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De acuerdo con lo anterior, los elementos de la oferta se categorizan entre: (i) los que no son necesarios para la comparación y que pueden ser subsanados hasta la adjudicación y (ii) aquellos que se requieren para la evaluación de los ofrecimientos y que otorgan puntaje para determinar el orden de elegibilidad de los proponentes, los cuales no se pueden subsanar. Se ha señalado que una previsión en ese sentido comporta un desarrollo del principio de buena fe que impone a los interesados en contratar con el Estado actuar con rectitud, lealtad y honestidad durante todas las etapas contractuales. Puntualmente, las disposiciones de la Ley 80 de 1993 invocadas por el actor, contenidas en sus artículos 24 (principio de transparencia), 26 (responsabilidad), al igual que el parámetro contenido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (selección objetiva, en el que se insistió en el recurso de apelación), en los términos antes referidos.
También resuelve:Contrato estatal: proceso de selección del contratista, reglas de la licitación pública, régimen de contratación administrativa, estatuto general de contratación de la administración públicaPrincipio de selección objetiva: procedimiento de la selección objetiva del contratista, evaluación de propuestas, factores de evaluación, valoración de la propuesta del proponenteAplicación del precedente judicial: causales de rechazo de la oferta, ineficacia de la oferta, aplicación de la buena fe contractual, obligaciones del contratante
¿Las salvedades incorporadas por el contratista en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra 611 de 2015 son extemporáneas debido a que fue el mismo contratista que en múltiples ocasiones solicitó contratos modificatorios o actas contractuales y en los mismos no reclamó sobrecostos, lo cual vulnera el principio de buena fe contractual? Sí
El contratista está obligado, en virtud de la buena fe objetiva, a dejar consignadas sus salvedades en los documentos contractuales que modifiquen el negocio jurídico inicial, como suspensiones, otrosíes o adicionales, y no puede reservarlas para el acta de liquidación bilateral. La regla se apoya en que esas modificaciones son el momento en que las partes deben dejar constancia de los reclamos, y en que la omisión de esa constancia en los documentos previos afecta la oportunidad de las salvedades. Por ello, el juez debe verificar el objeto del documento en el que se consignaron las salvedades. En el asunto, la sociedad demandante no acreditó el incumplimiento ni el desequilibrio alegados en la demanda, y la Sala confirmó la sentencia que declaró extemporáneas las salvedades incorporadas en el acta de liquidación. En la práctica, las reclamaciones del contratista deben formularse en los documentos que modifican el contrato y no solo en la liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista cumplió con la carga probatoria de acreditar los supuestos de hecho del incumplimiento y del desequilibrio económico del contrato que alegó en la demanda?¿Procede condenar en costas a la parte demandante por ser la vencida en este caso?
¿Procede el reconocimiento al contratista de los costos por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato? No
El contratista no puede reclamar por mayor permanencia en obra derivada de las prórrogas del contrato cuando ha renunciado expresamente a presentar reclamaciones por este motivo, ya que tal renuncia es un acto propio que debe respetarse en virtud del principio de buena fe y lealtad contractual. Además, la jurisprudencia establece que las salvedades en el acta de liquidación del contrato no reviven la oportunidad de protestar las modificaciones, adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato, por lo que el silencio del contratista sobre los efectos económicos de estas prórrogas impide que ahora reclame por ellos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los acuerdos y manifestaciones durante la ejecución del contrato y limita las posibilidades de reclamar aspectos no objeto de salvedades en la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En virtud de la teoría del respeto por los actos propios, el contratista no puede desconocer la renuncia expresa a presentar reclamaciones por mayor permanencia en obra ante la Administración…¿Pueden reclamarse por vía judicial situaciones jurídicas o económicas que no fueron objeto de salvedades?
¿Se acreditó desequilibrio económico e incumplimiento del contrato atribuible a la entidad contratante? No
Cuando las suspensiones del contrato de obra se pactan de mutuo acuerdo y el contratista no deja salvedad en el otrosí, las actas de suspensión, reinicio o recibo final, no puede reclamar después un incumplimiento ni un desequilibrio económico atribuibles a la entidad. La regla se apoya en tres razones. Primera, el contrato se culminó a entera satisfacción de la entidad y en ninguno de los documentos de la ejecución se dejó salvedad u objeción. Segunda, la jurisprudencia de la corporación ha reiterado la prevalencia del deber de lealtad de las partes frente a las reclamaciones que surjan de la ejecución del contrato. Tercera, la actora no logró acreditar el incumplimiento de la entidad ni el desequilibrio económico alegado. En consecuencia, se confirma la sentencia apelada. Además, la lealtad contractual impone que las reclamaciones surgidas durante la ejecución se formulen en el momento oportuno, y no después de cerrado el proceso. El documento reitera la línea sobre salvedades en las actas de suspensión que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿ El desequilibrio económico del contrato puede darse como consecuencia del incumplimiento de una de las partes?¿La mayor permanencia de la obra se presenta cuando por hechos no imputables al contratista su estimación de costos iniciales se aumenta por cuenta del mayor tiempo…¿Procede efectuar la liquidación del contrato de obra de conformidad con lo acreditado en el proceso?
¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, pues resultaría contrario al deber de lealtad de las partes, permitir que una parte prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva lo que estaba firmando? Sí
En el presente asunto, el contratista apelante insiste en que no es procedente negar las súplicas dirigidas al reconocimiento del desequilibrio económico en su contra por cuenta de las suspensiones realizadas al contrato de consultoría… , porque el proceso da cuenta precisamente de tales hechos.… La Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación… reiteró la prevalencia del deber de lealtad de las partes frente a las reclamaciones que surjan por cuenta de la ejecución de los negocios.… En esa perspectiva, es claro que el comportamiento de las partes durante la ejecución de sus negocios es determinante para la prosperidad de sus pedimentos en el escenario judicial.… En la hipótesis del consorcio contratista y ahora apelante…
También resuelve:¿La expedición del Decreto 563 de 2007 constituyó causa del hecho del príncipe, que afectara gravemente la ecuación financiera del contrato estatal?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista no puede reclamar perjuicios económicos en un juicio posterior a la liquidación del contrato, si no especificó sus inconformidades en el acta de liquidación bilateral, ya que esta constituye un acuerdo definitivo que cierra la relación contractual. La Sala reitera que la buena fe contractual y el principio de lealtad obligan a las partes a expresar claramente sus discrepancias durante la liquidación, permitiendo así la resolución oportuna de conflictos. La omisión de salvedades impide el análisis judicial de reclamaciones económicas posteriores, pues la liquidación finaliza el contrato y establece las reglas definitivas para las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La omisión de salvedades en el acta de liquidación impide su análisis en instancia judicial?¿Procede el reconocimiento de las pretensiones económicas de la parte actora, a pesar de no haber efectuado las manifestaciones necesarias en el balance final del negocio jurídico?
¿Se probó la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra? Sí
El contratista no puede demostrar la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra, ya que la entidad estatal estableció en el contrato que el contratista estaba a cargo de todos los impuestos, tasas o contribuciones que se deban pagar con ocasión del contrato. Además, el impuesto de guerra fue creado antes de la firma del contrato y no se demostró el impacto negativo del aumento del porcentaje de descuento por la contribución de prodeporte en la ecuación financiera del contrato. La Sala determina que para que proceda el reconocimiento del desequilibrio económico, es necesario que la parte actora acredite claramente las circunstancias anteriores a la suscripción del contrato, incluyendo el pliego de condiciones y la oferta económica presentada, para establecer con precisión los impuestos, tasas y contribuciones que se pusieron en conocimiento de los oferentes. Esta sentencia reitera la importancia de la cláusula contractual que establece la obligación del contratista de asumir ciertos impuestos y tasas, y subraya la necesidad de acreditar con claridad y precisión los hechos que dan lugar a la reclamación de un desequilibrio económico en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos?¿Cuál es la consecuencia jurídica de las salvedades que se dejan en acto de liquidación del contrato o en los actos modificatorios en la ejecución del contrato estatal?¿Puede la unión temporal contratista alegar su inconformidad en sede sobre un asunto en el que expresamente renunció a reclamar a lo largo de toda la ejecución del contrato?
¿Se acreditó el nexo causal entre las suspensiones del contrato y los daños alegados por el demandante? No
El contratista no acredita el nexo causal entre las suspensiones del contrato y los daños alegados, ya que no demuestra que las consecuencias económicas negativas sean resultado directo de las suspensiones acordadas por mutuo acuerdo con la entidad estatal. En este caso, las suspensiones pactadas antes de la suscripción del acuerdo de 4 de abril de 2000 fueron tomadas para superar dificultades económicas, y no se presentó prueba alguna que vincule estas suspensiones con un desequilibrio financiero o daños económicos en el contratista. Además, las partes acordaron zanjar reclamaciones futuras durante las suspensiones, y no se acreditó incumplimiento por parte de la entidad estatal en el reconocimiento y pago de costos adicionales. Por lo tanto, la Sala rechaza las pretensiones de declaración de incumplimiento y restablecimiento, y niega la indemnización por daños, al no existir evidencia que demuestre un desequilibrio económico del contrato por actos de la administración o incumplimiento de una de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió la entidad demandada sus obligaciones contractuales por el no pago de supuestos mayores costos durante las suspensiones del contrato?
¿Se presentó incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa, la lealtad y la corrección que orientan las fases de negociación previas? Sí
El contratista no puede demostrar la responsabilidad precontractual de la entidad estatal si no demuestra que su oferta era la mejor y que la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra persona, conforme al principio de buena fe y lealtad contractual que rige las fases de negociación previas. En este caso, la entidad permitió al proponente completar su propuesta en aspectos que las reglas de participación habían señalado como obligatorios e insubsanables, lo que configuró un incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa y la lealtad contractual. La entidad, al no seguir las reglas que había establecido para determinar cuál era el mejor oferente, incurrió en responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo, lo que impidió que el proceso de selección continuara de manera justa y transparente. Esta decisión reitera la importancia de que las entidades públicas cumplan con las reglas que establecen unilateralmente para evaluar las ofertas y seleccionar al mejor proponente, garantizando así la seriedad y la integridad del proceso de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad podía, después de recibir todas las ofertas, permitir al proponente completar su propuesta en aspectos obligatorios e insubsanables?¿El proponente debe demostrar que su oferta era la mejor y que no obstante ser así la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra persona?¿La intención de la entidad era invitar a que se presentaran propuestas para estudiarlas de acuerdo con las reglas que estableció?
¿Resulta aplicable la tesis acerca del deber de las partes de ejercer la renuncia a la cláusula o pacto arbitral de manera expresa, esto es, la irrenunciabilidad tácita de la misma, teniendo en cuenta que la demanda como su contestación tuvieron ocurrencia con anterioridad al cambio jurisprudencial adoptado sobre ese específico aspecto por la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin que se hiciera manifiesta oposición a la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa? No
El contratista no puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato, ya que la renuncia a la misma debe ser expresa, según la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, pero esta regla no es aplicable retroactivamente a casos en los que la demanda y la contestación se presentaron antes de dicha jurisprudencia, permitiendo que el Tribunal Administrativo resuelva la controversia integralmente. Además, el contratista no puede posteriormente desconocer en juicio aspectos de un contrato o acta de suspensión y prórroga si no expresó salvedades o reclamaciones en el momento de su firma, pues esto sería contrario al principio de buena fe y al deber de lealtad contractual. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y garantiza la confianza legítima entre las partes en la ejecución de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Si las partes acuerdan una suspensión o una modificación del contrato y no plantean salvedades o reclamaciones a su cumplimiento…¿La entidad contratante incumplió el contrato de obra pública, dada la tardanza en la ejecución del objeto contratado y la consecuente causación de mayor valor por obra ejecutada adicional…¿Cuándo el hecho se refiere a desequilibrio económico del contrato es por cuenta de actos de la administración, por fenómenos externos a su decisión o extraños a las partes contractuales, pero…
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas…¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles?¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
¿De acuerdo con la exigencia del contenido de la demanda respecto a los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones, la parte que alega la nulidad del contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones por las cuales persigue la invalidez contractual? Sí
El contratista que alega la nulidad de un contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones que fundamentan su pretensión, incluyendo la identificación de los preceptos violados y las razones para pedir la invalidez del contrato. Sin embargo, el juez debe interpretar la demanda de manera conjunta para procurar una decisión de fondo que prevalezca el derecho sustancial. En este caso, aunque la parte demandante no cumplió con su carga argumentativa respecto a la nulidad parcial del contrato por violación de principios de la contratación estatal, sí demostró suficientemente que algunas cláusulas eran abusivas al vincular la vigencia de los contratos de interventoría a la ejecución de los contratos de obra, sin reconocer adecuadamente los efectos económicos de las prórrogas. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reafirmando que las cláusulas abusivas son aquellas que causan un desequilibrio importante y violan la buena fe objetiva, y que en contratos de obra, el EGCAP prohíbe las exenciones de responsabilidad derivadas de datos, informes y documentos suministrados en el proceso de selección. Esta decisión implica que los contratistas deben presentar demandas bien fundamentadas y que los jueces deben interpretar las pretensiones de manera integral para garantizar el derecho sustancial.síntesis automática
También resuelve:¿Las cláusulas acusadas por el demandante, contenidas en los contratos 1339/2013, 1387/2013, y 1425/2013, adolecen de nulidad absoluta o de ineficacia de pleno derecho por ser abusivas y/o contrariar…¿Se produjo un desequilibrio económico adverso para el actor por las prórrogas de los contratos de interventoría 1339/2013, 1387/2013, y 1425/2013…¿Hay lugar a proferir pronunciamiento acerca de la condena por agencias en derecho proferida en primera instancia, al exceder los límites previstos por el Acuerdo que las rige?
¿Se encuentra probado el incumplimiento de la entidad contratante en el reconocimiento de los perjuicios, de los sobrecostos, de las mayores inversiones y cantidades de obra como fuente del rompimiento del equilibrio económico del contrato, considerando que todas las suspensiones del contrato de obra se suscribieron por las partes de mutuo acuerdo y sin que la contratista hubiera consignado su inconformidad sobre tales decisiones en dichos documentos? No
Las suspensiones de un contrato de obra pactadas de mutuo acuerdo, sin que el contratista deje constancia de su inconformidad en los documentos, no permiten atribuir a la entidad un incumplimiento que genere sobrecostos o el rompimiento del equilibrio económico. La regla se apoya en tres razones. Primera, las suspensiones se firmaron de común acuerdo y el contratista no dejó consignada su inconformidad en esos documentos, aunque las dos primeras se dieron por causa de la entidad. Segunda, el listado de obligaciones del contrato no incluye sobrecostos, perjuicios ni mayores inversiones, y el valor a pagar se fijó con la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida por la interventoría. Tercera, no existe fundamento que permita acreditar que la entidad incumplió las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato. En consecuencia, la petición de reconocimiento de sobrecostos, perjuicios y mayores inversiones no tiene vocación de prosperar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente arribar un pronunciamiento en relación con las pretensiones de desequilibrio económico del contrato estatal, fundadas en la ejecución de actividades ya ocurridas…¿Resulta errada la posición asumida por el tribunal de primera instancia en torno a establecer que, sin existir observación sobre los contratos adicionales ni actas de suspensión y reinicio…¿La sentencia apelada resulta incongruente y debe revocarse, por cuanto la demanda no incluyó pretensión alguna en torno a la declaratoria y devolución de los supuestos mayores valores descontados…
¿La entidad pública demandada respetó el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento administrativo tendiente a declarar el incumplimiento del contrato? Sí
El contratista no puede invocar la excepción de contrato no cumplido cuando no demuestra la imposibilidad de ejecución de sus obligaciones, por lo que la entidad estatal no violó el debido proceso al declarar su incumplimiento parcial y establecer la penalidad proporcional al grado de incumplimiento, en este caso, el 8.999% del valor total del contrato. La Sala modifica el fallo al precisar que, aunque las sanciones por incumplimiento se imponen de acuerdo a la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal, la devolución de los dineros recibidos y no ejecutados es solidaria entre los integrantes de la unión temporal, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para excusarse del incumplimiento contractual y establece que la entidad estatal debe garantizar el debido proceso en los procedimientos administrativos de liquidación unilateral del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Como el incumplimiento en que incurrió la unión temporal contratista fue del 45%, el valor a pagar como penalidad corresponde al 8.999% del valor total del contrato?¿Los argumentos de los apelantes que sustentaban la falsa motivación de las resoluciones por inexistencia de incumplimiento tienen vocación de prosperidad?¿Se justifica la demora en la obligación de disposición de personal y en las demás obligaciones secundarias a cargo del contratista?
¿Existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo a favor? No
El contrato de concesión no permite la devolución de saldos a favor de ninguna de las partes durante su ejecución, salvo que las partes manifiesten estar a paz y salvo hasta una fecha específica, en la que se amplía el plazo del contrato. En este caso, el dictamen judicial no fue detallado y preciso, por lo que no tiene eficacia probatoria. Además, la parte demandante no puede desconocer sus actos propios al reclamar incumplimientos de obligaciones respecto de las cuales manifestó estar a paz y salvo. La renuncia del concesionario a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo también impide estudiar reclamaciones del demandante respecto a incumplimientos posteriores. Las entidades estatales están autorizadas para celebrar contratos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Las pretensiones no se ajustan a la buena fe contractual, pues lo que pretende el demandante es desconocer sus actos propios al reclamar el incumplimiento de obligaciones respecto de las cuales…¿Como el concesionario renunció a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo, tampoco es posible estudiar las reclamaciones del demandante respecto a posibles…¿Las entidades están autorizadas para celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales?
¿El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado, al acreditarse que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió el acto de liquidación unilateral del contrato conforme a los términos previstos en la Ley 1150 de 2007? Sí
Las partes de la relación contractual no pactaron un término de liquidación distinto del previsto en la Ley 1150 de 2007 para efectos de adelantar el trámite de liquidación contractual, norma que, ante la ausencia de un plazo convencional, prevé: i) que la liquidación bilateral se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término de ejecución, ii) en defecto de lo anterior la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 2 meses siguientes a dicho término, y iii) que si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha producido la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes, de mutuo acuerdo o unilateralmente.… Así, la competencia temporal de la administración para ejercer sus facultades a través de un acto administrativo (elemento subjetivo de validez del mismo) se verifica en el momento en que esa manifestación de voluntad se forma…
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Federación Nacional de Departamentos…¿La notificación o publicación del acto administrativo, comporta un elemento directamente ligado a la oponibilidad de sus efectos, pero no incide en su formación o expedición y…¿Hay lugar a estudiar el cargo de nulidad por falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato, al tratarse de actos administrativos en firme?
¿Cuando no exista norma expresa legal sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias en las que haga parte un prestador de servicios públicos domiciliarios, deberá acudirse a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 82 del CCA, hoy 104 del CPACA) para resolver el vacío normativo? Sí
El contratista o la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, en ausencia de norma legal específica sobre la jurisdicción competente para resolver controversias, debe acudir a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, establecida en el artículo 104 del Código Procesal Administrativo (anteriormente en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo), para determinar la jurisdicción competente. Esta regla se aplica salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, y reconoce que los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, con las excepciones que la ley determine. Además, las controversias relativas a estos actos precontractuales, que no son actos administrativos, deben tramitarse a través de la acción de reparación directa, y el juez de conocimiento resolverá la controversia de fondo, aunque no se haya empleado el medio de control que corresponda, garantizando así el derecho de acceso a la administración de justicia. Esta sentencia unifica la jurisprudencia y establece una regla clara para resolver el vacío normativo existente en la materia.síntesis automática
También resuelve:¿Ha existido línea unívoca en la jurisprudencia en relación con el el conocimiento, o no, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo e controversias de naturaleza contractual o…¿La cláusula general de competencia, vigente para la época del caso concreto, era el artículo 82 del CCA?¿La corporación ha tenido una postura uniforme sobre la determinación de la naturaleza jurídica de los actos precontractuales emitidos por entidades que tienen regímenes de contratación exceptuados…
¿El acta de recibo final de obra es un elemento excluyente de responsabilidad contractual del contratista en aquellos eventos en los que posteriormente se adviertan vicios ocultos o defectos constructivos? No
El acta de recibo final de obra no exime al contratista de su responsabilidad por vicios ocultos o defectos constructivos que puedan surgir posteriormente, ya que esta acta solo certifica la conformidad externa de la obra con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, conforme al artículo 2060 numeral 4 del Código Civil y la remisión normativa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. La liquidación del contrato, que sigue posteriormente, es un acto jurídico complejo que permite una revisión exhaustiva de todos los aspectos del contrato, incluyendo la calidad de los materiales y el cumplimiento de plazos, lo que puede revelar incumplimientos no detectados en el acta de recibo. En el caso concreto, la acta de recibo final dejó constancia explícita de que no eximía al contratista ni a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, reiterando que la entrega formal de la obra no implica una declaración definitiva sobre el cumplimiento total de las obligaciones del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden surgir en la liquidación situaciones de incumplimiento no detectadas en el acta de recibo?¿El acta de recibo final de obra exime al contratista o a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades?¿El principio de buena fe contractual impone a las partes de una relación negocial el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y coherencia con sus actos previos…
¿Se presentó de forma de oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública suscrito entre las partes, el cual debía ser objeto de liquidación? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública que debe ser objeto de liquidación, siempre que la liquidación se haya efectuado de común acuerdo entre las partes y se cuente con la acta respectiva. En este caso, el contrato de obra pública fue liquidado bilateralmente el 4 de diciembre de 2009, por lo que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales, que es de dos años, vence el 5 de diciembre de 2011. La demanda fue presentada el 3 de junio de 2011, lo que resulta oportuna, incluso sin considerar el lapso de suspensión por el procedimiento de conciliación extrajudicial. La Sala confirma que la acción de controversias contractuales fue presentada a tiempo, matizando la jurisprudencia anterior que podría haber interpretado que la falta de salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones durante la ejecución del contrato invalidaba las pretensiones del contratista. Esto implica que las partes deben respetar las modificaciones pactadas en acuerdos bilaterales, incluso si no incluyen salvedades, y que la buena fe obliga a cumplir con las manifestaciones de voluntad previas.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del juez de segunda instancia al resolver un recurso de apelación se encuentra limitada por los precisos argumentos esgrimidos por el recurrente…¿El hecho de que el contratista no hubiera dejado salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones que se produjeron durante la ejecución del negocio jurídico…¿Independientemente de la causa por la cual se alegue que se produjo el rompimiento del equilibrio económico del contrato…
¿Cuál es la diferencia entre las figuras del desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual ? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento contractual con el desequilibrio económico del contrato, ya que el primero surge de la conducta antijurídica de un contratante que genera insatisfacción en el acreedor, mientras que el segundo se origina en circunstancias sobrevenidas o actos de autoridad que alteran la simetría prestacional originalmente pactada, obligando a la administración a restablecer el equilibrio funcional pactado sin reparar perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales. La Sala reitera que el juez debe aplicar correctamente el derecho, incluso cuando las pretensiones de la demanda no distinguen claramente entre estas figuras, siempre y cuando se ajuste a la causa petendi invocada en la demanda y no se vulnere el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El reconocimiento patrimonial y extrapatrimonial que se deriva del incumplimiento del contrato es aplicable a los eventos de desequilibrio económico del contrato?¿Las pretensiones formuladas por el actor van dirigidas a que se declare el incumplimiento del contrato?¿La liquidación del contrato es un acto jurídico negocial autónomo?