al contratista, Unión Temporal GTM, de la cual hizo parte la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A. En consecuencia, no hay lugar a reconocer esta pretensión indemnizatoria. PERJUICIO INMATERIAL / GOOD WILL / CERTIFICACIÓN DEL GOOD WILL / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA Problema jurídico: ¿Se reconocieron los perjuicios derivados de la afectación de su Good Will? Respuesta al problema jurídico: No Perjuicios inmateriales: Por este concepto, la actora pidió que se le reconocieran los perjuicios derivados de la afectación de su Good Will, pretensión respecto de la cual la Sala no halló prueba alguna en el sub-lite, lo que conduce a su denegatoria. Finalmente, advierte la Sala que no procede el estudio de la segunda alternativa de las pretensiones subsidiarias, en la medida en que prosperó la primera de estas.

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201200765021100103