Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2023-04-13
Radicado
11001032600020170002900
Número interno
58821
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO, FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Demandado
ELVIRA DEL PILAR FORERO HERNANDEZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación

Regla de decisión

El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La entidad pública que resulta condenada judicialmente o que concilia extrajudicialmente ante las instancias competentes como consecuencia directa e ineludible de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal cuenta con la acción de repetición consagrada expresamente en el artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 142 del CPACA como el mecanismo procesal y judicial principal, idóneo, específico y efectivo establecido por el ordenamiento jurídico para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial y el recobro total y definitivo de lo pagado, cuyo término legal de caducidad se computa rigurosamente a partir del día siguiente a la fecha del pago efectivo realizado por la administración pública conforme a las normas especiales aplicables.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La demandada en repetición desvirtuó la presunción de culpa grave de violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho e inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 182
  • Ley 678 de 2001
  • Ley 84 de 1873, arts. 1618, 1626 y 1627

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

NIEGA

Lo que dijo la Sala

Está acreditado que la entidad demandante concilió extrajudicialmente la condena por los perjuicios causados con la mora en el pago del anticipo y de las actas de obra ejecutadas en el contrato de obra entre FONADE y el Consorcio Órbita & Cesconstrucciones S.A.… .… El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC).

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN LEY 678 DE 2001 CULPA GRAVE VIOLACIÓN DE LA NORMA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL MORA EN EL PAGO PAGO DE LA OBLIGACIÓN PAGO DE CONCILIACIÓN FORMA DE PAGO CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS CONTRATO DE OBRA CELEBRACIÓN DE CONTRATO BANCO DE LA REPÚBLICA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE EXTRALIMITACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO CONDICIONES DE PAGO COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ACCIÓN DE REPETICIÓN CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO DOLO CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA CONDENA CONTRA EL ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONCILIACIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL PAGO CON SUBROGACIÓN SUBROGACIÓN DEL PAGO SUBROGACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERECHOS DEL ACREEDOR DEUDOR SUBROGACIÓN DE LA LEY SUBROGACIÓN DEL CONTRATO ACUERDO DE VOLUNTADES PAGO DE LA CONDENA DAÑO A TERCEROS EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUNCIÓN LEGAL DERECHO DE DEFENSA DEBIDO PROCESO CORTE CONSTITUCIONAL DECISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD ABSTRACTO COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REPARACIÓN DE PERJUICIOS DAÑO ANTIJURÍDICO SENTENCIA CONDENATORIA SENTENCIA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA ACUERDO DE CONCILIACIÓN PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PATRIMONIO PÚBLICO PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS AUTO QUE APRUEBA LA CONCILIACIÓN EFECTOS DE LA COSA JUZGADA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LLAMAMIENTO EN GARANTÍA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE DEMOSTRACIÓN DEL DOLO AGENTE DEL ESTADO INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA HECHO CIERTO HECHO PROBADO INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY ERROR INEXCUSABLE ACTO JURÍDICO REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO INTERÉS PÚBLICO CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-05-31 Sección Tercera (Subsección B)
Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público.
Consejo de Estado 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C)
No está demostrada la configuración de la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001
Consejo de Estado 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C)
Se rigen por la Ley 678 de 2001, relativos a la acción de repetición
Consejo de Estado 2026-10-01 Sección Tercera (Subsección C)
Se aplica el régimen sustancial anterior a la Ley 678 de 2001 a la acción de repetición cuando los perjuicios
Consejo de Estado 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C)
Son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001
Consejo de Estado 2022-10-19 Sección Tercera (Subsección B)
Se condena al demandado a reintegrar el valor total pagado por concepto de capital
Titulación de la relatoría 22.965 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001 / CULPA GRAVE / VIOLACIÓN DE LA NORMA / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / MORA EN EL PAGO / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO DE CONCILIACIÓN / FORMA DE PAGO / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / CONTRATO DE OBRA / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / BANCO DE LA REPÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / EXTRALIMITACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / CONDICIONES DE PAGO Problema jurídico: ¿La demandada en repetición desvirtuó la presunción de culpa grave de violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho e inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones? Respuesta al problema jurídico: Si Está acreditado que la entidad demandante concilió extrajudicialmente la condena por los perjuicios causados con la mora en el pago del anticipo y de las actas de obra ejecutadas en el contrato de obra entre FONADE y el Consorcio Órbita & Cesconstrucciones S.A. […]. […] El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC). Está acreditado que la entidad demandante pagó la conciliación aprobada por el Tribunal Administrativo del Huila […]. […] Según la demanda, [la demandada] –exgerente general de FONADE– actuó con culpa grave porque pactó una forma de pago en el “contrato de gerencia integral de proyectos” –suscrito entre FONADE y el Banco de la República– que causó inconvenientes financieros en el contrato de obra posterior. […] Conforme al pacto de las partes en el “contrato de gerencia integral de proyectos” –en que se probó que la demandada intervino– los funcionarios encargados de estructurar el contrato de obra debían tener en cuenta el acuerdo con el Banco de la República, pues este era la fuente de financiación de los proyectos. El “contrato de gerencia integral de proyectos” era previo y contenía obligaciones que FONADE debía cumplir al celebrar los contratos de obra que se financiaran con los recursos del Banco de la República. […] Todos los pagos pactados en los contratos de obra –que tuvieran causa en los recursos entregados a FONADE por el Banco de la República– debían, pues, ajustarse a los flujos de financiamiento previstos en el “contrato de gerencia integral de proyectos” y no al revés. La voluntad negocial allí plasmada se trasladó, también, al contrato de obra, en el que se dejó claro que la única causa directa de ese negocio jurídico era el “contrato de gerencia integral de proyectos” y que el contratista aceptaba los pagos conforme a lo allí pactado. Esa fue la voluntad de las partes en ambos negocios jurídicos […]. Como el incumplimiento del contrato de obra no fue imputable a la forma en que FONADE y el Banco de la República definieron los recursos del contrato de gerencia, pues, según se dijo, el “contrato de gerencia integral de proyectos” era la causa del contrato de obra y este debía ajustarse a aquel […], la parte demandada desvirtuó la presunción de culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, o inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. La entidad sostuvo que la demandada, al advertir las consecuencias negativas de la forma de pago, no negoció otro mecanismo de pago, ni tomó medidas para mitigar esas consecuencias. Como [la demandada] no trabajaba en la entidad para el momento de la estructuración y firma del contrato de obra ni durante su ejecución, no podía buscar la modificación de las condiciones de pago pactadas con el banco de la República. Lo que, a su vez, desvirtúa la presunción de culpa grave. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las providencias judiciales como pruebas documentales legalmente admisibles y valorables, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, rad. 24844, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 182A, LEY 678 DE 2001, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1627 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente en única instancia para estudiar este asunto, de conformidad con el artículo 149.13 CPACA, según el cual conoce de la acción de repetición que se ejerza contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1 ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONCILIACIÓN / CULPA GRAVE / DOLO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL Problema jurídico: ¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 CN, art. 142 CPACA, inciso 1º del art. 2 Ley 678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 CC). […] El término para formular pretensiones en acciones de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 –antes de su modificación por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022– o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 CCA, norma vigente para la época en que empezó a contarse el término de caducidad. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 2195 DE 2022 - ARTÍCULO 42, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 INCISO 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1668 NUMERAL 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1670 PAGO CON SUBROGACIÓN / SUBROGACIÓN DEL PAGO / SUBROGACIÓN DE LAS OBLIGACIONES / DERECHOS DEL ACREEDOR / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / DEUDOR / SUBROGACIÓN DE LA LEY / SUBROGACIÓN DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / PAGO DE LA CONDENA / DAÑO A TERCEROS / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO Problema jurídico: ¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público, está legitimada para el ejercicio de la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga la obligación, en nombre del deudor, la cual puede tener origen en la ley o en el acuerdo de voluntades (arts. 1630, 1666, 1667 y 1668 CC). Por virtud de la ley o el contrato, quien pagó la obligación se subroga en todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas que tenía el antiguo acreedor contra el deudor principal, como contra terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda (art. 1670 CC). De modo que, por transmisión o traspaso de los derechos del acreedor viene a ocupar su lugar (subrogación legal o convencional), pues la deuda no se extingue y solo cambia al acreedor. El artículo 90 CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, establece que la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público, estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición. Se trata, pues, de un evento de subrogación legal, en virtud del cual la entidad tiene derecho a repetir lo pagado –por ministerio de la ley– contra el servidor público que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio origen a la condena contra el Estado. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1630, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1666, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1667, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1668, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1670 ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / PRESUNCIÓN LEGAL / DERECHO DE DEFENSA / DEBIDO PROCESO / CORTE CONSTITUCIONAL / DECISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD ABSTRACTO / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Problema jurídico: ¿En la acción de repetición, al calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público, se establecieron unas presunciones legales, que no implican atribución inmediata de responsabilidad del demandado y que admiten prueba en contrario? Respuesta al problema jurídico: Si La Ley 678 de 2001, al desarrollar el inciso segundo del artículo 90 CN, reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen enteramente por ella. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que, al calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público, estableció unas “presunciones legales” (artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001) que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 CC. La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º encontró que estaban ajustados a la CN, pues esas "presunciones" no implican atribución inmediata de responsabilidad del demandado, al ser mecanismos procesales que buscan que la entidad pruebe el supuesto de hecho de la presunción alegada y el demandado, mediante prueba en contrario, lo desvirtúe para eximirse de responsabilidad. Para la corte, de esta forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el debate probatorio. El artículo 243 CN dispone que los fallos que la Corte Constitucional dicte, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Una vez en firme y ejecutoriada la decisión, esta tiene fuerza vinculante, obligatoria para todos, incluidos, por supuesto, los jueces de la República. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 2007, rad. 27006, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre la constitucionalidad de los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, cita: Corte Constitucional, sentencia del 14 de mayo de 2002, C-374/02, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; Corte Constitucional, sentencia del 11 de septiembre de 2003, C-778/03, M. P. Jaime Araújo Rentería. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 243, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 678 DE 2001, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 66 PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REPARACIÓN DE PERJUICIOS / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / SENTENCIA CONDENATORIA / SENTENCIA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO / PAGO DE CONCILIACIÓN / OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCILIACIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PATRIMONIO PÚBLICO / PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / AUTO QUE APRUEBA LA CONCILIACIÓN / EFECTOS DE LA COSA JUZGADA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿Para que proceda la acción de repetición, el Estado debe haber reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo? Respuesta al problema jurídico: Si El primer presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo. La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, conforme al artículo 2° de la Ley 678 de 2001. La persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero, en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley, está en el deber de iniciar la acción de repetición (arts. 2 y 8 Ley 678 de 2001). La conciliación no extingue la acción de repetición, pues el fundamento de esta acción está en el perjuicio que se causa al patrimonio público por el pago de una indemnización, con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público. El auto que aprueba la conciliación se asimila a una sentencia condenatoria, porque tiene los mismos efectos de cosa juzgada, según lo ordena la Ley 446 de 1998 y por ello faculta a dar por terminado el proceso. La Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad del inciso segundo del artículo 21 y del artículo 22 de la Ley 678 de 2001, que disponen que cuando se concilien pretensiones de responsabilidad del Estado el proceso contra el llamado en garantía continuará, concluyó que esa conciliación no extingue las pretensiones de repetición y que se ajusta a la Constitución que el proceso continúe contra el agente. El acuerdo conciliatorio, pues, no impone una definición sobre la conducta del servidor, asunto que debe debatirse mediante la pretensión de repetición, en la que deberá estudiarse si su conducta dolosa o gravemente culposa dio origen al perjuicio patrimonial sufrido por el Estado con el pago de una indemnización de perjuicios. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público como requisito de procedencia de la repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 2007, rad. 27006, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de mayo de 204, rad. 42183, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la conciliación de responsabilidad del Estado que no extingue las pretensiones de repetición y que se ajusta a la Constitución, cita: Corte Constitucional, sentencia del 25 de junio de 2002, C-484/02, M. P. Alfredo Beltrán Sierra. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 21 INCISO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 22, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8 ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / AGENTE DEL ESTADO / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / HECHO CIERTO / HECHO PROBADO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / VIOLACIÓN DE LA NORMA / INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY / ERROR INEXCUSABLE / EXTRALIMITACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO Problema jurídico: ¿Si la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que presumen el dolo o la culpa grave, el demandado tiene la carga de la prueba de desvirtuar la presunción? Respuesta al problema jurídico: Si Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, se aplican las “presunciones legales” previstas en los artículos 5º y 6º de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas “presunciones” inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado. Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba, una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que “presumen” el dolo o la culpa grave, el demandado tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la “presunción”. De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar si no obstante configurarse alguna de las “presunciones”, el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. El juez evaluará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de “presunciones” previstos por el legislador. […] Las “presunciones legales” de dolo o culpa grave, previstas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, corresponden a un juicio lógico del legislador, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de otro debidamente probado. Esa presunción no excluye la posibilidad de que exista un error en el razonamiento del hecho del cual se parte para obtener una deducción o en el hecho probado cuando resulte falso o inexacto. Por eso, el demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la “presunción legal”, aun cuando fueren ciertos los antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales lo infiere la ley, como también cuando éstos terminen siendo falsos. La presunción de culpa grave del numeral 1º del artículo 6, por violación manifiesta e inexcusable de normas derecho, se configura cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la carga de la prueba en la acción de repetición con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de mayo de 2014, rad. 40755, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la exequibilidad del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, cita: Corte Constitucional, sentencia del 23 de abril de 2002, C-285/02, M. P. Jaime Córdoba Triviño. Sobre la posibilidad de desvirtuar la presunción legal en la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, rad. 34816, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 ACTO JURÍDICO / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Debe estarse más a la intención de los contratantes que a lo literal de las palabras? Respuesta al problema jurídico: Si Es regla general de interpretación de los actos jurídicos que, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras (art. 1618 CC). Esta intención puede desentrañarse tomando en consideración varios elementos, como lo son la naturaleza del contrato, las circunstancias que influyeron en su celebración y la aplicación práctica de las partes en la ejecución de las obligaciones derivadas del acuerdo, entre otros. No obstante, la citada regla de interpretación impone que se conozca “claramente” la discrepancia entre la intención real y la expresión material, esto es, que a partir de las pruebas allegadas al proceso, se conozca plena y claramente que el texto del contrato no corresponde con la voluntad de los contratantes. En este supuesto, tal y como lo tiene determinado la jurisprudencia civil, el juzgador está autorizado para apartarse del texto literal y preferir la voluntad real. De ahí que, solo cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresan los términos del contrato (art. 1602 CC), es posible recurrir a la definición de esa voluntad a través de los diferentes criterios previstos por el Código Civil. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la regla de interpretación en la que se materializa la discrepancia entre la intención real y la expresión material, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de noviembre de 2020, rad. SC4527-2020, M. P. Francisco Ternera Barrios. Sobre la definición de la voluntad cuando la intención de las partes es distinta de lo que expresan los términos del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de junio de 2012, rad. 23191, C. P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618 INTERÉS PÚBLICO / CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación que haya propuesto? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El artículo 365.1 CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. De conformidad con el artículo 366.4 CGP y en los términos del Acuerdo nº. 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de presentación de la demanda –hoy Acuerdo n°. 10554 de 2016–, las agencias en derecho se tasarán en el 5% del valor de las pretensiones en atención a la naturaleza del proceso, y la calidad y duración de la gestión ejecutada por el apoderado. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201700029001100103