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Consejo de Estado
Providencia
No prospera este cargo de la apelación, formulado por la Fiscalía General de la Nación
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600019990115504
ACCION CONTRACTUAL
¿El ánimo de poseer del inmueble de buena fe cesaba con la notificación a la demandada del libelo en el que se solicitó la resolución de la compraventa? Sí
El contratista de buena fe pierde su ánimo de poseer el inmueble con la notificación a la entidad estatal del libelo que solicita la resolución del contrato de compraventa, según establece la Sala. Esta regla se fundamenta en que únicamente las mejoras realizadas antes de dicha notificación son reconocidas, conforme a la fecha límite de la buena fe del poseedor. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que en casos futuros, el cálculo de mejoras y el reconocimiento de la posesión de buena fe se ajustarán a esta nueva interpretación, afectando directamente la valoración de los derechos del contratista en relación con el bien inmueble.síntesis automática
También resuelve:
¿El valor histórico de la condena en abstracto no podía ser uno indexado ya, pues ello infringe la sentencia de condena y la norma aplicable?
¿La compensación de los totales aquí indicados arroja un saldo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a favor de la sociedad demandada?
¿La posesión de buena fe deja de existir si el poseedor alega en juicio la resolución de la compraventa bajo la cual comenzó a poseer?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Es procedente revocar el auto del 30 de octubre de 2024
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-04-04
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 76001233300020240010601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente revocar el auto del 30 de octubre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo, mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad, de este modo, se decidirá sobre la caducidad en el momento en que existan más medios de prueba que permitan aclarar las circunstancias que rodearon el cumplimiento del objeto contractual para dar aplicación a la norma procesal correspondiente? Sí
El contratista puede revocar un auto que rechaza una demanda por caducidad si existen pruebas que demuestran que el cumplimiento del objeto contractual fue impedido por circunstancias ajenas a las partes, como medidas cautelares que restringen la disposición del bien inmueble. La Sala considera que el término de caducidad para controversias derivadas de contratos de ejecución instantánea debe contarse a partir del momento en que se cumple o debió cumplirse el objeto del contrato, no desde la fecha de firma del contrato. En este caso, la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo, que impidió la inscripción de la escritura pública en el registro de instrumentos públicos, afectó la tradición del derecho real de dominio. Por lo tanto, el objeto del contrato de compraventa solo pudo cumplirse una vez cancelada la medida cautelar, lo que retrasa el cómputo del término de caducidad. La Sala revoca el auto que rechazó la demanda por caducidad, permitiendo decidir sobre la caducidad cuando se aporten más pruebas que aclaren las circunstancias del cumplimiento del objeto contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente condenar en costas, teniendo en cuenta que no se ha trabado la litis y que el recurso fue resuelto favorablemente al apelante, conforme al artículo 365 del CGP?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño
Sentencia — Sentencia
2022-08-22
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000232600020090015501
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Sí
El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño?
¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas?
¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La compraventa de bien ajeno es un acto que genera efectos en el derecho colombiano
Sentencia — Sentencia
2024-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130132201
ACCION CONTRACTUAL
¿El registro del justo título, exigido para el ejercicio de la posesión de buena fe, requeriría mantener la anotación de la compraventa de cosa ajena? Sí
El registro del justo título exigido para la posesión de buena fe puede requerir que la anotación de una compraventa de cosa ajena se mantenga en el folio de matrícula, porque esa anotación es la que sustenta la adquisición del predio por usucapión. Esta regla se apoya en que la compraventa de bien ajeno genera efectos entre las partes aunque el vendedor no fuera titular del derecho, y en que su cancelación podría afectar la posibilidad de adquirir el predio por prescripción. Por ello la cancelación de esa anotación no es neutra para el poseedor de buena fe. En el caso concreto el predio segregado de un folio anterior no había sido transferido por el vendedor previo, y la inscripción de la venta de cosa ajena fue mantenida como justo título, lo que llevó a modificar la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la anotación de una venta de cosa ajena no debe cancelarse si puede servir de justo título para la usucapión.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe mantenerse la anotación de la compraventa de cosa ajena, pero anotándose adicionalmente la resolución de contrato declarada en este proceso?
¿IDIPRON destinó recursos a la vigilancia del inmueble, conforme al documento contable aportado por la actora?
¿IDPRON tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa y el valor que hubieran podido tener los frutos del predio?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La nulidad del negocio es originaria del acuerdo de voluntades
Sentencia — Sentencia
2024-03-01
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020130153501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad absoluta de un contrato estatal celebrado bajo el régimen anterior es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que la fundan, y que el juez debe declararla de oficio cuando la demanda se presenta por fuera de ese término. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, para la suscripción y la inscripción del contrato en el registro minero, la norma aplicable era el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989. Segunda, la nulidad absoluta se configura por la transgresión de disposiciones que regularon la formación del negocio o sus requisitos esenciales, de modo que el plazo corre desde esos motivos. Tercera, la demanda se radicó después de vencidos los dos años, lo que la hace extemporánea. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara de oficio la caducidad. La consecuencia práctica es que la pretensión de nulidad absoluta debe presentarse dentro de los dos años contados desde el vicio que la sustenta.síntesis automática
También resuelve:
¿Es claro que en esta oportunidad la CAR ejerció el derecho de acción cuando ya se había vencido el plazo de la caducidad?
¿Solo se vinculó a la litis a la sociedad minera a pesar de que los titulares del contrato minero eran varias personas?
¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puede demandar la nulidad de un contrato minero cuando este se superponga con áreas de especial protección ambiental de su jurisdicción?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados
Sentencia — Sentencia
2024-09-27
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 08001233100019980117801
ACCION CONTRACTUAL
¿El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales del contrato de promesa de compraventa? Sí
El contratista tiene derecho a retener los $100’000.000 pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales en un contrato de promesa de compraventa, dado que el municipio incumplió con la obligación de otorgar la escritura pública, lo que permite que las arras operen como cláusula penal y no como parte del precio. La naturaleza confirmatoria-penal de las arras se evidencia en el contrato, donde se estipula que operan como pena en caso de incumplimiento, y no como arras de retracto, ya que no conceden facultad de desistimiento. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre el alcance de las arras confirmatorias-penales en contratos estatales, reforzando que estas pueden operar como cláusula penal en caso de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿Los recursos entregados a título de arras dejaron de operar como parte del precio y se convirtieron en una pena cuyo alcance debe ser entendido en consonancia con las normas sobre cláusula penal?
¿Si las partes no definen la naturaleza de las arras se entiende que son de retracto?
¿Ante la desaparición del título jurídico en virtud del cual el demandado ostentaba la tenencia del predio, el demandante se encuentra habilitado para recuperarlo?
MODIFICA
Consejo de Estado
Concepto
No es ejecutable lo, teniendo en cuenta que ello implicaría liquidar a cargo de los operadores el valor
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2023-07-21
Sala Consulta y Servicio Civil
OSCAR DARIO AMAYA NAVAS
Rad. 11001030600020180014100
CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Es ejecutable lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de las Resoluciones 597 y 598 de 2014, teniendo en cuenta que ello implicaría liquidar a cargo de los operadores el valor de una “contraprestación por el uso” de los bienes y elementos objeto de reversión entre la fecha de terminación de los contratos y la fecha en que pagaron la compensación por su equivalente económico? ¿Podría entenderse que los bienes y elementos objeto de reversión nunca salieron del patrimonio de las compañías Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y Comcel S.A.? Si se entendiera que los bienes nunca salieron del patrimonio de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y Comcel S.A. ¿Es ejecutable lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de las resoluciones 597 y 598 de 2014? No
Con base en la voluntad de las partes que suscribieron los contratos de concesión —la cual se encuentra consignada en la cláusula trigésima tercera de tales acuerdos—, y de acuerdo con el ordenamiento jurídico, en un todo acatados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-555 de 2013 y por el Tribunal de Arbitramento en el laudo del 25 de julio de 2017, la cláusula de reversión cobró eficacia en el momento en que terminaron, de manera anticipada, los contratos de concesión. Por consiguiente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adquirió la propiedad de los bienes destinados al cumplimiento del objeto contractual en ese momento.
También resuelve:
¿El laudo arbitral se refirió específicamente a la controversia poscontractual, en cuanto desata el punto relativo a los bienes afectos a la concesión, materia de reversión…
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda
Sentencia — Sentencia
2025-06-16
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 25000233600020180009301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda contra un acto administrativo proferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuya pretensión económica supera los 300 SMLMV, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo proferido por una entidad pública del orden nacional, conforme al artículo 104 del CPACA, pues el objeto del litigio es la legalidad de ese acto. La regla se apoya en que la competencia se determina por la naturaleza pública de la entidad que expide el acto, y en que el Consejo de Estado resuelve la apelación de la sentencia del tribunal conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, por la cuantía de la pretensión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los actos de entidades públicas nacionales que afecten derechos económicos del administrado quedan sometidos al control de esta jurisdicción, y su apelación corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía lo exige.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea para solicitar la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del proceso de selección abreviada por…
¿Una demanda presentada el 13 de diciembre de 2017 contra un acto administrativo notificado en estrados el 30 de mayo de 2017…
¿Están legitimadas en la causa por activa las sociedades que integran una unión temporal para demandar la nulidad del acto administrativo de adjudicación cuando participaron en el proceso de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección
Sentencia — Sentencia
2023-06-20
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233300020130029501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección de los contratos sometidos al régimen jurídico del Estatuto General de Contratación y omitir la realización de estos vicia de nulidad el negocio jurídico? Sí
La elaboración de los estudios previos es una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluida la contratación directa, y su omisión sustenta la nulidad absoluta del negocio jurídico. La regla se apoya en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que imponen esos estudios como condición previa a la celebración de los contratos estatales, y en que la necesidad y la conveniencia de enajenar el bien deben quedar determinadas en ellos. Además, la identificación errónea de la norma violada no altera la causa de la pretensión, de modo que el análisis no vulnera el debido proceso ni el principio de congruencia. En el asunto, la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de un predio se fundó en la ausencia de esos estudios, y la Sala modificó la sentencia apelada. En la práctica, la entidad que contrata sin estudios previos expone el negocio a la nulidad absoluta, aun si la parte demandante invoca mal la norma aplicable.síntesis automática
También resuelve:
¿El Juez en segunda instancia está facultado para referirse a los aspectos que sean objeto del recurso de apelación?
¿Para la celebración del contrato de enajenación de bien inmueble, el Alcalde necesitaba la autorización expresa del Concejo Municipal?
¿Era obligatorio que previo a la celebración del contrato se agotara el procedimiento de selección abreviada?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2023-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 76001233300020120007601
ACCION CONTRACTUAL
¿Pese a que existe una Sentencia de Unificación de la Sección Tercera sobre la imposibilidad de celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes de uso público, respeto tal posición, no [se puede] compartirla de manera irreflexiva para todos los bienes de uso público y todos los contratos de arrendamiento sin analizar el alcance del contrato en cada caso? Sí
A pesar de que coincido en que debía confirmarse la Sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del contrato de arrendamiento sobre un bien de uso público, existen algunos puntos que me gustaría aclarar. Considero relevante aclarar que la naturaleza del bien base no es, en todos los casos, idéntica a los bienes que sobre esa superficie se construyen. Así, por ejemplo, no es idéntica la naturaleza del bien playa o terreno de bajamar, que la del bien muelle. Sin embargo, en el caso, el bien no podía ser objeto de arrendamiento. Adicionalmente, pongo de presente que, pese a que existe una Sentencia de Unificación de la Sección Tercera sobre la imposibilidad de celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes de uso público, respeto tal posición, pero no puedo compartirla de manera irreflexiva para todos los bienes de uso público y todos los contratos de arrendamiento sin analizar el alcance del contrato en cada caso.
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2023-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 13001233100020020081001
ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de lesión enorme es procedente para debatir el precio ofertado de un bien inmueble objeto de enajenación voluntaria con fines de expropiación? No
De conformidad con la ley, el debate sobre el precio del inmueble solo es procedente en el proceso de expropiación judicial o como consecuencia de la nulidad del acto de expropiación administrativa. El artículo 61 de la Ley 388 de 1997 regula el procedimiento de enajenación voluntaria previo a la expropiación de inmuebles por utilidad pública. Y en relación con este, la norma establece que el procedimiento culmina con la aceptación de la oferta de compra del bien o con el adelantamiento del proceso de expropiación. En el primero de los casos, el propietario acepta el valor de la compraventa del inmueble, sin que posteriormente pueda alegar contra el mismo; la norma no prevé la acción de revisión del precio ni mucho menos la procedencia de la lesión enorme en este tipo de ventas, pues esta no se encuentra sometida al Código Civil.
Consejo de Estado
Providencia
La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal sustancial distinto de la representación judicial que habilita para obtener sentencia de fondo.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 73001233300020230018201
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal distinto de la representación judicial, cuya ausencia impide proferir sentencia de fondo? Sí
La legitimatio ad causam constituye la condición procesal para discutir el objeto de la litis y obtener sentencia de fondo, vinculando a los sujetos con la relación jurídica sustancial que se debate y con las pretensiones o excepciones formuladas. Este presupuesto difiere de la legitimación procesal o habilitación para comparecer en juicio. En el ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado y los procesos contencioso administrativos, la acreditación de los supuestos de hecho de la demanda se rige por las reglas probatorias previstas en las normas procesales aplicables.síntesis automática
También resuelve:
¿Es necesario analizar la representación judicial para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Rama Judicial y de la Nación – Fiscalía General de la Nación…
¿Debía el análisis de responsabilidad circunscribirse a la pérdida de oportunidad respecto de la cancelación de registros espurios sin supeditar su prosperidad a los presupuestos del error…
¿Debe diferenciarse el incidente de cancelación de registros fraudulentos de la acción civil ejercida dentro del proceso penal, en cuanto a su finalidad…