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Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-07-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 17001233300020140042401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las causales de impedimento establecidas en la ley tienen como propósito garantizar la imparcialidad y objetividad de las decisiones que adopte el juez? Sí
El juez debe apartarse del conocimiento del proceso cuando tenga un interés directo o indirecto en el mismo, lo cual incluye que un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil sea parte en el proceso, ya que esto configura un interés en el asunto y garantiza la imparcialidad y objetividad de las decisiones judiciales. Las causales de impedimento establecidas en el artículo 141 del Código General del Proceso, aplicables por remisión del artículo 130 del Contrato de Provisión de Bienes y Servicios de la Administración Pública, son taxativas y de interpretación restrictiva, por lo que no pueden extenderse más allá de lo expresamente señalado en la norma. La Sala acepta el impedimento del consejero de Estado debido a que un pariente en cuarto grado de consanguinidad es representante legal de una de las partes en el proceso, lo que evidencia la configuración de un interés directo y, por tanto, la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP. Esta decisión reitera la importancia de la taxatividad de las causales de impedimento y su aplicación rigurosa para preservar la imparcialidad judicial.síntesis automática
También resuelve:¿El juez deberá apartarse del conocimiento del proceso cuando tenga él, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2022-03-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 15001233100020110000301ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la aclaración de la sentencia para indagar acerca de las normas jurídicas aplicables al cumplimiento de la sentencia por parte de la entidad pública? Sí
El juez puede aclarar una sentencia cuando esta contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estos estén en la parte resolutiva o influyan en ella, de acuerdo con los artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, la aclaración no es procedente para responder consultas sobre las normas jurídicas aplicables al cumplimiento de la sentencia por parte de la entidad pública, ya que esto no constituye un motivo de duda en la sentencia, sino una solicitud de aclaración sobre aspectos normativos que no están directamente relacionados con la parte resolutiva. Por lo tanto, la Sala reitera que la aclaración de la sentencia no puede utilizarse para esclarecer aspectos normativos que no afectan la resolución misma, lo que implica que las partes deben buscar otros mecanismos legales para resolver consultas sobre la aplicación de normas jurídicas en el cumplimiento de sentencias.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2022-02-08Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 11001032600020120006300LEY 1437 REPETICION
¿Debe rechazar el Juez las pruebas que no cumplan con los requisitos de necesidad, conducencia y pertinencia? Sí
El juez debe rechazar las pruebas que no cumplan con los requisitos de necesidad, conducencia y pertinencia, según establece el artículo 212 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que regula las oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas, y el artículo 213, que permite al juez decretar pruebas de oficio para el esclarecimiento de la verdad, siempre y cuando no se soliciten a través de las instancias previstas. Además, el juez puede prescindir de la audiencia de alegatos y juzgamiento si considera innecesaria su celebración, siempre que se hayan practicado todas las pruebas solicitadas y decretadas en el proceso, ordenando la presentación por escrito de los alegatos dentro del plazo común de 10 días. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, proporcionando mayor claridad sobre las facultades y deberes del juez en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el Juez prescindir de la audiencia de alegación y juzgamiento al encontrarla innecesaria debido a la práctica de la totalidad de las pruebas solicitadas y decretadas en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2021-12-10Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 15001233300020170095201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Deben las pruebas en segunda instancia someterse a requisitos especiales de procedencia? Sí
El contratista debe someter las pruebas en segunda instancia a requisitos especiales de procedencia, entre los cuales se incluyen la solicitud de común acuerdo entre las partes, la imposibilidad de practicarlas en primera instancia sin culpa de la parte que las solicitó, la ocurrencia de hechos posteriores a la oportunidad probatoria de primera instancia, la imposibilidad de aportar documentos por fuerza mayor o caso fortuito, y la necesidad de desvirtuar documentos presentados por la contraparte. Además, las pruebas deben ser conducentes, pertinentes, útiles y lícitas, y cumplir con la carga de la prueba que corresponde a las partes. La Sala reitera que la falta de justificación de pertinencia, necesidad e idoneidad, así como la omisión de anexar la documentación solicitada, implica la improcedencia del decreto de pruebas en segunda instancia, lo que limita la posibilidad de presentar nuevas pruebas sin cumplir estos requisitos.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el decreto de pruebas en segunda instancia sin la justificación de pertinencia, necesidad e idoneidad?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2022-09-02Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020220005500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Cuál es la oportunidad para proponer nulidades procesales? Sí
Las nulidades procesales pueden alegarse en cualquiera de las instancias antes de dictarse sentencia, y las causales deben acreditarse para que proceda su declaratoria. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 134 del Código General del Proceso permite alegar las nulidades en cualquier instancia antes de la sentencia, y las causales específicas están en el artículo 133. Segunda, la solicitud de suspensión del laudo fue presentada con posterioridad al auto que se pretendía anular, por lo que para el momento de su expedición el despacho no conocía esa petición. Tercera, no se configura ninguna causal de nulidad ni una violación del debido proceso que invalide el auto. En consecuencia, se niega la solicitud de nulidad. Por ello, la solicitud de nulidad debía resolverse por el despacho ponente, tras traslado y, en su caso, decreto de pruebas, conforme al artículo 134 del CGP. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del auto admisorio por no referirse a la solicitud de suspensión de los efectos del laudo arbitral?¿Procede la suspensión de los efectos del laudo arbitral solicitada por la entidad pública?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-02-18Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 41001233300020200076303LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el decreto de pruebas que no cumplen con los requisitos de conducencia y utilidad? Sí
El juez debe rechazar las pruebas que no cumplan con los requisitos de conducencia y utilidad, conforme a lo dispuesto por los artículos 164, 167 y 168 del Código General del Proceso, que establecen la necesidad de la prueba y la carga de probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que las partes persiguen. La prueba debe ser conducente, es decir, que informe al juez sobre hechos o circunstancias relevantes para el asunto en litigio, y útil, en el sentido de que no sea superflua o inútil, ya que ya estén probados los hechos o porque el hecho esté exento de prueba. En consecuencia, el juez debe negar el decreto de pruebas que no cumplan con estos requisitos, lo que reitera la jurisprudencia de la corporación y tiene implicaciones importantes en la admisión de medios de prueba en el proceso contractual estatal.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020240001400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal séptima de nulidad del laudo arbitral, sobre fallo en conciencia, al haberse negado la nulidad del contrato objeto del litigio con base en la inexistencia de desequilibrio financiero del contrato? No
El contratista no puede configurar la causal séptima de nulidad del laudo arbitral al negar la nulidad del contrato por la inexistencia de desequilibrio financiero, ya que el laudo debe fundamentarse en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, no en un análisis probatorio que exceda las facultades del juez de anulación. En este caso, el Tribunal Arbitral analizó cada una de las posibles causales de alteración de la ecuación económica del contrato y concluyó que no había pruebas que demostraran la ocurrencia de ninguna de ellas. Además, el juez de anulación no puede revivir un debate probatorio, ya que su función es limitada a verificar la existencia de fundamentación jurídica y probatoria en el laudo. La Sala declaró infundado el recurso de anulación, reafirmando que el juez de anulación no es un juez de segunda instancia del laudo arbitral y que su análisis debe estar basado en la existencia de fundamentación jurídica y probatoria clara y manifiesta en el laudo.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de inexistencia de lesión enorme fue una decisión tomada en derecho cuya fundamentación jurídica y probatoria estuvo sustentada normativamente?¿La causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 habilita al juez a estudiar si en el Laudo se exponen los fundamentos que sustentan la decisión…
¿A las acciones de controversias contractuales sobre contratos de concesión minera les son inaplicables las normas de caducidad por tratar de bienes del Estado que son imprescriptible e inalienables? Sí
El contratista no está sujeto a las normas de caducidad en acciones de controversias contractuales sobre contratos de concesión minera, ya que estos tratan de bienes del Estado que son imprescriptibles e inalienables, según el parágrafo 1 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Además, el contrato de concesión minera puede ser nulo parcialmente cuando parte de la zona de aplicación incurre en áreas protegidas, como distritos de manejo integrado, prohibiendo actividades mineras conforme al artículo 34 del Código de Minas. La anulación de un contrato de tracto sucesivo no permite el control jurisdiccional sobre las obligaciones ya extinguidas por la renuncia del contratista, y en caso de terminación anticipada del contrato de concesión minera, el concesionario debe restituir los bienes e instalaciones conforme al artículo 108 del Código de Minas. Estas reglas reiteran y matizan precedentes, estableciendo criterios claros para la protección del patrimonio público y el cumplimiento de obligaciones ambientales en contratos mineros.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la nulidad parcial del contrato de concesión minera cuando parte de la zona de aplicación de este tiene el carácter de área protegida?¿Procede el control jurisdiccional sobre las obligaciones del contrato que dejó de producir efectos legales por la aceptación de la renuncia del contratista a la ejecución del mismo?¿Ante la extinción anticipada del contrato de concesión minera procede la restitución de todos los bienes e instalaciones que el contratista hubiere instalado o construido para la ejecución de este?
¿Es posible declarar el incumplimiento del contrato cuando no se ha cuestionado su liquidación unilateral? No
El contratista no puede declarar el incumplimiento del contrato cuando no ha cuestionado previamente la liquidación unilateral del mismo, ya que la legalidad de dicha liquidación se presume y no ha sido impugnada en el juicio. En este caso, la entidad estatal liquidó unilateralmente el contrato y el contratista no impugnó la legalidad de este acto administrativo, por lo que la Sala revocó la sentencia de primer grado y negó las pretensiones del contratista, considerando que la liquidación unilateral del contrato y sus efectos se mantienen incólumes al no haber sido cuestionados. Esto implica que para poder discutir el incumplimiento del contrato y la indemnización de perjuicios, el contratista debe primero cuestionar la legalidad del acto administrativo de liquidación unilateral, lo que no ocurrió en este caso.síntesis automática
También resuelve:¿Las actividades del Instituto de Fomento Industrial, con fundamento en el contrato “Concesión de Salinas” celebrado con la nación…¿Cuando la administración realiza la liquidación unilateral del contrato se está ante una decisión que goza de presunción de legalidad y que vincula a ambas partes de la relación contractual…
¿Debe el juez de segunda instancia analizar o estudiar las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado, la existencia de una condena de repetición y su pago efectivo, aun cuando las partes procesales no lo solicitan en el recurso de apelación? No
La Sala no asumirá el estudio de las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado, la existencia de una condena y su pago efectivo, porque aun cuando son presupuestos esenciales de la acción de repetición, conforme se desprende de la jurisprudencia reiterada de esta Corporación y el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, el fallador de instancia ya los analizó y frente a sus conclusiones ninguna de las partes se alzó en apelación.
También resuelve:¿Puede el juez administrativo modificar las pretensiones de la demanda sin que se vulnere el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de congruencia?¿Procede el levantamiento de las medidas cautelares impuestas al demandado en el caso sub examine?¿Procede la condena en costas procesales, en razón a que en el caso sub examine se persigue un interés público?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de apelación2022-03-22Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020170220201ACCION CONTRACTUAL
¿Procede el estudio de la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad por parte del Juez de segunda instancia? Sí
El juez de segunda instancia no puede estudiar la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, ya que estas excepciones deben ser resueltas en la etapa de admisión de la demanda, conforme a la taxatividad establecida en el artículo 180 numeral 6 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 100 del Código General del Proceso. Esta regla implica que las excepciones previas y mixtas deben ser decididas en la audiencia inicial, mientras que las perentorias se resuelven en la etapa de decisión de fondo, previo agotamiento de la etapa probatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre el trámite de las excepciones procesales y su resolución en las etapas adecuadas del proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de una persona que no es parte del contrato cuyo incumplimiento se pretende a través del medio de control de…
¿Se acreditó que la conducta que se le endilga al agente estatal fue gravemente culposa? No
Cuando la entidad no precisa en la demanda la conducta del agente ni los motivos por los que sería gravemente culposa, y las pruebas no generan certeza de un comportamiento contrario a la Constitución y a la ley, la culpa grave no se configura y la repetición no prospera. La regla se apoya en tres razones. Primera, la imputación de la entidad fue escueta y no ofreció una motivación clara que sustentara la calificación de culpa grave. Segunda, las decisiones disciplinarias y penales, aunque no constituyen prueba de lo que allí se expresa, muestran el apego a la legalidad del comportamiento del agente, lo que contradice la imputación. Tercera, la falla del servicio de seguridad declarada en la condena no equivale por sí sola a la culpa grave del agente. Además, la providencia matiza que la repetición también sirve para garantizar la verdad de los hechos en casos de graves violaciones a los derechos humanos. En el caso, la decisión de primera instancia se revoca y se niegan las pretensiones. El documento no indica si cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Al caso concreto le es aplicable el régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001?¿Las pruebas trasladadas cumplen los requisitos para ser valoradas en el proceso contencioso administrativo?¿Con la acreditación de la culpa grave en la conducta del agente del Estado, se configura la responsabilidad patrimonial de éste?
¿El contrato de suministro aportado en copia simple puede ser incorporado como prueba dentro del proceso para acreditar la existencia del negocio jurídico? Sí
El artículo 83 del C. de P.C., aplicable al sub examine en virtud de la remisión normativa que consagra el artículo 267 del CCA, establece que, en caso de no haberse vinculado a los litisconsortes necesarios en la admisión de la demanda, el juez puede, de oficio o a petición de parte, siempre que no haya proferido sentencia de primera instancia, vincularlos en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado. En aplicación del anterior marco normativo, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 5 de noviembre de 2013 y previo a proferir sentencia de primer grado, vinculó a la sociedad Escobar y Martínez S.A., en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, por ser el proponente beneficiado con la adjudicación de la licitación pública 2 de 2005.
También resuelve:¿Una vez celebrado el contrato los actos precontractuales pasan a ser inseparables a este y para efectos de su control jurisdiccional solo procede la acción de controversias contractuales?¿Se configura la excepción de inepta demanda ante la indebida escogencia de la acción al no plantearse la pretensión de nulidad absoluta del contrato contra los actos precontractuales?¿En aplicación del principio iura novit curia el juez puede adecuar las pretensiones de la demanda?
¿El amigable componedor actuó escapaban dentro de los límites convenidos por las partes contratantes? Sí
El amigable componedor actúa como delegatario de las partes y su decisión es vinculante y tiene efectos de transacción cuando se mantiene dentro de las facultades que el contrato le atribuye, sin ejercer funciones judiciales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las partes, habilitadas para pactar este mecanismo de solución de controversias, le atribuyeron esa facultad en una cláusula específica del contrato de concesión. Segunda, la forma en que se resolvieron las peticiones no implicó función jurisdiccional, sino reconocimientos económicos propios del contenido de la liquidación del contrato. Tercera, la decisión tiene efectos de transacción y, por tanto, no puede desbordar los límites convenidos por las partes. La providencia confirma la negativa de las pretensiones, al considerar que el cargo no prospera. La consecuencia práctica es que la decisión del amigable componedor puede cuestionarse en la jurisdicción solo si excede el encargo convenido, y no por el mero contenido económico de la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿Las entidades estatales estaban habilitadas para acudir a la amigable composición?¿El mandatario no puede exceder los límites de su encargo, y si lo hace, los actos que así se cumplan no obligan al mandante?¿El cuestionamiento lo fundamentó la parte actora en un exceso de competencias del amigable componedor?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición contra del director de una entidad del orden nacional? Sí
En el medio de control de repetición, el Consejo de Estado conoce en única instancia de las demandas contra los directores de las entidades del orden nacional, en virtud del numeral 13 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin la modificación de la Ley 2080 de 2021. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la competencia se determina por la calidad del demandado, que en este caso es el director de una entidad nacional. Segunda, la reprochabilidad de la conducta que la demanda atribuye al director, por tratarse de un funcionario de la más alta jerarquía de la entidad, fija la competencia en esa instancia única. La providencia niega las pretensiones y confirma la competencia de la Sala para resolver el asunto. En la práctica, la entidad que pretenda repetir contra un director nacional debe presentar la demanda ante esta corporación en única instancia, y no ante los tribunales.síntesis automática
También resuelve:¿El término para la presentación de la demanda en el medio de control de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago efectuado por la entidad?¿La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acredite la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal…¿Se acreditó el pago de la condena por parte de la entidad demandante?
¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? No
El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de…¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones?¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?
¿Cuál es la diferencia entre las figuras del desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual ? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento contractual con el desequilibrio económico del contrato, ya que el primero surge de la conducta antijurídica de un contratante que genera insatisfacción en el acreedor, mientras que el segundo se origina en circunstancias sobrevenidas o actos de autoridad que alteran la simetría prestacional originalmente pactada, obligando a la administración a restablecer el equilibrio funcional pactado sin reparar perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales. La Sala reitera que el juez debe aplicar correctamente el derecho, incluso cuando las pretensiones de la demanda no distinguen claramente entre estas figuras, siempre y cuando se ajuste a la causa petendi invocada en la demanda y no se vulnere el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El reconocimiento patrimonial y extrapatrimonial que se deriva del incumplimiento del contrato es aplicable a los eventos de desequilibrio económico del contrato?¿Las pretensiones formuladas por el actor van dirigidas a que se declare el incumplimiento del contrato?¿La liquidación del contrato es un acto jurídico negocial autónomo?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
Cuando se demanda en controversia contractual a una entidad pública y la suma de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del mismo código atribuye a la corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales; y el valor de la pretensión mayor se determina conforme al artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo. En el caso, la pretensión mayor superó ese umbral y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación, modificando la sentencia en lo relativo a las pretensiones que prosperaron parcialmente. El documento reitera la forma de determinar la competencia por cuantía; la consecuencia práctica es que la prosperidad parcial de las pretensiones no altera la competencia fijada por el valor de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales procede para reclamar los daños originados en una relación contractual?¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?¿En la acción de controversias contractuales se encuentran legitimados en la causa quienes hayan sido parte en el negocio jurídico del cual se originó el daño alegado?
¿Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista puede resolver judicialmente controversias derivadas del incumplimiento de convenios interadministrativos a través del medio de control de controversias contractuales, ya que estos acuerdos se consideran contratos que generan derechos y obligaciones vinculantes entre entidades públicas, permitiendo la exigibilidad de las obligaciones y la posibilidad de indemnización por daños. La ausencia de una reglamentación específica para estos convenios implica que su regulación se basa en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho contractual, incluyendo la buena fe y la normatividad de los contratos, lo que permite determinar el alcance de las obligaciones y resolver conflictos derivados de su naturaleza. Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro, su naturaleza atípica y su desarrollo en un plano de igualdad entre las partes, lo que implica que deben cumplirse en consonancia con la finalidad perseguida por el legislador al concebir estos instrumentos.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de una reglamentación específica para los convenios interadministrativos implica que su regulación debe basarse en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho…¿Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro…¿El rasgo "causa" de los convenios interadministrativos explicita los principios constitucionales de coordinación y colaboración administrativa y el cumplimiento de los deberes positivos de conducta…
¿Puede el Juez de segunda instancia pronunciarse sobre asuntos que no son objeto del recurso de apelación? Sí
[Se pone de presente] lo anti- técnico que resulta que, en una sentencia cuya ratio decidendi consiste en que la pretensión de anular un contrato que ya está terminado carece de objeto, se dedique un acápite de la providencia a estudiar la validez del contrato de concesión… para concluir que está acreditada la ilicitud de su objeto… la Sentencia [estudia] el argumento del Tribunal según el cual la nulidad procede porque no se dispuso la entrega del bien y se efectúen algunas consideraciones sobre los efectos de la renuncia a los contratos de concesión minera, pese a que estos dos puntos no hicieron parte del recurso de apelación interpuesto por la ANM.
También resuelve:¿La renuncia aceptada y la anulación de un contrato de tracto sucesivo producen los mismos efectos jurídicos?