54001-23-31-000-2010-00327-01 (57229)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación 54001-23-31-000-2010-00327-01 (57229) número:
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
Demandado: Jorge Hernando Pérez Campos.
Referencia: Repetición.
Tema 1. Acción de repetición. Subtema 1.1. Presupuestos de la acción de repetición. Subtema 1.2.
Elemento subjetivo. Subtema 1.3. Culpa grave del servidor público.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Dual de la Subsección C resuelve el recurso de apelación interpuesto por
la entidad demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte ce Santander el 14 de mayo de 2015, que negó las
pretensiones.
I. SÍNTESIS
La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional reconoció —en acuerdo
conciliatorio aprobado judicialmente— indemnización de los perjuicios irrogados por
la muerte de un civil a de manos un soldado, en la denominada Operación Coyote,
que se desarrolló en municipios de Norte de Santander durante la noche del 1 al 2
de marzo de 2003. Pretende que se declare la responsabilidad por culpa grave del
soldado profesional que ocasionó el daño antijurídico, con la condena al pago
subsecuente.
II. ANTECEDENTES:
2.1. El veinte (20) de febrero de dos mil nueve (2009)1, la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional presentó dennanda2 contra Jorge Hernando Pérez
Campos, en ejercicio de la acción de repetición, con la cual pretende que: (i) se
declare que este último es responsable por culpa grave en los hechos que se
presentaron el 2 de marzo de 2003 en el municipio de Hacarí, que dieron lugar a la
condena (sic) de la actora y que (ii) en consecuencia, se condene al pago de las
sumas canceladas por la demanda a las "víctimas del perjuicio".
2.1.1. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, el órgano demandante
manifestó, en síntesis, lo siguiente:
2.1.1.1. Que el Tribunal Administrativo de Santander aprobó acuerdo
conciliatorio con el reconocimiento del pago de perjuicios por parte del
Ejercito Nacional, como consecuencia de la muerte de José de la Cruz
Alvernia Cárdenas el 2 de marzo de 2003, en el municipio de Hacarí, Norte
de Santander.
1 Folio 8 (anverso) c. 1.
2 Folios 2 a 8, C. 1.
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2.1.1.2. Que la suma reconocida a favor de la „demandante en el anterior
acuerdo conciliatorio fue cancelada, según lo ordenado en la resolución núm.
6060 de 2007.
2.1.1.3. Que, como consta en el auto aprobatorio del acuerdo conciliatorio,
José de la Cruz Alvernia Cárdenas fue dado de baja por el soldado
profesional, Jorge Hernando Pérez Campos, sin que se hubiera presentado
enfrentamiento alguno, ni aquel estuviera armado, además de encontrarse
en una situación de absoluta desventaja, porque la víctima estaba sola frente
a una tropa, lo que constituyó una imprudencia.
2.1.1.4. Que, de acuerdo con el informe de los hechos fechado el 3 de marzo
de 2003, el soldado Pérez Campos disparó en tres ocasiones contra el señor
Alvernia Quintero, quien salió corriendo de una casa, ocasionándole así la
muerte, como consta en el acta de levantamiento del cadáver de 2 de marzo
de 2003, en el protocolo de la necropsia y en el reporte de balística
respectivo.
2.1.1.5. En su indagatoria, el soldado Pérez Campos manifestó que se tenía
conocimiento de que en el lugar de los hechos se ubicaban tropas de la
guerrilla.
2.1.1.6. De acuerdo con la declaración rendida , por Carmen Rosa Quintero
López ante el Juzgado 37 de Instrucción Penal Militar, el señor Alvernia
Quintero se despertó asustado, por lo que salió corriendo y recibió los
impactos de bala que el soldado Pérez Campos disparó.
2.1.1.7. El sodado Monsalve Rivera, por su parte, declaró haberle prestado
auxilio médico al señor Alvernia Quintero.
2.1.1.8. Según oficio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),
ni el señor Alvernia Cárdenas ni el soldado Pérez Campos tenían
antecedentes penales.
2.1.1.9. Por los anteriores hechos, la Fiscalía 25 Penal Militar adelantó
investigación contra el soldado Pérez Campos.
2.1.2. A modo de sustento jurídico de sus pretensiones, el ente actor hizo
referencia al inciso 2° del artículo 90 de la Constitución, a los artículos 77 y 78 del
Código Contencioso Administrativo y al artículo 3 de la Ley 678 de 2001, tras lo cual
manifestó que "[c]omo quiera que el demandado [...] no fue vinculado al trámite
contencioso administrativo en que resultó condenada lá NACIÓN-MINISTERIO DE
DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, es necesario aplicar en este caso la garantía
constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta
Fundamental, lo que impide la realización de un proceso de ejecución en su contra
y obliga a poner el presente juicio a conocimiento del Juzgado Administrativo del
Circuito de Cúcuta (reparto), para obtener una sentencia condenatoria a favor de LA
NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, declarando la
responsabilidad del agente"3.
2.2. La demanda fue rechazada mediante auto de 21 de agosto de 2009, proferido
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cúcuta4. Pero, al conocer
3 Esta es una transcripción literal, los errores, erratas, mayúsculas y puntación forman parte del texto original.
4 Auto del 21 de agosto de 2009, folio 41, c .1.
2
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sobre la apelación de la anterior providencia, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander declaró la nulidad de todo lo actuados, porque, de acuerdo con la regla
general establecida en la Ley 678 de 2001, la competencia le correspondía al
Tribunal, y no al juzgado, debido a que el proceso de reparación directa había sido
resuelto por aquella colegiatura. A continuación, el Tribunal admitió la demanda,
mediante auto del 13 de septiembre de 20106, que fue notificado al dennandado7.
2.3. El señor Pérez Campos contestó la demanda, a través de escritos en el que
propuso las excepciones de: (i) "improcedencia de la acción", ya que el
procedimiento disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación en
su contra había concluido por prescripción y la demandada no aportó prueba del
pago; (ii) "ilegal transferencia de responsabilidades", porque obró en cumplimiento
de una orden de operaciones, que buscaba el restablecimiento del orden en una
"zona de orden público"; y (iii) "prescripción de la acción".
2.4. Mediante auto del 24 de febrero de 2012,° fueron decretadas las pruebas
pedidas por las partes y por el Ministerio Público, "por haber sido solicitadas
oportunamente". Luego de que la etapa probatoria hubiera concluidol°, se corrió
traslado para alegatos y concepto de primer gradoll; oportunidad que fue
aprovechada por el demandado 12 y por la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército
Nacional 13; entidad que adujo que, además de acreditar los presupuestos objetivos
de prosperidad de sus pretensiones, probó que el demandado había asumido una
"conducta dañina", conforme a lo manifestado en el auto aprobatorio de la
conciliación, en el que se mencionó que había sido imprudente al haber omitido las
normas básicas del manejo de armas.
2.5. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en sentencia del 14 de mayo
de 201514 negó las pretensiones. Como fundamento de esta decisión, tomó en
consideración, en primer lugar, que "en el presente caso se encontraron
demostrados los elementos estructurales objetivos que configurarían la procedencia
de la acción de repetición, como son la calidad de servidor público del demandado,
la conciliación y su aprobación por parte de la jurisdicción y el pago realizado por la
entidad demandante con ocasión de la conciliación prejudicial".
Sin embargo, el Tribunal juzgó que "no se encuentra probado que la conducta
realizada por el demandado en los hechos de 2 de marzo de 2003 pueda calificarse
como gravemente culposa". En este sentido, consideró que las pruebas aportadas
con la demanda daban cuenta de la existencia de un proceso penal adelantado en
contra del demandado, que se encontraba al despacho del fiscal de conocimiento
para calificar el mérito del sumario, sin que, de ello "se pueda deducir en forma
objetiva que la conducta desplegada por el demandado lo fue a título gravemente
culposo".
Agregó que, si bien los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 se aplicaban a este
asunto, las presunciones en estos previstas suponían la expedición de un acto
5 Auto del 5 de agosto de 2010, folios 54 y 55, c. I.
6 Folio 60, c. 1.
7 Folio 64, c. 1.
6 Folios 65 a 68, C. 1
9 Folios 80 y 81, c. 1.
1° Lo que declaró el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en auto del 16 de febrero del 2015, folio 202, c. 1.
11 Auto del 9 de marzo de 2015, folio 204, c. 1.
12 Folios 206 a 210, C. 1.
13 Folios 209 y 210, c. 1.
14 Folios 212 a 218, c. ppal.
3
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administrativo o la condena del demandado en proceso penal o disciplinario, que no
había sido acreditada en este asunto. Además, las sentencias de condena por
responsabilidad administrativa de la actora no son prueba suficiente del elemento
subjetivo de la responsabilidad del funcionario y, menos aún, lo es la providencia
que aprueba una conciliación, ya que —según la jurisprudencia administrativa15—
en este análisis deben tomarse en consideración las funciones del servidor y la
gravedad en su incumplimiento, valoradas en un juicio en el que se garantice el
debido proceso del demandado.
2.6. El ente demandante interpuso recurso de apelación 16, en el que, luego de
hacer alusión a
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