Titulación de la relatoría 31.149 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / IUS VARIANDI
Problema jurídico:
¿Cuál es la diferencia entre las figuras del desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual ?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]sta Colegiatura en su jurisprudencia se ha ocupado de trazar unos parámetros propios del contrato estatal respecto de la estructura tradicional de la responsabilidad contractual que descansa en las nociones de incumplimiento y daño. (…) [E]l incumplimiento contractual tiene origen en la conducta antijurídica de un contratante, es decir, en el proceder contrario a las obligaciones contraídas al suscribir el acuerdo de voluntades que, de cara a su connotación y relevancia, generan insatisfacción en el acreedor de la obligación incumplida, ya sea por una llana falta de cumplimiento, o porque éste resulta tardío o defectuoso, desconociendo o alterando el núcleo de la prestación debida. Por su parte, el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial de la simetría prestacional originalmente pactada, que es ajena a la conducta de los contratantes, en tanto tiene por génesis la existencia de circunstancias sobrevenidas (teoría de la imprevisión), o se presenta como consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la administración (como el caso del hecho del príncipe y del ius variandi), cuyo impacto es capaz de romper la medida de equivalencia recíproca en que se fundaron las mutuas prestaciones de los contratantes, es decir, la ecuación contractual acordada.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5
DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / REPARACIÓN INTEGRAL DE PERJUICIOS / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El reconocimiento patrimonial y extrapatrimonial que se deriva del incumplimiento del contrato es aplicable a los eventos de desequilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]or sus efectos patrimoniales, resulta igualmente relevante marcar la separación entre estos institutos, en tanto el reconocimiento económico que deriva del incumplimiento contractual se inscribe en el marco de la responsabilidad patrimonial por antijuridicidad de la conducta, lo que conduce a la reparación integral de los perjuicios que provengan del comportamiento contrario a derecho del contratante incumplido, tanto patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) como extrapatrimoniales, en la medida en que se acrediten dentro del proceso, tal como lo dispone el artículo 90 de la Constitución Política (cuando el incumplimiento sea imputable a las entidades estatales) y los artículos 1546 y 1613 a 1616 del Código Civil, en armonía con el 16 de la Ley 446 de 1998. A su turno, cuando se fractura el equilibrio económico solo hay lugar al restablecimiento del sinalagma funcional pactado al momento de proponer o contratar, es decir, la Administración se verá obligada a llevar a su contratista a un punto de no pérdida.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la diferencia entre el incumplimiento del contrato y su desequilibrio, ver Sección Tercera del Consejo de
Estado, sentencia del 13 de noviembre de 2018, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Exp. 55.230 y en cuanto al principio d econgruencia que asiste al Juez al dirimir los conflictos, consultar Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 19 de febrero de
2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 47.255.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 16, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, 1613, 1616
PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INDEBIDA FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / FUNCIONES DEL JUEZ / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Las pretensiones formuladas por el actor van dirigidas a que se declare el incumplimiento del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
La imprecisión consistente en identificar indistintamente el incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato como causa de las reclamaciones de una demanda, no constituye un obstáculo para resolver de fondo el conflicto, puesto que, en aplicación del principio iura novit curia, es al juez al que corresponde la aplicación correcta del derecho, sin que, en manera alguna, ello signifique una vulneración del debido proceso de la contraparte, en la medida que, en dicha labor, el juez debe ajustarse a la causa petendi invocada en la demanda. Al respecto, esta Subsección ha dicho que en estos casos, “en atención al principio constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial sobre la forma, corresponderá al juez de la causa determinar en cada caso concreto desde cuál óptica debe emprenderse el respectivo análisis”. Ahora, en el sub examine, como se dijo en párrafos previos, la actora utilizó de forma indistinta las aludidas figuras, pues en la demanda pretendió tanto el incumplimiento del contrato como el restablecimiento de su equilibrio económico de cara a una misma línea fáctica. En este orden de ideas y en línea con lo advertido, es evidente que la génesis de la controversia planteada por el actor no se funda en hechos imprevistos ajenos a la voluntad de las partes, pues, en verdad, lo que la parte actora ha sostenido corresponde al incumplimiento del contrato por parte del distrito, en tanto claramente finca sus reclamaciones –incluida la derivada de la mayor permanencia en obra– en los perjuicios que se habrían derivado del desconocimiento de presuntas obligaciones contractuales; por ende, corresponde a la Sala desatar la apelación solamente en el plano de la responsabilidad contractual por incumplimiento y no en sede de restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber de interpretación del juez, ver sentencia del 19 de febrero de 2021, Exp. 47255, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia del 13 de noviembre de 2018, Exp. 55230, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE MORALIDAD / PRINCIPIO DE EFICACIA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL / BUENA FE CONTRACTUAL / GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La liquidación del contrato es un acto jurídico negocial autónomo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La liquidación, como fase conclusiva del acuerdo de voluntades, es la etapa que busca vestir de punto final las relaciones negociales que emergen del contrato estatal, en orden a establecer el estado de ejecución y cumplimiento de las mutuas prestaciones objeto del pacto; por ello, y de cara a la función jurídica y económica atribuida por ley, la liquidación ha sido definida como el corte de cuentas del contrato, cuya capacidad definitoria le ha merecido el carácter de acto jurídico negocial autónomo. Al lado de lo anterior, viene señalar que la liquidación se proclama como algo más que el finiquito de una relación interpartes, pues entraña la realización de los principios de la función administrativa (moralidad, eficacia, economía), al igual que el de la buena fe, así como aquellos vinculados a la seguridad jurídica y presupuestal de los recursos del Estado, pues en ella se constatan varios fines: (i) la realización del interés general, fundamento ontológico del contrato celebrado; (ii) la utilización definitiva de los recursos públicos vinculados a tales fines; (iii) se procura el cierre de los aspectos presupuestales y la definición de los compromisos económicos de la Administración; y, (iv) por esta vía, se pretende disminuir la litigiosidad en aspectos que pueden ser revisados y acordados por las partes. (…); de no lograrse tal acuerdo, corresponderá a la entidad pública contratante liquidar el contrato de manera unilateral, en línea de la realización de los principios superiores anotados, evitando el escenario de la latencia e indefinición.
LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La parte inconforme con la liquidación del contrato debe dejar salvedades a efectos de habilitar una futura reclamación frente a la jurisdicción contenciosa?
Respuesta al problema jurídico: Si
El acta de liquidación bilateral del contrato es un negocio jurídico al interior del contrato, mediante el cual las partes, en perspectiva de lo ejecutado, (i) realizan el arqueo, cotejo y constatación de todos los aspectos que son llevados al balance definitivo del contrato, (ii) valoran sus resultados, y (iii) acuerdan su estado de ejecución final. Así como ocurre con cualquier otro negocio jurídico, al acuerdo liquidatorio se atribuyen los efectos derivados de los principios de normatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) y de buena fe contractual (artículo 1603 del Código Civil), de modo que los pactos alcanzados adquieren intangibilidad y, por tanto, no pueden ser desconocidos por las partes, ni invalidados, salvo por el consentimiento de ellas mismas o por causas legales; igualmente, en el marco de tales acuerdos, las partes pueden dejar salvedades respecto de los puntos que no quedan contenidos en el negocio jurídico, y frente a ellos, como es apenas natural, no se podrá oponer la fuerza vinculante de la liquidación bilateral. Sobre esto último, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, de forma consistente, que en virtud del principio de la buena fe que debe inspirar el comportamiento de los contratantes, las partes no pueden resguardarse en salvedades genéricas y vagas para luego hacer valer toda clase de reclamaciones en sede judicial.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, 1603
SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ETAPA CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Qué requisitos deben cumplir las salvedades dejadas al suscribir el acta de liquidación para que proceda el estudio de las pretensiones ante el juez?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las salvedades que habilitan una reclamación por conceptos no incluidos en el finiquito de cuentas deben ser expresas, claras y específicas, por lo que, aunque no se exige que en su contenido se detalle exhaustivamente las circunstancias alrededor de la reclamación, sí es necesario que suministren un mínimo de certeza y concreción que permita a las partes conocer qué aspectos no quedan comprendidos en el acuerdo bilateral. (…) De este modo, cuando se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, el estudio de las pretensiones se ve condicionado a que se hayan dejado las respectivas constancias o salvedades en el momento de la suscripción del acta respectiva, con la precisión, como se verá adelante, de que se trate de inconformidades que solo pudieron ponerse de presente al momento de la liquidación del negocio jurídico y no de situaciones anteriores que ya fueron reveladas y corregidas a través de acuerdos previos, es decir, durante la ejecución contractual.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el acta de liquidación bilateral, ver sentencia del 6 de mayo de 2015, Exp. 31347, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de mayo de 2015, expediente 05001-23-31-000-1998-
03276-01(31347).
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente que el juez de lo contencioso administrativo estudie de fondo las pretensiones relacionadas con los sobrecostos, que el demandante expresó en la salvedad incorporada en el acta de liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Es evidente que aunque el contratista no desarrolló una justificación jurídico-económica de la reclamación, lo cierto es que la salvedad consignada se ajusta, en principio, a los postulados jurisprudenciales (…), en la medida que identificó los problemas surgidos con ocasión de contrato; en otras palabras, sus motivos concretos de inconformidad guardan correspondencia con los supuestos que sustentan el asunto de la referencia, dado que se reservó el derecho a pedir los sobrecostos en que incurrió, en virtud de las múltiples inconsistencias advertidas entre el diseño arquitectónico y sus estudios complementarios, las deficiencias en los planos constructivos, el aumento en la cantidad de obra contratada y la mayor permanencia; último aspecto que, vale aclarar, incluye el reajuste y actualización de precios que se habrían visto alterados debido a la extensión del término inicialmente convenido para su ejecución (…). Así las cosas, para la Sala resulta procedente analizar las pretensiones relacionadas con los sobrecostos que el contratista adujo no le fueron reconocidos, en relación con las específicas causas en las que expresó la salvedad incorporada en el acta de liquidación y de cara a los argumentos de la alzada. (…) Respecto de la concesión de reclamaciones por mayor permanencia de obra, ante la ausencia de salvedades en los acuerdos bilaterales que suspenden, adicionan o prorrogan el plazo contractual, esta Colegiatura ha sido reacia a su reconocimiento, pues, con fundamento en el principio de normatividad (Código Civil, artículo 1602) y el deber de las partes de actuar de buena fe (Código Civil, artículo 1603; Código de Comercio, artículo 871), ha sostenido que son improcedentes las reclamaciones que se fundan en acuerdos contractuales sobre la modificación del plazo si, al tiempo de suscribirlos, el contratista no manifiesta salvedades para conservar su derecho a pedir el pago de los costos y gastos que la ampliación o suspensión puede significar.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, 1603
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ADICIÓN AL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El hecho de que no se incluyan salvedades en las modificaciones que las partes suscriben durante la ejecución del contrato para conservar la equivalencia de derechos y obligaciones, releva al juez del estudio de fondo de la reclamación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]sta Subsección ha afirmado de forma contundente que “no se acepta incorporar una tarifa interpretativa acerca del requisito formal de la salvedad, sino que en cada caso se parte del análisis del contenido del respectivo acuerdo y de sus antecedentes, para determinar el alcance de los otrosíes correspondientes”. (…) En la misma línea, la Subsección C de esta Sección ha sostenido que el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 –que establece que las partes pueden suscribir los acuerdos o pactos necesarios para adoptar en el menor tiempo posible las medidas tendientes a conservar la igualdad o equivalencia de derechos y obligaciones surgidos al momento de contratatar- de ninguna manera fijó un “requisito de procedibilidad previo”, según el cual, al suscribirse pactos adicionales durante la ejecución del contrato, pueda entenderse que el silencio de una de las partes frente a una determinada reclamación, le impida, a la llana, pretenderla en un proceso ante esta jurisdicción, pues por vía de interpretación judicial no pueden “crearse requisitos de ‘oportunidad’ para exigir determinada pretensión o para reclamar los perjuicios que se derivan”. En este orden de ideas, el hecho de que no se incluyan salvedades en las convenciones que las partes suscribieron para suspender o prorrogar el plazo del contrato no releva al juez del estudio de fondo de la reclamación; por el contrario se impone determinar si es procedente ordenar el pago de la indemnización o compensación, analizando cuál fue el motivo que indujo la suscripción del acuerdo modificatorio –como, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones o la materialización de riesgos asumidos por una parte– y el contenido de los arreglos que las partes alcanzaron, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con el objeto de éstas. Con base en estos elementos y de cara a las estipulaciones de los contratantes, habrá de definirse si las pretensiones resultan o no procedentes, ya porque desconocen el contenido de un negocio jurídico obligatorio en el que se regularon los asuntos objeto de la reclamación, ya porque la parte que formula la reclamación tenía el deber de hablar –expresar reservas o salvedades– pues la ley, el contrato o el principio de buena fe se lo imponían, o ya porque debe soportar los efectos de la ocurrencia de los hechos que motivaron la suscripción de las prórrogas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las salvedades en las actas modificatorias del contrato, ver sentencia de 8 de noviembre de 2016, Exp. 47336, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 6 de febrero de 2020, Exp. 63123, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 8 de mayo de 2020, Exp. 64701, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 8 de mayo de 2020, radicación 66001-23-
31-000-2011-00255-01(64701) y del 5 de febrero de 2021, expediente 46.726.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de noviembre de 2020, radicación 05001-
23-31-000-1999-00093-01 (38097).
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL PLAZO / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Las manifestaciones de corrección y ajuste contractual acordadas por las partes durante la ejecución del contrato, las vinculan y, en consecuencia, no pueden ser desconocidas por alguna de ellas al llegar la liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Resulta claro que la intención de las partes con la suscripción de los otrosíes sí fue adoptar las medidas necesarias para remunerar al contratista los sobrecostos en que incurrió con la ejecución del negocio jurídico (…). En efecto, como se aprecia en los documentos que antecedieron y motivaron los pactos modificatorios, el contratista expresó que su interés en la adición del contrato, con el fin de lograr: (i) el reconocimiento de las obras adicionales y actividades no previstas, (ii) el pago de las sumas de dinero en que incurrió con ocasión de su mayor permanencia en obra, debido a la evidente superación del plazo contractual (…) (iii) el reajuste de los precios de los insumos de la obra, en atención al paso del tiempo desde el momento en que se presentó la oferta y (iv) el desperdicio de mampostería, por la exigencia de un ladrillo distinto al previsto inicialmente. (…) Además, en dichos pactos las partes manifestaron, de forma expresa, que conciliaron las solicitudes patrimoniales elevadas sobre estos aspectos y ninguna de ellas indicó estar en desacuerdo con estas estipulaciones ni se reservaron el derecho de reclamar judicial o extrajudicialmente sobrecostos derivados de la prórroga del plazo. Ahora, lo acá dicho no desconoce la naturaleza de la liquidación bilateral del contrato, caracterizada por ser la etapa conclusiva de ese acuerdo de voluntades, donde las partes definen su estado de ejecución y cumplimiento; no obstante, su carácter de corte de cuentas o balance final no implica olvidar que el contrato es la expresión del principio de la autonomía de la voluntad que impone que las manifestaciones de corrección, ajustes o remediación contractual que sean acordadas por las partes, las vinculan y, en consecuencia, no pueden ser desconocidas por alguna de ellas al llegar a la etapa liquidación bajo el argumento de que sólo en ese momento se consolida la simetría definitiva del contrato, cuando la causa de la alegada ruptura ya fue objeto de acuerdo y pago en vigencia del contrato.
PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Los acuerdos modificatorios suscritos por las partes durante la ejecución del contrato en aras de garantizar su corrección económica, tienen fuerza obligatoria?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta conducta, exigible bajo el principio de buena fe contractual, lo que en realidad expone es el propósito de las partes de incorporar o variar cláusulas, a través de adiciones, modificaciones u otrosíes, que plantean remedios directos frente a los efectos de cumplimiento e incumplimiento del contrato, en aras de anticiparse a la construcción de reclamaciones posteriores y evitar escenarios que extiendan la controversia hasta su definición vía litigiosa, siempre enmarcados en las previsiones legales sobre la materia. Igualmente, se precisa que la adopción de estos pactos adicionales representa el palmario ejercicio de la autonomía de la voluntad, de cara a derechos de carácter disponible –de índole patrimonial-, que autoriza a las partes expresamente a estipular, ante la constatación de eventos que gravan en exceso las prestaciones de alguna de éstas, la corrección mediante mecanismos de ajuste, a través de la inclusión de modificaciones al mismo42. En este orden de ideas, resulta claro que, en el asunto de la referencia, la motivación que condujo a las partes a suscribir los acuerdos modificatorios se enmarcó en la corrección económica del negocio jurídico, en virtud del reconocimiento de los eventos que alteraron las prestaciones a cargo del contratista por los deficientes diseños y planos entregados por la entidad, la mayor cantidad de obra ejecutada, la mayor permanencia en obra y el reajuste de los precios, con ocasión, precisamente, de la superación del plazo contractual inicialmente pactado. De manera que, ante la evidencia del alcance y fundamento de los otrosíes celebrados, no puede la demandante desconocer su contenido y pretender ahora su reconocimiento patrimonial, puesto que en el curso de la ejecución contractual manifestó su voluntad y consentimiento con la justificación de las adiciones incluidas; en consecuencia, las modificaciones al contrato (...) adquirieron intangibilidad y no pueden ser desconocidas por ninguna de las partes, pues, en tanto negocio jurídico, se constituyen en ley para ellas (art. 1602, Código Civil) y solo pueden invalidarse por consentimiento de esas mismas partes o por causas legales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la fuerza vinculante de los acuerdos modificatorios suscritos durante la ejecución del contrato, ver sentencia del 20 de noviembre de 2020, Exp. 38097, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ADICIÓN AL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Las salvedades incluidas en el acta de liquidación bilateral del contrato tienen la virtualidad de dejar sin efectos los pactos modificatorios suscritos durante su ejecución para sanear los efectos económicos adversos que ahora se reclaman?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala encuentra que el acuerdo de las partes debe reafirmarse y no es posible, por la sola existencia de una salvedad incluida en el acta liquidación bilateral, desconocer su contenido; además, como se vio, los hechos cuya reclamación se pretende, que fueron incluidos en el acta de liquidación bilateral, son cronológicamente anteriores a los pactos modificatorios y fueron puestos de presentes tanto en estos últimos (…), de modo que, es evidente, que con las adiciones al contrato las partes ya regularon los efectos patrimoniales de las reclamaciones que ahora aducen. (…) Un entendimiento contrario atentaría contra el citado principio que demanda corrección y lealtad durante toda la ejecución contractual, pues no se compadecería con los deberes que impone este principio guardar silencio en varios acuerdos bilaterales instrumentados en prórrogas y adiciones para, al final, reservarse el derecho a demandar judicialmente, este sí, constitutivo de un simple formalismo, al ser carente de contenido. En consecuencia, en aplicación del principio de normatividad de los contratos, que impone que lo estipulado es ley para las partes, y del principio de buena fe, la Sala concluye que en cada una de las prórrogas y adiciones al contrato las partes revisaron y convinieron sobre los efectos económicos reclamados bajo el sub lite y, por tanto, no resulta admisible que la demandante reclame por vía judicial sobrecostos que contravienen lo estipulado por ella en los contratos adicionales.
IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / PAGO AL CONTRATISTA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Se acreditó un enriquecimiento sin causa en cabeza del demandado?
Respuesta al problema jurídico: No
Respecto de la aplicación subsidiaria del instituto del enriquecimiento sin causa, que el actor solicitó tramitar como título de responsabilidad a su favor, bajo el argumento de no haber recibido el pago proporcional que le correspondía al haber ejecutado a plenitud la obra, precisa la Sala que no hay lugar a su configuración pues, como atrás quedó demostrado, todos los aspectos reclamados en juicio fueron objeto de ajuste y reconocimiento, a través de los acuerdos modificatorios pactados durante la ejecución del contrato, de manera que no es posible predicar la ausencia de causa en las prestaciones ejecutadas, en la medida que todas las reclamaciones sub júdice quedaron cobijadas bajo el marco de ejecución del contrato (…) siendo éste su causa, lo que descarta la presencia de la pretendida figura. Siendo suficiente lo anterior, hay que señalar, además, que los aspectos reclamados no se enmarcan en ninguno de los supuestos que la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado definió en torno a las hipótesis en que excepcionalmente procede esta fuente de obligaciones, toda vez que los hechos materia del sub lite se refieren a la ejecución de actividades amparadas bajo un contrato debidamente acreditado en el proceso y no se demostró otra ejecución al margen de dicho negocio jurídico, ni se probó circunstancia de apremio en la que el contratista hubiera sido compelido a su realización.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la modulación de la figura del enriquecimiento sin causa, ver sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, Exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.