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REPARACIÓN DE PERJUICIOS

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Consejo de Estado Providencia

Está demostrado que el Hospital no respetó las condiciones establecidas para celebrar el contrato

Sentencia — Sentencia 2023-04-19 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020160186101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La propuesta de la demandante fue indebidamente rechazada y el Contrato debió adjudicársele a ella? Sí
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. En este caso está demostrado que el Hospital no respetó las condiciones establecidas para celebrar el contrato porque (i) la oferta presentada por Tienken fue indebidamente rechazada en tanto sí estaba autorizada para ofrecer los productos de Piemca y sí cumplía los requisitos técnicos exigidos en los términos de referencia; y (ii) Tienken tenía derecho a la adjudicación del Contrato porque, conforme con lo previsto en los términos de referencia, presentó el ofrecimiento económico más beneficioso para la entidad. No obstante lo anterior, no está demostrado el perjuicio material reclamado, esto es, la utilidad que habría obtenido en caso de que el contrato le hubiera sido adjudicado.
También resuelve: ¿Por tratarse de un proceso de selección de una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública… ¿El medio de control de reparación directa fue interpuesto dentro del término establecido en la ley? ¿El incumplimiento de la obligación por parte de la entidad estatal, al abrir la convocatoria pública y no respetar las condiciones obligatorias y vinculantes establecidas en los términos de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede el llamamiento en garantía del consorcio como interventor del contrato de obra y el Departamento

Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre llamamiento en garantía 2022-04-20 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 66001233300020190039701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el llamamiento en garantía del consorcio como interventor del contrato de obra y el Departamento de Risaralda como beneficiario de la misma que fue solicitado por el Instituto Nacional de Vías ? Sí
El contratista puede llamar en garantía a terceros, como interventores o beneficiarios de contratos estatales, siempre que cumplan con los requisitos formales y legales establecidos, incluyendo la existencia de un perjuicio que pueda derivarse de la sentencia. En este caso, la entidad estatal llamó en garantía al consorcio que actuaba como interventor y al departamento que era beneficiario de la obra, argumentando que el consorcio era responsable del desequilibrio financiero del contrato y el departamento era beneficiario del convenio interadministrativo. La entidad estatal alegó que tenía derecho legal y contractual a exigir la reparación integral del perjuicio que pudiera sufrir como resultado de una eventual condena. Como el llamamiento en garantía cumple con los requisitos formales y legales, la decisión de primera instancia fue revocada y se admitió el llamamiento en garantía al consorcio y al departamento. Esto implica que la entidad estatal puede reclamar la reparación de perjuicios causados por terceros involucrados en el contrato, no solo el reembolso de pagos derivados de sentencias.síntesis automática
También resuelve: ¿El llamamiento en garantía no solo procede en casos en los que se pretenda solicitar el reembolso total o parcial del pago que tenga que hacerse como resultado de la sentencia…
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 20001233900020150038402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Como consecuencia de la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda el juzgador no tenía competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, cuando la demanda es declarada sustancialmente inepta, el juez no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, de modo que no puede pronunciarse sobre las pretensiones. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ineptitud sustantiva de la demanda impide un pronunciamiento de fondo, de modo que no puede tenerse por resuelta la pretensión en sentido desfavorable. Segunda, la decisión de fondo que se adopte sin competencia para ello carece de efectos sobre el litigio. En el caso, la sentencia de primera instancia había dado por resueltas las pretensiones, pero la Sala revoca esa decisión porque el juzgador no tenía competencia para decidir el fondo, y en su lugar declara el incumplimiento de la obligación de excluir ciertas áreas del objeto del contrato de comodato. En la práctica, la ineptitud sustantiva debe examinarse antes de resolver las pretensiones, porque un pronunciamiento de fondo sin competencia será revocado en apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿Por no existir certeza en el perjuicio que solicita la parte actora sea reparado, no hay lugar al reconocimiento de tales pedimentos? ¿Es claro que existió un incumplimiento por parte del municipio de Valledupar en la obligación de exceptuar del convenio los locales del inmueble? ¿El vínculo jurídico inicial se cimentó en el apoyo de la corporación demandante en la efectividad del cumplimiento del servicio público de educación…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados?

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020030306001 ACCION CONTRACTUAL
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos? ¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato? ¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El daño es imputable a la Rama Judicial porque la Corte Suprema de Justicia pertenece a esta entidad

Sentencia — Sentencia 2023-05-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020140144601 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve: ¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria? ¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS? ¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020180002900 LEY 1437 REPETICION
¿Se acreditó que la conducta del ex rector de la Universidad Popular del Cesar, fue dolosa o gravemente culposa y ello dio lugar a la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? No
Cuando se pretende la repetición contra un agente estatal por la condena impuesta al Estado, la responsabilidad exige probar que su conducta fue dolosa o gravemente culposa y que fue determinante en la causación del daño, sin que la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho haga tránsito a cosa juzgada frente a él. La regla se sostiene en tres razones: las presunciones de dolo o culpa grave de los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 requieren que se pruebe que el agente desconoció la norma o expidió el acto con falsa motivación; el proceso de nulidad y restablecimiento no tuvo como propósito juzgar la conducta del agente, y la falta de copia del acto anulado impide verificar su contenido. En el caso, no existió prueba distinta a las sentencias que anularon el acto, por lo que se negaron las pretensiones de repetición contra el ex rector. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la entidad debe aportar el acto administrativo y pruebas directas de la conducta del agente para que prospere la repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos de repetición contra funcionarios de entidades públicas del orden nacional? ¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta a la Universidad Popular del Cesar? ¿Por la fecha de ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la condena por la que se ejerce el medio de control de repetición, al caso concreto le son aplicables los preceptos de la Ley 678 de 2001?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-03-25 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233100019980297901 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En casos de privación injusta de la libertad el juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad es irrazonable y desproporcionada, por lo cual debe determinar si el perjuicio que sufre la victima debe repararse bajo el titulo de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño? Sí
El juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad en casos de privación injusta es irrazonable y desproporcionada, determinando si el perjuicio sufrido por la víctima debe repararse bajo el título de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño. Esto implica que si el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del procesado ni materializar la conducta investigada, procede la indemnización del daño antijurídico, atribuyéndose la responsabilidad a la Rama Judicial en las etapas del proceso penal en las que tuvo competencia. La regla reitera la importancia de la proporcionalidad y razonabilidad en la restricción del derecho a la libertad, y subraya que la culpa exclusiva de la víctima no se configura en este caso, lo que implica que la reparación integral del daño es obligatoria para el Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad cuando el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado ni materializar la conducta investigada… ¿Procede la culpa exclusiva de la victima como causal eximente de responsabilidad del Estado cuando el demandante despliega conductas que permiten la causación del daño… ¿La prueba del parentesco dentro del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge, su compañero o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio moral, sin embargo…
Consejo de Estado Providencia

El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación.

Sentencia — Sentencia 2023-04-13 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 11001032600020170002900 LEY 1437 REPETICION
¿La demandada en repetición desvirtuó la presunción de culpa grave de violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho e inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones? Sí
Está acreditado que la entidad demandante concilió extrajudicialmente la condena por los perjuicios causados con la mora en el pago del anticipo y de las actas de obra ejecutadas en el contrato de obra entre FONADE y el Consorcio Órbita & Cesconstrucciones S.A.… .… El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC).
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa… ¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un… ¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

La decisión administrativa demandada fue posterior a la liquidación del contrato

Sentencia — Sentencia 2022-02-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130202601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en el que se demanda la nulidad de una acto proferido después de la liquidación del contrato estatal, ante la falta de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto administrativo impugnado, puede tenerse en cuenta la fecha de ejecución del acto respectivo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio, por suponer, además de la presunción de legalidad, que el acto surtió la respectiva notificación o comunicación al afectado, y que quedó en firme en los términos del procedimiento administrativo correspondiente? Sí
El contratista puede utilizar la fecha de ejecución del acto administrativo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio como punto de partida para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, en ausencia de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto impugnado, dado que la ejecutoria del acto supone su notificación y comunicación al afectado, y su firmeza en los términos del procedimiento administrativo correspondiente. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y permite a los contratistas formular oportunamente la demanda en casos en que no se cuente con la fecha exacta de notificación del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Cualquier posible situación que fuera conocida por el Consultor relativa a una inestabilidad en las redes de servicios públicos objeto del contrato de consultoría… ¿Hubo falsa motivación en las decisiones administrativas impugnadas, teniendo en cuenta que la administración declaró el siniestro de mala calidad de los productos entregados en virtud del contrato… ¿El IDU violó el debido proceso del Consorcio al incluir, en la resolución que resolvió el recurso por aquel interpuesto, un hecho nuevo…
Consejo de Estado Providencia

Alegó que los médicos no tuvieron en cuenta la naturaleza y estado de la herida

Sentencia — Sentencia 2023-04-13 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 18001233100020120001201 ACCION DE REPETICION
¿Los médicos demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave del numeral 1.° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por inexcusable violación o extralimitación en el ejercicio de sus funciones? Sí
En la acción de repetición contra médicos vinculados a una institución pública de salud, la culpa grave se analiza en sus actuaciones individuales, según la especialidad y las funciones de cada uno, conforme al numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La regla se apoya en que la responsabilidad patrimonial de cada servidor es individual, de modo que la presunción de culpa grave por inexcusable omisión o extralimitación debe examinarse respecto de cada profesional. Por ello, no basta con imputar a todo el equipo médico la conducta de uno de sus integrantes. En el asunto, la entidad demandante pagó la condena por la muerte de un paciente, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición porque los médicos demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave. En la práctica, la entidad que repite contra varios médicos debe demostrar la conducta gravemente culposa de cada uno según sus funciones.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa… ¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un… ¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La responsabilidad para atender las pretensiones que se encuentran insatisfechas y las que aún no se han decidido y son materia de apelación corresponde a la concesionaria.

Sentencia — Sentencia 2023-03-03 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 68001233300020140024902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La responsabilidad para atender las pretensiones que se encuentran insatisfechas y las que aún no se han decidido y son materia de apelación corresponde a la concesionaria? Sí
Cuando el concesionario asume la gestión predial bajo un contrato de promesa de compraventa, la responsabilidad por las pretensiones insatisfechas y las que aún no se han decidido corresponde al concesionario, aun cuando existan acuerdos posteriores y pagos con cargo al fondo de contingencias. La regla se apoya en tres razones. Primera, los otrosíes suscritos después del 50% del pago sirvieron de base a la declaratoria de la contingencia predial y al desembolso del saldo, pero no alteraron la forma de satisfacer las obligaciones derivadas de la promesa. Segunda, la finalidad de esos acuerdos fue cumplir negocios atrasados por falta de pago, y no pagar los perjuicios causados por el incumplimiento del concesionario. Tercera, las partes declararon la paz y salvo por todo concepto, incluidos los perjuicios presentes y futuros de la gestión predial, de modo que esa responsabilidad quedó radicada exclusivamente en el concesionario. Por ello el recurso de apelación del concesionario se consideró infundado y la providencia modifica la sentencia de primera instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó la suscripción de la escritura pública y el pago del saldo adeudado como precio del inmueble, aspectos de la condena de primera instancia? ¿Según lo estipulado en el contrato de concesión la concesionaria adquirió todas las obligaciones relacionadas con la gestión de adquisición predial? ¿Es posible atribuirle responsabilidad a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación

Sentencia — Sentencia 2023-11-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020130051101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio? ¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal? ¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100019930137401 ACCION CONTRACTUAL
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, por lo que, dada la fecha de presentación de la demanda, ésta se presentó oportunamente? Sí
El contratista puede presentar oportunamente la acción de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, independientemente de que éste haya sido expedido con posterioridad al plazo legal para su emisión, ya que este acto, aunque extemporáneo, mantiene su naturaleza de acto administrativo contractual no separable y su validez presunta, lo que implica que el cómputo del término de caducidad se inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la liquidación unilateral del contrato, aunque extemporánea, no impide el ejercicio de la acción de controversias contractuales dentro del plazo legal, lo que permite a los contratistas defender sus derechos ante posibles incumplimientos o irregularidades en el proceso de liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Romenergo no es responsable por los perjuicios ocasionados con el incumplimiento en la entrega de los equipos objeto el Contrato 3756-E… ¿Las objeciones por error grave contra el dictamen financiero practicado en este proceso están llamadas a prosperar? ¿Cuenta con eficacia probatoria el dictamen pericial financiero allegado al proceso, salvo en lo que toca a la definición de lo que constituyen perjuicios indemnizables y la forma en que la pena…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Aclaración voto

Aclaración voto — Aclaración de voto 2023-04-19 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020160186101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al ser el contrato estudiado sometido al derecho privado, solo puede repararse el interés negativo, relativo, en general, a los gastos ocasionados con motivo de las tratativas y negociaciones? Sí
No obstante, no comparto que la mayoría de la Sala haya estudiado si la demandante acreditó la utilidad dejada de percibir, pues al ser el contrato estudiado sometido al derecho privado, solo podría repararse el interés negativo, relativo, en general, a los gastos ocasionados con motivo de las tratativas y negociaciones. Este, comúnmente, es reconocido por la jurisdicción ordinaria cuando enjuicia una actuación en la etapa precontractual.
Consejo de Estado Providencia

El juez exige la acreditación de la propuesta económica y las proyecciones financieras para reconocer el lucro cesante derivado de un contrato de concesión.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300020220058101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La negativa a reconocer el lucro cesante se fundamenta correctamente en la falta de prueba sobre la propuesta económica y las proyecciones financieras, dado que sin acreditar la utilidad esperada del contrato de concesión no es posible constatar la existencia del perjuicio alegado? Sí
El demandante acredita la existencia del perjuicio por lucro cesante aportando al proceso las evidencias financieras y la propuesta económica que demuestran la utilidad esperada de la ejecución contractual. En la aclaración de voto emitida sobre la sentencia, se puntualiza que la negativa a reconocer la indemnización debió fundamentarse primordialmente en la falta de prueba sobre la existencia real del perjuicio y la utilidad dejada de percibir, antes de entrar a analizar la cuantía o los aspectos técnicos y valorativos del dictamen pericial rendido dentro del proceso.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

La acción de repetición no comprende el cobro de costas procesales ni agencias en derecho al carecer de naturaleza indemnizatoria por daño antijurídico.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020190053302 LEY 1437 REPETICION
¿Permite el régimen constitucional y legal admitir pretensiones de repetición por costas procesales cuando dichas erogaciones no provienen de un daño imputable al agente estatal ni guardan nexo causal con una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible al funcionario? No
El funcionario estatal condenado patrimonialmente no está obligado a reintegrar valores por concepto de costas procesales mediante la acción de repetición. En este pronunciamiento de aclaración de voto, se debate la procedencia de incluir las costas y agencias en derecho en la cuantía de la repetición con base en la Ley 678 de 2001 y el artículo 90 de la Constitución Política. Se reitera que las costas tienen naturaleza procesal y fuente legal, por lo que no constituyen un pago resarcitorio ni un perjuicio imputable a la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. Pese a la postura mayoritaria sobre la vigencia del parágrafo del artículo 11 de la citada ley, se enfatiza que repetir por dichos rubros resulta contrario al régimen constitucional de responsabilidad resarcitoria.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: Aclaración voto

Aclaración voto — Aclaración de voto 2021-11-22 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100019980093701 ACCION CONTRACTUAL
¿En el cuerpo de la providencia motivo de esta aclaración, al hacer referencia a la responsabilidad contractual, se desconoce el régimen propio de las entidades contratantes, que, conforme al artículo 50 de la Ley 80 de 1993, difiere en su alcance y efectos del aplicable a los particulares, debido a que la extensión de la reparación de perjuicios, en aquel régimen, no se define en función de la conducta antijurídica de la parte contratante, como sí ocurre en el derecho civil? Sí
Si bien, acompañé con mi voto la confirmación de la sentencia desestimatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 21 de abril de 2008, creo conveniente aclarar que, en el cuerpo de la providencia motivo de esta aclaración, al hacer referencia a la responsabilidad contractual, se desconoce el régimen propio de las entidades contratantes, que, conforme al artículo 50 de la Ley 80 de 1993, difiere en su alcance y efectos del aplicable a los particulares, debido a que la extensión de la reparación de perjuicios, en aquel régimen, no se define en función de la conducta antijurídica de la parte contratante, como sí ocurre en el derecho civil. En esos términos me permito, con todo respeto, dejar sentada mi aclaración de voto.
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: Salvamento voto

Salvamento voto — Salvamento de voto 2023-01-11 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 68001233300020130073502 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El criterio de prevalencia de la norma posterior sobre la norma anterior no podía ser utilizado para resolver la aparente antinomia entre el artículo 203 del C.P.A.C.A. y el numeral 2 del artículo 205 del mismo Código, dado que la norma contenida en el artículo 203 del CPACA es la norma especial y concreta que regula la notificación de las sentencias escritas? Sí
La razón de mi disenso frente a la posición mayoritaria de la Sala, parte de considerar que en este caso no se aplicaron debidamente las reglas jurídicas para resolver la supuesta antinomia de las normas atrás relacionadas [artículos 203 y 205 del C.P.A.C.A.], en tanto que no se reflexiona sobre la naturaleza de las notificaciones y el grado de especialidad y/o generalidad que las integraban, para determinar cuál era la regla de interpretación –cronológico, especialidad, jerárquico- que resultaba aplicable.… Bajo ese entendido, se privilegió una interpretación aparentemente garantista para entender que las normas contenidas en los artículos 203 y 205 del CPACA contenían reglas del mismo grado de especialidad, las cuales suscitaban una antinomia y, por ende, debía preferirse aquella que fuera posterior…
También resuelve: ¿En el auto de unificación se debió analizar la forma y naturaleza de las notificaciones en aquellas temáticas inherentes a la jurisdicción contenciosa administrativa… ¿En el auto de unificación se debió reflexionar sobre la efectividad de la notificación por medios electrónicos en la jurisdicción contencioso administrativa?