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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda

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Fecha
2025-06-16
Radicado
25000233600020180009301
Número interno
66202
Ponente
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
TOUR DE LAS AMERICAS S.A.S., SASO S.A.
Demandado
TRANSPORTES CALDERÓN S.A., DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda

Lo que dijo la Sala

Con fundamento en lo previsto en el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, porque el objeto del litigio gira en torno a la legalidad de un acto administrativo proferido por entidad pública del orden nacional, como lo es el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia del 24 de octubre de 2019, de conformidad con lo previsto en los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, dada la vocación de doble instancia del proceso, y en razón de que la pretensión económica formulada en la demanda excedió los 300 SMLMV que corresponden al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo proferido por una entidad pública del orden nacional, conforme al artículo 104 del CPACA, pues el objeto del litigio es la legalidad de ese acto. La regla se apoya en que la competencia se determina por la naturaleza pública de la entidad que expide el acto, y en que el Consejo de Estado resuelve la apelación de la sentencia del tribunal conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, por la cuantía de la pretensión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los actos de entidades públicas nacionales que afecten derechos económicos del administrado quedan sometidos al control de esta jurisdicción, y su apelación corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía lo exige.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda contra un acto administrativo proferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuya pretensión económica supera los 300 SMLMV, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152

También resuelve

  • ¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea para solicitar la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del proceso de selección abreviada por…
  • ¿Una demanda presentada el 13 de diciembre de 2017 contra un acto administrativo notificado en estrados el 30 de mayo de 2017…
  • ¿Están legitimadas en la causa por activa las sociedades que integran una unión temporal para demandar la nulidad del acto administrativo de adjudicación cuando participaron en el proceso de…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA POR SUBASTA INVERSA RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO NOTIFICACIÓN POR ESTRADO SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA SOCIEDAD UNIÓN TEMPORAL CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA APELANTE ÚNICO REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE PARQUE AUTOMOTOR REQUISITOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE PROPUESTA DEL PROPONENTE FACTORES DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA MINISTERIO DE TRANSPORTE SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA ECONÓMICA SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO SISTEMA TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD PRINCIPIO DE NECESIDAD PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA HERMENÉUTICA JURÍDICA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA PRINCIPIO DE IGUALDAD PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE EMPRESA DE TRANSPORTE VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL OFERENTE IGUALDAD DE ACCESO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL DERECHO A LA PROPIEDAD PRUEBA DE LA PROPIEDAD DE VEHÍCULO CONTRATO DE AFILIACIÓN CARGA DE LA PRUEBA EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA REGLAS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA TÉRMINO PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS MÉTODO DE COMPARACIÓN PUNTAJE ASIGNADO ELEMENTOS DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN PRECIO DEL CONTRATO PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRUEBA DOCUMENTAL INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

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Titulación de la relatoría 31.909 caracteres

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MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA Problema jurídico: ¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda contra un acto administrativo proferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuya pretensión económica supera los 300 SMLMV, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Respuesta al problema jurídico: Si Con fundamento en lo previsto en el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, porque el objeto del litigio gira en torno a la legalidad de un acto administrativo proferido por entidad pública del orden nacional, como lo es el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia del 24 de octubre de 2019, de conformidad con lo previsto en los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, dada la vocación de doble instancia del proceso, y en razón de que la pretensión económica formulada en la demanda excedió los 300 SMLMV que corresponden al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA POR SUBASTA INVERSA / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Problema jurídico: ¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea para solicitar la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del proceso de selección abreviada por subasta inversa, y solicitar el restablecimiento del derecho a favor del proponente inhabilitado? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 141 del CPACA, en concordancia con el artículo 138 del mismo estatuto, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el instrumento idóneo para demandar la anulación de los actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato. Por lo tanto, en este caso resulta procedente dado que las sociedades Tours de las Américas S.A.S. y Saso S.A., quienes integraron la Unión Temporal Satours que resultó inhabilitada dentro del proceso de selección abreviada por subasta inversa presencial No. 02 de 2017, cuestionan la legalidad del acto administrativo de adjudicación proferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, así como también pretenden el restablecimiento del derecho afectado por cuenta de la expedición del acto administrativo demandado. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA POR SUBASTA INVERSA / NOTIFICACIÓN POR ESTRADO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Problema jurídico: ¿Una demanda presentada el 13 de diciembre de 2017 contra un acto administrativo notificado en estrados el 30 de mayo de 2017, y precedida por una solicitud de conciliación extrajudicial que suspendió el término de caducidad, se considera interpuesta dentro del término previsto en el artículo 164 del CPACA? Respuesta al problema jurídico: Si La demanda fue presentada dentro del término prescrito en el en el literal c) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Ciertamente, se tiene que (i) el acta de la audiencia pública de subasta inversa evidencia el acto administrativo de adjudicación fue notificado en estrados el 30 de mayo de 2017, por lo que la demanda, en principio, debía ser radicada a más tardar el 1 de octubre del mismo año, esto es, dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de su notificación; (ii) la parte accionante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 28 de septiembre de 2017, esto es, faltando tres días para que operara el fenómeno de caducidad; (iii) el término de caducidad estuvo suspendido hasta el 12 de diciembre de 2017, día en que fue proferida la constancia que refleja la ausencia de ánimo conciliatorio y; (iv) en consecuencia, el término máximo para la presentación de la demanda vencía el 15 de diciembre de 2017, de modo que la demanda radicada el 13 de diciembre de 2017 fue presentada dentro del término legal. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL C LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / SOCIEDAD / UNIÓN TEMPORAL / CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Están legitimadas en la causa por activa las sociedades que integran una unión temporal para demandar la nulidad del acto administrativo de adjudicación cuando participaron en el proceso de selección y su oferta fue rechazada por no cumplir requisitos habilitantes? Respuesta al problema jurídico: Si Las sociedades Tours de las Américas S.A.S. y Saso S.A., integrantes de la Unión Temporal Satours, están legitimadas en la causa por activa para solicitar la declaratoria de nulidad del acto administrativo de adjudicación y el restablecimiento del derecho, porque participaron en el procedimiento de selección abreviada por subasta inversa presencial No. 02 de 2017 y resultaron afectadas con el rechazo de su ofrecimiento por no cumplir con los requisitos habilitantes. Por su parte, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social está legitimado en la causa por pasiva porque fue la entidad pública del orden nacional que adelantó el procedimiento de selección y, en dicho orden, adoptó la decisión cuya legalidad cuestiona la parte accionante. MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APELANTE ÚNICO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Problema jurídico: ¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está determinado por los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente en el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con los cargos de la apelación formulados por la parte accionante -apelante único-, los cuales constituyen el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia conforme lo dispuesto por los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso (en lo sucesivo CGP), corresponde a la Sala determinar si se configura la nulidad de la Resolución 01587 del 30 de mayo de 2017 -acto administrativo de adjudicación- como consecuencia del presunto rechazo injustificado de la oferta presentada por la Unión Temporal Satours. En caso afirmativo, deberá la Sala establecer si, como consecuencia de la nulidad del acto administrativo objeto de censura, procede acceder al reconocimiento de los perjuicios reclamados en el libelo introductorio. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA POR SUBASTA INVERSA / CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / PARQUE AUTOMOTOR / REQUISITOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE / PROPUESTA DEL PROPONENTE / FACTORES DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / MINISTERIO DE TRANSPORTE / SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Problema jurídico: ¿Cumple con el requisito técnico habilitante para participar en la subasta un proponente que acredita su parque automotor mediante vehículos propios, afiliados o vinculados por convenios de colaboración empresarial, siempre que dichos convenios se alleguen con la propuesta y hayan sido reportados al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte? Respuesta al problema jurídico: Si Sobre el ofrecimiento del parque automotor requerido a efectos de la habilitación técnica necesaria para participar en la subasta, el aparte 2.3. del pliego de condiciones exigió a los oferentes contar con un parque automotor calificado, es decir, con unos vehículos que cumplieran las especificaciones técnicas determinadas en el anexo No. 1 del pliego de condiciones. A su vez, el aparte 2.3.3. del pliego de condiciones estableció que el parque automotor debía ser relacionado en el anexo No. 3 que debía acompañar toda propuesta, así como también que el mismo podía estar integrado por vehículos propios, afiliados o vinculados al servicio por virtud de la celebración de convenios de colaboración empresarial. (…) Para este efecto, los proponentes debían celebrar el convenio de colaboración empresarial de acuerdo con los parámetros establecidos para este tipo de negocio jurídico, así como también allegarlo con su propuesta junto con las pruebas que evidenciaran que había sido reportado de manera oportuna al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Solo ante el cumplimiento de los anteriores supuestos, podía concluirse que los proponentes que se hubieren valido de la figura asociativa antes indicada, satisfacían el requisito técnico habilitante exigido para participar en el procedimiento de selección. CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA / INDEPENDENCIA ECONÓMICA / SERVICIO DE TRANSPORTE / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL / MINISTERIO DE TRANSPORTE / SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Problema jurídico: ¿Tienen los convenios de colaboración empresarial plena eficacia para generar obligaciones y efectos jurídicos en el marco de procesos de contratación pública o privada, sin afectar la independencia administrativa, técnica, financiera y jurídica de las partes que los celebran? Respuesta al problema jurídico: Si [L]os convenios de colaboración empresarial, denominados también de asociación, de alianza estratégica, de participación conjunta y similares, en términos generales son negocios jurídicos atípicos de carácter asociativo, mediante los cuales dos o más empresas coordinan esfuerzos para la ejecución de un proyecto o actividad común, sin constituir una nueva persona jurídica, de manera que conservan su independencia administrativa, técnica, financiera y jurídica. Estos negocios jurídicos son permitidos en materia de transporte para la integración de flotas con las que, en conjunto con vehículos propios, son prestados estos servicios, es decir, sirven al propósito de ampliar el parque automotor de las empresas que prestan el servicio de transporte; de ahí que, en el campo de la contratación de servicios de transporte por parte de entidades estatales, resulte razonable considerar que los convenios de colaboración empresarial son un mecanismo que ha sido admitido para favorecer la participación en procesos de selección. (…) [E]l Decreto 1079 de 2015, en su artículo 2.2.1.6.3.4. modificado por el artículo 9 del Decreto 431 de 2017, permite la posibilidad de suscribir convenios de colaboración empresarial para la prestación del servicio de transporte terrestre especial y, en dicho contexto, consagra la obligación de reportar este negocio jurídico al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte. FUENTE FORMAL: DECRETO 1079 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.6.3.4., DECRETO 431 DE 2017 - ARTÍCULO 9 REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA POR SUBASTA INVERSA / CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / REQUISITOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE / IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO / SISTEMA TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS / CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / PRINCIPIO DE NECESIDAD / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Problema jurídico: ¿Los convenios de colaboración empresarial presentados con la propuesta debían identificara de manera expresa los vehículos destinados a integrar el parque automotor, a fin de acreditar el cumplimiento del requisito técnico habilitante previsto en el pliego de condiciones? Respuesta al problema jurídico: Si [P]ara la Sala las distintas estipulaciones del pliego, interpretadas en forma sistemática, coherente y acorde con su finalidad, conducen a concluir que era indispensable que en los convenios aportados con la propuesta estuviera indicado cuáles serían los automotores destinados a la prestación del servicio, que hacían parte de los mismos. Sobre el particular, debe resaltarse que el pliego de condiciones (i) exigió que los interesados en participar en el proceso de selección contaran con un parque automotor calificado, es decir, con unos vehículos que cumplieran las especificaciones técnicas determinadas en el anexo No. 1 del mismo; y (ii) permitió que el parque automotor calificado fuera satisfecho con vehículos vinculados mediante convenios de colaboración empresarial. (…) [P]ara acreditar en el proceso de selección los vehículos que por la vía de convenios de colaboración integraban el parque automotor ofertado y, con ello, atender el requisito técnico consistente en que la propuesta incluyera vehículos que reunieran las condiciones especificadas en el anexo 1 del pliego de condiciones, el negocio jurídico de colaboración presentado con la oferta necesariamente debía identificar los vehículos que integraban su objeto contractual, pues solo de esta forma podían cumplir la finalidad para la cual se dio cabida a la posibilidad de acudir a dicha figura negocial, esto es, acreditar el cumplimiento del requisito técnico habilitante. (…) Vistas así las cosas, la Sala considera que no le asiste razón a la parte accionante al aseverar que no se requería que el convenio identificara los vehículos que hacían parte de su objeto, pues si bien en este caso el pliego de condiciones y el Decreto 1079 de 2015 no determinaban de manera expresa los elementos que debía reunir el negocio de colaboración empresarial, los preceptos contenidos en el pliego de condiciones en punto a los requisitos técnicos habilitantes, así como también la finalidad y naturaleza misma de este tipo de acuerdo de voluntades en el marco de la prestación de servicios de transporte, determinaban que las partes del negocio jurídico de colaboración estipularan, como mínimo, cuáles en concreto eran los vehículos objeto del mismo. (…) [E]l ejercicio hermenéutico que imprimió el comité evaluador en el sentido de considerar que el requisito técnico habilitante exigía que los convenios de colaboración empresarial incluyeran la especificación de los vehículos vinculados al servicio, se acompasó con una interpretación lógica, sistemática y teleológica de las distintas disposiciones del pliego de condiciones y obedeció a la finalidad del objeto a contratar, de lo que se colige que constituyó un criterio proporcional, necesario y razonable. NOTA DE RELATORÍA: Sobre lo requisitos habilitantes del proponente conforme a la interpretación del pliego de condiciones, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2022, rad. 65134, C. P. Nicolás Yepes Corrales. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA / HERMENÉUTICA JURÍDICA / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PRINCIPIO DE IGUALDAD / PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL Problema jurídico: ¿Está facultada la administración para interpretar el pliego de condiciones con el fin de suplir vacíos, resolver antinomias y garantizar la escogencia objetiva de la mejor propuesta, conforme a los principios de la contratación estatal? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a interpretación lógica, sistemática y teleológica del pliego de condiciones objeto de estudio, el cual ha de leerse en forma integral y buscando el sentido que mejor se ajuste a sus reglas, apreciadas en conjunto, así como a la finalidad perseguida por la entidad contratante. A propósito de la hermenéutica del pliego de condiciones, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, acudiendo al artículo 23 de la Ley 80 de 1993 -según el cual las actuaciones contractuales se desarrollan con arreglo a los principios de planeación, transparencia, selección objetiva e igualdad y les son aplicables los criterios hermenéuticos propios de la materia contractual-, ha señalado que la Administración está facultada para interpretar el pliego de condiciones con el fin de llenar los vacíos o lagunas que allí se presenten o de solucionar las antinomias que se puedan desprender de su texto y que eventualmente tornen nugatoria la escogencia de la mejor propuesta; lo anterior, al amparo de los principios generales del derecho, los de la función administrativa, la finalidad del pliego y la protección del interés general. Además, ha precisado que para la interpretación del pliego la Administración puede acudir al sentido gramatical o exegético, al criterio histórico, al semántico, al sistemático, al teleológico y a otros criterios hermenéuticos subsidiarios. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la interpretación del pliego de condiciones, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de julio de 2013, rad. 25642, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia del 2 de julio de 2021, rad. 51910, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 28 de febrero de 2022, rad. 65134, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 24 de julio de 2013, rad. 25642, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23 RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA POR SUBASTA INVERSA / ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / REQUISITOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE / CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL / IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO / CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / UNIÓN TEMPORAL / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / EMPRESA DE TRANSPORTE / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL OFERENTE / IGUALDAD DE ACCESO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / DERECHO A LA PROPIEDAD / PRUEBA DE LA PROPIEDAD DE VEHÍCULO / CONTRATO DE AFILIACIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿El simple anexo de la relación del parque automotor en el formato No. 3, sin que los vehículos estuvieran identificados en el convenio de colaboración empresarial, satisface los requisitos técnicos habilitantes para participar en el procedimiento de selección? Respuesta al problema jurídico: No [C]ontrario a lo afirmado por el apelante, con la sola relación del parque automotor insertada en el anexo 3 de la propuesta junto con el convenio de colaboración empresarial celebrado con Transportes Especiales FSG S.A.S., la unión temporal no satisfizo los requisitos técnicos habilitantes para participar en el procedimiento de selección, en tanto no cumplió el parque automotor calificado exigido en el pliego de condiciones. La identificación precisa de los vehículos comprometidos no solo resultaba esencial para verificar la capacidad operativa de los proponentes, sino que constituía un requisito indispensable para garantizar la igualdad y transparencia en el proceso de contratación. Por ello, la omisión en la individualización de los automotores en el convenio compromete de manera sustancial la habilitación de la oferente y justifica su rechazo en sede administrativa. (…) [E]l convenio de colaboración empresarial -y no el anexo No. 3- era el mecanismo o figura jurídica permitida a los interesados para complementar el parque automotor exigido en el pliego de condiciones; de ahí que la identificación del parque automotor debiera efectuarse con rigor al momento de confeccionar el negocio jurídico que tenía los efectos jurídicos vinculantes que permitían satisfacer lo requerido en el componente técnico. Al respecto, vale la pena agregar que la información consignada en el anexo No. 3 de las propuestas debía contar con respaldo probatorio, lo que significa que el ofrecimiento de vehículos efectuado en el referido anexo debía estar amparado en los documentos legales que demostraran el derecho de propiedad que el proponente tenía sobre los vehículos ofrecidos, el derecho a usarlos por virtud de la celebración de un contrato de afiliación, o el derecho a vincularlos al servicio por virtud de la suscripción de un convenio de colaboración empresarial. SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / REGLAS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / TÉRMINO PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / PROPUESTA DEL PROPONENTE / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / MÉTODO DE COMPARACIÓN / PUNTAJE ASIGNADO / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / ELEMENTOS DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN Problema jurídico: ¿Bajo el régimen de subsanación aplicable procede el rechazo de una propuesta por carecer de un requisito que no incida en la comparación de las ofertas? Respuesta al problema jurídico: No De cara al régimen de subsanación aplicable al caso concreto, la Sala destaca que era el contenido en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, antes de la modificación introducida por la Ley 1882 de 2018, en la medida en que el procedimiento de selección se adelantó en el año 2017. Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en la norma mencionada, la falta de un requisito que no tuviera incidencia en la comparación de las propuestas no daba lugar a su rechazo, procediendo en tal evento solicitar al oferente subsanar su propuesta en el sentido de satisfacer la deficiencia, con la precisión de que los requisitos subsanables serían aquellos que no afectaran la asignación de puntaje. Sobre esta disposición, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha distinguido entre los elementos formales de la oferta, los cuales pueden ser enmendados en cualquier momento y no son motivo de rechazo, y los elementos sustanciales, entendidos como aquellos necesarios para comparar las propuestas, es decir, para evaluar los ofrecimientos con un tratamiento diferenciado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la subsanación de la propuesta, sus requisitos y procedencia, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2021, rad. 56960, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5, LEY 1882 DE 2018 RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / TÉRMINO PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / ELEMENTOS DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / PRECIO DEL CONTRATO / FACTORES DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Problema jurídico: ¿La facultad de subsanar la propuesta se limita exclusivamente a corregir falencias o inexactitudes que se evidencien del análisis de la documentación aportada para demostrar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, sin que sea aceptable que se use esta oportunidad para acreditar requisitos con los que el proponente no contaba al momento de presentar su oferta? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a oportunidad para subsanar no comportaba una nueva posibilidad para cumplir el requisito habilitante. Sobre este particular se impone reiterar que, al amparo del régimen jurídico de subsanabilidad de las ofertas dispuesto en la Ley 1150 de 2007, los proponentes deben cumplir los requisitos habilitantes en el momento en que presentan su ofrecimiento, y que solo pueden subsanar las falencias o inexactitudes que deriven del análisis de la documentación que acompañen con su propuesta para demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, mas no mejorar aspectos con los que no se contaba a la fecha de presentación de las propuestas, porque en tal evento realmente se estaría adicionando la oferta. (…) La Sala resalta que este es el entendimiento que la Sección Tercera de esta Corporación ha otorgado al parágrafo del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, antes de la modificación introducida por la Ley 1882 de 2018. [A] pesar de que el precio constituía el único factor de evaluación en el procedimiento de selección, el incumplimiento del requisito técnico habilitante relativo al parque automotor por parte de la Unión Temporal Satours comprometió de manera insalvable su participación en el proceso. La omisión advertida no se tradujo en una simple deficiencia probatoria susceptible de subsanación, sino en la falta de acreditación del requisito en sí mismo, lo cual justificaba el rechazo de su propuesta conforme a los principios de selección objetiva y legalidad que rigen la contratación estatal. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen de subsanabilidad en el marco de un procedimiento de selección adelantado entre 2016 y 2017, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de julio de 2022, rad. 67937, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5, LEY 1882 DE 2018 ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / REQUISITOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE / CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL / IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO / CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PRUEBA DOCUMENTAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿Los documentos presentados para subsanar una deficiencia técnica en la propuesta, suscritos únicamente por uno de los integrantes de la unión temporal y sin reflejar el compromiso expreso de la empresa colaboradora de aportar los vehículos ofrecidos, permiten tener por satisfecho el requisito técnico habilitante? Respuesta al problema jurídico: No [L]os documentos presentados para subsanar el ofrecimiento de la unión temporal solo fueron firmados por la sociedad Saso S.A. -integrante de la Unión Temporal Satours-, lo que no evidencia que Transportes Especiales FSG S.A.S. se hubiere comprometido a suministrar los vehículos que fueron ofrecidos en el anexo No. 3 de la propuesta. En línea con lo anterior, debe afirmarse que si la deficiencia advertida para el componente técnico consistió en la insuficiencia del texto del negocio jurídico de colaboración -en tanto no especificó los vehículos que integrarían su objeto-, lo mínimo que debía observarse al momento de subsanar era que el documento presentado -dando alcance al convenio- acreditara la manifestación de la voluntad de la empresa colaboradora en el sentido de comprometerse a proporcionar los vehículos ofrecidos para la prestación del servicio, pues solo así podía considerarse que estos hacían parte del convenio de colaboración empresarial y, por tanto, conformaban el parque automotor ofertado, cosa que no ocurrió. En suma, no prosperan los cargos analizados, por cuanto la parte accionante no demostró que los vehículos ofrecidos bajo la figura del convenio de colaboración empresarial estuvieran incluidos en el negocio jurídico de colaboración. Además, quedó establecido que el acto administrativo demandado no vulneró el marco normativo aplicable al caso en materia de subsanación de propuestas y, en cualquier caso, lo cierto es que los documentos aportados con el objeto de subsanar no lograron superar las deficiencias advertidas en el componente técnico de su oferta, toda vez que no acreditaron el compromiso expreso de la empresa colaboradora de suministrar los vehículos ofrecidos para la prestación del servicio. CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte demandante al haberse resuelto el recurso de apelación de manera desfavorable? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, dado que se resolvió su recuso de manera desfavorable. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la liquidación y tasación de costas, debiendo considerar que, en esta instancia y con fundamento en las tarifas fijadas en el acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijan agencias en derecho en un (1) SMMLV.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201800093011100103