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¿El pago que realizó la entidad constituyó un pago indemnizatorio? No
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición para recuperar el pago indemnizatorio realizado por la entidad estatal, ya que la acción de repetición está orientada a proteger el patrimonio público y en este caso no se ha afectado el patrimonio de la entidad, ni por la devolución del dinero ni por el pago de la corrección monetaria. La Sala considera que la pérdida de capacidad adquisitiva del capital pagado debe ser asumida por el Estado, no por el contratista, por lo que la repetición por indexación es improcedente. Además, los intereses de mora no resultan imputables al demandado ya que no tenía la obligación de hacer el pago, ese rubro corresponde a la demora en que incurrió la entidad. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la finalidad del medio de control de repetición y la protección del patrimonio público, limitando su aplicación en casos donde no se ha producido una afectación real al patrimonio estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público?¿Las pretensiones son improcedentes, porque el patrimonio público de la demandante no se vio afectado por la devolución del dinero ni por el pago de la corrección monetaria de la suma que fue…¿Los intereses de mora no resultan imputables al demandado ya que no tenía la obligación de hacer el pago, ese rubro corresponde a la demora en que incurrió la entidad?
Auto interlocutorio con estado — Auto que confirma el auto recurrido2026-06-25SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOSRad. 11001333603720250041101ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a revocar el auto de 11 de marzo de 2026, proferido por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogotá que negó el decreto de la medida cautelar solicitada por la parte actora, respecto de la suspensión provisional de la Resolución No. 328 del 14 de febrero de 2025, por medio de la cual se declaró el incumplimiento del Contrato IDU-1682-2023 y la Resolución No. 1331 del 27 de junio de 2025, mediante la cual confirmó la anterior decisión? No
La suspensión provisional de un acto administrativo no procede cuando la demanda no señala las normas superiores que se consideran violadas ni explica la forma en que ocurre la vulneración, porque el demandante debe cumplir la carga argumentativa que le impone el primer inciso del artículo 231 del CPACA. La regla se sostiene en dos razones: el análisis de la medida cautelar exige que el actor identifique la violación en el escrito de solicitud, sin que el juez deba suplir esa carga; y la afirmación de que la inscripción de una multa en el registro de proponentes afectaría la participación en procesos de contratación no reemplaza la confrontación del acto con las normas invocadas. Por ello, la negativa de la medida es suficiente para desestimar la suspensión, sin necesidad de examinar otros requisitos. Esta regla aplica a las solicitudes de suspensión provisional de actos contractuales sancionatorios que carezcan de argumentación normativa.síntesis automática
¿Se demostró en que los exagentes demandados desconocieron normas de derecho en el proceso de reestructuración administrativa? No
La presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 no se configura cuando no se demuestra que el agente desconoció normas de derecho en el proceso que precedió al acto, de modo que la entidad que promueve la repetición debe probar la infracción normativa que imputa al agente. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la falta de un documento en los archivos de la entidad no basta por sí sola para demostrar la omisión de un informe técnico cuando la prueba testimonial y documental acredita que existió y que fue socializado entre directivos de varias dependencias. Segundo, si no se demuestra la infracción del artículo 41 de la Ley 443 de 1998, norma de carrera vigente al momento de los hechos, no se establece la conducta que da origen a la presunción. La providencia confirma la sentencia de primera instancia; en la práctica, la acción de repetición fundada en culpa grave exige acreditar la norma de derecho desconocida y el momento en que se incurrió en ella.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Huila adelantó un proceso de reestructuración de la planta de personal de la entidad?¿A los empleados de carrera de los cargos suprimidos se les planteó las opciones de reubicación e indemnización?¿El demandado tiene el deber de atacar la presunción y le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que la configura?
Sentencia — Sentencia2026-10-29SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)DESPACHO 02 SEC3-SUB A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCARad. 11001334305920200014401ACCION DE REPETICION
¿En el presente asunto está acreditado que los exfuncionarios […] y […] actuaron de manera gravemente culposa al adjudicar el concurso de méritos IDRD STC-CM-010-2013 al Consorcio Interventoría 2014, adjudicación que posteriormente fue anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y si eso generó la condena a cargo del IDRD? Sí
El contratista debe responder por la condena asumida por la entidad estatal si se demuestra que actuó con culpa grave al adjudicar un contrato, lo que incluye violar manifiestamente las normas de derecho o cometer una omisión inexcusable en el ejercicio de sus funciones. En este caso, el subdirector técnico de construcción del IDRD, en ejercicio de las facultades de contratación delegadas, resolvió un empate en un concurso de méritos sin asesoramiento jurídico adecuado, desconociendo los criterios de desempate previstos en la normativa vigente, lo que llevó a la anulación del acto de adjudicación por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Sala confirmó que esta conducta constituye una actuación gravemente culposa, mientras que no se probó la culpa grave del otro exfuncionario involucrado, quien no dio visto bueno formal al acto de adjudicación y no se demostró que hubiera incumplido sus funciones como asesor. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios en la adjudicación de contratos estatales para evitar responsabilidades futuras.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-04-17Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020240006601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede cuando de su confrontación con el ordenamiento jurídico superior se advierta una contradicción o discordancia, y de su sustentación pueda entenderse satisfecho el concepto de violación de la norma? Sí
El contratista puede solicitar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos cuando se advierta una contradicción o discordancia entre el acto demandado y el ordenamiento jurídico superior, y se cumpla con la carga argumentativa necesaria para justificar la violación de la norma, sin que sea suficiente la mera argumentación de la demanda. La Sala de Decisión del Consejo de Estado modificó su criterio anterior, estableciendo que la entidad estatal pierde competencia para declarar el incumplimiento y liquidar unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, siempre que las pretensiones o hechos sometidos al conocimiento judicial coincidan con los asuntos objeto del procedimiento administrativo correspondiente, lo que garantiza la seguridad jurídica de la comunidad.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad estatal pierde competencia para expedir actos administrativos mediante los cuales declara el incumplimiento y liquida unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del…¿Resulta procedente decretar la suspensión provisional de los actos administrativos mediante los cuales el Instituto de Desarrollo Urbano declaró el incumplimiento del contrato…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-02-07Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 68001233300020230074401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, debe solicitarse por el demandante, existir un análisis de confrontación del acto y las normas y estar acreditados sumariamente los perjuicios cuando se trate de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo solo procede a petición de parte debidamente sustentada, conforme al artículo 229 del CPACA, y exige un análisis de confrontación entre el acto demandado y las normas que se alegan vulneradas. Cuando se trata de una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, además deben estar acreditados sumariamente los perjuicios que la medida pretende evitar. La procedencia de la medida depende de que la violación surja del confronte entre el acto y las normas invocadas, y no de la sola afirmación del demandante. En el caso concreto, el material probatorio no permitió concluir que procediera suspender los actos acusados, de modo que la providencia que negó la medida fue confirmada. Como consecuencia práctica, quien solicite la suspensión provisional de un acto debe presentar el análisis de confrontación y las pruebas sumarias de los perjuicios desde la solicitud, pues sin ellas la medida no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con las normas vulneradas y las pruebas allegadas es dable considerar la procedencia de la suspensión de los actos acusados?¿Se acreditó una vulneración del derecho al debido proceso, por indebida valoración y práctica de las pruebas allegadas al procedimiento administrativo sancionatorio…
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista debe tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que la entidad estatal liquide unilateralmente el contrato, ya que la ley establece un procedimiento administrativo que garantiza este derecho, aunque la intención del legislador es que la liquidación se realice por mutuo acuerdo entre las partes. La Sala modificó la interpretación anterior de que la liquidación unilateral puede realizarse sin este trámite, lo que implica que las entidades estatales deben seguir un procedimiento más riguroso antes de tomar esta decisión, protegiendo así los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que las partes hubieran tenido acercamientos sobre el trámite bilateral de liquidación?¿Ni en la resolución ni en su acto confirmatorio la entidad hizo alusión a incumplimientos del consorcio respecto de las obligaciones asociadas al manejo del anticipo que le fue entregado?¿Los diversos amparos de las garantías de cumplimiento se asocian a las diferentes obligaciones de los contratistas?
¿Se acreditó el carácter inexcusable del comportamiento del funcionario que de lugar a la prosperidad de la acción de repetición por configuración de la presunción de culpa grave del agente? Sí
El contratista no prospera en la acción de repetición contra la entidad estatal por falta de acreditación del carácter inexcusable del comportamiento del funcionario, lo cual es un requisito para configurar la presunción de culpa grave o dolo. La entidad demandada no violó manifiestamente las normas de derecho ni omitió las formas sustanciales de los actos administrativos por error inexcusable, ya que el comportamiento del funcionario se ajustó a la jurisprudencia vigente sobre el deber de motivación de los actos de desvinculación de funcionarios en provisionalidad. La falta de demostración del elemento "inexcusable" implica la negación de las pretensiones de la demanda, reafirmando que la entidad no actuó con culpa grave. Esta sentencia reitera la necesidad de probar el carácter inexcusable del comportamiento del agente para que la acción de repetición tenga vocación de prosperidad.síntesis automática
¿El Consorcio formuló alguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia? No
Cuando el recurso de apelación no formula razones de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia, la Sala no tiene sustrato jurídico para estudiar y debe confirmar la decisión. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el apelante, en este caso un consorcio, aceptó la razón del juez de primera instancia, pues después de la postura unificada de la Sección Tercera ya no se exige notificar individualmente a sus integrantes sobre el inicio del procedimiento administrativo, y se acogió a la posición del tribunal. La segunda es que el consorcio no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas, porque el procedimiento sancionatorio se adelantó con las garantías del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y los consorcios son unidades de hecho y de derecho que deben responder por su incumplimiento. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia apelada. La nota de relatoría remite a la unificación de 25 de septiembre de 2013 sobre la capacidad de los consorcios, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consorcio logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas?¿El Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia?¿La parte demandante incurrió en falta de técnica de la demanda?
¿El alegado error inexcusable en la determinación de la competencia de la Comisión Nacional Electoral para pronunciarse sobre la elección del alcalde municipal de Aguachica, no se configuró debido a que la Comisión Escrutadora Departamental, quien en principio debía declararla, al ser un cuerpo colegiado transitorio, ya se encontraba disuelto al momento en que el CNE tomó la decisión correspondiente? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos de repetición iniciados contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional, como el Consejo Nacional Electoral, debido a que estos órganos tienen autonomía administrativa y su presidente actúa en representación legal. Además, si el demandado es miembro de la Corte Constitucional en el momento de la demanda, el Consejo de Estado también tiene competencia para conocer del asunto, lo que asegura unidad de criterio en la responsabilidad de los funcionarios que actuaron como órgano colegiado. La regla reitera la competencia del Consejo de Estado en única instancia para estos casos, lo que implica que no se requiere un trámite adicional en otras instancias.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos de repetición iniciados contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional?¿El término de caducidad del medio de control de repetición inicia su cómputo a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre el Consejo Nacional Electoral al ser la entidad en cuyo patrimonio recayó la condena patrimonial en virtud de la cual se formulan las pretensiones…
¿La decisión de traslado de la funcionaria no fue ostensiblemente arbitraria sino que obedeció a las necesidades del servicio? Sí
El traslado de un servidor de carrera por necesidades del servicio, que no es ostensiblemente arbitrario ni vulnera de manera manifiesta normas de derecho, no configura culpa grave del agente que lo dispuso, de modo que no procede la repetición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las acciones constitucionales previas desestimaron las vulneraciones alegadas, al constatar que el traslado obedeció a las necesidades del servicio y que las condiciones laborales y el escalafón de la servidora no se alteraron. Segunda, aunque la reubicación no se ajustó a un criterio interpretativo de otra sección, no se advierte una violación manifiesta e inexcusable de las normas en que debía fundarse el acto. Tercera, al no existir culpa, decae el elemento subjetivo que permite la repetición contra el agente. La providencia niega las pretensiones de la demanda. La consecuencia práctica es que la discrepancia interpretativa sobre la reubicación de un servidor no basta para atribuir culpa grave al agente que la expidió.síntesis automática
También resuelve:¿Existía la posibilidad de ubicar a los empleados de la corporación en las dependencias en que fueran requeridos sus servicios?¿El empleo ocupado pertenecía a la planta de personal global por lo que la empleada podía ser ubicada en cualquiera de las oficinas de la entidad?¿El legislador previó ciertos eventos en los que se presume la culpa grave pero requieren de la demostración del supuesto de hecho en que se fundan?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, que establece la competencia del Consejo para resolver recursos de apelación. Esta competencia se extiende a casos en que la cuantía de la pretensión supera la suma prevista en el artículo 132 numeral 8 del mismo decreto, según el artículo 20 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo. La modificación de este precedente facilita el acceso a la justicia en controversias contractuales de alto valor, permitiendo una revisión más amplia de las decisiones judiciales en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se solicita el incumplimiento del contrato y la nulidad de los…¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que liquidó unilateralmente el contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?
¿Se acreditó la culpa grave de los demandados en repetición? No
El contratista no acredita la culpa grave de los demandados en un medio de control de repetición, ya que la Sala determina que la única prueba presentada, un estudio técnico para la restructuración de la planta de personal, no demuestra la autoría ni la responsabilidad de los demandados en su elaboración. Además, la decisión de modificar la planta de personal fue adoptada por el Consejo Directivo de la Industria Licorera de Caldas, órgano competente según la ordenanza de la Asamblea Departamental de Caldas, y no por los demandados. La Sala reitera que para prosperar la acción de repetición es necesario acreditar la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, lo que no se logra en este caso, por lo que confirma la decisión de negar las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿No se acreditó la existencia de culpa grave por parte de los demandados?¿En los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este?¿La condición de agentes estatales de los demandados está acreditada, según las resoluciones de nombramiento y las actas de posesión?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-06-03Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 41001233300020200076301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pretensiones del medio de control de controversias contractuales están dirigidas a que se declare la nulidad del contrato? Sí
El contratista no puede solicitar la suspensión del proceso de restitución de bienes arrendados como medida cautelar cuando las pretensiones del medio de control de controversias contractuales están dirigidas a declarar la nulidad del contrato, ya que la continuación del proceso no causaría un perjuicio irremediable, dado que la entidad ya está dispuesta a devolver los bienes y a buscar alternativas para cumplir sus funciones. Además, la Sala considera que la demanda está razonablemente fundada en derecho, sin prejuzgar el fondo del asunto, y que la terminación del contrato y la restitución de los bienes son las únicas acciones que el juez puede ordenar en la sentencia que concluye el proceso de restitución. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la admisibilidad de medidas cautelares en procesos de control de controversias contractuales, limitando la posibilidad de suspender el proceso de restitución de bienes arrendados cuando la nulidad del contrato es la pretensión principal.síntesis automática
También resuelve:¿Es admisible que la demandante alegue que la restitución de los bienes arrendados implica un perjuicio para ella?¿El juez, en la sentencia que concluye el proceso de restitución de bienes dados en arrendamiento solo puede declarar la terminación del contrato y ordenar la restitución de los bienes objeto de este?¿La demanda se encuentra razonablemente fundada en derecho, sin que tal consideración implique prejuzgamiento?
¿Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público? Sí
Cuando un proceso de repetición se dirige contra un exfuncionario público, la naturaleza del asunto permite alterar el turno estricto para fallar y adelantar la decisión, conforme al artículo 18 de la Ley 446 de 1998, que autoriza modificar la cronología según la naturaleza del asunto, y al artículo 63 A de la Ley 270 de 1996, que permite un orden temático de estudio preferente. La regla se sostiene en dos razones: la sección adoptó en un acta de sesión la prelación de la repetición contra exfuncionarios, lo que habilita a la subsección a fallar sin seguir el orden de llegada de los expedientes; y la prelación por naturaleza del asunto es una facultad expresamente prevista por la ley. En el caso, la subsección se consideró habilitada para fallar de manera anticipada con fundamento en esas normas y en el acta. El documento no señala que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la prelación de fallo depende de que la corporación haya definido previamente la materia como de tratamiento preferente.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los dieciocho meses que tenía la entidad para realizar el pago de la condena?¿El Estado debe repetir contra su agente cuando es obligado a reparar un daño que ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este?¿Son aplicables las presunciones legales contenidas en la Ley 678 de 2001 teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en vigencia de dicha ley?
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve:¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio?¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado…¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
¿Procede el medio de control de repetición cuando se pretende perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la entidad pública que ha sido condenada o ha conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo? Sí
El contratista puede ejercer la acción de repetición para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la entidad pública que ha sido condenada o ha conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo, lo que implica que la entidad que pagó la condena se subroga en los derechos del acreedor y puede actuar en su lugar contra el servidor público responsable. La entidad pública está legitimada en la causa por activa y el servidor público o exservidor público por pasiva, siempre que la subrogación legal se produzca conforme a la ley y los hechos ocurran durante la vigencia de la Ley 678 de 2001. Este precedente reitera la jurisprudencia existente sobre la procedencia del medio de control de repetición y la legitimación en la causa, lo que facilita a los abogados la aplicación de la acción de repetición en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿Existe legitimación en la causa por activa por parte de la demandante en cuanto fue la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o…¿Debe otorgarse valor probatorio a las copias simples allegadas al proceso?¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales allegadas al proceso, es decir, a las providencias judiciales proferidas por el Juzgado Décimo Administrativo de Descongestión de Bogotá y…
¿Es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007, por desconocimiento de lo establecido en los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, si no se allegó copia de la póliza única de cumplimiento? No
El contratista no puede solicitar la nulidad de la Resolución 09 de 2007 por desconocimiento de los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, ya que no aportó la copia de la póliza única de cumplimiento, lo que impide determinar la vigencia, el valor asegurado y la cobertura del contrato de seguro. Además, la Sala reitera que la falta o indebida notificación del acto administrativo no es causal de nulidad, ya que no se encuentra consagrada en la Ley 1437 de 2011 y no afecta la formación del acto, solo su exigibilidad. Esto implica que el juez no puede pronunciarse sobre la nulidad propuesta sin la documentación completa, y que la notificación adecuada es una diligencia obligatoria pero no determinante para la nulidad del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La falta o indebida notificación del acto definitivo es causal de nulidad?
¿Al momento de expedición del acto administrativo existía una postura uniforme en relación con el deber de motivar el acto administrativo de desvinculación de los empleados públicos nombrados de forma provisional que ocuparan cargos de carrera administrativa ? No
No se configura culpa grave ni dolo en el agente que expidió el acto de desvinculación de un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera cuando, al momento de expedirlo, no existía una postura uniforme sobre el deber de motivarlo, de modo que no hay violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la conducta del agente encontraba fundamento en un criterio jurisprudencial válido de la época. Segunda, aunque la Ley 909 de 2004 cambió sustancialmente el régimen de retiro de esos empleados, al volverlo motivado, la jurisprudencia contencioso administrativa no tenía un criterio definido y pacífico sobre la forma de retiro en la fecha del acto. Tercera, al no acreditarse el elemento subjetivo, el juez no puede condenar en repetición. La providencia niega las suplicas de la demanda. La consecuencia práctica es que la nulidad de un acto de insubsistencia por falta de motivación no basta para repetir contra el funcionario cuando la exigencia de motivación no era pacífica al momento de expedirlo.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado argumentó sobre la aplicación de las normas que regulan lo referente a la desvinculación de los empleados provisionales y sus interpretaciones diversas?¿El demandado en repetición puede dirigir sus esfuerzos probatorios a desvirtuar el elemento presuntivo que se enfila en su contra?¿Corresponde verificar si el supuesto fáctico de la presunción invocada por la demandante se halla configurado?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2023-12-12Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 05001233300020140163601LEY 1437 REPETICION
¿Los hechos que pretende acreditar la accionante pudieron demostrarse con medios de prueba existentes antes que fenecieran las oportunidades probatorias? Sí
En el medio de control de repetición, los documentos que la parte apelante pretende aportar en segunda instancia solo se incorporan si cumplen los requisitos del artículo 212 del CPACA: haber sido acordados por las partes, haber sido negado su decreto en primera instancia o dejado de practicarse, versar sobre hechos posteriores a la oportunidad probatoria, justificar la imposibilidad de aportarlos por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, o servir para desvirtuar pruebas pedidas por la contraparte en segunda instancia. Las oportunidades probatorias precluyen en la primera instancia, y la prueba de la calidad de servidor público del agente y del pago de la condena debía aportarse allí, porque ambos hechos podían demostrarse con medios existentes antes de su vencimiento. En el caso, el apelante solo acompañó un oficio dirigido a una dependencia para pedir documentos sobre la vinculación del demandado, por lo que el despacho negó su incorporación. Su consecuencia práctica es que la parte debe aportar sus pruebas en la primera instancia y no reservarlas para la apelación, salvo que concurra alguno de los supuestos del artículo 212.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora solo allegó un oficio en el que solicitó a una de sus dependencias documentos atinentes a la vinculación del demandado con la entidad accionante?