Titulación de la relatoría 27.777 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se determina la normatividad procesal aplicable al proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala estima necesario precisar que al presente asunto le resultan aplicables las reglas del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984-, toda vez que la demanda se interpuso el 24 de julio de 1997, vale decir, en vigencia de dicha norma y antes de que entrara en vigor la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prescribe en el artículo 308 la regla de transición para procesos iniciados en vigencia del anterior estatuto, conforme a la cual los mismos se seguirán rigiendo por el Código Contencioso Administrativo.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 132 y numeral 1 del artículo 129 del C.C.A., toda vez que el monto de la mayor de las pretensiones indemnizatorias ascendió a $ 188’252.004 por concepto del valor de las actas de obra y de reajuste que no fueron canceladas por la entidad demandada (f. 160, c. 1), suma que excede la cuantía establecida para que un proceso de controversias contractuales fuera de doble instancia a la fecha de la presentación de la demanda4 .
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129 NUMERAL 1, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se demanda, ya finalizado el término de ejecución del contrato, el incumplimiento de actas parciales suscritas dentro de la ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda que dio origen al presente proceso fue presentada el 24 de julio de 1997, fecha para la cual la norma que establecía el término de caducidad de las acciones era el artículo 136 del C.C.A., modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, norma que establecía que “[l]as relativas a contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”. En el presente caso, los motivos que dieron lugar a la presentación de la demanda se fincaron en el incumplimiento de la entidad demandada respecto de su obligación de cancelar al contratista las actas No. 5, 6 y 7 de obra ejecutada, actas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de reajuste y acta de obra adicional No. 1, más gastos de administración en los que incurrió y que no le fueron reconocidos por la entidad a causa de su situación financiera, que condujo a la parálisis del contrato y a la suscripción, por parte del contratista y el interventor, de un acta de suspensión de la obra que, a la fecha de presentación de la demanda, se había prolongado de manera indefinida, sin que el Distrito de Cartagena hubiera procedido a la liquidación del contrato y al pago de lo debido. (...) Al respecto, la Sala considera que las reclamaciones esgrimidas en las pretensiones de la demanda radican en la falta de pago, por parte de la entidad demandada, de unas actas de obra y reajustes y otros gastos en los que afirmó haber incurrido el demandante en su calidad de contratista, por lo que se debe establecer cuál era el momento en el que tales pagos, a más tardar, debieron ser reconocidos, que no es otro que el de la liquidación del contrato una vez este se haya terminado por cualquier causa, si se tiene en cuenta la finalidad de esta actuación, conforme a lo establecido en el artículo 289 del Decreto-Ley 222 de 1983 (...) Se observa que las partes pactaron como término de ejecución el de 5 meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación de la obra -cláusula terceray dicha acta fue suscrita el 11 de julio de 1994 (f. 94, c. 1), por lo que, en principio, el contrato debía terminar el 11 de diciembre de 1994. Aunque en el plenario no obra copia del respectivo contrato adicional en tiempo, se puede inferir que el contrato fue prorrogado hasta el 11 de mayo de 1995, según se desprende de los siguientes medios de prueba -como se analizará más adelante, dado el régimen legal del contrato, su acreditación puede darse por cualquier medio probatorio y, así mismo, la de sus adiciones y prórrogas- (...) si se tiene en cuenta que la vigencia de la póliza debía ser por el tiempo de ejecución del contrato y tres meses más, que la prórroga fue de dos meses, es decir hasta el 11 de mayo de 1995, fecha que será considerada por la Sala como de finalización del negocio jurídico objeto de la presente controversia, puesto que, además, obra en el plenario copia del recibo de la publicación, el 28 de marzo de 1995, en la Gaceta Distrital de Cartagena, “(…) del otrosí al contrato # 0- 0492 celebrado entre el Distrito de Cartagena y el señor Alberto Garavito Acosta, para la construcción centro administrativo periférico El Campestre” (f. 140). Ahora bien, según lo establecido en el artículo 287 y siguientes del Decreto-Ley 222 de 1983, el contrato de obra debía ser liquidado de común acuerdo por las partes o, en su defecto, unilateralmente por la entidad, pero dicho estatuto no dispuso los plazos dentro de los cuales debía llevarse a cabo dicho corte de cuentas, razón por la cual, de conformidad con lo expuesto por la jurisprudencia, debía tenerse como plazo para la liquidación de común acuerdo el de 4 meses, y de no ser posible efectuarla en forma bilateral, la entidad tendría 2 meses más para hacerlo unilateralmente, a través de acto administrativo. Así lo reiteró en sentencia del 3 de mayo de 19905 , en la que sostuvo que el contrato debe liquidarse al término de su plazo (Sent. sept 11/80, Exp. 2825), momento a partir del cual las partes tendrán 4 meses para ello: 2 para que el contratista aporte documentos y 2 para hacer el trabajo de común acuerdo (Sent. en. 29/88 Exp. 3615); si no se efectúa la liquidación bilateral, la Administración cuenta con otros 2 meses para efectuar la liquidación unilateral (Sent. nov. 16/89 Exp. 3625 y 3461). En total, la liquidación debe efectuarse dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo del contrato. Si no se lleva a cabo, deberá hacerlo el juez del contrato. Teniendo en cuenta que el contrato materia de la presente litis finalizó por vencimiento de su plazo el 11 de mayo de 1995, el término máximo para su liquidación -bilateral o unilateral- se cumplió el 11 de noviembre del mismo año, por lo cual a partir del día siguiente empezaron a correr los dos años que la ley contemplaba para que operara la caducidad de la acción. Esto significa que la demanda podía ser presentada hasta el 11 de noviembre de 1997. Toda vez que lo fue el 24 de julio de este último año, resulta evidente que la misma fue oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / FORMALIDADES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FORMALIDADES PLENAS DEL CONTRATO ESTATAL / EXISTENCIA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / REQUISITOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿En los contratos que se rigen por el Decreto ley 222 de 1986, La existencia de los contratos no sujetos a la formalidad de escritura pública, podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios admitidos por la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la demanda se pidió que se declarara el incumplimiento del Distrito de Cartagena respecto de sus obligaciones de pago del Contrato de Obra No. 0492 del 30 de diciembre de 1993, celebrado entre dicha entidad y el señor Alberto Garavito Acosta. A pesar de que en la demanda se anunció entre las pruebas documentales aportadas por el demandante y los anexos de la demanda copia auténtica del referido contrato (...), lo cierto es que entre los documentos allegados por la parte actora no obra dicha copia y tampoco fue aportada por la parte demandada, a pesar de que en el auto de pruebas se ordenó oficiar a la alcaldía distrital de Cartagena para que remitiera al proceso, entre otros, el contrato celebrado entre las partes. La ausencia del contrato fue advertida por el perito designado por el a-quo en el auto de pruebas para llevar a cabo el dictamen pericial pedido en la demanda. (...) Ahora bien, en relación con la prueba de la existencia del contrato, resulta necesario recordar que el negocio jurídico en torno al cual gira la presente controversia fue celebrado en 1993, es decir con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 -que se produjo a partir del 1º de enero de 19946 -, razón por la cual no se rige por sus normas sino por el anterior estatuto de contratación administrativa, Decreto-Ley 222 de 1983, el cual fue expedido por el presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron concedidas para tal efecto por la Ley 19 de 1982. (...) Así, salvo lo relativo a la formación -procedimientos de selección- y adjudicación de los contratos y a sus cláusulas -ajustadas a sus intereses y necesidades-, en todo lo demás, los contratos de los departamentos y municipios se sujetaban a las disposiciones del Decreto-Ley 222 de 1983, “por el cual se expiden normas sobre contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones”, en cuyo artículo 1º estableció, expresamente, que “[l]as normas que en este estatuto se refieran a tipos de contratos, su clasificación, efectos, responsabilidades y terminación, así como a los principios generales desarrollados en el título IV7 , se aplicarán también en los departamentos y municipios”8 . Dicho estatuto de contratación administrativa dispuso9 que los contratos debían constar por escrito -artículo 2610 -, que se perfeccionaban, de ser el caso, con la aprobación de las garantías exigidas -artículo 5111 - y que debían ser publicados en el Diario Oficial -artículo 5212 -. (...) Con fundamento en la normatividad relacionada, considera la Sala que, en el presente caso, sí se probó la existencia del contrato de obra pública celebrado en 1993 entre el Distrito de Cartagena y el señor Alberto Garavito Acosta, pues obran múltiples indicios que así lo indican, los cuales, de acuerdo con lo dispuesto en el transcrito artículo 55 del Decreto-Ley 222 de 1983, pueden ser valorados y tenidos en cuenta para la acreditación de tal hecho:
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 222 DE 1983, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 55, LEY 19 DE 1982 - ARTÍCULO 5
ACLARACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / ADICIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / DEBER DE COLABORACIÓN / COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEBERES DE LAS PARTES DEL PROCESO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Teniendo en cuenta que las partes tiene el deber de colaboración para la práctica de la prueba pericial, se traduce en una oportunidad para que aquellas introduzcan nuevos puntos de análisis y resolución que deban ser atendidos por el auxiliar de la justicia?
Respuesta al problema jurídico: Si
resulta evidente que, al atender los numerales 4 y 5 anteriores, el auxiliar de la justicia rebasó los límites del encargo que le fue efectuado por el Tribunal a-quo en el auto en el que decretó las pruebas e igualmente, el ámbito de la prueba en los términos en los que fue pedida en la demanda, para adentrarse en el estudio de asuntos ajenos a la experticia que se le encomendó, aparentemente atendiendo, en cambio, a posteriores instrucciones que le fueron impartidas por el apoderado de la parte actora. Advierte la Sala que en la demanda se especificó sobre qué aspectos técnicos debía pronunciarse el auxiliar de la justicia: i) sobre la existencia de la obra, lo que implicaba determinar si la edificación visitada correspondía, por sus características, tamaño, forma, etc., a la que fue objeto del contrato materia de la controversia; ii) la ejecución y porcentaje de la misma, con lo cual se le imponía llevar a cabo las mediciones y demás actuaciones tendientes a establecer el porcentaje de la obra realmente ejecutada y, finalmente, iii) su estado y parálisis, aunque no se planteó por la parte actora en el libelo introductorio, como lo permitía la ley -num. 2, artículo 236 del C.P.C.23 -, un cuestionario específico que debiera absolver el perito. Se observa así mismo, que la demandante no pidió adición alguna al dictamen, tal y como lo autorizaba el numeral 4 del artículo 236 del C.P.C.24; ni en la modificación de la demanda, que presentó durante el término de fijación en lista (f. 160), varió la forma en que solicitó esta prueba, de modo que, conforme a lo ordenado por el numeral 2 del artículo 237 de la misma codificación, le correspondía al perito examinar la cosa objeto de la experticia -en este caso, la construcción materia de la inspección judicial en la que participó- y, a continuación, debía exponer su concepto sobre los puntos materia del dictamen, sin atender a nuevas instrucciones o solicitudes de las partes, puesto que si bien ellas podían, como el juez y los apoderados, hacer a los peritos las observaciones que estimasen convenientes y presenciar los exámenes y experimentos, no podían intervenir en ellos ni en las deliberaciones -numeral 4 del art. 237-. Y sólo cuando se tratara de información recibida de terceros en el curso de su investigación, que el perito considerara útil para el dictamen, así debía hacerlo constar en el mismo, caso en el cual el juez, si lo consideraba necesario, podría citarlos al proceso para recibir su testimonio -num. 3 del mismo artículo-. De otra parte, el cumplimiento del deber de colaboración impuesto a las partes por el artículo 242 del C.P.C. para la práctica de la prueba pericial, conforme al cual les corresponde facilitarle al perito los datos, las cosas y el acceso a los lugares que él considere necesarios para el desempeño de su cargo, tampoco se traduce, de manera alguna, en una oportunidad para que aquellas introduzcan nuevos puntos de análisis y resolución que deban ser atendidos por el auxiliar de la justicia. Por las anteriores razones, la Sala se abstendrá de analizar y valorar este informe pericial en los referidos aspectos.
CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INDICIO GRAVE / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO
Problema jurídico:
¿Está probado el incumplimiento del contrato por el no pago de actas parciales suscritas en la ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l demandante probó la existencia de la obligación contractual de pago a cargo de la entidad demandada, pues acreditó la ejecución parcial de las obras contratadas, la elaboración y presentación de las respectivas actas de obra suscritas por el interventor en señal de recibo a satisfacción de las mismas y la presentación de las cuentas de cobro pertinentes, mientras que el Distrito de Cartagena no aportó prueba alguna tendiente a acreditar que sí había cancelado el valor de las referidas obras, omisión que constituye un indicio grave en su contra26 del incumplimiento de la principal prestación contractual a su cargo, si se tiene en cuenta, además, que de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 177 del C.P.C., las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Y, en el presente caso, la parte actora sostuvo que la entidad contratante no le pagó las cuentas de cobro que le presentó, por el valor de las actas de obra 5, 6 y 7, con lo cual la carga de la prueba recayó en la demandada, quien ha debido acreditar el pago o desvirtuar la existencia de la obligación por alguna causa. Como ello no sucedió, considera la Sala que resulta procedente la declaratoria de incumplimiento del contrato y la condena de la entidad al pago de las actas de obra que quedaron insolutas más los intereses moratorios correspondientes.
DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Declarado el incumplimiento contractual, están probados los gastos de administración que incurrió el demandante por la suspensión de la ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Ahora bien, en cuanto a los gastos de administración que fueron reclamados en la demanda, observa la Sala que en el acta de la inspección judicial el apoderado de la parte actora le solicitó al tribunal decretar las pruebas pedidas en la adición de la demanda, en la que solicitó recibir las declaraciones de los señores Rafael López Martínez, Domingo Pombo Capre y Albeiro Julio García, con el objeto de acreditar los gastos de administración que tuvo que irrogar el demandante, y que no fueron decretados por el Tribunal en el auto de pruebas; el a-quo decretó dichos testimonios, para los cuales fijó fecha y hora, pero constituido el Tribunal en audiencia para ello, no se pudieron practicar, toda vez que las citaciones fueron devueltas por no hallarse en la dirección que obraba en el proceso para ser citados. Obra también comunicación del apoderado del demandante en la que informó al Tribunal que desconocía la dirección de estos testigos y no les había podido comunicar la citación (f. 235, 240 y 251). Por lo demás, la Sala no halló en el plenario pruebas sobre los supuestos gastos y costos en los que el demandante adujo haber incurrido por causa de la suspensión de la ejecución del contrato30, razón por la cual no hay lugar a efectuar reconocimiento alguno por tal concepto, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 del C.P.C., que regula lo concerniente a la carga de la prueba en los procesos judiciales, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Así, no es suficiente, en aras de sacar avante las pretensiones indemnizatorias, con afirmar en el libelo introductorio la existencia de unos perjuicios supuestamente sufridos por el demandante, si además dentro del proceso no se prueba fehacientemente su existencia.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / REDUCCIÓN DE LA CONDENA / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Qué efectos tiene la amortización del anticipo en la condena por incumplimiento del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
No obstante, existe una circunstancia que conduce a la reducción de este monto, atinente a la amortización del anticipo (...) Consta en el plenario que en la forma de pago del contrato objeto de la controversia, se pactó la entrega al contratista del 50% de su valor a título de anticipo31, es decir la suma de $ 140’345.466, la cual fue efectivamente entregada al contratista32 (f. 97 y 312). En el contrato nada se dijo en torno a la amortización del anticipo entregado, no obstante lo cual, dada la naturaleza de esos recursos, que son entregados al contratista de manera previa a la ejecución de las prestaciones a su cargo para otorgarle liquidez y facilitar de esta manera la iniciación de los trabajos objeto del contrato, es claro que él está en la obligación de amortizarlos, justificando su inversión en la obra, lo cual se lleva a cabo mediante el descuento que se hace, de cada acta parcial de obra, del porcentaje equivalente al del anticipo entregado, hasta completar la totalidad del monto que recibió por tal concepto. Así se hizo en el presente caso, tal y como se constata de las distintas actas parciales de obra, que fueron elaboradas teniendo en cuenta el valor total de la obra ejecutada menos el porcentaje -en este caso, del 50%- correspondiente a la amortización del anticipo. Como ya se advirtió en esta providencia, en el cuadro anexo al Acta de Obra Adicional No. 1, del 24 de abril de 1995 (f. 89) -última acta realizada-, se dijo que quedaba un saldo de anticipo por amortizar de $89’506.204,21, luego de haber imputado $1’839.923,45 por amortización de la referida acta. La Sala, para efectos de establecer en debida forma el monto de la condena en el proceso, calculó el valor correcto que debía tener dicha acta con la aplicación del porcentaje indicado en el contrato para la amortización del anticipo (50%), por lo que, para ello, se imputó a este título la suma de $18’933.361,41, lo que significa que, teniendo en cuenta así mismo la amortización que se hizo respecto del Acta de Obra No. 7, el saldo que quedó pendiente por amortizar del anticipo entregado, fue la suma de $ $30’377.988,81,
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INTERÉS MORATORIO / INEXISTENCIA DEL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TRÁNSITO LEGISLATIVO / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL / CONSTITUCIÓN EN MORA
Problema jurídico:
¿Se requiere la constitución en mora del demandado mediante la reconvención judicial cuando en el contrato no se establece un plazo para el pago de las actas de pago parcial, para que proceda la condena al pago de intereses moratorios?
Respuesta al problema jurídico: Si
Observa la Sala que, el demandante en sus pretensiones, pidió la condena de la entidad demandada al reconocimiento de intereses a título de lucro cesante, por el no pago oportuno de sus acreencias. Al respecto, se ha de tener en cuenta que, para la época de celebración del contrato materia del presente proceso, el Decreto-Ley 222 de 1983 nada decía en relación con el reconocimiento de intereses de mora por el incumplimiento de las obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales contratantes, razón por la cual la jurisprudencia se encargó de desarrollar el punto, el cual fue evolucionando, desde la inicial inadmisión de la posibilidad de condena de las entidades estatales al pago de intereses moratorios, hasta la aceptación de su procedencia y la condena a dicha indemnización de perjuicios, teniendo en cuenta para ello el cambio de legislación que se hubiere producido (...) En el presente caso, el incumplimiento contractual se produjo a partir del 11 de noviembre de 1995, fecha límite que tenían las partes para liquidar el contrato, teniendo en cuenta que era esta la última oportunidad con la que contaba la entidad demandada para efectuar el reconocimiento y pago de las actas parciales de obra y las actas de reajuste, toda vez que en el contrato no se estipuló un plazo específico para ello. Esto significa que el referido incumplimiento se produjo en vigencia de la Ley 80 de 199336, razón por la cual resulta procedente, para efectos del cálculo de los intereses de mora, la aplicación del numeral 8 del artículo 4 de la referida ley, es decir la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, para cuyo cálculo se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 679 de 199437 . Por otra parte, se observa que, tal y como lo ha manifestado la jurisprudencia, se requiere que el deudor esté en mora para que resulte procedente la condena al pago de intereses moratorios, pues no basta con el incumplimiento de la obligación a su cargo, que sólo marca el momento de su exigibilidad, sino que se requiere la reconvención del deudor Dado que, en el presente caso, como ya se dijo, en el contrato no se estableció un plazo para el pago de las actas parciales de obra y las actas de reajuste, se requería la constitución en mora de la entidad deudora, mediante la reconvención judicial, la cual se produjo una vez la demanda fue presentada y notificada personalmente al Distrito de Cartagena de Indias40, lo cual sucedió el 15 de agosto de 1997 (f. 156), es decir que fue a partir de dicha fecha que la entidad demandada se constituyó en mora de pagar las mencionadas actas. De acuerdo con las anteriores consideraciones, el cálculo de los intereses de mora se efectuará teniendo en cuenta para ello el valor histórico de las actas adeudadas, que es de $85’328.353 y a partir del 15 de agosto de 1997, con aplicación de lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 1º del Decreto 679 de 1994
FUENTE FORMAL:
DECRETO 679 DE 1994 - ARTÍCULO 1, DECRETO LEY 222 DE 1983, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4
EMBARGO / REMISIÓN DE LA COPIA DEL FALLO / REMISIÓN DE LA COPIA DEL FALLO A AUTORIDADES PÚBLICAS / REMISIÓN DE COPIA DE LA SENTENCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es necesario oficiar al juzgado de conocimiento sobre un proceso ejecutivo sobre el límite del embargo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Mediante memorial No. 509 recibido en el Tribunal Administrativo de Bolívar el 22 de abril de 1998, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena de Indias D. T. y C. le comunicó que, dentro del proceso con radicación No. 98-0164-(00), demandante: Raúl Quintana Tatis y demandado: Mario Alberto Garavito Fierro como heredero del causante Alberto Garavito Acosta, se decretó “(…) el embargo y secuestro previo del crédito que cobra el señor ALBERTO GARAVITO ACOSTA, a través de apoderado judicial, doctor EDUARDO SALADEN VEGA, dentro del proceso Ordinario Contractual que se adelanta en esa Honorable Entidad Administradora de Justicia a nivel Departamental, en contra del Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C., radicado bajo el número 12.389 (…). Se anota que el límite de cuantía del Embargo es de Mil Millones de pesos ($1.000.000.000,oo) moneda corriente” (f. 170). En consecuencia, se ordenará oficiar a dicho Juzgado remitiéndole copia de la presente providencia para los fines pertinentes.
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 -aplicable en el sub lite-, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para resolver sobre la procedencia de la condena en costas. Toda vez que en el presente caso no se evidencia que alguna de ellas haya actuado temerariamente o que de cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad procesal, no habrá lugar a su imposición.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55