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Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2023-11-21Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 05001233300020230076501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Tribunal Administrativo de Antioquia conocer del presente proceso de controversias contractuales en razón al factor territorial de competencia, cuando se observa que el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato de prestación de servicios comprendía los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Tolima, Quindío y Risaralda? Sí
El artículo 156 del CPACA -con la modificación de la Ley 2080 de 2021- señala que la competencia en procesos de controversias contractuales, por el factor territorial, se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato.
¿La sentencia de primera instancia desconoció la cuota litis pactada entre las partes en el contrato? No
La Sala confirmará la Sentencia de primera instancia, pero por motivos diferentes a los desarrollados por el Tribunal.… El contrato de prestación de servicios suscrito entre la Corporación y la demandante tuvo por objeto (se trascribe): “contestar, tramitar y llevar hasta su culminación demanda de Restitución de inmueble arrendado (en escenarios públicos y/o conciliatorios), ante el Juez 4 Administrativo Oral del Circuito conforme a los memoriales poderes que para tal efecto se otorguen y a partir de la presentación ante la autoridad respectiva”. En el parágrafo 2 de la cláusula 1 se dispuso que el mandato se extendía hasta la terminación del proceso en primera instancia.
También resuelve:¿Se acreditó el perjuicio moral para que proceda su reconocimiento?¿La sentencia alegada como desconocida en el fallo de primera instancia es aplicable al presente caso?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de un proceso por razón de su cuantía, siempre que la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., tal como establece el artículo 132, numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, el sentenciador de primera instancia declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios suscrito por la entidad estatal, lo que fue objeto de apelación por parte del municipio. Sin embargo, la Sala no revisó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez, ya que esta decisión no causó perjuicio alguno al municipio, sino que benefició sus intereses. Además, el contrato en cuestión implicó que el particular contratista ejerciera actividades constitutivas de función administrativa sin cumplir con la normatividad establecida para ello, lo que llevó a la nulidad del negocio jurídico. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la revisión de decisiones oficiosas que benefician a la parte apelante.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez puede ser revisada por el Juez de segunda instancia entendiendo que esta decisión fue favorable a los intereses de la…¿El objeto del contrato y las obligaciones en él pactadas a cargo del hoy demandante implicaron expresa y directamente el ejercicio, por el particular contratista…¿La forma de pago estipulada en el contrato estaba ajustada a los preceptos legales atinentes a la planeación presupuestal y destinación de los ingresos tributarios del municipio?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2024-07-08Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020240004900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se advierte que una de las partes del presente asunto sea un particular en ejercicio de funciones administrativas? No
El contratista no es considerado un particular en ejercicio de funciones administrativas cuando el objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales a cambio de una contraprestación económica, y no se relaciona con funciones propias del Estado. La Sala determina que, al no acreditarse la calidad de entidad pública o de particular en ejercicio de funciones públicas, el Consejo de Estado no cuenta con jurisdicción para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, remitiendo el asunto a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar donde funcionó el tribunal de arbitraje, conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y los numerales 7º del artículo 104 y 149 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación cuenta con jurisdicción para decidir el asunto objeto de estudio al tratarse de un conflicto entre particulares?¿Corresponde al Consejo de Estado conocer de los recursos contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de…
¿Para que se reconozcan los gastos incurridos con ocasión de un contrato, debe demostrarse la existencia de una obligación de reconocer y pagar dichos gastos –cuyas fuentes pueden ser, entre otras, la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida? Sí
El hecho de haber incurrido en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente a su reconocimiento y pago. Quien los reclama debe demostrar la existencia de una obligación de reconocerlos y pagarlos, cuya fuente puede ser la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida. Esta regla se apoya en el artículo 1757 del Código Civil, que impone probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta. Por ello, la prueba de los desembolsos es insuficiente si no se acredita la fuente de la obligación. En el caso concreto las pruebas documentales aportadas no demostraron los gastos en que incurrieron los integrantes de la unión temporal con ocasión del contrato de prestación de servicios, porque esos gastos se reclamaban como consecuencia de otro concepto. Por ello la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación de gastos contractuales exige probar la obligación de pagarlos.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes del contrato de prestación de servicios en ejercicio de su autonomía privada, acordaron realizar la modificación al contrato…¿A juicio del demandante, para la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios la SAE debía contar con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por Coralina?¿En la invitación a contratar se establecía que para la ejecución del objeto contractual debía aprobarse el Plan de Manejo Ambiental que estaba en elaboración por parte de un tercero?
¿Se configuró la causal de nulidad absoluta del contrato por prohibición legal? No
Los contratos que trasladan a particulares la administración, fiscalización o cobro de impuestos territoriales están viciados de nulidad, pues esas facultades no pueden trasladarse válidamente, pero no todo contrato con un particular que se relacione con tributos configura esa causal. La regla se apoya en la jurisprudencia según la cual la asignación de funciones administrativas a particulares no puede vaciar la competencia propia de las entidades del Estado, y en que la prohibición legal posterior no se aplica de forma automática a negocios anteriores. Por ello, la nulidad exige que el objeto del contrato implique efectivamente la delegación de esas facultades. En el asunto, la Sala revocó parcialmente la sentencia al concluir que no se configuraba una causal de nulidad absoluta del contrato, porque el objeto no trasladaba la gestión tributaria. En la práctica, la nulidad por delegación tributaria depende del contenido real del objeto contractual y no de su mera relación con los tributos.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditaron los elementos para liquidar el contrato y reconocer saldos en favor del contratista?¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales, por la falta de pago de los honorarios derivados del cobro prejurídico de obligaciones que fueron recaudadas a favor de la entidad demandada? No
El contratista no puede declararse el incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales por la falta de pago de los honorarios derivados del cobro prejurídico de obligaciones, ya que el objeto del contrato era específicamente el cobro judicial de deudas y no el cobro prejurídico, por lo que la remuneración del contratista se basaba en la recuperación efectiva de deudas a través de la vía judicial. Además, la carga probatoria de la ejecución contractual y la recuperación de deudas mediante acciones judiciales recae sobre el contratista, quien no demostró que hubiera adelantado procesos judiciales ni que la entidad contratante se hubiera comprometido a entregar documentación específica para tal efecto. Por tanto, la Sala confirma la decisión del tribunal de negar las pretensiones de la demanda, matizando la interpretación de que el contratista tiene derecho a un porcentaje de todos los pagos recibidos por la entidad, lo cual excede el alcance del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales por parte de la entidad estatal demandada…¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales por parte de la entidad estatal demandada…¿Resultaba procedente la liquidación judicial del contrato de prestación de servicios profesionales, cuando no se probó el derecho que le asistía al contratista para recibir la remuneración en los…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-09-26Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 18001233300020230014601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra los autos que rechazan la demanda? Sí
El operador judicial aplica las disposiciones procesales vigentes para determinar la competencia funcional y el trámite de los recursos interpuestos contra las providencias inhibitorias o de rechazo. En el presente asunto, la Corporación establece su competencia en segunda instancia de conformidad con el artículo 150 del CPACA para conocer de la apelación contra el auto que rechaza la demanda, decisión que resulta susceptible de impugnación según el artículo 243.1 del mismo código, debiendo resolverse por la Sala conforme al literal g) del artículo 125 ibidem, y aplicando el término de sustentación previsto en el artículo 244.3 de la Ley 1437 de 2011.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación se presentó oportunamente teniendo en cuenta el término de sustentación y el momento en que se notificó el auto recurrido?¿Debe aplicarse la regla general del artículo 164, numeral 2, literal j), de la Ley 1437 de 2011 para el cómputo de la caducidad en las controversias contractuales cuando no se configura alguno de…¿Podían las partes, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, someter el contrato de prestación de servicios al trámite de liquidación…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020220001101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad de la acción por presentación extemporánea de la demanda? Sí
Como la suspensión de términos operó hasta el 30 de junio de 2020, toda vez que el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA-11567 [de 2020] ordenó la reanudación de los términos judiciales a partir del 1º de julio del mismo año,… entre el 2 de marzo de 2019 y el 15 de marzo de 2020 trascurrieron 12 meses y 13 días, es decir, que una vez reanudado el término al actor le quedaban 11 meses y 17 días para promover el medio de control jurisdiccional de controversias contractuales, plazo que contado desde el 1º de julio de 2020 (día después de la suspensión) vencía el 17 de junio de 2021, empero, como la parte actora presentó la demanda el 19 de enero de 2022 operó el fenómeno procesal de la caducidad, en consecuencia, se confirmará el auto apelado que rechazó la demanda.
También resuelve:¿Se confirmará la decisión de primera instancia que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿Las partes acordaron en cláusula del contrato que este sería liquidado dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo señalado para su ejecución?¿La contratación con la sociedad demandada se rige por las reglas del derecho privado en atención a su régimen jurídico?
¿La determinación del a quo de incluir en la liquidación judicial un saldo a favor del municipio de Palmira, constituye una inobservancia al principio de congruencia, en la medida en que está definiendo aspectos relacionados con el incumplimiento de la aludida obligación contractual? No
La liquidación judicial de un contrato puede incluir un saldo a favor de una de las partes sin que ello vulnere el principio de congruencia, cuando la determinación se limita a establecer las cuentas del negocio con base en el soporte financiero acreditado y no decide sobre el incumplimiento. Una razón es que el saldo fijado a favor de la entidad correspondía a un concepto de defensa judicial que no fue ejecutado, ni ordenado ni reconocido al contratista, de modo que el juez solo reportó el balance final. Otra razón es que el reparo de la apelación se limitó a un cálculo matemático, sin acreditar que las prestaciones se ejecutaron y debían pagarse, por lo que no pudo establecerse el efectivo cumplimiento que lo sustentara. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que fijó el saldo y no encontró prosperidad en el primer cargo de la apelación. Su consecuencia práctica es que el recurrente que objeta un saldo de liquidación judicial debe acreditar con pruebas la ejecución de las prestaciones que reclama.síntesis automática
También resuelve:¿El a quo tuvo en consideración todos los documentos que mostraban la ejecución a cabalidad de la obligación contenida en el otrosí 2 relacionada con la presentación de demandas de lesividad?¿La confesión realizada por el accionado en la contestación de la demanda, relacionada con el recibo efectivo reconocido por concepto de proyección de actos administrativos de compartibilidad…¿Se acreditó el cumplimiento de la obligación emanada del otrosí 2 al contrato de prestación de servicios, asociada a la proyección de actos administrativos de compartibilidad o no de la pensión?
¿Cuáles son los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal? Sí
El contratista y la entidad estatal deben cumplir con los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal, como el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación, y la elevación del contrato a escrito, para que éste se reputa existente y perfecto. La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento no afectan la existencia o la validez del contrato, sino que impiden su regular ejecución, generando responsabilidad del funcionario que omitió realizar la operación de apropiación de recursos y/o que dio cabida al desarrollo del negocio jurídico sin contar con la garantía debida. La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento, no siendo requisitos esenciales del contrato, sí tiene como efecto una alteración en la regularidad de la ejecución del negocio jurídico, lo que puede dar lugar a incumplimientos por parte de la entidad pública y del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento tienen la virtualidad de afectar la existencia o la validez del…¿La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento al no ser requisitos esenciales del contrato…¿En qué consiste la excepción de contrato no cumplido?
23001233300020150008901 de 20252025-04-22Rad. 23001233300020150008901
El contratista no puede obtener la restitución de los excedentes del Fondo de Pensiones de los Empleados Territoriales (FONPET) en el plazo contractual, ya que las devoluciones se realizaron por actuaciones del alcalde municipal y no del contratista, lo cual demuestra que no se logró la finalidad del contrato y que el interés público no fue satisfecho. La entidad territorial presentó solicitudes posteriores que autorizaron el retiro de los excedentes con certificaciones que evidenciaban condiciones diferentes a las previstas en la solicitud del contratista, lo que implica que no se cumplió con el objeto del contrato. La Sala confirma la sentencia de primera instancia, reafirmando que la nulidad del contrato de prestación de servicios fue declarada de oficio y que las consecuencias no favorecen a ninguna de las partes, por lo que no procede condena en costas. Esto implica que los contratistas deben asegurarse de que las acciones que realizan cumplan efectivamente con el objeto del contrato y no pueden basar sus reclamos en actuaciones posteriores realizadas por otras entidades.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: objeto ilícito, nulidad absoluta del contrato, Ley 80 artículo 44 y 45Objeto ilícito en contrato estatal: aplicación del Código Civil, Artículo 1741 y 1519, aplicación Código de Comercio artículo 899Declaratoria de oficio de nulidad absoluta por parte del juez: Código Civil artículo 1742, declaratoria de oficio de nulidad absoluta por parte del juez del contrato, Ley 1437 de 2011 artículo 141
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las controversias relativas a la validez de contratos de prestación de servicios celebrados por entidades públicas, conforme al artículo 104 del CPACA. En la presente providencia, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada por el tribunal administrativo, en atención a la vocación de doble instancia del proceso y dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda superaba los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal?¿Dependiendo de la tipología contractual, se define la modalidad de selección?¿El acuerdo de voluntades celebrado por las partes se enmarca en la tipología contractual de prestación de servicios?
¿El asunto a resolver por el juez de segunda instancia recae sobre la procedencia de la suspensión o terminación del contrato de prestación de servicios de datos sin la autorización de la Comisión de Regulación de Comunicaciones? Sí
El contratista no puede suspender o terminar unilateralmente un contrato de prestación de servicios de datos sin la autorización previa de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ya que dicha entidad tiene la facultad de regular y autorizar las desconexiones de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, conforme a la Resolución CRC 3101 de 2011. En este caso, la entidad estatal y el contratista interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, argumentando que el contrato de prestación de servicios de datos no constituía una relación de acceso regulada por la CRC y que la Resolución no prohíbe la terminación del contrato por vencimiento del plazo. Sin embargo, la Sala estableció que el contrato en cuestión estaba sujeto a la Resolución CRC 3101 de 2011, lo que implica que la desconexión o terminación del contrato requería la autorización de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, reforzando la necesidad de que las partes consulten a la CRC antes de tomar decisiones que afecten la prestación de servicios de telecomunicaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Dentro de las competencias asignadas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones está la de autorizar la desconexión de los proveedores de redes y servicios y dictar las medidas previas que se…¿Al contrato de prestación de servicios de datos suscrito entre Avantel y Colombia Móvil le eran aplicables las disposiciones contenidas en la Resolución CRC 3101 de 2011?¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de Colombia Móvil al proceder con la desconexión del acceso a la red cuando el plazo del contrato se encontraba vigente y sin esperar que Avantel…
¿La voluntad de las partes fue distinta de que se plasmó en el contrato y de la que la propia parte actora consignó en su oferta? No
El contratista no puede alegar que la voluntad de las partes fue distinta a la plasmada en el contrato y a la consignada en la oferta, ya que la intención de los signatarios quedó claramente expresada en el texto contractual, sin elementos en el proceso que permitan establecer una voluntad distinta. La Sala confirma que la cláusula de comisión de éxito solo se cumpliría si se profería una sentencia que negara la anulación de los actos administrativos que permitían al Distrito cobrar la contribución por valorización, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, no se cumplieron los presupuestos convencionales para reconocer la comisión de éxito, rechazando así las pretensiones del contratista y confirmando la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Los impugnantes pretenden que se concluya que la cláusula sexta del contrato sí se cumplió, motivo por el cual debió accederse al pago la comisión de éxito?¿Se cumplieron los presupuestos fijados convencionalmente para que hubiese lugar a reconocer la comisión de éxito pretendida en este juicio?¿El concepto de éxito se materializaría con la sentencia que le pusiera fin al proceso y que fuera desestimatoria de la pretensión de nulidad?
¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del contrato por el desconocimiento de las normas presupuestales que regulan el pago de las obligaciones dinerarias, ya que la Ley 80 de 1993 y las normas orgánicas del presupuesto no establecen esta causal de nulidad, aunque la transgresión de estas normas pueda implicar reproches disciplinarios para los responsables y efectos presupuestales adversos para el ente territorial. La entidad estatal no delegó al contratista funciones administrativas tributarias ni obran en el expediente pruebas que acrediten el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato, ni autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, lo que implica que la solicitud de nulidad absoluta es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial…¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial?¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer…
¿Se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración, de tener por no elegible a la unión temporal accionante? No
El contratista no puede impugnar la decisión de la administración de declararlo no elegible en un proceso de selección pública, cuando la omisión en la información financiera presentada es insubsanable y desatendía un requisito esencial para la evaluación de las ofertas, lo cual garantiza la escogencia de la oferta más favorable a la entidad. La Sala confirma que la entidad no infringió el ordenamiento ni los derechos del contratista al rechazar su oferta, al no cumplir con los requisitos financieros establecidos en la convocatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los requisitos esenciales en la presentación de ofertas y la obligación del proponente de asegurar la veracidad y completitud de la información financiera proporcionada, lo que implica que cualquier omisión o error insubsanable puede resultar en la exclusión del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve:¿Esta jurisdicción está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas…¿Le asistió razón al Tribunal al establecer la caducidad respecto de las pretensiones de indemnización de los integrantes de la unión temporal demandante por no haber sido seleccionados?¿Lo resuelto en el Acuerdo respecto de la elegibilidad de los proponentes debía demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a la fecha de…
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda contra un acto administrativo proferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuya pretensión económica supera los 300 SMLMV, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo proferido por una entidad pública del orden nacional, conforme al artículo 104 del CPACA, pues el objeto del litigio es la legalidad de ese acto. La regla se apoya en que la competencia se determina por la naturaleza pública de la entidad que expide el acto, y en que el Consejo de Estado resuelve la apelación de la sentencia del tribunal conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, por la cuantía de la pretensión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los actos de entidades públicas nacionales que afecten derechos económicos del administrado quedan sometidos al control de esta jurisdicción, y su apelación corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía lo exige.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea para solicitar la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del proceso de selección abreviada por…¿Una demanda presentada el 13 de diciembre de 2017 contra un acto administrativo notificado en estrados el 30 de mayo de 2017…¿Están legitimadas en la causa por activa las sociedades que integran una unión temporal para demandar la nulidad del acto administrativo de adjudicación cuando participaron en el proceso de…
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
Cuando se demanda en controversia contractual a una entidad pública y la suma de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del mismo código atribuye a la corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales; y el valor de la pretensión mayor se determina conforme al artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo. En el caso, la pretensión mayor superó ese umbral y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación, modificando la sentencia en lo relativo a las pretensiones que prosperaron parcialmente. El documento reitera la forma de determinar la competencia por cuantía; la consecuencia práctica es que la prosperidad parcial de las pretensiones no altera la competencia fijada por el valor de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales procede para reclamar los daños originados en una relación contractual?¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?¿En la acción de controversias contractuales se encuentran legitimados en la causa quienes hayan sido parte en el negocio jurídico del cual se originó el daño alegado?
¿La aclaración de voto se fundamentó en que el contrato de prestación de servicios celebrado para actividades de naturaleza tributaria y fiscal transfirió indebidamente funciones propias de la entidad —como la liquidación y fiscalización de tributos—, lo cual configura un vaciamiento de la función administrativa y, en consecuencia, genera la nulidad absoluta del contrato conforme a la línea jurisprudencial iniciada en la sentencia del 17 de mayo de 2007 y desarrollada por la Sala de Consulta y Servicio Civil? Sí
El contrato de prestación de servicios que transfiere funciones de liquidación y fiscalización de tributos propios de la entidad pública incurre en nulidad absoluta por vaciamiento de la función administrativa. Aunque acompañé la sentencia, aclaro voto frente a las hipótesis que originan la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios cuando su objeto se relaciona con actividades de naturaleza tributaria y fiscal. El antecedente principal y que dio origen a una línea jurisprudencial en la materia se encuentra en la sentencia de 17 de mayo de 2007, desarrollada posteriormente por la Sala de Consulta y Servicio Civil en relación con la indebida transferencia de funciones públicas esenciales a contratistas particulares.síntesis automática