Titulación de la relatoría 68.944 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ACTO PRECONTRACTUAL / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / MEJOR OFERTA ECONÓMICA / DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / FALSA MOTIVACIÓN / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ACTO JURÍDICO PRIVADO / NULIDAD DE ACTO JURÍDICO / REVOCATORIA DIRECTA / EFECTO DE LA REVOCATORIA DIRECTA / CONSENTIMIENTO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / BUENA FE EXENTA DE CULPA / BUENA FE PRECONTRACTUAL / CULPA IN CONTRAHENDO / BUENA FE / REQUISITOS DE LA OFERTA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es procedente declarar que el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para la revocatoria directa del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, mediante la “Resolución 099 del 20 de marzo siguiente” estuvo viciado, pues, a juicio de la parte recurrente, los yerros que se alegaron para tal proceder no existieron, en tanto no hubo un error aritmético que variara el hecho de que la mejor oferta era la suya, ni incumplió ningún requisito del manual de contratación de la entidad, circunstancia que se debió, entre otros, a hechos como que no se le permitió al aquí apelante acceder a las propuestas en la primera etapa del procedimiento?
Respuesta al problema jurídico: No
La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en adelante CAPROVIMPO, adelantó una solicitud privada de ofertas, con el objeto de contratar la "prestación de servicios de apoyo en la gestión para la ejecución de las actividades integrales de los procesos del área de operaciones, relacionados con: i) administración de aportes, 11) reconocimiento y pago de subsidio y apoyo financiero y, iii) administración de cesantías". Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó el proceso contractual al CONSORCIO BDO. Tras advertir que se cometieron errores en la evaluación económica de las propuestas y que no se tuvieron en cuenta algunas reglas del manual de contratación de la entidad, el 20 de marzo de 2013 CAPROVIMPO, con consentimiento previo del CONSORCIO BDO, revocó esta decisión y saneó el proceso contractual. Posteriormente, el 3 de mayo de 2013 se adjudicó el negocio jurídico al proponente EVERIS BPO Colombia Ltda., con quien se suscribió el acuerdo de voluntades. En su demanda las sociedades BDO AUDIT S.A. y BDO OUTSOURCING S.A.S., integrantes del CONSORCIO BDO, solicitan que se declare la nulidad de las decisiones que revocaron el acto adjudicatario inicial y adjudicaron nuevamente el proceso de selección a EVERIS BPO Colombia Ltda., porque, a su juicio, infringen la Ley y adolecen de desviación de poder y de falsa motivación. Como consecuencia de lo anterior, pretenden que se declare la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios celebrado entre CAPROVIMPO y EVERIS BPO Colombia Ltda. y que se condene a la indemnización de los perjuicios causados. (...) Como quedó visto, los actos precontractuales proferidos por las entidades públicas financieras se sujetan a las reglas del derecho privado, de tal suerte que el análisis del caso que ocupa la atención de la Sala no tendrá como referente el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino las disposiciones civiles y comerciales en el contexto de la responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo. En este sentido, según el artículo 863 del Código de Comercio las partes deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Por tanto, para que se configure la responsabilidad precontractual del Estado, es menester que concurran los presupuestos aludidos, es decir, la actuación contraria a la buena fe y la culpa. (...) la Sala precisa que no es posible analizar la legalidad del acto revocatorio 099 del 20 de marzo de 2013 bajo la óptica de las figuras de la desviación de poder y de la falsa motivación, ya que se trata de vicios de legalidad propios de los actos administrativos, previstos por el legislador únicamente para esas declaraciones de voluntad y, dado que en la presente controversia se está ante actos de derecho privado, no es posible hacerlos extensibles a aquellos, de manera que se revisará, en general, si la decisión en comento incurrió en una irregularidad que contrariara la ley aplicable, las condiciones generales de contratación o el manual de contratación de CAPROVIMPO77 y, en general, si dicha decisión comporta una actuación contraria a la buena fe exenta de culpa en el período precontractual. Igualmente, no es dable estudiar el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para revocar el acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013 a la luz de la figura de la revocatoria directa, debido a que, en el mismo sentido del argumento anterior, tal figura fue prevista para los actos administrativos y no para los actos de derecho privado, lo que en todo caso no lleva a concluir que el aval de esa proponente fue carente de efectos en el procedimiento de selección, pues se allanó a la postura de CAPROVIMPO y, por ende, renunció al derecho que tenía de suscribir el contrato de prestación de servicios, lo cual debe ser analizado bajo la premisa de la buena fe. (...) la Sala observa que la invitación efectuada por CAPROVIMPO no constituyó una oferta en los términos del artículo 845104 del Código de Comercio, al no contener todos los elementos esenciales del negocio jurídico; además, los ofrecimientos que fueron presentadas tampoco suponían el nacimiento del contrato, toda vez que, de conformidad con las condiciones generales de participación previstas por la entidad, para la celebración del contrato era menester adelantar todas las etapas del proceso de selección, con las respectivas evaluaciones de los diferentes criterios, para posteriormente, en caso de cumplir con el lleno de los mismos, escoger la propuesta más favorable y suscribir el acuerdo de voluntades. En otras palabras, se trató de una invitación a ofertar, que suponía un concurso para la suscripción de un contrato y la escogencia del contratista, en el marco de las reglas de aquel y con observancia de los deberes emanados del principio de buena fe exenta de culpa durante la etapa de las negociaciones previas. Sobre el particular, conviene señalar que la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que, mientras que la oferta constituye una invitación a suscribir el contrato y se agota con su aceptación, en la solicitud de ofrecimientos -como la que se efectuó en el sub lite- sencillamente se invita a una persona a allegar una propuesta, por lo que, en ese segundo escenario, la respuesta que se otorgue no lleva necesariamente a que se perfeccione un negocio jurídico, lo que desde luego no significa que en tal evento no pueda haber lugar al surgimiento de la obligación de indemnizar los perjuicios causados si las negociaciones estaban suficientemente avanzadas y se produjo una ruptura abrupta e injustificada de las mismas. En este sentido, tratándose de invitaciones públicas a contratar, de las previstas en el artículo 860 C. Co., la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la “ruptura brusca del procedimiento adoptado en forma unilateral y sin causa justificada por el anunciante”105 mientras subsiste el periodo preparatorio, habilita a los “participantes perjudicados” a solicitar indemnización de perjuicios, con fundamento en lo previsto en el artículo 863 C. Co. y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la invitación. En el marco de convocatorias o invitaciones a presentar ofertas106, como la que adelantó la CAPROVIMPO, la Administración está en el deber de respetar las reglas de selección por ella establecidas. Estas reglas, aunque no constituyen actos administrativos, son actos jurídicos que gobiernan la negociación y que, por tanto, no pueden ser desconocidos o desatendidos, pues se afectarían los deberes con los que aquella, en virtud de la buena fe, debe comportarse en la fase precontractual. (...) A partir de los argumentos anteriores y de conformidad con los medios probatorios que militan en el expediente, no cabe duda de que CAPROVIMPO incurrió en varios yerros al evaluar las ofertas en la primera fase del procedimiento de selección, en cuanto a la evaluación económica de las ofertas y la acreditación de la experiencia, (...) es evidente que sí existieron irregularidades que mal podía pasar por alto la entidad y que hacían necesario dejar sin efectos su propio acto adjudicatario, pues, aunque se tratara de un proceso de selección regido por el derecho privado, debía garantizar el cumplimiento de todas las normas que le eran aplicables, incluyendo las condiciones generales y el manual de contratación de la entidad, so pena de infringir la buena fe y la confianza legitima de los participantes en la solicitud privada de ofertas. Ahora, aclarado que las irregularidades en torno al procedimiento de selección en su fase inicial sí existieron, no le asiste razón a la parte apelante al afirmar que, con todo, no procedía dejar sin efectos la decisión con el fin de enmendar las falencias advertidas porque supuestamente la oferta de EVERIS adoleció de irregularidades que habrían llevado a descalificarla, circunstancia que habría llevado a que la única oferente pasible de ser calificada en la media aritmética era el CONSORCIO BDO, ya que aquellas no fueron demostradas. (...) En efecto, a partir de las pruebas allegadas al proceso observa la Sala que no hubo un error frente a los estados financieros aportados por EVERIS, toda vez que se presentaron según lo prescribió el manual de contratación, esto es, suscritos por el revisor fiscal. Además, las condiciones generales de participación establecieron que el aporte de ese documento solo procedería en los casos en que fuera obligatorio contar con revisor fiscal y, como consecuencia de ese mandato, EVERIS no aportó los de 2011 por no estar obligada a tener tal profesional para ese año. (...) la parte apelante no demostró y ni siquiera razonó sobre cómo las demás causales para la obligatoriedad del revisor fiscal se configuraron frente a EVERIS para la vigencia de 2011, lo que deriva en que no se acreditó que esa proponente debía contar con tal profesional y, en los términos estipulados en las condiciones generales de participación de la solicitud privada de ofertas No.05-GERGE-SUOSA2013, tampoco estaba sometida a contar con estados financieros para ese año, de ahí que no incumplió los términos del procedimiento de selección en ese aspecto. Lo propio sucedió con el requisito relacionado con el personal, debido a que el CONSORCIO BDO, en una lectura errada de las condiciones de participación, concluyó que se solicitaron 26 personas dentro del personal -considerando al gerente del proyecto- y que como EVERIS solo enunció 25 incumplió ese mandato, circunstancia que no acaeció de esa manera, pues, pese a que la proponente solo se refirió a esa segunda cantidad de personas en su ofrecimiento, también mencionó en todo momento a la gerente del proyecto y la detalló debidamente, de modo que no omitió ofrecer la cantidad total de individuos exigida por CAPROVIMPO. De otro lado, la Sala encuentra que, desde el primer momento en que se presentaron las ofertas existió una disparidad en los ofrecimientos de EVERIS y el CONSORCIO BDO respecto al precio, ya que la primera formuló en unos apartes la suma de $2.311’555.200 y en otros la de $2.358’666.660; mientras que la segunda indicó en unos apartes la suma de $2.276’112.000 y en otros la de $2.322’107.334. (...) Finalmente, EVERIS no incumplió las exigencias que debían cumplirse en cuanto al gerente del proyecto, dado que, si bien solo se aportó el acta de grado para acreditar la especialización de la señora Julieth Rodríguez Buitrago, las condiciones generales de contratación no restringieron la prueba de tal circunstancia al título profesional, pues, como se indicó en etapas procesales anteriores, incluso una certificación habría bastado y, en cualquier escenario, le habría correspondido al CONSORCIO BDO demostrar que la profesional no era especialista, nada de lo cual sucedió. Así las cosas, los yerros en torno a media aritmética en la primera fase de la solicitud privada de ofertas sí tuvieron la vocación de llevar a un resultado distinto, que favoreció en un primer momento y de manera injustificada al CONSORCIO BDO, lo que da sustento a la decisión de CAPROVIMPO de revocar la adjudicación inicial a efectos de enmendar su error, sin el cual cambiaba el orden de elegibilidad. A pesar de lo anterior, el CONSORCIO BDO demostró haber cumplido la exigencia de experiencia con los contratos aportados, pues la suma de aquellos daba un monto superior a 5000 SMLMV, aun cuando en un primer momento no se consideró la regla del manual de contratación de la entidad, según la cual frente a los negocios jurídicos en ejecución ese ítem se acreditaría solo si sus objetos habían sido materializados en un 50% o más. Con todo, el cumplimiento del CONSORCIO BDO del ítem de experiencia no podía llevar a ignorar que, en virtud de la regla de la media aritmética, su puntaje no era mayor que el de EVERIS para que se le hubiera asignado el contrato de prestación de servicios, circunstancia que, una vez más, justificó que el acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013 fuera revocado. (...) Todo lo anterior deriva en que, al no haber existido irregularidad alguna con la decisión revocatoria del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, contrario a lo reprochado por la parte apelante, no se configuró ningún vicio del consentimiento respecto de aquella, como se explica a continuación. Al respecto, la Sala precisa que, en los términos del artículo 1502115 del Código Civil, para que una persona se obligue respecto de otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, entre otros, que lo consienta y su declaración no adolezca de vicios, que pueden ser error, fuerza y dolo116. El error ha sido entendido por la doctrina como una distorsión entre una idea y la realidad que pretende representar que solo afectará la voluntad si la ley le da ese efecto taxativamente117, el dolo como un artificio para engañar a otro, y la fuerza como una presión física o moral que se ejerce sobre una persona para obligarla a otorgar su consentimiento118. En ese contexto, no se vislumbra la existencia de un error como vicio del consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para la revocatoria del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, debido a que no se evidenció una disparidad entre los yerros advertidos por la entidad demandada para tomar tal determinación y la realidad, dado que, como se indicó, aquellos estuvieron debidamente demostrados, pues en la fase inicial del procedimiento de selección se había desconocido el presupuesto de la entidad dentro de la media aritmética y se desatendió la regla predispuesta para acreditar la experiencia en los contratos en ejecución. Lo propio sucede respecto de los vicios del consentimiento de fuerza y dolo, en tanto tampoco se demostró que se hubiera forzado a los miembros del consorcio BDO a avalar la revocatoria de la adjudicación inicial del 14 de marzo de 2013, ni menos aún que se los hubiera engañado para otorgar su consentimiento, debido a que se les formularon las razones reales que justificaron tal determinación. Como consecuencia, el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO no estuvo viciado, ni la decisión mencionada incurrió en una irregularidad, pues se fundó en la normativa aplicable a la solicitud privada de ofertas, en las condiciones generales de contratación y en el manual de contratación de la entidad, de modo que no se advierte una actuación de la entidad demandada contraria a la corrección (información, veracidad y lealtad) y a la buena fe en la etapa precontractual. (...) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó la pretensión de anulación del acto adjudicatario del 3 de mayo y del contrato No. 55 del 14 de mayo de 2013, así como las pretensiones indemnizatorias, de manera consecuencial a la negativa de la pretensión anulatoria del acto 099 del 20 de marzo de 2013. La parte apelante se opuso a lo anterior y solicitó la anulación del acto del 3 de mayo de 2013 y del contrato de prestación de servicios suscrito con EVERIS, de prosperar la nulidad del acto 099 de 2013 “debido a que Everis debía ser descalificada”, así como el reconocimiento de los perjuicios solicitados. (...) como se ajustó a las reglas de la invitación la decisión de CAPROVIMPO de dejar sin efectos el acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013 y, dado que en argumentos precedentes se evidenció que la mejor oferta era la de EVERIS, a la aquí demandada no le quedaba otra senda distinta que adjudicarle el procedimiento de selección a esa última proponente, como en efecto lo realizó mediante la decisión del 3 de mayo de 2013. En suma, bajo la perspectiva de la responsabilidad precontractual por culpa incontrahendo, una vez analizada la naturaleza de la invitación y las reglas fijadas en ella, así como las actuaciones desplegadas en el marco de las negociaciones, la Sala concluye que no se encuentra establecida una ruptura intempestiva y sin justificación de las tratativas preliminares, pues no se evidencia una desatención de las reglas del proceso de selección así como tampoco se advierte que CAPROVIMPO hubiere incurrido en un comportamiento contrario al deber de actuar con corrección y lealtad con ocasión de la formación del negocio jurídico. 7.2.3. De otro lado, en cuanto al contrato 55 del 14 de mayo de 2013, la Sala advierte, partiendo de la base del régimen de derecho privado aplicable al sub examine, que no es posible analizar su nulidad absoluta de manera consecuencial a una eventual pérdida de efectos del acto que revocó la decisión adjudicataria inicial en que se fundó, a la luz del artículo 44 de la Ley 80 de 1993119, tal y como se invocó en la demanda, toda vez que esa normativa no resulta aplicable al asunto de estudio y, como se explicó en múltiples oportunidades precedentes, en el caso sub examine no tiene cabida ni corresponde efectuar el análisis propio del contencioso de legalidad, sino el de la responsabilidad por las tratativas preliminares. A su vez, no se encuentra que la circunstancia sobre la base de la cual se fundó el reproche de la nulidad absoluta -eventual pérdida de vigor del acto en que se fundó el contrato- se encause en alguna de las causales para la procedencia de esa figura según el derecho común -objeto o causa ilícita, falta del agotamiento de un requisito ad substantiam actus, falta de capacidad absoluta o contradicción con una norma imperativa- y, de todos modos, se pone de presente que, precisamente, al resolverse el primer cargo de la apelación se encontró que no había lugar a dejar sin efectos el acto revocatorio de la decisión adjudicataria inicial, lo que dejó sin sustento el argumento de ilicitud del negocio jurídico demandado por el CONSORCIO BDO. Por lo demás, tampoco advierte la Sala que aparezca de manifiesto una causal de nulidad absoluta del contrato que fuere menester declarar de oficio. De ese modo, es claro que la pretensión de nulidad absoluta del contrato 55 del 14 de mayo de 2013 no tiene la vocación de prosperar, pues no se vislumbra que se hubiera configurado alguna de las causales para la procedencia de tal figura al amparo del derecho común y, además, debido a que el reproche fue supeditado a la prosperidad de la pérdida de vigencia del acto que revocó la decisión adjudicataria inicial y aquella fue desestimada. En el mismo sentido, resulta inane estudiar la procedencia de las pretensiones indemnizatorias planteadas en el libelo introductorio, pues un supuesto para ello era que hubieran prosperado las peticiones principales, lo que no sucedió, según lo expuesto.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con que los actos precontractuales proferidos por las entidades públicas financieras se sujetan a las reglas del derecho privado, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. Radicado 25000232600020110020302 (51962). No toda intención dirigida a la formación de un contrato, incluso cuando haya invitación pública, supone la existencia de una oferta, pues puede ocurrir que se trate simplemente de una invitación a contratar, a formular ofertas o a que se presenten cotizaciones, cita Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 1989, en G.J. 2435, p. 114 y sentencia 12 de agosto de 2002, Rad. 6151. Frente a la diferencia que existe entre una invitación a ofertar y una oferta propiamente dicha, esta Subsección en sentencia del 28 de febrero de 2020 -Radicado 05001233100019960056701 (31628) precisó que: “no toda intención dirigida a la formación de un contrato, incluso cuando haya invitación pública, supone la existencia de una oferta, pues puede ocurrir que se trate simplemente de una invitación a contratar o formular ofertas. En este caso, la invitación pública no tendrá los efectos de la oferta, porque no tiene los elementos esenciales del artículo 845 del C. Co. y, por ende, la sola respuesta a esa invitación no implica la formación del contrato. Esta respuesta será una oferta que podrá ser aceptada por quien invitó a los demás a participar en el proceso, luego de surtido un procedimiento que se caracteriza por un anuncio -que no es oferta-, el concurso en sí mismo y “la escogencia del concursante que reúne las mejores condiciones”. En el mismo sentido, revísese: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 23 de noviembre de 1989. Gaceta Judicial n.º 2435, pág. 114. y sentencia del 12 de agosto de 2002. Radicado 6151 -citada en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 3 de septiembre de 2020. Radicado 25000232600020090013101 (42003). Sobre la responsabilidad precontractual del Estado por el desconocimiento de las reglas de una invitación a contratar, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. Radicado 25000232600020110020302 (51962).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 203, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 860, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 863
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / ENTIDAD FINANCIERA / OBJETO DE LA SOCIEDAD / ACTO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD DEL ESTADO / ACTO CONTRACTUAL / ACTO PRECONTRACTUAL / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para resolver controversias contractuales con ocasión de la solicitud privada de oferta donde una de las partes es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional de carácter financiero cuandoquiera que correspondan al giro ordinario de sus negocios?
Respuesta al problema jurídico: No
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, vigente a la fecha de presentación de la demanda, pues las decisiones del 20 de marzo de 2013 y del 3 de mayo de 2013, así como el contrato No. 55 del 14 de mayo de 2013 fueron adoptadas y celebrado, respectivamente, por CAPROVIMPO -en tanto Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional- con ocasión de la solicitud privada de ofertas No.05-GERGE-SUOSA2013 adelantada en el marco de su actividad contractual. En efecto, si bien el numeral 1 del artículo 105 del CPACA dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conoce de las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos de entidades públicas que ostenten el carácter de instituciones financieras, como lo es CAPROVIMPO, ello se supeditó a que tales asuntos versen sobre el giro ordinario de sus negocios, lo que no sucede en el sub lite, tal como se pasa a explicar. (...) Como puede verse, el CPACA, modificó el objeto de la jurisdicción, al contemplar una cláusula general de competencia, prevista en el inciso 1º del artículo 104, de conformidad con la cual le corresponde el conocimiento de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa, de modo que no basta con que en el litigio se encuentre involucrada una entidad pública–criterio orgánico-, sino que también es menester que los actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones generadores de responsabilidad se encuentren sometidos al derecho administrativo -criterio material-. Además, consignó un listado de asuntos específicos que se encuentran asignados a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de los que, para los efectos que aquí interesa, se destacan los numerales 1º y 2º, en virtud de los cuales le corresponde conocer de los procesos relativos a la responsabilidad extracontractual o contractual en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones pública, cualquiera que sea su régimen, privilegiándose aquí, por tanto, el criterio orgánico. En este panorama, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha resaltado que el artículo 104 del CPACA privilegia la especialidad como criterio determinante de la competencia, a la par de que se vale del criterio orgánico para definir los asuntos a cargo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de modo que se está ante un “régimen mixto de criterios de determinación de competencia -material y orgánico-”, de ahí que, en cada caso debe evaluarse cuál de los dos prevalece34. 1.3. A su turno, el artículo 105 del CPACA prevé un conjunto de excepciones a la competencia atribuida a la Jurisdicción Contencioso Administrativa por el artículo 104 ejusdem, entre las que se resalta la dispuesta en el numeral, al amparo del cual se encuentran excluidas de su conocimiento las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y las contractuales en las que haga parte una entidad pública de carácter financiero, cuandoquiera que correspondan al giro ordinario de sus negocios. (...) Como se observa, para que se configure la excepción consagrada en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA: i) la entidad pública debe tener el carácter de institución financiera -elemento orgánico- y ii) la controversia ha de versar sobre asuntos que correspondan al giro ordinario de los negocios de aquellas -elemento material-. Ahora bien, la excepción contemplada en el numeral 1 del artículo 105 CPACA crea algunas dificultades interpretativas en cuanto a lo que debe entenderse por giro ordinario de los negocios de las instituciones financieras, pues se trata de un concepto jurídico indeterminado cuyo alcance ha dado origen a opiniones disímiles, máxime teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico alude a dicha noción en diferentes ámbitos y para diversos efectos, lo que implica que en la labor de hermenéutica que corresponde efectuar no puede dejarse de lado el contexto al que se refiere la norma que, en cada caso, remite a esta noción -artículo 30 del Código Civil-, su finalidad, recurriendo “a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento” -artículo 27 del Código Civil- y, en general, las diversas reglas de interpretación de la ley. Para los efectos que aquí concierne, no puede desconocerse que el numeral 1 del artículo 105 del CPACA establece una excepción, que, por ser tal, debe interpretarse y aplicarse en forma restrictiva, y no de manera analógica ni extensiva. Además, también es menester acudir al “sentido natural y obvio” de las palabas, según su uso general -artículo 28 del Código Civil-, lo que lleva a destacar que la palabra “ordinario”, según el Diccionario de la Real Academia de la lengua, significa “común, regular y que sucede habitualmente”, por oposición a aquello que es extraordinario o excepcional. De igual modo, en lo que concierne a la finalidad de la norma, la excepción del numeral 1 del artículo 105 CPACA que se analiza, responde a la intención del legislador de privilegiar, para este tipo de controversias, la especialidad de la materia objeto del litigio como criterio fundamental para la determinación de la competencia, toda vez que la temática propia de los negocios y actividades habituales u ordinarias que adelantan las entidades públicas financieras, versa en torno a materias de contenido económico y financiero, que se ubican en la especialidad de la Jurisdicción Ordinaria. A la vista de las precisiones que anteceden es menester precisar si el concepto de “giro ordinario de los negocios” equivale o no al objeto social y, dentro de ello, si se limita solo a las actividades principales o comprende las conexas y complementarias. Asimismo, debe dilucidarse si la noción alude a actos y negocios que en cualquier caso se realicen como parte de la gestión ordinaria o de modo habitual, por el contrario, también incluye actos, actividades y negocios que se adelanten de modo incidental, todo ello, desde luego, siempre que se encuentren dentro del marco de su capacidad legal, pues los actos que no están comprendidos dentro del objeto exceden las atribuciones de la persona jurídica y, por lo mismo, estarán viciados de nulidad. Bajo este contexto, la jurisprudencia y la doctrina han señalado que el objeto de cualquier persona jurídica está conformado por el denominado “objeto principal” y el llamado “objeto secundario, complementario o subsidiario”. El primero está compuesto por los actos y contratos expresamente previstos en los estatutos o en el acto de creación de la entidad, al paso que el segundo comprende: i) los actos y contratos que, sin estar mencionados expresamente, guardan una relación o conexidad directa con el objeto principal, y ii) todos aquellos que resultan necesarios para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que implican la existencia y el funcionamiento de la persona jurídica, tales como el pago de impuestos, la contratación de personal y la adquisición de insumos, entre otros38. Refiriéndose al concepto de objeto social y su diferencia con el giro ordinario de los negocios, la Superintendencia de Sociedades ha señalado que, en virtud de lo previsto en el numeral 4 del artículo 110 del Código de Comercio, en los estatutos sociales deben enunciarse en forma clara y completa las actividades que comprenden el objeto social, teniendo en cuenta que la capacidad del ente societario estará circunscrita a los actos y negocios allí consignados. Además, ha resaltado que el objeto social comprende el “objeto principal”, que “se refiere a los negocios o actividades principales que la sociedad se propone desarrollar, los cuales pueden tener o no conexión entre sí, siempre que se encuentren debidamente enunciados en la escritura social” y, también, el “objeto secundario”, en el que “se entienden incluidos todos aquellos actos o contratos tendientes al desarrollo del objeto social principal”. (...) En el caso bajo análisis en esta instancia judicial, se tiene que, según el artículo 247 de la Ley 973 de 2005, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía CAPROVIMPO está instituida como una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito, de naturaleza especial, dotada de personería jurídica autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia Bancaria -hoy Superintendencia Financiera-. En concordancia con lo anterior, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007, la gestión contractual de CAPROVIMPO se rige por el derecho privado, debido a que, según tal disposición jurídica, los contratos que celebren las entidades financieras de carácter estatal, como lo es aquella, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y se regirán por las normas legales y reglamentarias aplicables a la actividad. Ahora bien, tal y como lo ha indicado de tiempo atrás esta Subsección, las consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también se extienden a los actos de las partes, encaminados a su formación. De ahí que en casos como el de CAPROVIMPO, en los que la ley excluya la aplicación del EGCAP y remita a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso, dicha regulación no se limita a la ejecución contractual, sino que abarca todo el iter contractual, es decir, las fases precontractual, contractual y postcontractual, de tal suerte que en cada una de estas etapas la regla será la autonomía privada y las normas supletivas49. En estos casos, como la entidad pública no actúa en posición de supremacía de la Administración, sino como un particular, no emite actos administrativos con carácter ejecutivo y ejecutorio. Por tanto, aquellos corresponderán a actos de gestión contractual como expresión de la autonomía privada, con excepción de los casos en los que las disposiciones legales y reglamentarias prescriban lo contrario. Descendiendo al caso concreto, la Sala resalta que la controversia sometida a juicio gira en torno a: i) la responsabilidad de CAPROVIMPO al proferir, por un lado, el acto de gestión contractual n.º 099 del 20 de marzo de 201351, mediante el cual revocó la adjudicación de la solicitud privada de ofertas n.º 05-GERGE-SUOSA2013 y saneó el proceso contractual y el acto de gestión contractual del 3 de mayo de 201352, por medio del cual adjudicó nuevamente el procedimiento de selección; y ii) a la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios n.º 55 del 14 de mayo de 2013 suscrito por CAPROVIMPO, cuyo objeto consistió en la prestación de servicios de apoyo en la gestión para la ejecución de las actividades integrales de los procesos del área de operaciones, relacionados con la administración de aportes, el reconocimiento y pago de subsidio y apoyo financiero y la administración de cesantías53. 1.9. Comoquiera que la controversia formulada en el sub judice guarda relación con la responsabilidad precontractual de CAPROVIMPO al expedir actos de gestión contractual y suscribir un contrato en virtud de aquellos, la que ostenta la naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, la Sala encuentra cumplido el primero de los presupuestos contemplados en la excepción de que trata el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, esto es, el elemento orgánico, dado que la demandada, al tenor de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 973 de 2005, tiene el carácter de institución financiera. Pasando ahora a estudiar el elemento material, ha de verificarse si la controversia sometida a juicio se ocasionó en el giro ordinario de los negocios de CAPROVIMPO, a partir de las consideraciones y criterios que han quedado vistos precedentemente. Al respecto, se parte por reiterar que la controversia aquí planteada se circunscribe al proceso contractual y la posterior contratación de la prestación de servicios de apoyo a la gestión de CAPROVIMPO para la ejecución de las actividades integrales de los procesos del área de operaciones, relacionados con la administración de aportes, el reconocimiento y pago de subsidio y apoyo financiero y la administración de cesantías de sus afiliados. Así, según lo previsto en el artículo 1 de la Ley 973 de 2005, el objeto de CAPROVIMPO consiste en “facilitar a sus afiliados la adquisición de vivienda propia, mediante la realización o promoción de todas las operaciones del mercado inmobiliario, incluidas las de intermediación, la captación y administración del ahorro de sus afiliados y el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, financieras y crediticias que sean indispensables para el mismo efecto […]". (...) Como puede verse, el objeto de CAPROVIMPO es la adquisición de vivienda propia para sus afiliados mediante distintas herramientas para tal efecto, de manera que su objeto social se constituye por la realización de tal actividad, mientras que la gestión de aportes, el pago de subsidios y la administración de cesantías corresponde a labores incidentales de su función principal, al punto de que podrían no efectuarse algunas o todas ellas en todos los casos y ello no torna en nugatorio el objetivo de obtención de vivienda para sus miembros. Ello se refuerza con el parágrafo del artículo 1 de la Ley 973 de 2005, en virtud del cual “[…] La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, podrá administrar las cesantías del personal de la Fuerza Pública, que haya obtenido vivienda de conformidad con lo dispuesto por el Gobierno Nacional. Para quienes gozan del efecto retroactivo en esta prestación, esta se sujetará al plan de pagos establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, de lo cual se deriva que tales actividades son facultativas y de ninguna manera permanentes, pues “podrá” y no “deberá” efectuarlas. Así, se advierte que la solicitud privada de ofertas y el contrato suscrito entre CAPROVIMPO y EVERIS, pluricitados en la presente decisión, versaron sobre un aspecto comprendido dentro del objeto secundario o complementario de la entidad y, dentro de este, correspondieron a una labor incidental que, además, se llevó a cabo en el marco del proceso de reestructuración de la entidad adelantado a lo largo del año 201354, tal como pasa a precisarse, de todo lo cual se concluye que no se trató de un proceso de selección y un contrato de prestación de servicios que hiciera parte del giro ordinario de los negocios de CAPROVIMPO, en el sentido de que, si bien contribuían al desarrollo de actividades propias de la entidad y a su funcionamiento, tuvieron lugar de manera provisional e inusual. Es así como, en punto a la mencionada reestructuración de CAPROVIMPO, en la que se enmarcó la solicitud de ofertas que aquí concierne, la Sala pone de presente que, mediante la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios celebrado entre Caprovimpo y Everis, se dispuso que la ejecución del objeto negocial se encontraba condicionada a la entrada en vigencia del acuerdo de restructuración de la entidad contratante, por lo que, de comenzar a regir tal reforma el acuerdo de voluntades se entendería terminado anticipadamente, circunstancia que evidencia que tanto el procedimiento de selección como el negocio jurídico en virtud de aquel, se llevaron a cabo en un contexto de anormalidad e incidentalidad, mientras se modificaba la estructura interna de la contratante55. De ese modo, es claro que las actividades que se buscó contratar mediante la solicitud privada de ofertas No.05-GERGE-SUOSA-2013 no correspondían al giro ordinario de los negocios de CAPROVIMPO, toda vez que se encaminaron a la prestación de servicios para apoyar actividades relacionadas con la realización de aportes, reconocimiento y pago de subsidios y administración de cesantías, incidentales a su labor principal de proveer vivienda a sus afiliados, a lo cual se suma que el procedimiento de selección y el contrato se llevaron a cabo de manera condicionada a la reestructuración de la entidad, lo que desde luego denota su connotación de inusual, ocasional o no habitual. Así las cosas, se concluye entonces que, al no encontrarse dentro del supuesto del numeral 1 del artículo 105 del CPACA, la controversia corresponde al juez de lo contencioso administrativo. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y los numerales 5 y 6 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para la fecha de presentación de la demanda, 18 de octubre de 2013, supera los 500 S.M.L.M.V.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Auto del 17 de junio de 2015, Radicado 27001233300020130021001 (50526); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Providencias del 31 de enero de 2022. Radicado 25001-23-31-000-2013-02028-01 (60.388), del 29 de julio de 2022. Radicado 88001-2333-000-2018-00026-01 (62.851); del 8 de octubre de 2021. Radicado 25000-23-26-000-200600779-01 (36320); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 17 de junio de 2015, Rad. 50526 y Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 9 de abril de 2013, Radicado 11001-03-06-000-2013-00002-00 (2135).
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 NUMERAL 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 6, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 1, LEY 973 DE 2005 - ARTÍCULO 247
DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO CONTRACTUAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Las consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también se extienden a los actos de las partes, encaminados a su formación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también se extienden a los actos de las partes, encaminados a su formación. De ahí que en casos como el de CAPROVIMPO, en los que la ley excluya la aplicación del EGCAP y remita a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso, dicha regulación no se limita a la ejecución contractual, sino que abarca todo el iter contractual, es decir, las fases precontractual, contractual y postcontractual, de tal suerte que en cada una de estas etapas la regla será la autonomía privada y las normas supletivas4
GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / OBJETO DE LA SOCIEDAD / OBJETO SOCIAL DEL BANCO / OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD / ACTO JURÍDICO / CONTRATO / PERSONA JURÍDICA PRIVADA / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / DERECHO PRIVADO / NORMA DE DERECHO PRIVADO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una entidad, sino solo aquellas actividades que se realizan de forma permanente y que, además de que son inescindibles con su propósito primario, corresponden a actos de comercio o mercantiles habituales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s menester precisar si el concepto de “giro ordinario de los negocios” equivale o no al objeto social y, dentro de ello, si se limita solo a las actividades principales o comprende las conexas y complementarias. Asimismo, debe dilucidarse si la noción alude a actos y negocios que en cualquier caso se realicen como parte de la gestión ordinaria o de modo habitual, por el contrario, también incluye actos, actividades y negocios que se adelanten de modo incidental, todo ello, desde luego, siempre que se encuentren dentro del marco de su capacidad legal, pues los actos que no están comprendidos dentro del objeto exceden las atribuciones de la persona jurídica y, por lo mismo, estarán viciados de nulidad. Bajo este contexto, la jurisprudencia y la doctrina han señalado que el objeto de cualquier persona jurídica está conformado por el denominado “objeto principal” y el llamado “objeto secundario, complementario o subsidiario”. El primero está compuesto por los actos y contratos expresamente previstos en los estatutos o en el acto de creación de la entidad, al paso que el segundo comprende: i) los actos y contratos que, sin estar mencionados expresamente, guardan una relación o conexidad directa con el objeto principal, y ii) todos aquellos que resultan necesarios para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que implican la existencia y el funcionamiento de la persona jurídica, tales como el pago de impuestos, la contratación de personal y la adquisición de insumos, entre otros. Refiriéndose al concepto de objeto social y su diferencia con el giro ordinario de los negocios, la Superintendencia de Sociedades ha señalado que, en virtud de lo previsto en el numeral 4 del artículo 110 del Código de Comercio, en los estatutos sociales deben enunciarse en forma clara y completa las actividades que comprenden el objeto social, teniendo en cuenta que la capacidad del ente societario estará circunscrita a los actos y negocios allí consignados. Además, ha resaltado que el objeto social comprende el “objeto principal”, que “se refiere a los negocios o actividades principales que la sociedad se propone desarrollar, los cuales pueden tener o no conexión entre sí, siempre que se encuentren debidamente enunciados en la escritura social” y, también, el “objeto secundario”, en el que “se entienden incluidos todos aquellos actos o contratos tendientes al desarrollo del objeto social principal”. (...) En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que el giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una entidad, descrito con anterioridad, sino solo aquellas actividades que se realizan de forma permanente y que, además de que son inescindibles con su propósito primario, corresponden a actos de comercio o mercantiles habituales42, premisa en virtud de la cual es claro que no todas las labores de un ente financiero están incluidas en tal concepto, pues, de ser así, bastaría que el legislador exceptuara del conocimiento de esta jurisdicción todas las controversias de esos órganos sin más. Bajo este contexto, tal como lo tiene definido la Superintendencia de Sociedades44 y ha sido reiterado por esta Corporación, si bien todos los actos y contratos que una persona jurídica celebra “dentro del giro ordinario de sus negocios” deben estar comprendidos en su objeto -principal o secundario-, existen algunos actos que las personas jurídicas pueden celebrar válidamente, por estar incluidos dentro de su objeto, que no corresponden, sin embargo, al “giro ordinario de sus negocios”, por realizarse de forma extraordinaria, inusual o esporádica.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 9 de abril de 2013, Radicado 11001-03-06-000-2013-00002-00 (2135); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de octubre de 2013, Radicado 25000232600020020128201 (30763); Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 31 de mayo de 2018. Radicado 2500023370002013-00615-01 (21776) y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 12 de octubre de 2011. Radicado 44001234000020140008301 (68781).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1970 - ARTÍCULO 110 NUMERAL 4
ACTO JURÍDICO / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / ACTO PRECONTRACTUAL / PERSONA JURÍDICA PRIVADA / DERECHO PRIVADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CULPA IN CONTRAHENDO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Salvo las excepciones de ley, las controversias relativas a actos precontractuales de entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de conocimiento de esta jurisdicción que no correspondan a actos administrativos se tramitarían a través del medio de control de reparación directa, lo que mutatis mutandis es extensible a los actos de derecho privado de las empresas industriales y comerciales del Estado, que tampoco son administrativos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Respecto de las decisiones precontractuales 099 del 20 de marzo y del 3 de mayo de 2013 de CAPROVIMPO, dado que se trata de actos de derecho privado, en la medida en que fueron expedidos por una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero cuyas decisiones se encuentran regidas por el derecho civil y mercantil, según se vio atrás, en virtud de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 3 de septiembre de 202059 y de jurisprudencia relacionada que ha considerado que las declaraciones de ese tipo de entidades son privadas y no actos administrativos60, tales declaraciones de voluntad se deben revisar a la luz del medio de control de reparación directa. Lo anterior, considerando que la decisión de unificación referenciada estableció que, salvo las excepciones de ley, las controversias relativas a actos precontractuales de entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de conocimiento de esta jurisdicción que no correspondan a actos administrativos se tramitarían a través del medio de control de reparación directa, lo que mutatis mutandis es extensible a los actos de derecho privado de las empresas industriales y comerciales del Estado, que tampoco son administrativos. De igual modo, de conformidad con las reglas fijadas en la sentencia de unificación referida, en tratándose de demandas presentadas antes de la notificación de dicha providencia, en las que se debatan controversias relativas a actos precontractuales de conocimiento de esta jurisdicción que no correspondan a actos administrativos y mediante las cuales se hubiere ejercido la acción equivocada, el juez deberá resolver de fondo el caso en el marco del medio de control de reparación directa y de conformidad con el régimen jurídico aplicable a este tipo de actos. Así las cosas, dado que el régimen de contratación aplicable a entidades públicas financieras, como lo es CAPROVIMPO, es el previsto en las normas civiles y comerciales y que, por tanto, las actuaciones que esta entidad lleva a cabo en la etapa precontractual son expresiones de la autonomía privada que, por ende, son actos de gestión contractual que no pueden catalogarse como actos administrativos61, salvo que la ley disponga lo contrario, resulta claro que la responsabilidad que en este contexto se pudiere causar es pasible de demandarse a través del medio de control de reparación directa y bajo las reglas de la culpa in contrahendo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020, radicado 2500023-26-000-2009-00131-01 (42.003). La postura unificadora ha sido reiterada en otras decisiones como la sentencia del 21 de octubre de 2022, en el expediente con radicado 44001234000020140008301 (68781), y en la sentencia de esta Subsección del 11 de octubre de 2023, radicación 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909), entre otras. 60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 18 de diciembre de 2020
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / ADECUACIÓN DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO PRECONTRACTUAL / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / APLICACIÓN RETROSPECTIVA DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El medio de control procedente frente a los actos 099 del 20 de marzo y del 3 de mayo de 2013, proferidos por CAPROVIMPO, es el de reparación directa, previsto en el artículo 140 del CPACA porque el daño alegado no proviene de un acto administrativo, ni lo que se pretende es adelantar un juicio de legalidad sobre una prerrogativa que refleje la posición de supremacía de la Administración?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l medio de control procedente frente a los actos 099 del 20 de marzo y del 3 de mayo de 2013, proferidos por CAPROVIMPO, es el de reparación directa, previsto en el artículo 140 del CPACA62, en virtud del cual todo interesado puede demandar la reparación del daño causado en las acciones u omisiones de los agentes del Estado, o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo su instrucción. A lo anterior se añade que, a pesar de que la parte demandante ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar los referidos actos, en garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, la Sala no tiene impedimento para resolver esta controversia bajo la óptica de la reparación directa, y al amparo de la misma se analizarán las pretensiones de la demanda que versan sobre actos precontractuales de la demandada, pues el líbelo introductorio se promovió antes de notificada la pluricitada sentencia de unificación, lo que, sin duda, abre paso al examen del fondo de la controversia, bajo el entendido de que el daño alegado no proviene de un acto administrativo, ni lo que se pretende es adelantar un juicio de legalidad sobre una prerrogativa que refleje la posición de supremacía de la Administración.
ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control cuando se demanda actos precontractuales que se rigen por el derecho privado que no son actos administrativos proferidos por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, se contabiliza a partir del día siguiente a la fecha en que fueron comunicados al destinatario, dado que desde ese momento la relación jurídica que se considera dañosa se consolidó; mientras que frente a los contratos estatales se puede alegar la nulidad absoluta dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo previsto en los literales i) y j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, la parte actora contaba con dos años para demandar los actos de derecho privado, contados a partir del día siguiente a la fecha en que fueron comunicados al destinatario, dado que desde ese momento la relación jurídica que se considera dañosa se consolidó; mientras que frente a los contratos estatales se puede alegar la nulidad absoluta dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento. Teniendo en cuenta que en el presente caso se acumularon las pretensiones de reparación directa y controversias contractuales, es del caso analizar la oportunidad en la presentación de la demanda de manera separada frente a cada una de ellas, pues el hecho de que la Sala las conozca en un solo proceso no quiere decir que ello posibilite pretermitir los términos previstos por el legislador para ejercer cada uno de los medios de control del CPACA.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Expediente 47001-23-33-000-2014-00045-02 (62.538).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ENTIDAD FINANCIERA / CULPA IN CONTRAHENDO / BUENA FE EXENTA DE CULPA / ACTO PRECONTRACTUAL / BUENA FE PRECONTRACTUAL / DAÑO PRECONTRACTUAL / ETAPA PRECONTRACTUAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿En las controversias donde se demanda un acto precontractual proferido por entidades públicas financieras que se sujetan a las reglas del derecho privado, no tendrá como referente el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino las disposiciones civiles y comerciales en el contexto de la responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os actos precontractuales proferidos por las entidades públicas financieras se sujetan a las reglas del derecho privado, de tal suerte que el análisis del caso que ocupa la atención de la Sala no tendrá como referente el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino las disposiciones civiles y comerciales en el contexto de la responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo. En este sentido, según el artículo 863 del Código de Comercio las partes deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Por tanto, para que se configure la responsabilidad precontractual del Estado, es menester que concurran los presupuestos aludidos, es decir, la actuación contraria a la buena fe y la culpa. Al respecto, conviene señalar que a partir de lo expresamente consagrado en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, a lo largo del iter contractual los intervinientes deben obrar de conformidad con los postulados de la buena fe, la cual “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato”74. Así, según ha tenido la oportunidad de precisar esta Sección75, en la etapa precontractual o de formación del negocio jurídico la buena fe impone el respeto, entre otros, a los deberes de información, veracidad, lealtad y corrección. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el fundamento de la respectiva obligación resarcitoria dependerá, según las reglas de la oferta y la demanda, de si “el lazo contractual se ha perfeccionado o no”, así: (i) si se perfeccionó el contrato por la confluencia del consentimiento de las partes, existirá un derecho subjetivo al cumplimiento del contrato, de manera que la otra parte será contractualmente responsable de un comportamiento antijurídico que le es imputable y que habilita la reclamación del interés positivo, ya sea mediante la ejecución de la obligación o el pago del valor del objeto del contrato y, en ambos casos, con la indemnización de perjuicios; y (ii) si el contrato no se perfeccionó pero las negociaciones estaban lo suficientemente avanzadas para que el demandante considerara que ello iba a producirse o las reglas del proceso de negociación suponían que con él debía celebrarse el contrato, el demandante tendrá derecho al “interés negativo o de confianza”
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. Radicado 25000232600020110020302 (51962); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de noviembre de 2012. Radicado 25000232600019980032401 (22043); Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020. Radicado 25000232600020090013101 (42003) y Sentencia del 22 de noviembre de 2021. Radicado 25000232600020110020302 (51962); Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 1989, en G.J. 2435 y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 27 de junio de 1990, Rad. 239.
ACTO PRECONTRACTUAL / DESVIACIÓN DE PODER / CONCEPTO DE DESVIACIÓN DE PODER / IMPROCEDENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / FALSA MOTIVACIÓN / CONCEPTO DE LA FALSA MOTIVACIÓN / DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / NORMA DE DERECHO PRIVADO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿No es posible analizar la legalidad del acto revocatorio 099 del 20 de marzo de 2013 bajo la óptica de las figuras de la desviación de poder y de la falsa motivación, ya que se trata de vicios de legalidad propios de los actos administrativos, previstos por el legislador únicamente para esas declaraciones de voluntad?
Respuesta al problema jurídico: No
Previo a resolver el cargo de apelación, la Sala precisa que no es posible analizar la legalidad del acto revocatorio 099 del 20 de marzo de 2013 bajo la óptica de las figuras de la desviación de poder y de la falsa motivación, ya que se trata de vicios de legalidad propios de los actos administrativos, previstos por el legislador únicamente para esas declaraciones de voluntad y, dado que en la presente controversia se está ante actos de derecho privado, no es posible hacerlos extensibles a aquellos, de manera que se revisará, en general, si la decisión en comento incurrió en una irregularidad que contrariara la ley aplicable, las condiciones generales de contratación o el manual de contratación de CAPROVIMPO y, en general, si dicha decisión comporta una actuación contraria a la buena fe exenta de culpa en el período precontractual.
ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO JURÍDICO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONSENTIMIENTO EXPRESO / REVOCATORIA DIRECTA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Se puede estudiar el consentimiento otorgado para revocar el acto adjudicatario inicial?
Respuesta al problema jurídico: No
Igualmente, no es dable estudiar el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para revocar el acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013 a la luz de la figura de la revocatoria directa, debido a que, en el mismo sentido del argumento anterior, tal figura fue prevista para los actos administrativos y no para los actos de derecho privado, lo que en todo caso no lleva a concluir que el aval de esa proponente fue carente de efectos en el procedimiento de selección, pues se allanó a la postura de CAPROVIMPO y, por ende, renunció al derecho que tenía de suscribir el contrato de prestación de servicios, lo cual debe ser analizado bajo la premisa de la buena fe.
INVITACIÓN A NEGOCIAR / PRESUPUESTOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA / OFERTA / CONDICIONES DE LA OFERTA / CONTRATO
Problema jurídico:
¿En el evento en que se haga invitación pública a contratar y esa invitación en sí misma contenga los elementos de una oferta, el contrato se formará con la aceptación presentada y que cumpla con los requisitos previstos en aquella, aunque no toda intención dirigida a la formación de un contrato, incluso cuando haya invitación pública, supone la existencia de una oferta, pues puede ocurrir que se trate simplemente de una invitación a contratar, a formular ofertas o a que se presenten cotizaciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]abe anotar que el artículo 860 del Código de Comercio establece que, en todo género de licitaciones, públicas o privadas, el pliego constituye una oferta de contrato y cada postura implica la celebración de un contrato condicionado a que no haya postura mejor. Así las cosas, en el evento en que se haga invitación pública a contratar y esa invitación en sí misma contenga los elementos de una oferta, el contrato se formará con la aceptación presentada y que cumpla con los requisitos previstos en aquella. Sin embargo, como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia, no toda intención dirigida a la formación de un contrato, incluso cuando haya invitación pública, supone la existencia de una oferta, pues puede ocurrir que se trate simplemente de una invitación a contratar, a formular ofertas o a que se presenten cotizaciones.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 806
REVISOR FISCAL / NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL / OBLIGATORIEDAD DEL REVISOR FISCAL / REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Están obligadas a contar con revisor fiscal las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y aquellas en las que la ley o los estatutos dispongan que la administración corresponda a todos los socios?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e precisa que, en virtud de lo previsto en el artículo 203 del Código de Comercio, están obligadas a contar con revisor fiscal las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y aquellas en las que la ley o los estatutos dispongan que la administración corresponda a todos los socios, causales que no se configuraron frente a EVERIS, la que fue constituida como una sociedad limitada, tal como consta en el correspondiente certificado de existencia y representación legal que milita en el plenario.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 203
ELEMENTOS DE LAS OBLIGACIONES / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / ERROR / FUERZA / DOLO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Para que una persona se obligue respecto de otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, entre otros, que lo consienta y su declaración no adolezca de vicios, que pueden ser error, fuerza y dolo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala precisa que, en los términos del artículo 1502 del Código Civil, para que una persona se obligue respecto de otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, entre otros, que lo consienta y su declaración no adolezca de vicios, que pueden ser error, fuerza y dolo. El error ha sido entendido por la doctrina como una distorsión entre una idea y la realidad que pretende representar que solo afectará la voluntad si la ley le da ese efecto taxativamente, el dolo como un artificio para engañar a otro, y la fuerza como una presión física o moral que se ejerce sobre una persona para obligarla a otorgar su consentimiento.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1502
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OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 del CPACA establece que “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento en el que se interpuso el recurso de apelación, establece las siguientes reglas para proceder a la condena en costas: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. […] 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Bajo este entendido, se condenará en costas a la parte demandante, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que su impugnación no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las costas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. En el sub lite se causaron agencias en derecho en segunda instancia, pues CAPROVIMPO y la litisconsorte cuasinecesaria en la causa por pasiva EVERIS adelantaron gestiones de manera activa durante esa etapa y, en particular, presentaron alegatos de conclusión, motivo por el cual la Sala las determinará con base en lo dispuesto en el Acuerdo 1887 del 26 de junio 2003120, según el cual, en los procesos contencioso administrativos, en segunda instancia, cuando el asunto tenga cuantía, las agencias serán de hasta el 5% del valor de las pretensiones. En ese orden, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia en el 0,1% de $1.239’611.711, correspondiente a la suma de $1’239.612 a la fecha de ejecutoria de esta providencia, en favor de quienes conformaron el extremo pasivo de la litis, en partes iguales.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365