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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la demanda se presentó dentro del término de caducidad

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Fecha
2022-01-26
Radicado
20001233300020140007102
Número interno
59768
Ponente
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
NACION- MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Demandado
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA(CESAR)

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la demanda se presentó dentro del término de caducidad

Lo que dijo la Sala

La demanda se presentó dentro del término de caducidad. El convenio terminó el 1° de julio de 2011; teniendo en cuenta que no fue liquidado, el término de caducidad de dos años empezó a computarse desde el día siguiente a la fecha en que se debió liquidar unilateralmente, esto es, el 1° de enero de 2012, por lo que el término para presentar la demanda vencía el 2 de enero de 2014. El demandante presentó solicitud de conciliación el 3 de diciembre de 2013, trámite que se declaró fallido el 3 de marzo de 2014, fecha en la que se presentó la demanda.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede iniciar una acción de controversias contractuales cuando el contrato estatal no ha sido liquidado, y el término de caducidad de dos años para presentar la demanda comienza a computarse desde el día siguiente a la fecha en que debió ser liquidado el contrato, lo que implica que si el contrato no fue liquidado en la fecha prevista, el plazo para la acción de controversias inicia desde esa fecha. Además, ante la acreditación del incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal, procede la exigencia de la cláusula penal pactada en el mismo, salvo que se demuestre que el incumplimiento es imputable a factores externos no controlables por la entidad. En casos de incumplimiento parcial, la entidad debe reintegrar solo lo no ejecutado, mientras que los recursos efectivamente invertidos no son objeto de devolución, a menos que se pruebe que la entidad no cumplió con sus obligaciones contractuales de manera diligente. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, proporcionando mayor claridad sobre el cómputo del término de caducidad y los efectos del incumplimiento en contratos estatales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los casos en los que el contrato estatal no fue liquidado inicia desde el día siguiente a la fecha en la que debió ser este liquidado?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿Ante la acreditación del incumplimiento del contrato por parte de la entidad procede la exigencia de la cláusula penal pactada en el mismo?
  • ¿Procede la devolución del dinero de lo que se ejecutó en el contrato ante el incumplimiento por parte de la entidad en la ejecución de este?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Terminación unilateral Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Anticipo y pago anticipado Contratos y convenios interadministrativos

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La demanda se presentó dentro del término de caducidad
Titulación de la relatoría 4.938 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA Problema jurídico: ¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los casos en los que el contrato estatal no fue liquidado inicia desde el día siguiente a la fecha en la que debió ser este liquidado? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a demanda se presentó dentro del término de caducidad. El convenio terminó el 1° de julio de 2011; teniendo en cuenta que no fue liquidado, el término de caducidad de dos años empezó a computarse desde el día siguiente a la fecha en que se debió liquidar unilateralmente, esto es, el 1° de enero de 2012, por lo que el término para presentar la demanda vencía el 2 de enero de 2014. El demandante presentó solicitud de conciliación el 3 de diciembre de 2013, trámite que se declaró fallido el 3 de marzo de 2014, fecha en la que se presentó la demanda. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Ante la acreditación del incumplimiento del contrato por parte de la entidad procede la exigencia de la cláusula penal pactada en el mismo? Respuesta al problema jurídico: Si La cláusula novena del Convenio No. 98 de 1997 establece que ante el incumplimiento total o parcial de las obligaciones, el Municipio pagaría al Ministerio el valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del convenio. De conformidad con la estipulación contractual, las partes previeron que ante el incumplimiento parcial lo aplicable sería la exigencia de la cláusula penal, más no la devolución de la totalidad de los recursos girados. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RESTITUCIÓN DE DINERO / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DEVOLUCIÓN DE DINERO / DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / INTERVENTORÍA / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Procede la devolución del dinero de lo que se ejecutó en el contrato ante el incumplimiento por parte de la entidad en la ejecución de este? Respuesta al problema jurídico: Si En el expediente obra el informe de interventoría que establece que de los dineros entregados por el Ministerio, el Municipio invirtió un total de trescientos trece millones doscientos ochenta mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con treinta y dos centavos para las obras de optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Sempegua. La no inversión de la totalidad de los recursos implicó un incumplimiento parcial, por lo cual el Ministerio sólo tiene derecho a que se le reintegre lo no ejecutado, pues aquellos dineros que fueron efectivamente invertidos constituyen obligaciones cumplidas por la demandada. (…) el Municipio, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, celebró el contrato (…) el cual, como consta en las actas de interventoría, no culminó en su totalidad por la falta de permisos de las instalaciones eléctricas por parte de Electricaribe. Mediante oficios (…) el Ministerio conminó al Municipio a obtener los permisos para las instalaciones eléctricas requeridos para la culminación de las obras. En virtud de lo anterior, mediante acta del 6 de julio el Municipio, a través de su alcalde, se comprometió a obtener el permiso de Electricaribe para culminar las obras. Al proceso no se allegaron pruebas que acrediten las gestiones del Municipio ante Electricaribe para lograr los permisos de las instalaciones eléctricas que permitieran poner en funcionamiento el acueducto. Tampoco existe prueba de que la no obtención de dichos permisos se debiera a hechos no imputables al Municipio o a su contratista de obra. En relación con la alegación de que el Ministerio tenía responsabilidad por conocer las dificultades para obtener los permisos, ello de ninguna manera conlleva una exoneración de responsabilidad para el Municipio en el cumplimiento de sus obligaciones.
Texto extraído del PDF oficial 19.558 caracteres
Radicado: 20001-2333-000-2014-00071-02 (59768) Demandante: Municipio de Chimichagua 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022) Referencia: Acción contractual Radicación: 20001-2333-000-2014-00071-02 (59768) Demandante: Nación- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Demandado: Municipio de Chimichagua - Cesar Tema: Se confirma la sentencia de primera instancia que declaró el incumplimiento del municipio , lo condenó a reintegrar los dineros no ejecutados y le impuso el pago de la cláusula penal. La devolución del valor total de la financiación otorgada no es procedente. El municipio no demostró el cumplimiento de sus obligaciones ni que su incumplimiento se debiera a hechos ajenos a su gestión. SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación presentados por la demandante y la demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 16 de marzo de 2017, en la cual se declaró el incumplimiento por parte del Municipio de Chimichagua, Cesar, del convenio de apoyo financiero No. 98 de 2007, se condenó al pago de la cláusula penal y se liquidó el contrato. La parte resolutiva de la sentencia impugnada es del siguiente tenor: << Primero: Declárese el incumplimiento por pa rte del municipio de Chimichagua - Cesar, a las obligaciones adquiridas en virtud del convenio de apoyo financiero No. 98 de 2007, suscrito con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Desarrollo Segundo: Condenése al Municipio de Chimichagua, a que devuelva al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el valor de los recursos no ejecutados del aporte efectuado por la Nación al proyecto, esto es, la suma de cuarenta y un millones novecientos nueve m il cincuenta y un pesos con cincuenta y seis centavos ($41.909.051,56) M/CTE, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la providencia. Así mismo, el Municipio deberá pagar al Ministerio por concepto de cláusula penal por incumplimiento del convenido referida previamente, la suma de ochenta y seis millones trescientos sesenta y ocho mil ciento cincuenta y nueve pesos con veinte centavos M/CTE. ($86.368.159,20) Radicado: 20001-2333-000-2014-00071-02 (59768) Demandante: Municipio de Chimichagua 2 Estas sumas deberán ser canceladas debidamente indexadas, de conformidad con la siguiente fórmula: (…) Tercero: Declárese liquidado judicialmente el convenio de apoyo financiero No. 98 de 2007, celebrado entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad, Territorio y el Municipio de Chimichagua, en los términos y condiciones de las declaraciones que anteceden. Cuarto: Condénese en costas y agencias en derecho al municipio de Chimichagua- César- En firme la presente providencia, por la Secretaría de la Corporación, realícese la liquidación correspondiente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 188 CPACA y 365 del CGP. Quinto: En firma esta providencia, archívese el expediente>>. Esta Subsección es competente para conocer del recurso de apelación, de conformidad con l o dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A su vez, el tribunal era competente para conocer el proceso en primera instancia en razón la cuantía de acuerdo con el numeral 5 del artículo 152 del CPACA. Los recursos de apelación fueron admitidos mediante providencia del 29 de agosto de 2017 . En el auto del 5 de octubre de 2017 se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión. El Ministerio de Vivienda presentó alegatos y la demandada guardó silencio. El Ministerio Público no rindió concepto. I. ANTECEDENTES A.- Posición de la parte demandante 1.- El 3 de marzo de 2014 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (en adelante, <<el Ministerio >> o la <<demandante>>) presentó demanda de controversias contractuales contra el Municipio de Chimichagua (en adelante <<el Municipio>> o la <<demandada>>), para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: <<Primera: Que se declare la responsabilidad del Municipio de Chimichagua, por el incumplimiento del convenio No. 98 de 2007, celebrado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio) y el Municipio de Chimichagua, cuyo objeto era apoyar financieramente al Municipio de Chimichagua con recursos de la nación para la ejecución del proyecto “Optimización sistema de acueducto del Corregimiento de Sempegua” a ejecutarse en el municipio de Chimichagua, Departamento de Cesar, convenio que fue legalizado el 27 de junio de 2007. Segunda. Que como consecuencia de dich a declaración el Municipio deberá devolver al Ministerio el Valor total de los recursos ejecutados del aporte efectuado por la Nación al proyecto, esto es la suma de TRESCI ENTOS CINCUENTA Y Radicado: 20001-2333-000-2014-00071-02 (59768) Demandante: Municipio de Chimichagua 3 CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PE SOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($355.018.515,89) M/CTE., suma que deberá ser indexada y actualizada a valor presente. Tercera: Que como consecuencia de la declaración de la primera pretensión principal, el Municipio deberá pagar al Ministerio, por concepto de cláusula penal por incumplimiento del convenio la suma de ochenta y seis millones trescientos sesenta y ocho mil ciento cincuenta y nueve pesos con veinte centavos m /cte ($86.368.159,20). Las anteriores condenas podrán ser consignadas, a la cuenta No. 61011649 a nombre de la Dirección del Tesoro Nacional -Reintegro vigencias anteriores - inversión otros recursos de la Nación y/o a la cuantía que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territori o indique, enviando los comprobantes de consignación para el correspondiente registro contable, una vez ejecutoriada la sentencia. Cuarta: Que se liquide el convenio de apoyo financiero No. 98 de 2007, celebrado entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Municipio de Chimichagua (Cesar), en los términos y condiciones de las declaraciones que anteceden. Quinta: Que se condene en costas a la entid ad territorial, en el evento de llegar a instancia judicial>>. 2.- La demandante f undó sus pretensiones , en síntesis, en las siguientes afirmaciones: 2.1.- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio) y el Municipio de Chimichagua suscribieron el convenio No. 98 de 2007 (en adelante, el Convenio), que tenía por objeto apoyar financieramente al Municipio, con recursos de la Nación, para la ejecución del proyecto “Optimización sistema de acueducto del Corregimiento de Sempegua ”. El valor del convenio era de cuatrocientos treinta y un millones ochocientos cuarenta mil setecientos noventa y seis pesos ($431.840.796). El plazo de ejecución se fijó hasta el 31 de diciembre de 2007 y se prorrogó en cuatro oportunidades, para terminar, finalmente, el 30 de junio de 2011. 2.2.- En virtud del Convenio, el Municipio se comprometió a adelantar la ejecución de las obras para la optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Sempegua, para lo cual suscribió el contrato de obra No. 061 de l 26 de agosto de 2009. 2.3.- La interventoría del Convenio estuvo a cargo de Fonade, que durante la ejecución del mismo informó que e l Ministerio giró la totalidad de los recursos comprometidos por me dio de la Fiduciaria La Previsora S.A. Sin embargo , el Municipio no completó la ejecución de las obras comprometidas. Radicado: 20001-2333-000-2014-00071-02 (59768) Demandante: Municipio de Chimichagua 4 2.3.1.- La inejecución de la totalidad de las obras se produjo por la falta de los permisos de Electricaribe para las instalaciones eléctricas. Durante el desarrollo del contrato la interventoría advirtió sobre dicha situación al Ministerio . En varias reuniones posteriores el Municipio manifestó que gestionaría los permisos faltantes. 2.4.- En el balance final del Convenio elaborado por el supervisor se estableció que el valor de los recursos efectivamente entregados al Municipio fue de tre scientos cincuenta y cinco millones dieciocho mil quinientos quince pesos con ochenta y nueve centavos ($355.018.515,89), y que quedó pendiente por ejecutar un total de setenta y se is millones ochocientos veintidós mil doscientos ochenta pesos con once centavos ($76.822.280,11). 2.4.1.- En el mismo balance se determinó que el Municipio dejó de ejecutar cuarenta y dos millones veintitrés mil trescientos setenta y dos pesos ($42.023.372) de los dineros entregados para la ejecución del proyecto. 2.5.- La finalización de las obras no se logró por la falta de permiso para las conexiones eléctricas por parte de la empresa Electricar ibe, cuya gestión era una obligación del Municipio. 2.6.- Al no concretarse la totalidad de las obras objeto de financiación, el Municipio debía restituir el valor total girado por el Ministerio. B.- Posición de la parte demandada 3.- El Municipio solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda porque: 3.1.- La acción contractual estaba caducada, ya que las partes renunciaron expresamente a la liquidación bilateral y unilateral ; en consecuencia, el término para presentar la demanda empezó a correr desde el 1 ° de julio de 2011. Así las cosas, el plazo máximo para presentar la demanda era el 1 ° de julio de 2013 y la solicitud de conciliación fue presentada el 27 de

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=200012333000201400071021100103