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¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone casi en su totalidad con la reserva forestal protectora pantano Redondo y nacimiento del río Susaguá, declarada con anterioridad a la firma del mentado contrato? Sí
El contratista no puede celebrar un contrato de concesión minera que entregue en concesión un área que ha sido declarada previamente como zona de reserva forestal, ya que tal acción transgrede la normativa ambiental imperativa y adolece de objeto ilícito, lo que implica la nulidad absoluta del contrato. Esta regla se sostiene en que el artículo 1º del Acuerdo 17 de 1992 de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez declaró como área de reserva forestal protectora los terrenos que conforman la cuenca de la laguna de pantano Redondo y el nacimiento del río Susaguá, y el contrato en cuestión superpone casi en su totalidad dicha reserva forestal sin obtener la autorización ambiental correspondiente. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la nulidad absoluta de contratos estatales que violan normas imperativas, lo que implica que cualquier contrato que entregue en concesión áreas declaradas como reservas forestales sin la debida autorización será nulo de pleno derecho.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de primera instancia vulneró el principio de congruencia de la sentencia?¿La Agencia Nacional de Minería cuenta con legitimación en la causa por pasiva en el asunto sublite, teniendo en cuenta que asumió las funciones que correspondían al extinto Ingeominas…
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2025-10-28Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 11001032600020180004500LEY 1437 REPETICION
¿Procede aplicar las disposiciones procesales de la Ley 2080 de 2021 al proceso judicial iniciado bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, cuando la decisión a adoptar no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021? Sí
El juez puede aplicar las disposiciones procesales de la Ley 2080 de 2021 a un proceso iniciado bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, siempre que la decisión no se encuentre dentro de las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080, y que las disposiciones del Código General del Proceso sean aplicables en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo. Además, el juez puede dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial si se configuran las causales establecidas en el artículo 182A del CPACA, lo que incluye asuntos de puro derecho, ausencia de necesidad de practicar pruebas y solicitud de pruebas documentales sin tacha o desconocimiento, siempre que las pruebas solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles. Esta regla facilita la aplicación de principios de economía y celeridad procesal, pero garantiza el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Procede prescindir de las etapas procesales ordinarias y dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial, en virtud del artículo 182A del CPACA…¿Procede dictar sentencia anticipada cuando las pruebas solicitadas por las partes, distintas de las documentales, no cumplen con los requisitos legales para su decreto por ser impertinentes…¿El objeto del proceso se circunscribe a determinar si el Director General del Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS–…
¿La Resolución no. 201500187443 del 20 de marzo de 2015 es nula por falta de competencia funcional del Director de Fiscalización Minera del Departamento de Antioquia, desconociendo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998? Sí
La delegación de funciones administrativas entre entidades públicas del orden nacional y el nivel territorial exige inexorablemente la celebración de un acuerdo o convenio interinstitucional que permita la transferencia de competencias, así como la indicación expresa del funcionario que ostentará la correspondiente atribución en el nivel descentralizado, de modo que cuando se expide un acto administrativo sin competencia funcional se configura su nulidad, correspondiéndole a la entidad pública demandada aportar la totalidad del expediente administrativo y acreditar plenamente la existencia de dicha competencia, debiendo asimismo condenarse en costas a la parte vencida de conformidad con el artículo 188 del CPACA y las normas del Código General del Proceso cuando no se ventile un interés público que exima de dicha condena procesal.síntesis automática
También resuelve:¿La delegación de funciones realizada por el Ministerio de Minas y Energía y la ANM en cabeza del Gobernador de Antioquia, permitía que a su vez…¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas contra la demandada por ser la parte recurrente y al confirmarse en su totalidad la decisión proferida por el Tribunal Administrativo?
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y decisión a adoptar, 2) el caso concreto, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
También resuelve:Zonas excluibles de la mineria: prohibición− Obras de exploración − Obras de explotación − Artículo 34 −Ley 685 de 2001República de colombiaConsejo de estado
¿El procedimiento adelantado por la autoridad minera se ajustó a las normas legales correspondientes para determinar las causas de un accidente minero ocurrido en 2011? Sí
El contratista no desvirtúa el incumplimiento de las obligaciones contractuales que dan lugar a la declaratoria de caducidad del contrato de explotación minera, ya que debe demostrar en sede administrativa o judicial que las obras requeridas fueron ejecutadas y cumplen con los estándares de seguridad y funcionamiento óptimos para el ejercicio de la actividad minera. En este caso, la contratista no acreditó que hubiera adelantado las obras comprometidas ni que las condiciones de seguridad estuvieran en regla, lo que llevó a la entidad estatal a declarar la caducidad del contrato. La entidad minera no incurrió en irregularidades al no aplicar por analogía normas de procedimiento no previstas para la investigación del accidente minero, y la participación del comité paritario en la investigación no era obligatoria en la fecha del accidente. La regla reitera la obligación del contratista de cumplir con las condiciones de seguridad y ejecutar las obras requeridas para mantener la validez del contrato, lo que implica que cualquier incumplimiento puede dar lugar a la declaratoria de caducidad del mismo.síntesis automática
También resuelve:¿Los demandantes desvirtuaron el incumplimiento de las obligaciones contractuales que dieron lugar a la declaratoria de caducidad del contrato?¿Cuándo el recurso de apelación no prospera, la parte que lo interpuso debe ser condenada en costas?
¿La zona declarada mediante decreto expedido por la CAR como zona de reserva forestal se superpone con el área objeto del contrato de concesión minera para la explotación de carbón? Sí
El contratista no puede ser objeto de nulidad del contrato de concesión minera por la superposición de la zona objeto del contrato con una zona de reserva forestal declarada posteriormente por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ya que el título minero fue otorgado y perfeccionado antes de la declaración de la zona de reserva forestal, lo que confiere al contratista un derecho adquirido que no puede ser desconocido. La ley establece que las zonas de interés especial no pueden desconocer títulos mineros anteriores a su conformación, y la nulidad es una consecuencia legal que se presenta al momento de la celebración del contrato, no sobreviniente. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la protección de los derechos adquiridos en contratos mineros frente a declaraciones posteriores de áreas protegidas.síntesis automática
También resuelve:¿El título minero para la explotación de carbón otorgado a la Empresa Carbonera de los Andes era un derecho adquirido antes de la declaración y delimitación del terreno que comprendía la concesión…¿Los derechos y títulos adquiridos al celebrar y perfeccionar el contrato de concesión minera pueden ser revocados con la expedición de un acuerdo posterior que afecte el área por motivos de interés…¿Procede la declaratoria de nulidad del contrato de concesión minera por objeto ilícito por superposición de áreas?
¿Para que opere el silencio administrativo positivo respecto de la renuncia del contrato de concesión minera, se deben cumplir los siguientes requisitos: presentar por parte del concesionario de la manifestación unilateral de renuncia al contrato de concesión minera; y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta (30) días contados a partir de su radicación.? Sí
Para que el silencio administrativo positivo opere en el contexto de la renuncia al contrato de concesión minera, es necesario que el concesionario presente una manifestación unilateral de renuncia y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta días hábiles. En este caso, la Sala ha confirmado que la configuración del silencio administrativo positivo se da cuando la Administración no responde a la solicitud de renuncia dentro del plazo establecido, lo que implica la aceptación tácita de la renuncia.síntesis automática
También resuelve:¿Configura el silencio administrativo positivo el vencimiento del término legal otorgado a la Administración para resolver una petición…¿Opera el silencio administrativo positivo frente a la renuncia al contrato de concesión minera cuando el concesionario presenta la solicitud de renuncia y la autoridad minera deja vencer el término…¿Conservaba la Agencia Nacional de Minería competencia para proferir actos administrativos sobre la renuncia al contrato de concesión minera después de configurarse el silencio administrativo…
SUCESIÓN PROCESAL,RESPONSABILIDAD DEL ESTADO,DAÑO ANTIJURÍDICO,CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE MEDIANA MINERÍA,EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD,DAÑO EMERGENTE,LLAMAMIENTO EN GARANTÍA – Relación jurídica material,Artículo 90 de la Constitución Política,Alcance,Elementos,Interés jurídicamente tutelado,Causa material,Explotación minera,Imputación,Juicio de causalidad,Contrato de concesión minera,Decreto 2655 – Mes: julio – Año: 2018…
La entidad estatal que asume un régimen de transición en virtud de los decretos 4131 y 4134 de 2011 tiene el deber legal de identificar y subrogar los contratos, convenios, acuerdos y procesos de contratación celebrados o adelantados con anterioridad, formalizando las respectivas subrogaciones mediante acta suscrita por los representantes legales en un tiempo no superior a seis meses conforme a los artículos 12 del decreto 4131 de 2011 y 20 del decreto 4134 de 2011. Para que opere dicha subrogación de contratos se requiere el cumplimiento acumulativo y no alternativo de dos requisitos esenciales, consistentes en que los negocios jurídicos o procesos de contratación se encuentren en curso y que, en razón de su objeto, deban ser ejecutados por la nueva autoridad nacional competente. De no concurrir ambos presupuestos, la entidad originaria conserva la competencia para realizar la liquidación del convenio interadministrativo y adelantar las actuaciones requeridas para el cierre del proyecto.síntesis automática
También resuelve:Subrogacion de contratos: servicio geológico colombiano, agencia nacional minería -– régimen de transición, deberes, subrogación de contratosAgencia nacional de minería: naturalezaConsejo de estado
Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión2023-09-12Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020190021101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La peticionaria tiene interés directo en el proceso porque Carbhid S.A.S. fue subcontratada por el titular minero para explotar en calidad de operadora el título? Sí
Quien pretende intervenir como coadyuvante debe acreditar únicamente un interés directo en el proceso, porque la coadyuvancia solo apoya las peticiones de una de las partes y no formula pretensiones propias, conforme al artículo 224 del CPACA. En el caso analizado, la sociedad que fue subcontratada por el titular de un título minero para operarlo tenía un vínculo directo con el objeto del litigio, pues la ejecución de ese contrato se frustró cuando la autoridad minera ordenó suspender cualquier actividad en el título y prescribió el cierre y abandono del área por superposición con zona de páramo. Por ello el Consejo de Estado revocó el auto del tribunal que había negado la solicitud de coadyuvancia. La providencia aclara que la relación contractual entre la interviniente y el concesionario es ajena a la autoridad minera, pero se relaciona en forma directa con el objeto del proceso. La consecuencia práctica es que la relación subcontractual puede bastar para acreditar el interés directo cuando la decisión administrativa impugnada afecta su ejecución. La providencia reitera que la coadyuvancia no exige la misma relación sustancial que las partes principales.síntesis automática
También resuelve:¿La coadyuvancia de la pretensión de una de las partes solo comporta la participación en el proceso para apoyar las peticiones formuladas por dicha parte?
¿Respecto de las controversias relativas a los contratos de concesión minera opera la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
En los contratos de concesión minera no procede la caducidad del medio de control de controversias contractuales, pues su objeto es la exploración y explotación de un recurso natural no renovable, y en consecuencia el juez resuelve el fondo de la litis. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la competencia de la Subsección para resolver el fondo se fija por los artículos 150 del CPACA y 293 del Código de Minas. Segundo, el artículo 6 y el parágrafo 1 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, este último aplicable a la controversia según la jurisprudencia reiterada de la Corporación, excluyen la caducidad en estos casos. La providencia resuelve el fondo de la controversia y reitera la jurisprudencia citada en la nota de relatoría sobre la caducidad en contratos de concesión minera; en la práctica, la excepción de caducidad no puede sustentarse en el término bienal frente a controversias sobre concesiones mineras, por lo que el juez debe examinar el fondo de la litis.síntesis automática
También resuelve:¿El Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guarguar y Laguna Verde, cuya declaración como tal se realizó mediante el Acuerdo 022 de 2009 expedido por la CAR…¿En asuntos mineros, las normas expedidas por la autoridad ambiental con posterioridad al perfeccionamiento del contrato de concesión, tienen la posibilidad de modificarlo?¿En el presente caso se configura la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito alegada en la demanda?
¿Se varió la causa petendi consignada en el libelo introductorio con lo que se vulnera la regla de la congruencia? Sí
El juez no puede fallar sobre fundamentos distintos a los que la parte expuso en la demanda, pues la sentencia debe ser congruente con la causa petendi y con las pretensiones, según el artículo 281 del Código General del Proceso, y que los nuevos argumentos planteados en la apelación no se estudian si alteran esa causa. Una razón es que los reparos sobre violación del derecho a la igualdad y sobre las reglas de terminación de los contratos mineros no controvierten los fundamentos del fallo de primera instancia, que consideró vigente la zona de utilidad pública y la exigencia de autorización previa de la gestora del proyecto. Otra razón es que esos reproches cambian el fundamento de la demanda, lo que vulneraría la regla de congruencia. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto de adjudicación. Su consecuencia práctica es que la parte no puede sustituir en la apelación el fundamento de la demanda, pues el juez de segunda instancia no lo decide.síntesis automática
También resuelve:¿A la parte actora o al juez les es dable variar el fundamento de la pretensión formulada en la demanda mediante la introducción de nuevas consideraciones?¿En la demanda se afirmó que la decisión adoptada por la administración en los actos cuestionados fue la modificación del contrato minero?¿El juez puede abordar materias que se señalan en la apelación que correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio del proceso?
¿Debe declararse la nulidad del Auto número GSC-ZC No. 001730 de 29 de diciembre de 2017 por medio del cual la ANM ordenó la suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del Contrato de Aporte; y de la Resolución número GSC-000923 de 20 de abril de 2017, que lo confirmó, por haber sido proferidos con infracción de las normas en que deberían fundarse y/o con violación del debido proceso? ¿La ANM incumplió el Contrato de Aporte, con ocasión de la orden de suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del contrato aludido, adoptada mediante los actos administrativos demandados? No
El contratista no puede declarar nula la orden de suspensión definitiva de actividades dentro del título minero emitida por la ANM, ni la resolución que la confirma, ya que dichas decisiones se fundamentan en la protección del interés general y en el principio de precaución en materia ambiental, que prevalecen sobre los derechos adquiridos del contratista. La suspensión se basa en la superposición del área del título minero con una zona de reserva ecológica y en la falta de licencia ambiental, lo que no constituye un incumplimiento por parte de la ANM del contrato de concesión minera, sino el ejercicio de una facultad constitucional que se ajusta a los principios de buena fe y confianza legítima. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la prevalencia del interés general en asuntos mineros y ambientales, lo que implica que las autoridades pueden modificar las condiciones contractuales en función de la protección del medio ambiente, incluso durante la vigencia del contrato.síntesis automática
¿Es procedente la declaración de nulidad absoluta parcial de contrato de concesión minera porque en el momento en que se suscribió no existían normas que prohibieran la minería en el área otorgada en concesión, ni tampoco limitantes que comprometieran la capacidad jurídica de la sociedad demandante? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la nulidad absoluta parcial de un contrato de concesión minera no procede cuando, al momento de su celebración, no existían normas que prohibieran la actividad minera en el área otorgada ni limitaciones que comprometieran la capacidad jurídica de la sociedad contratante. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la validez del contrato se examina con el régimen jurídico vigente al momento de su suscripción, y no con normas posteriores que restrinjan la actividad. Segunda, la falta de incapacidad o de prohibición en esa fecha impide declarar la nulidad de la totalidad del contrato y, como consecuencia, la extinción de las obligaciones pactadas. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no accede a la nulidad total pedida en la apelación. En la práctica, quien pretenda anular un contrato minero debe demostrar la existencia de una causal de nulidad vigente al momento de la celebración, y no basta invocar restricciones sobrevinientes.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia cuando en el proceso se ventiló un interés público?
¿Debe conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso promovido contra las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería en ejecución del contrato de concesión minera? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de las resoluciones que expide una agencia estatal de naturaleza especial en la ejecución de un contrato de concesión minera, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se sostiene en tres razones: las resoluciones impugnadas se dictaron en el marco de la ejecución del contrato de concesión, lo que las sujeta al derecho administrativo; el artículo 150 del CPACA atribuye al Consejo de Estado la resolución de la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, asigna en primera instancia a los tribunales administrativos el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos, de modo que la segunda instancia corresponde a esta Corporación. Por ello, la vocación de doble instancia del proceso determina la competencia del superior. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a la competencia.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para cuestionar las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017…¿Debe imponerse condena en costas y fijarse agencias en derecho en segunda instancia a cargo de la parte apelante, conforme a los artículos 365 y 366 del CGP y a las tarifas del Acuerdo PSAA16‑10554…
¿Le asiste competencia a la Sala para resolver del presente proceso en segunda instancia, toda vez que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión minera? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de un contrato minero ante el Consejo de Estado en segunda instancia, toda vez que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos litigios, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, puede conocer de las apelaciones de autos y sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Además, la entidad ambiental, como la CAR, está legitimada para demandar la nulidad del contrato minero cuando este transgrede la normativa ambiental y se superpone con áreas de protección ambiental, independientemente de no ser parte contratante, al tener interés directo y ser la autoridad ambiental competente en la zona concesionada. En estos casos, no operan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que los recursos naturales renovables y las áreas de protección ambiental son bienes imprescriptibles e inalienables, lo que garantiza la protección del interés público y la integridad del medio ambiente.síntesis automática
También resuelve:¿La CAR, al ser la entidad ambiental que tiene por obligación desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables, puede demandar la nulidad de un contrato minero?¿En los casos en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, operarán los términos de caducidad?¿Cuando se demanda la nulidad absoluta de un contrato minero por traslaparse con áreas de protección ambiental, su presentación podrá darse en cualquier tiempo?
Sentencia — Sentencia2024-04-12Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 11001032600020220006100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se acreditó que los árbitros se pronunciaron sobre cuestiones no sujetas al arbitramento o dejaron de hacerlo sobre aspectos formulados por la parte convocada? No
El laudo arbitral no incurre en fallo citra o infra petita cuando los árbitros se pronuncian expresa y puntualmente sobre las excepciones formuladas por la parte convocada, pues la causal de anulación por incongruencia exige que el tribunal haya omitido resolver aspectos sometidos a su decisión. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la causal prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 se configura cuando el laudo deja de resolver puntos sometidos al arbitramento, y no cuando la parte inconforme considera desfavorable la decisión sobre ellos. Segundo, el pronunciamiento expreso sobre cada excepción propuesta acredita que el tribunal resolvió los aspectos que le fueron formulados, por lo que no hay incongruencia por omisión. La providencia declara infundado el recurso extraordinario de anulación; en la práctica, la parte que alegue fallo citra petita debe identificar la excepción o pretensión que el laudo omitió resolver, y no basta con discrepar de su resultado.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal incurrió en fallo extra petita, al interpretar las cláusulas contractuales?¿El laudo objeto de anulación vulneró el principio de congruencia por ser cifra o infra petita, al resolver las excepciones sobre la improcedencia de los gastos de administración y de los gastos…¿El juez del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral debe apegarse a las causales taxativas de nulidad, dado que este mecanismo judicial no puede ser usado como instancia adicional para…
¿Procede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso de apelación, relativos a la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, dado que la autoridad minera desconoció, de forma aparente, las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción; procuraban la modificación del Programa de trabajos y Obras; y, demostraban la reducción del valor de la póliza minero ambiental? Sí
El contratista puede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos presentados en el recurso de apelación, relacionados con la ilegalidad de las resoluciones que desconocieron aparentemente las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción, la modificación del Programa de Trabajos y Obras, y la reducción del valor de la póliza minero-ambiental, ya que la falsa motivación se configura ante la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos por la administración. Esta regla reitera la jurisprudencia existente, permitiendo a los contratistas cuestionar la legalidad de los actos administrativos en términos de falsa motivación cuando se evidencie una distorsión en los fundamentos de estos.síntesis automática
También resuelve:¿Si la posesión o tenencia de los predios que contienen los minerales son de propiedad exclusiva del Estado, al margen de quien detente su dominio…¿El beneficiario del título minero debe presentar a la Agencia Nacional de Minería el Programa de Trabajos y Obras en el que describa la planificación…¿Para ejecutar el contrato de concesión minera el concesionario debe constituir a favor de la autoridad minera una póliza independiente para cada etapa de ejecución del contrato…
¿El incumplimiento de presupuestos procesales no es un aspecto que pueda sanearse, por lo que el juez lo puede constatar permanentemente y, de encontrarse acreditado, llevará a un fallo inhibitorio? Sí
El contratista no puede omitir el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad antes de radicar la demanda, ya que el juez puede constatar permanentemente el incumplimiento de este presupuesto procesal y declarar la inhibición del proceso si no se ha cumplido adecuadamente, sin que pueda sanearse en etapas posteriores del trámite. Además, la medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial, por lo que debía cumplirse el requisito de procedibilidad estudiado, lo que releva al juez de poder resolver la controversia y obliga a inhibirse para analizar de fondo la litis. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, en virtud de la competencia funcional del juez de segunda instancia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial y, por lo tanto, se debía agotar el requisito de procedibilidad estudiado, sin que se haya procedido de esa manera?¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia?¿El medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se pretende el retiro del ordenamiento jurídico de actos administrativos contractuales?
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