Titulación de la relatoría 25.198 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / INCOMPETENCIA POR ERROR INEXCUSABLE / EXTRALIMITACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PAGO DE PERJUICIOS / MUERTE DEL PACIENTE / PAGO DE LA CONDENA / SENTENCIA CONDENATORIA / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / SERVICIO MÉDICO / CULPA GRAVE / ACTO MÉDICO / DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE / TRATAMIENTO MÉDICO / SENTENCIA DE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO / URGENCIAS MÉDICAS / PACIENTE / FALTA DE PRUEBA
Problema jurídico:
¿Los médicos demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave del numeral 1.° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por inexcusable violación o extralimitación en el ejercicio de sus funciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
Está acreditado que [...] el Tribunal Administrativo del Caquetá condenó a la entidad demandante al pago de los perjuicios causados al núcleo familiar de [la víctima] por su muerte, según da cuenta copia auténtica de la providencia […]. […] Está acreditado que la entidad demandante pagó la condena impuesta en la sentencia [...] proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá […]. […] Como en este proceso se pretende la declaración de responsabilidad individual de dos servidores o exservidores que prestaron un servicio médico en una institución pública de salud, el análisis de culpa grave se enmarcará en sus actuaciones individuales, según el numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. Es decir, si sus actos médicos –según la especialidad y funciones de cada uno– configuró la presunción de culpa grave por inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. […] Según la demanda, [los demandados] actuaron con culpa grave, porque no adoptaron las medidas para diagnosticar y tratar oportunamente la enfermedad de [la víctima], que tenía una herida por arma de fuego y murió por tétanos. Alegó que los médicos no tuvieron en cuenta la naturaleza y estado de la herida –por arma de fuego y estaba contaminada–, no investigaron la inmunidad del paciente y no suministraron la vacuna contra el tétano. […] Aunque la sentencia de reparación directa del tribunal condenó a la entidad demandante por falla del servicio, en este proceso, los demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave (art. 6.1 Ley 678 de 2001), pues acreditaron, según las pruebas, que el daño no fue consecuencia de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, según su especialidad médica. En efecto, conforme a las pruebas, no se acreditó que los demandados –en sus intervenciones individuales y conforme a sus especialidades– desconocieron los lineamientos o guías para el tratamiento en urgencias y en cirugías, ni que omitieron realizar exámenes inexcusablemente. En efecto, [C.D.C.] sólo valoró al paciente una vez y lo examinó, le preguntó si tenía vacuna contra el tétano y ordenó exámenes; y [M.A.A.] revisó al paciente dos veces para practicar cirugías de lavado de la herida, que no tuvieron complicaciones. Tampoco se probó, en este proceso, que sus valoraciones y decisiones médicas individuales fueron la causa directa de la muerte y de la posterior condena a la entidad demandante. Por ello, se confirmará la sentencia apelada.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 78 CCA y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el inciso 2° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 CCA.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 2
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONCILIACIÓN / CULPA GRAVE / DOLO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL / CONDENA
Problema jurídico:
¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 CN, arts. 77, 78 y 86 CCA, inciso 1° del art. 2 de la Ley 678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 CC). […] El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4º del artículo 177 CCA, régimen jurídico del proceso en el que se impuso la condena.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 INCISO 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1668 NUMERAL 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1670
PAGO CON SUBROGACIÓN / SUBROGACIÓN DEL PAGO / SUBROGACIÓN DE LAS OBLIGACIONES / DERECHOS DEL ACREEDOR / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / DEUDOR / SUBROGACIÓN DE LA LEY / SUBROGACIÓN DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / PAGO DE LA CONDENA / DAÑO A TERCEROS / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO
Problema jurídico:
¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público, está legitimada para el ejercicio de la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga la obligación, en nombre del deudor, la cual puede tener origen en la ley o en el acuerdo de voluntades (arts. 1630, 1666, 1667 y 1668 CC). Por virtud de la ley o el contrato, quien pagó la obligación se subroga en todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas que tenía el antiguo acreedor contra el deudor principal, como contra terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda (art. 1670 CC). De modo que, por transmisión o traspaso de los derechos del acreedor viene a ocupar su lugar (subrogación legal o convencional), pues la deuda no se extingue y solo cambia al acreedor. El artículo 90 CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, establece que la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público, estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición. Se trata, pues, de un evento de subrogación legal, en virtud del cual la entidad tiene derecho a repetir lo pagado –por ministerio de la ley– contra el servidor público que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio origen a la condena contra el Estado.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1630, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1666, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1667, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1668, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1670
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / TRASLADO DE PRUEBA / PRÁCTICA DE PRUEBA / PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO / TESTIMONIO / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO / RATIFICACIÓN DEL TESTIMONIO / SOLICITUD DE TESTIMONIO / PROVIDENCIA JUDICIAL / ACTUACIÓN PROCESAL / TESTIMONIO DE OÍDAS / TESTIGO DE OÍDAS / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO DE OÍDAS / DECLARACIÓN DEL TESTIGO / MEDIOS DE PRUEBA
Problema jurídico:
¿Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. […] Conforme al artículo 185 CPC, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Las pruebas documentales trasladadas podrán ser valoradas, aunque no se hubieran practicado con la intervención de la contraparte, si han obrado en el expediente y no han sido tachadas de falsedad. Los testimonios trasladados podrán ser valorados, sin necesidad de ratificación, cuando son allegados a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en ellos, o cuando las dos partes los solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación. […] Las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales. […] Sobre el testimonio de oídas, el artículo 228.3 CPC dispone que si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance. Se requiere que -por lo menos- identifique las fuentes que suministraron la información y, además, que esas fuentes sean directas, es decir, que se pueda constatar que conocieron presencialmente los hechos que trasmitieron. En relación con el mérito probatorio del testimonio de oídas, la declaración del testigo se debe cotejar con el resto del acervo probatorio, para determinar su coincidencia con los demás medios de prueba recaudados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la valoración de las copias simples que tienen merito probatorio, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, rad. 26984, C. P. Guillermo Sánchez Luque. Sobre la valoración de los testimonios trasladados de otro proceso, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2013, rad. 20601, C. P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre las providencias judiciales como pruebas documentales legalmente admisibles y valorables, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, rad. 24844, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre el mérito probatorio del testimonio de oídas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, rad. 20262, C. P. Rut Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 228 NUMERAL 3
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / PRESUNCIÓN LEGAL / DERECHO DE DEFENSA / DEBIDO PROCESO / CORTE CONSTITUCIONAL / DECISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD ABSTRACTO / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
Problema jurídico:
¿En la acción de repetición, al calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público, se establecieron unas presunciones legales, que no implican atribución inmediata de responsabilidad del demandado y que admiten prueba en contrario?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 678 de 2001, al desarrollar el inciso segundo del artículo 90 CN, reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen enteramente por ella. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que, al calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público, estableció unas «presunciones legales» (artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001) que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 CC. La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º encontró que estaban ajustados a la CN, pues esas “presunciones” no implican atribución inmediata de responsabilidad del demandado, al ser mecanismos procesales que buscan que la entidad pruebe el supuesto de hecho de la presunción alegada y el demandado, mediante prueba en contrario, lo desvirtúe para eximirse de responsabilidad. Para la Corte, de esta forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el debate probatorio. El artículo 243 CN dispone que los fallos que la Corte Constitucional dicte, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Una vez en firme y ejecutoriada la decisión, esta tiene fuerza vinculante, obligatoria para todos, incluidos, por supuesto, los jueces de la República. Si la Corte condiciona la decisión de constitucionalidad de un precepto legal, esa interpretación condicionada descarta expresamente otras interpretaciones posibles. Las sentencias interpretativas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad alteran parcialmente el contenido de la disposición, al tiempo que expulsa del ordenamiento cualquier otra interpretación que admita la norma acusada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 2007, rad. 27006, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre la constitucionalidad de los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, cita: Corte Constitucional, sentencia del 14 de mayo de 2002, C-374/02, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; Corte Constitucional, sentencia del 11 de septiembre de 2003, C-778/03, M. P. Jaime Araújo Rentería.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 243, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 678 DE 2001, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 66
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / SERVIDOR PÚBLICO / EXSERVIDOR PÚBLICO / REPARACIÓN DEL DAÑO / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / FUNCIÓN PÚBLICA / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REPARACIÓN DE PERJUICIOS / DAÑO ANTIJURÍDICO / SENTENCIA CONDENATORIA / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / CONCILIACIÓN JUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Problema jurídico:
¿Para que proceda la acción de repetición, el Estado debe haber reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La procedencia de la acción de repetición requiere, a más de la condición de servidor o exservidor público [...]: (i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas. […] El primer presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo. La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, conforme al artículo 2° de la Ley 678 de 2001. […] El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC).
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 2007, rad. 27006, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de mayo de 204, rad. 42183, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1627
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / AGENTE DEL ESTADO / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / HECHO CIERTO / HECHO PROBADO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / VIOLACIÓN DE LA NORMA / INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY / ERROR INEXCUSABLE / EXTRALIMITACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Si la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que presumen el dolo o la culpa grave, el demandado tiene la carga de la prueba de desvirtuar la presunción?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, se aplican las “presunciones legales” previstas en los artículos 5° y 6° de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas “presunciones” inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado. Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba10, una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que “presumen” el dolo o la culpa grave, el demandado tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la “presunción”. De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar, si no obstante configurarse alguna de las “presunciones”, el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. El juez evaluará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de “presunciones” previstos por el legislador. […] Las “presunciones legales” de dolo o culpa grave, previstas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, corresponden a un juicio lógico del legislador, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de otro debidamente probado. Esa presunción no excluye la posibilidad de que exista un error en el razonamiento del hecho del cual se parte para obtener una deducción o en el hecho probado cuando resulte falso o inexacto. Por eso, el demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la “presunción legal”, aun cuando fueren ciertos los antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales lo infiere la ley, como también cuando éstos terminen siendo falsos. La presunción de culpa grave del numeral 1º del artículo 6, por violación manifiesta e inexcusable de normas derecho, se configura cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga de la prueba en la acción de repetición con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de mayo de 2014, rad. 40755, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la exequibilidad de los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, cita: Corte Constitucional, sentencia del 23 de abril de 2002, C-285/02, M. P. Jaime Córdoba Triviño; Corte Constitucional, sentencia del 12 de junio de 2002, C-455/02, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sobre la posibilidad de desvirtuar la presunción legal en la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, rad. 34816, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / EXSERVIDOR PÚBLICO / PRESUNCIÓN LEGAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / FALLA DEL SERVICIO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INCUMPLIMIENTO DE DEBER LEGAL / PRESUNCIÓN DE CULPA / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / DESCONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA COSA JUZGADA / REQUISITOS DE LA COSA JUZGADA / IDENTIDAD DE PARTES / FALTA DE IDENTIDAD DE PARTES / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿La condena en contra de una entidad pública, por sí sola, es suficiente para la procedencia de la acción de repetición contra el agente que la causó por su actuación?
Respuesta al problema jurídico: No
Las sentencias del proceso contencioso administrativo se convierten, por mandato de la ley, en piezas procesales determinantes para establecer la responsabilidad patrimonial del exservidor público, sin perjuicio de que el agente aporte medios de prueba tendientes a desvirtuar la “presunción legal”. En efecto, la condena en contra de la entidad basada en la falla del servicio [culpa de la Administración], título subjetivo de imputación por excelencia, no es, por sí misma, suficiente para la procedencia de la acción de repetición. No basta con insistir en el incumplimiento del deber legal, cuya desatención fue el motivo de la condena. En cada caso, el exfuncionario demandado puede desvirtuar la presunción de culpa, lo que involucra un juicio de valor de su conducta. Y el juez de la acción de repetición deberá valorar si la desatención de los deberes funcionales del servidor público fue de tal magnitud –culpa grave– que lo obligue a restituir al Estado la condena en su contra. Ello no desconoce los efectos de cosa juzgada de la sentencia condenatoria, pues la cosa juzgada exige identidad entre las partes. Este elemento no se reúne pues en el proceso repetición son partes el servidor público y el Estado, en tanto que, en la reparación directa –en que se pretende la indemnización de los perjuicios causados por falla del servicio [culpa de la Administración]– son partes el Estado y la víctima del daño.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la cosa juzgada en el proceso de reparación directa que no aplica al proceso de repetición porque no existe identidad de partes en los dos procesos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2009, rad. 34606, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / CONDICIONES PARA EL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DE OFICIO / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DE OFICIO
Problema jurídico:
¿El juez por iniciativa propia decide si decreta o no las pruebas de oficio?
Respuesta al problema jurídico: Si
El decreto de pruebas de oficio sólo se autoriza para el esclarecimiento de aspectos oscuros de la controversia y la búsqueda de la verdad (art. 213 CCA). Esta facultad del juez, cuyo uso no puede ser arbitrario, tiene límites en el necesario cumplimiento de la carga probatoria propia de quien está interesado en acreditar el supuesto de hecho de la norma que contiene el efecto jurídico perseguido (art. 177 CPC). Por ello, el uso de las pruebas de oficio no procede a solicitud de parte, ni es un deber del juez antes de resolver el caso. El juez por iniciativa propia decide si las decreta o no.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la improcedencia de las pruebas de oficio a solicitud de parte ya que no son un deber del juez, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 24 de febrero de 2007, rad. 32004, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 213, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE
Problema jurídico:
¿Hay lugar a condenar en costas cuando se evidencia temeridad o mala fe en la actuación de las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55