Titulación de la relatoría 25.970 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LA NORMA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROYECTO DE INVERSIÓN / INVERSIÓN DE CAPITAL / GASTOS DE INVERSIÓN / GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA / FACTOR MOTIVACIONAL DEL INVERSIONISTA / COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / FACULTADES DEL COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / CONOCIMIENTO DEL RIESGO EXTRAORDINARIO / RÉGIMEN TARIFARIO / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / INVERSIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DE LA LEY FAVORABLE / IMPUESTO AL PATRIMONIO / BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO / VIGENCIA DE LA LEY TRIBUTARIA
Problema jurídico:
¿El acto administrativo de improbación de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica presentada por la Empresa de Energía para amparar la inversión de su proyecto energético, se encuentra viciado por el cargo de falsa motivación?
Respuesta al problema jurídico: No
La motivación de la decisión tomada por el Comité se fundamentó en que el proyecto no cumplía con la finalidad establecida en la Ley 963 de 2005, por dos razones: (i) la ejecución del proyecto ya se encontraba en un 73,66%, evidenciando que la inversión no fue determinada o motivada por la norma, sino que fue realizada por Z.F. Celsia asumiendo los riesgos inherentes a la misma y (ii) que el régimen tarifario del sector previsto en las leyes 142 y 143 de 1994 garantizaba la recuperación de las inversiones realizadas en este sector. (…) [L]a Sala observa que la única pretensión económica de la parte demandante es el pago del mayor valor asumido por el impuesto al patrimonio. En la solicitud del contrato se pretendía la estabilización de normas relativas al impuesto al patrimonio para el año gravable 2011. Dentro de estas disposiciones, se encontraban los artículos 292-1, 293-1 y 294-1 del Estatuto Tributario -Decreto Ley 624 de 1989-. Sin embargo, estas disposiciones fueron incorporadas al Estatuto Tributario mediante la Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009, momento para el cual ya se encontraba ejecutado el 73,66% del proyecto. Es decir, que esta norma no fue realmente determinante de la inversión, sino que fue expedida con posterioridad y el demandante pretendía estabilizarla, a pesar de no haber estado vigente cuando tomó la decisión de invertir. (…) [E]l demandante no probó el elemento motivacional para la celebración del contrato de estabilidad
jurídica. Por el contrario, la avanzada ejecución de la inversión y la solicitud de estabilizar normas que no se encontraban vigentes al inicio del proyecto dan cuenta de que este no fue motivado por la figura creada en la Ley 963 de 2005, se llevó a cabo con independencia de la celebración de un contrato de estabilidad jurídica y no cumplía con las finalidades propuestas por la norma. Ahora bien, con respecto al segundo fundamento de la decisión del Comité de Estabilidad Jurídica, el demandante no presentó ningún argumento en la demanda ni en la apelación tendiente a desvirtuar que el régimen tarifario del sector en el que realizó su inversión no garantizaba la recuperación de la misma, y que -por lo tanto- sí requería la suscripción del contrato de estabilidad jurídica. En ese sentido, no se
acreditó ninguna irregularidad en este fundamento de la decisión del Comité. Dado que el demandante no probó que el proyecto atendiera a las finalidades de la Ley 963 de 2005 y no desvirtuó que el régimen tarifario garantizaba su inversión y, en ese sentido, no requería el contrato de estabilidad jurídica solicitado, el cargo por falsa motivación no prospera.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la importancia del elemento motivacional como condición fundamental de la propuesta de inversión en contratos de estabilidad jurídica, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de diciembre de 2023, rad. 69585, C. P. Nicolás Yepes Corrales (e); sentencia de 27 de agosto de 2021, rad. 58927, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 624 DE 1989 - ARTÍCULO 292 NUMERAL 1, DECRETO LEY 624 DE 1989 - ARTÍCULO 293 NUMERAL 1, DECRETO LEY 624 DE 1989 - ARTÍCULO 294 NUMERAL 1, LEY 1370 DE 2009, LEY 142 DE 1994, LEY 143 DE 1994, LEY 963 DE 2005
COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PAGO DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Es competente la Sala para conocer del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y en razón a la cuantía del proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Le asiste competencia a la Sala para conocer del presente proceso en segunda instancia, toda vez que el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), aplicable a este proceso, establece que el Consejo de Estado “(…) conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)”. Adicionalmente, la Sala conoce del asunto en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primer grado, dado que la pretensión indemnizatoria se estimó en $12.946’685.000, que corresponden al mayor valor pagado por concepto de impuesto al patrimonio, mientras que el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación era de $176’850.000.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA / SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN / MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre las entidades que integraron el Comité de Estabilidad Jurídica, que improbó la solicitud de suscripción del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el presente caso, Z.F. Celsia está legitimada en la causa por activa, toda vez que fue la empresa que solicitó la celebración del contrato de estabilidad jurídica. Por su parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Departamento Nacional de Planeación; el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encuentran legitimados por pasiva, en razón a que fueron los integrantes del Comité de Estabilidad Jurídica y, de manera conjunta, adoptaron la decisión de improbar la solicitud presentada por la demandante.
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho empezó a contar desde que el acto precontractual demandado cobró firmeza?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala evidencia que este proceso se adelantó en primera instancia y hasta este punto bajo la denominación de controversias contractuales. Sin embargo, según el inciso segundo del artículo 141 del CPACA, “los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso”, esto es, mediante los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, para este caso el medio de control adecuado es el de nulidad y restablecimiento del derecho y su oportunidad debe estudiarse en estos términos. Así las cosas, el término para presentar la demanda, en virtud del literal c, numeral 2, del artículo 164 del CPACA, era de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto, según el caso. La Sala observa que el Acta No. 12 del 19 de octubre de 2011 fue notificada a Z.F. Celsia el 1 de febrero de 2012. La empresa presentó recurso de reposición frente a esta decisión, el cual fue resuelto mediante la Resolución No. 025 del 21 de diciembre de 2012, notificada el 18 de febrero de 2013. El 12 de junio de 2013, faltando 7 días para que operara la caducidad, Z.F. Celsia presentó la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Décima Judicial II para Asuntos Administrativos, lo cual suspendió los términos de caducidad hasta el 26 de agosto del mismo año, fecha en la que se expidió la constancia de no conciliación. La demanda se presentó el 19 de junio de 2013, mientras se encontraban suspendidos los términos de caducidad, por lo que se evidencia que la misma fue oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ver: Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 18 de septiembre de 2014, rad. 68001-23-33-000-2013-00412-01, C. P. Guillermo Vargas Ayala.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL C
CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / INVERSIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / PROYECTO DE INVERSIÓN / SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / FACULTADES DEL COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / FACULTAD DISCRECIONAL DEL COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO / CONPES / MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN / EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / FACTOR MOTIVACIONAL DEL INVERSIONISTA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El Comité de Estabilidad Jurídica, una vez verifica el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la Ley 963 de 2005, debe aprobar o improbar las solicitudes de suscripción de los contratos de estabilidad jurídica mediante acto motivado y público?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los contratos de estabilidad jurídica fueron una figura incorporada en Colombia mediante la Ley 963 de 2005, con el fin de promover inversiones nuevas y ampliar las existentes en el territorio nacional. (…) Para acceder a la suscripción de estos contratos, el interesado debía presentar una solicitud que pasaba por dos etapas: (i) el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 4° de la Ley 963 de 2005 y (ii) el estudio por parte de un Comité de Estabilidad Jurídica, que debía aprobar o improbar la solicitud de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y el CONPES que para el efecto se expidiera. (…) Por su parte, el CONPES 3366 de 2005 fijó los elementos técnicos que el Gobierno Nacional debía tomar en consideración para la evaluación de las solicitudes de contratos de estabilidad jurídica. Allí, entre otras, se determinó que la celebración y suscripción de estos contratos era competencia del Estado -a través del Comité de Estabilidad Jurídica-, y que su decisión de suscribirlo o no debía ser siempre motivada y pública. Asimismo, el CONPES precitado fijó unos principios generales y unos criterios específicos para la evaluación de los contratos de estabilidad jurídica. (…) Así las cosas, correspondía al Comité de Estabilidad Jurídica estudiar, no solamente los criterios establecidos en la Ley 963 de 2005, sino además verificar que las solicitudes presentadas cumplieran con el marco jurídico general establecido para el efecto y los fines de la norma que autorizaba este tipo de contratos. (…) En ejercicio de esta facultad, el Comité de Estabilidad Jurídica expidió su reglamento, contenido en la Resolución No. 01 del 16 de diciembre de 2005 y en la Resolución No. 02 del 20 de junio de 2008, que modifica la primera. Allí se fijó el procedimiento interno para el trámite de las solicitudes de contratos de estabilidad jurídica y se determinó la forma en la que se debían adoptar las decisiones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de agosto de 2021, rad. 58927, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 27 de agosto de 2021, rad. 58927, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Sección Cuarta, sentencia de 11 de octubre de 2023, rad. 26342, C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2950 DE 2005, LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 1 INCISO 2, LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 4
COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / FACULTADES DEL COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN / MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / ACTO DE DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CLASES DE DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / SUJETOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / QUÓRUM EN LA CORPORACIÓN PÚBLICA / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA
Problema jurídico:
¿A pesar de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no aportó el acto de delegación del funcionario, la decisión proferida por el Comité de Estabilidad Jurídica goza de plena validez al haberse conformado el quorum con los delegados de los demás Ministerios?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Minas y Energía allegaron en debida forma los actos de delegación en los funcionarios que asistieron al Comité de Estabilidad Jurídica, mientras que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no acreditó dicha delegación (…). De acuerdo con el artículo 2° de la Resolución No. 02 del 20 de junio de 2008, el quórum para deliberar y decidir en las reuniones ordinarias del Comité de Estabilidad Jurídica se entendía conformado por dos de los miembros permanentes o sus delegados y se adicionaba con el Ministro del ramo en el que se estuviera proyectando la inversión, o su delegado. La Sala observa que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no aportó el acto de delegación del funcionario que participó la decisión demandada. Sin embargo, esta situación no representa un vicio ni afecta la validez de la decisión, dado que aun sin la presencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el quórum para deliberar y decidir se conformó como corresponde. En ese sentido, en el proceso se acreditaron los actos de delegación de dos miembros permanentes del Comité -esto es, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación-, así como el del Ministerio de Minas y Energía -ramo en el que se proyectaba la inversión-, dando cumplimiento al reglamento del Comité. Adicionalmente, la decisión fue tomada por unanimidad, según se desprende del Acta No. 012 del 19 de octubre de 2011.
IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / ACTO DE DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / TEMPORALIDAD DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / ORDEN JUDICIAL / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS / IMPROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA
Problema jurídico:
¿Los actos de delegación fueron aportados oportunamente como parte de los antecedentes administrativos objeto del proceso, conforme al requerimiento del juez administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[F]rente a la oportunidad para aportar los actos de delegación, estos fueron remitidos por el Ministerio de Minas y Energía el 27 de enero de 2014, con la contestación de la demanda, y por las demás entidades tras el requerimiento realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (...). El Departamento Nacional de Planeación dio respuesta al requerimiento el 9 de julio de 2014 y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 4 de septiembre del mismo año, antes de la audiencia inicial llevada a cabo el 23 de mayo de 2016. En esta diligencia, se decretaron como pruebas todos los antecedentes administrativos aportados por los demandados, lo cual no fue controvertido por la parte demandante durante el proceso, pues tanto en los alegatos de conclusión como en la apelación solamente se indicó que los actos de delegación no habían sido allegados, cuestión que ya ha sido dilucidada por la Sala. De acuerdo con las consideraciones expuestas, se evidencia que la decisión de improbar el contrato de estabilidad jurídica para el proyecto Flores IV presentado por Z.F. Celsia fue adoptada por funcionarios debidamente delegados por los integrantes del Comité, y que estos actos de delegación fueron aportados como parte de los antecedentes administrativos objeto del proceso. En consecuencia, el cargo de nulidad por falta de competencia no prospera.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 175
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD / IGUALDAD DE ACCESO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL / SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE
Problema jurídico:
¿La presunción de legalidad que cobija al acto administrativo de improbación de contrato de estabilidad jurídica, traslada al demandante la carga de acreditar el vicio de nulidad alegado por violación al principio de igualdad?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l demandante alegó el desconocimiento del principio de igualdad por haberse aprobado otros proyectos que se encontraban en ejecución antes de la suscripción del contrato. (…) Al respecto, la Sala observa que este argumento no fue presentado en la demanda inicial y que los casos de la Compañía Nacional de Chocolates, la Compañía de Galletas Noel y Jerónimo Martins solamente fueron incluidos en sede de apelación, por lo que, en virtud de la regla de congruencia, consagrada en el artículo 281 del Código General del Proceso, no serán estudiados en esta instancia. Frente a los casos de Bavaria S.A., ISA, ISAGEN y EPM, la Sala evidencia que la demandante no aportó las solicitudes presentadas por estas compañías, las aprobaciones hechas por el Comité ni los respectivos contratos celebrados. Por este motivo, no es posible analizar si en efecto existió o no una vulneración del principio de igualdad, pues no se pueden comparar las situaciones y condiciones de estas sociedades con las de Z.F. Celsia. Ahora bien, no son de recibo los argumentos elevados por la demandante en sede de apelación, según los cuales el juez de primera instancia podía buscar los documentos en la web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o decretarlos como prueba de oficio, pues esta es una tarea que le corresponde a la demandante, dado que la presunción de legalidad que cobija a los actos administrativos exige que quien alega un vicio tenga la carga de probar sus afirmaciones. (…) Finalmente, la facultad para decretar pruebas de oficio establecida en el artículo 213 del CPACA tiene como finalidad el esclarecimiento de la verdad frente a puntos que se tornen oscuros o difusos, pero no para suplir la carga de la prueba que le corresponde a las partes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de congruencia y los límites de la facultad oficiosa del juez, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 20 de noviembre de 2023, rad. 59414, C. P. María Adriana Marín; Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 14 de septiembre de 2023, rad. 0852-2019, C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 213, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUTO QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / RECURSOS PROCEDENTES CONTRA EL AUTO QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿La oportunidad procesal para controvertir la liquidación de las costas y las agencias en derecho es el recurso de reposición y apelación contra el auto que aprueba la liquidación de costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala debe aclarar que el régimen incorporado por el Código General del Proceso en su artículo 365 para la condena en costas es objetivo, por lo que no atiende a criterios de mala fe o temeridad como lo manifiesta el demandante. Ahora bien, las agencias en derecho hacen parte de la condena en costas y deben ser fijadas de conformidad con las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. De esta manera, el tribunal podía fijar las agencias en derecho atendiendo a su régimen objetivo dado que la parte demandante fue vencida en el proceso. Por su parte, el numeral 5 del artículo 366 ejusdem establece que la oportunidad procesal para controvertir la liquidación de las expensas y las agencias en derecho es el recurso de reposición y apelación contra el auto que aprueba la liquidación de costas, el cual se profiere por el juez de primera instancia una vez ejecutoriada la providencia que ponga fin al proceso. Por lo tanto, los reparos sobre el monto de las agencias en derecho no corresponden a esta instancia y deben ser elevados en la oportunidad y mediante el mecanismo procesal adecuado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 5
PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra el demandante por ser la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]e conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Así, el artículo 365 del Código General del Proceso señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso (…). Bajo estos términos, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que este no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, y de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso, y otras circunstancias especiales, si las hubiere. En ese sentido, se observa que se trata de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyas pretensiones ascendían a la suma de (...). Asimismo, las entidades demandadas designaron los respectivos apoderados, quienes intervinieron en todas las actuaciones de la segunda instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4