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COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL

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Consejo de Estado Providencia

La acción contractual se ejerció en tiempo

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020120025701 ACCION CONTRACTUAL
¿La acción contractual se ejerció en tiempo, esto es dentro de los dos años a cuando concluyó la fase de liquidación y la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin justa causa, dentro del termino contado desde que el demandante adquirió certeza del no reconocimiento de las sumas reclamadas? Sí
Cuando el contrato concluye sin liquidación, los términos de liquidación bilateral de cuatro meses y unilateral de dos meses se cuentan desde la finalización del plazo de ejecución, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y la caducidad se computa desde que concluye esa fase. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el plazo de ejecución dio inicio a los términos de liquidación previstos en la ley, lo que fija el punto de partida del término bienal del artículo 136.10 literal d del Código Contencioso Administrativo. Segunda, la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin justa causa tiene un término bienal propio del artículo 136.8, que se cuenta desde que el demandante adquirió certeza de la negativa de reconocimiento. Tercera, incluso tomando la fecha menos favorable al demandante, la demanda se presentó dentro del término. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera la línea de la Subsección C citada en su nota de relatoría. La consecuencia práctica es que el término de caducidad debe fijarse desde la liquidación o la negativa, y no desde la terminación de la ejecución.síntesis automática
También resuelve: ¿En el presente asunto, el Municipio está legitimado en la causa por pasiva, cuando hay dos pretensiones diferentes, una contractual y no fue parte del contrato y la otra, subsidiaria… ¿El contrato núm. 0069 de 2009 celebrado entre la Fundación e Ingetec debe, por su naturaleza, constar por escrito? ¿Incumplió la Fundación el contrato núm. 0069 de 2009 por la falta de reconocimiento de mayores cantidades de obras y de obras adicionales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2022-07-29 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000232600020030015102 ACCION DE REPETICION
¿En virtud del criterio de conexidad, la competencia para conocer de los procesos de repetición recae sobre el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado? Sí
El contratista debe acudir ante el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado para presentar un proceso de repetición, en virtud del criterio de conexidad establecido en el artículo 7 inciso 2 de la Ley 678 de 2001 y reiterado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, lo que implica que la competencia en segunda instancia recae en el superior jerárquico del juez o tribunal que conoció del proceso antecedente. Además, la figura de caducidad garantiza la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción, y la Corte Constitucional declaró exequible condicionada la disposición que establece el término de caducidad de la acción de repetición, determinando que éste comienza a correr desde la fecha en que se realiza el pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley, lo que tiene efectos erga omnes y debe ser aplicado por todos los jueces y tribunales.síntesis automática
También resuelve: ¿La figura de caducidad tiene como fin garantizar la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción? ¿El término de caducidad de la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley? ¿Las sentencias de la Corte Constitucionalidad que declaran la exequibilidad condicionada de una norma tienen efectos erga omnes?
Consejo de Estado Providencia

El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación.

Sentencia — Sentencia 2023-04-13 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 11001032600020170002900 LEY 1437 REPETICION
¿La demandada en repetición desvirtuó la presunción de culpa grave de violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho e inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones? Sí
Está acreditado que la entidad demandante concilió extrajudicialmente la condena por los perjuicios causados con la mora en el pago del anticipo y de las actas de obra ejecutadas en el contrato de obra entre FONADE y el Consorcio Órbita & Cesconstrucciones S.A.… .… El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC).
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa… ¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un… ¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Alegó que los médicos no tuvieron en cuenta la naturaleza y estado de la herida

Sentencia — Sentencia 2023-04-13 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 18001233100020120001201 ACCION DE REPETICION
¿Los médicos demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave del numeral 1.° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por inexcusable violación o extralimitación en el ejercicio de sus funciones? Sí
En la acción de repetición contra médicos vinculados a una institución pública de salud, la culpa grave se analiza en sus actuaciones individuales, según la especialidad y las funciones de cada uno, conforme al numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La regla se apoya en que la responsabilidad patrimonial de cada servidor es individual, de modo que la presunción de culpa grave por inexcusable omisión o extralimitación debe examinarse respecto de cada profesional. Por ello, no basta con imputar a todo el equipo médico la conducta de uno de sus integrantes. En el asunto, la entidad demandante pagó la condena por la muerte de un paciente, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición porque los médicos demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave. En la práctica, la entidad que repite contra varios médicos debe demostrar la conducta gravemente culposa de cada uno según sus funciones.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa… ¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un… ¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: no se encuentre restringida esta posibilidad al proponente vencido

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 68001233300020170018502 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La facultad para demandar la nulidad absoluta del contrato estatal se encuentra restringida al proponente vencido, y solo ante la acreditación de un interés de naturaleza económico? No
Estimo pertinente precisar que las consideraciones relativas al interés directo para demandar la nulidad absoluta del contrato desconocen la cosa juzgada constitucional sobre este punto. La Corte Constitucional en la Sentencia C-221 de 1999 se pronunció sobre la constitucionalidad de la expresión “interés directo”, replicada en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011. Para tal efecto, precisó que se encuentra facultada para demandar la nulidad absoluta del contrato “la persona que ostente un interés directo, aunque no sea parte contractual”. De ahí que no se encuentre restringida esta posibilidad al proponente vencido, como lo afirmó la Sentencia objeto de aclaración.
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: resulta confuso hablar de cosa juzgada respecto de actos administrativos

Aclaración voto — Aclaración de voto 2023-08-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 73001233300520140034601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Una sentencia, como es sabido, guarda diferencias amplias con un acto administrativo en firme, por lo que no es apropiado asimilar la firmeza del acto? administrativo con la cosa juzgada de una sentencia Sí
Con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala, me permito manifestar las razones por las que aclaro el voto en relación con la sentencia dictada el 14 de julio del año en curso, mediante la cual se revocó el fallo proferido en primera instancia el 7 de julio de 2017 -que había denegado las pretensiones de la demanda-, para acoger parcialmente las solicitudes de la parte demandante.
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: es evidente la reserva de constitucionalidad del inciso final del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-03-14 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 11001032600020220017300 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La regla de unificación establece que las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones con el fin de mantener el equilibrio inicial del negocio jurídico son inescindibles al ejercicio de las potestades excepcionales? Sí
Comparto la regla de unificación en tanto establece que las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales, con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial del negocio jurídico son inescindibles al ejercicio de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, pues, materialmente es imposible desligar en este tipo de supuestos la legalidad del acto con sus consecuencias económicas. Es evidente la reserva de constitucionalidad del inciso final del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral. Considero pertinente advertir que la regla de unificación fijada por la Sala Plena de la Sección Tercera ha debido incorporarse en la parte resolutiva de la sentencia y no solo en la motiva.
También resuelve: ¿Formalmente se sostiene que la decisión no versa sobre la legalidad del acto administrativo, pero materialmente se declara la invalidez de este por cuanto se modifica su contenido? ¿Los árbitros pueden conocer sobre los efectos económicos contenidos en actos administrativos expedidos en ejercicio de las potestades excepcionales?