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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2025-02-07
Radicado
20001233300020150014401
Número interno
68031
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES, ENRIQUE LOURIDO CAICEDO, INGEPROYECTOS DEL CARIBE LTDA, CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS IBIRICO
Demandado
LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR -

Síntesis de la providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

La sola permanencia en obra no es causa suficiente por sí misma para tener por acreditada una afectación a la ecuación financiera del negocio, pues para ello es necesario, además, que se demuestre que: (i) la mayor permanencia se produjo por un hecho no imputable al contratista, por la ocurrencia de un riesgo imprevisible o que no le fue asignado, o por una falencia en la planeación del contrato con proyección sobre el régimen de las obligaciones y derechos que de él se derivan; (ii) el contratista sufrió perjuicios con ocasión del mayor tiempo en obra, probando que efectivamente incurrió en sobrecostos más allá de los gastos propios del contrato, acreditando su cuantía; y, (iii) la afectación económica que aparejó la mayor permanencia fue lo suficientemente grave y onerosa como para afectar la ecuación financiera del contrato visto como un conjunto de obligaciones, no únicamente en función de una prestación.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede acreditar una afectación a la ecuación financiera del contrato basándose únicamente en la mayor permanencia en obra, sino que debe demostrar que la prolongación se debió a un riesgo no imputable a él, que sufrió perjuicios económicos adicionales y que estos perjuicios fueron lo suficientemente graves como para afectar el equilibrio financiero del contrato. La Sala reitera que la modificación contractual no puede considerarse como una renuncia expresa a reclamar por sobrecostos, y que la afectación debe ser tal que lleve al contratista a un punto de pérdida, lo cual no se cumplió en este caso. Esto implica que el contratista debe presentar pruebas más sólidas para acreditar un desequilibrio financiero adverso y que la mera permanencia en obra no es suficiente para justificar un reclamo de reequilibrio económico.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La sola permanencia en obra es causa suficiente por sí misma, para tener por acreditada una afectación a la ecuación financiera del negocio?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base la valoración probatoria del dictamen contable efectuada por el a…
  • ¿Se trasgredió el debido proceso del contratista en el marco del procedimiento administrativo que culminó con las Resoluciones DO-DA1294 y DO-DA1295 de 2013?
  • ¿El apelante logró demostrar la falsa motivación en las Resoluciones DO-DA1294 y DODA1295 de 2013?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL RIESGO PREVISIBLE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RIESGO CONTRACTUAL DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL CONDICIONES ECONÓMICAS ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO GASTOS ADICIONALES PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL APELACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA DEBIDO PROCESO ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO ALCANCE DEL PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO IMPROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA FALSA MOTIVACIÓN CONCEPTO DE LA FALSA MOTIVACIÓN PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 16.816 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO PREVISIBLE / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La sola permanencia en obra es causa suficiente por sí misma, para tener por acreditada una afectación a la ecuación financiera del negocio? Respuesta al problema jurídico: No [L]a sola permanencia en obra no es causa suficiente por sí misma para tener por acreditada una afectación a la ecuación financiera del negocio, pues para ello es necesario, además, que se demuestre que: (i) la mayor permanencia se produjo por un hecho no imputable al contratista, por la ocurrencia de un riesgo imprevisible o que no le fue asignado, o por una falencia en la planeación del contrato con proyección sobre el régimen de las obligaciones y derechos que de él se derivan; (ii) el contratista sufrió perjuicios con ocasión del mayor tiempo en obra, probando que efectivamente incurrió en sobrecostos más allá de los gastos propios del contrato, acreditando su cuantía; y, (iii) la afectación económica que aparejó la mayor permanencia fue lo suficientemente grave y onerosa como para afectar la ecuación financiera del contrato visto como un conjunto de obligaciones, no únicamente en función de una prestación. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / RIESGO CONTRACTUAL / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / CONDICIONES ECONÓMICAS / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / GASTOS ADICIONALES / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base la valoración probatoria del dictamen contable efectuada por el a quo? Respuesta al problema jurídico: No Respecto de este dictamen, la Sala observa que allí se consignaron gastos, por ejemplo, por concepto de las nóminas de personal, el alquiler de equipos, bodegas, maquinaria, servicios de vigilancia y servicios públicos de las locaciones rentadas, entre otros, que habían sido contratados previo a las suspensiones y que el contratista no pudo dejar de asumir, o que pudiendo, representaban una mayor dificultad u onerosidad para el contrato; sin embargo, allí también se plasmaron algunos costos que no pueden tenerse en cuenta, bien porque aluden a actividades de obra que desconocen el hecho mismo de que el contrato estaba suspendido, y que por ende, no se estaba ejecutando labor alguna, y otros, porque se refieren a gastos respecto de los cuales no hay prueba de su relación con las actividades propias del contrato. (…) Al excluir estos conceptos, se tiene que el valor de los sobrecostos determinados en el dictamen y que permiten relacionarse con el contrato, es de $69’419.586 en la primera suspensión; $110’631.528 en la segunda suspensión y de $92’013.042 en la tercera suspensión, con un total de $275'040.852. 23. Es del caso precisar que a través del modificatorio No. 3, las partes acordaron adicionar recursos al contrato por una suma equivalente a $1.775.800.347; sin embargo, en atención al criterio unificado de esta Corporación, ese pacto adicional no puede tenerse como un acuerdo del contratista sobre los sobrecostos padecidos por mayor permanencia, ya que esa modificación se pactó con el fin de atender obras adicionales no previstas, pero sugeridas por la interventoría y el Municipio, cuyo pago estuvo supeditado a su real ejecución constructiva, luego no fue una suma que se hubiera reconocido al contratista para solventar los sobrecostos que venía presentando por las suspensiones del negocio jurídico. Así, y ante la ausencia de renuncia expresa en ese documento, no puede afirmarse que el contratista negoció y solventó su detrimento patrimonial o que renunció a reclamar por ello, pues no hay cláusula o norma que así lo defina y con la cual se pueda otorgar alcances extintivos al derecho de la parte actora a reclamar por esos sobrecostos. Pese a lo anterior, la Sala destaca que la afectación alegada por el contratista a título de sobrecostos por mayor permanencia no proviene en su totalidad de circunstancias extrañas, sino de la materialización de un riesgo previsible asumido bajo el contrato, por lo menos en la tercera y última suspensión contractual. (…) Por lo tanto, al resultar imputable al contratista la tercera suspensión contractual y con ello, los costos que pudo tener que asumir durante ese período, se concluye la falta de uno de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para que prospere la pretensión de reequilibrio económico del contrato por ese periodo, esto es, que el origen o fuente del daño o del sobrecosto que aduce el contratista no provenga de la materialización de un riesgo previsible a su cargo. Por otra parte, además de la tercera suspensión, el reclamo del demandante también incluye los sobrecostos causados durante las suspensiones 1 y 2; sin embargo, esos costos, aunque se asuman como originados en circunstancias ajenas a la responsabilidad del contratista, no alcanzaron una cuantía suficientemente grave y onerosa para llevarlo a punto de pérdida en los términos exigidos por la jurisprudencia con base en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, para que resulte procedente el pretendido restablecimiento económico del contrato. El contrato tuvo un valor total definitivo de $5.519’970.356, por lo tanto, el 1% de imprevistos y el 3% de utilidad definidos en la propuesta del contratista adjudicatario, correspondió a $220’798.814,24. Como los sobrecostos generados con ocasión de las suspensiones 1 y 2 sumaron en total $180’051.114, se evidencia que el contratista no presentó pérdidas por esas circunstancias; al contrario, aun con su presencia mantuvo una utilidad de $40’747.700, luego el supuesto desequilibrio del contrato que aduce no se presentó, por cuanto éste no se configura con la sola disminución de la utilidad proyectada por el contratista. NOTA DE RELATORÍA: Sobre acuerdos durante la ejecución de un contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2023, rad. 39121, C. P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Problema jurídico: ¿Se trasgredió el debido proceso del contratista en el marco del procedimiento administrativo que culminó con las Resoluciones DO-DA1294 y DO-DA1295 de 2013? Respuesta al problema jurídico: No Según el apelante, el Tribunal se equivocó porque consideró erradamente que no estaba probada una violación al debido proceso a pesar de que el mismo contenido de las resoluciones demandadas demostraban que se profirieron bajo el procedimiento definido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, a pesar de que no era una norma aplicable al contrato, toda vez que éste se celebró con anterioridad a su entrada en vigor. (...) Dado que lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 corresponde a un desarrollo y concreción del derecho al debido proceso en el procedimiento tendiente a la adopción de medidas sancionatorias contractuales, recogiendo los avances jurisprudenciales y doctrinales que se dieron desde la expedición de la Ley 1150 de 2007, su aplicación a los contratos celebrados con anterioridad a su vigencia resulta procedente con fundamento en los principios de efecto general inmediato y retrospectividad de la ley, tal y como ha sido reiterado por esta Corporación, especialmente, por mandato de los artículos 38 y 40 de la ley 153 de 1887, conforme a los cuales: (i) en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, con excepción de las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del negocio jurídico y las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; (ii) en el tránsito de vigencia de las normas procesales, las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben comenzar a regir, sin perjuicio de que los términos que hubieren comenzado a correr y las actuaciones y diligencias ya iniciadas, se rijan por la ley vigente al tiempo de su iniciación. En consecuencia, aunque la regla general es que la existencia, validez y los derechos y obligaciones que derivan del negocio jurídico se gobiernan por la ley existente al momento de su celebración, por lo que, en principio, la ley nueva no puede entrar a suprimirlos o modificarlos atendiendo al principio de irretroactividad, las nuevas normas procesales que establecen la forma de reclamar en juicio los derechos que emanan de ellos y las que señalen penas para el evento de la infracción a lo estipulado, como se predica del procedimiento para la imposición de las sanciones pecuniarias pactadas, tienen vigencia inmediata y se aplican a los contratos en ejecución, por lo que en el caso concreto, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 que estaba vigente para el momento en que se inició la actuación (7 de diciembre de 2012) que finalizó con la expedición de los actos demandados, era plenamente aplicable contrario a lo indicado por el demandante. Adicionalmente, aun cuando se afirmara que resultaba improcedente adelantar el procedimiento de imposición de sanciones contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, lo cierto es que las pruebas obrantes en el expediente revelan que su utilización por parte de la entidad no trasgredió ningún postulado del debido proceso; de hecho, su acatamiento garantizó las exigencias legales y constitucionales para su protección. Según las actas de audiencia que no son desconocidas por el apelante, se citó previamente al contratista y se le informaron los motivos de hecho y de derecho que sustentaban la apertura de la actuación administrativa, se le otorgó la posibilidad de defenderse controvirtiendo las pruebas y aportando las propias, se suspendió la audiencia para la práctica de pruebas por solicitud suya y se le garantizó la posibilidad de interponer recursos, todo lo cual fue precisado por el Tribunal y frente a lo cual el apelante no expresó ningún disenso, en tanto limitó sus argumentos a la inaplicabilidad de la norma reseñada. Por lo tanto, el solo argumento de que las Resoluciones DO-DA1294 y DO-DA1295 de 2013 se hubieran adoptado bajo el procedimiento definido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, no implica un desconocimiento del debido proceso en el caso concreto, toda vez que resultaba aplicable. Además, está probado que se otorgaron al demandante todas las garantías para el ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, sin que hubiese allegado argumentos concretos para afirmar la existencia de alguna actuación u omisión de la entidad en el trámite administrativo que pudiere conllevar al desconocimiento de esa garantía; en consecuencia, no está probado el cargo de ilegalidad en el que insiste el apelante. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la retrospectividad de la ley, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2019, rad. 59771 C. P. Marta Nubia Velásquez Rico y Concepto 2157 de 10 de octubre de 2013. C.P. Álvaro Namén Vargas. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2011, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / FALSA MOTIVACIÓN / CONCEPTO DE LA FALSA MOTIVACIÓN / PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El apelante logró demostrar la falsa motivación en las Resoluciones DO-DA1294 y DODA1295 de 2013? Respuesta al problema jurídico: No El apelante cuestiona al Tribunal de primera instancia al considerar que evaluó equivocadamente las pruebas donde se evidenciaba que las novedades y observaciones consignadas en el acta final de recibo de obra, fueron oportunamente atendidas por el contratista, por lo que carecen de fundamento las averías que sustentaron la declaratoria de incumplimiento en la obligación de garantía de calidad de obra, así como la tasación, cobro de perjuicios y la efectividad de las garantías otorgadas. (...) El reconocimiento de los daños por parte del contratista, la asunción expresa del compromiso de repararlos, la inexistencia de prueba de los arreglos y la falta de pronunciamiento de la parte actora indicando haberlos realizado frente a la decisión administrativa que definió lo contrario, conducen a concluir que la parte actora nunca solucionó las inconsistencias de calidad y estabilidad advertidas, pese a reconocerlas y solicitar plazos y prórrogas para subsanar tal circunstancia, al punto que está acreditado que estaban presentes desde el 1 de junio de 2012 y aun para el 29 de mayo de 2013, persistían. Así las cosas, ante la ausencia de medios de convicción o motivos que lleven a dudar de los fundamentos de los actos demandados, o de los perjuicios definidos con base en el informe de la interventoría que se sustentó en una inspección técnica el 29 de mayo de 2013, no hay lugar a tener por acreditada una falsa motivación de los actos demandados. En conclusión, no hay evidencia de que el contrato 072 de 2010 hubiera presentado un desequilibrio económico en detrimento del contratista que esté llamado a ser restablecido, como tampoco que las Resoluciones DO-DA1294 y DO-DA1295 de 2013 adolezcan de falsa motivación o violación al debido proceso como aduce el apelante. Aunque el recurrente también solicitó que se modificara la liquidación judicial con base en la prosperidad de tales cargos, su fracaso releva a la Sala de tal análisis y fuerza a que se confirme la sentencia de instancia. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la sociedad demandante en la medida que su recurso de apelación no pudo prosperar? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que estas se regirán por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. De conformidad con su artículo tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás circunstancias relevantes. En este caso, la Sala advierte que, la demandante no fue condenada a pagar por agencias en derecho en primera instancia, suerte que no corrió en esta instancia en la que todos los cargos alegados en la apelación resultaron infundados. En lo que tiene que ver con el valor de las agencias en derecho en segunda instancia, éstas pueden ser hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Por lo tanto, las agencias en derecho se fijan en cinco millones ciento once mil cuatrocientos sesenta y siete pesos m/cte. ($5.111.467), teniendo en cuenta la relación porcentual del 0.5% del valor de las pretensiones económicas del demandante. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=200012333000201500144011100103