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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico y la sentencia recurrida será confirmada

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Fecha
2022-08-22
Radicado
54001233100020100032701
Número interno
57229
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
-EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
JORGE HERNANDO PEREZ CAMPO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico y la sentencia recurrida será confirmada

Regla de decisión

Se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico y la sentencia recurrida será confirmada.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El ente actor no logra demostrar la culpa grave del soldado profesional al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote a la víctima, ya que las pruebas practicadas no evidencian un actuar grosero, negligente o temerario del demandado. La Sala confirma que el uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro, siempre que los miembros de la fuerza pública se identifiquen y adviertan la intención de usarlas con tiempo suficiente, haciendo un uso moderado y proporcional a la amenaza. Además, la Sala establece que el ente actor incumple la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor público, lo que implica que no puede aplicarse la presunción de dolo prevista en la Ley 678 de 2001. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la necesidad de especificar claramente la presunción legal en la que se basa la atribución de responsabilidad al servidor público.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El soldado profesional, al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote las extremidades inferiores de la fatal víctima, desplegó una conducta gravemente culposa?

Respuesta: No

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

No cabe afirmar que, al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote las extremidades inferiores de la fatal víctima, el soldado profesional [demandado] —quien devengaba menos de dos salarios mínimos en el momento de los hechos— hubiera desplegado un actuar grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño. De acuerdo con las pruebas practicadas para acreditar la culpa grave del demandado, analizadas en conjunto bajo las reglas de la sana crítica, no queda más que concluir que [el demandado] no desplegó una conducta gravemente culposa, en la causación del daño que llevó al reconocimiento de indemnización en acuerdo conciliatorio a favor de los familiares de [la víctima].

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN APELACIÓN DE LA SENTENCIA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO INDEMNIZACIÓN A LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA CONFIRMACIÓN DEL FALLO USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL RÉGIMEN SALARIAL DEL SOLDADO PROFESIONAL CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CAUSACIÓN DEL DAÑO VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA AUSENCIA DE CULPABILIDAD PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN SERVIDOR PÚBLICO AMENAZADO AMENAZA A LA SEGURIDAD PERSONAL CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PELIGROSIDAD PRESENCIA DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA DISPARO DE ARMAS DE FUEGO DISTANCIA DEL DISPARO DE ARMAS DE FUEGO RELATO DEL TESTIGO APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO FAMILIA DE LA VÍCTIMA SERVICIO ACTIVO DEL SOLDADO PROFESIONAL CLASES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL NECROPSIA MÉDICO LEGAL PRUEBA DE BALÍSTICA PRIMEROS AUXILIOS ASISTENCIA A LA VÍCTIMA NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO PRESUNCIÓN DE DOLO FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA PRUEBA DEL DOLO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE PRESUNCIÓN LEGAL ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONDENA PENAL FALTA DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA INVESTIGACIÓN PENAL MILITAR DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CONFIGURACIÓN DEL DOLO DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE CRITERIO DEL JUEZ PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CLASES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO RESPONSABILIDAD SUBJETIVA RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO NORMAS APLICABLES A LA ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO FINALIDAD DEL ESTADO ELEMENTOS DEL DOLO INFRACCIÓN DE NORMA SUPERIOR EXTRALIMITACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO CLASES DE CULPA DEBER DE CUIDADO DE LAS FUERZAS MILITARES DESCUIDO DE LA GESTIÓN ENCOMENDADA PRINCIPIO DE PREVENCIÓN CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA REPARACIÓN DEL DAÑO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEBER LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO CUMPLIMIENTO DE DEBER LEGAL CONCEPTO DE CULPA GRAVE GRAVE NEGLIGENCIA QUE PONE EN PELIGRO LAS PERSONAS O COSAS RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO CONDENA CONTRA EL ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CUMPLIMIENTO DEL PLAZO

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Titulación de la relatoría 12.426 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO / INDEMNIZACIÓN A LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / RÉGIMEN SALARIAL DEL SOLDADO PROFESIONAL / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / AUSENCIA DE CULPABILIDAD Problema jurídico: ¿El soldado profesional, al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote las extremidades inferiores de la fatal víctima, desplegó una conducta gravemente culposa? Respuesta al problema jurídico: No [N]o cabe afirmar que, al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote las extremidades inferiores de la fatal víctima, el soldado profesional [demandado] —quien devengaba menos de dos salarios mínimos en el momento de los hechos— hubiera desplegado un actuar grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño. [D]e acuerdo con las pruebas practicadas para acreditar la culpa grave del demandado, analizadas en conjunto bajo las reglas de la sana crítica, no queda más que concluir que [el demandado] no desplegó una conducta gravemente culposa, en la causación del daño que llevó al reconocimiento de indemnización en acuerdo conciliatorio a favor de los familiares de [la víctima]. [S]e impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico y la sentencia recurrida será confirmada. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / SERVIDOR PÚBLICO AMENAZADO / AMENAZA A LA SEGURIDAD PERSONAL / CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PELIGROSIDAD / PRESENCIA DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA / DISPARO DE ARMAS DE FUEGO / DISTANCIA DEL DISPARO DE ARMAS DE FUEGO Problema jurídico: ¿El uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro, siempre que los miembros de la fuerza pública se identifiquen como tales y adviertan la intención de usarlas con tiempo suficiente, haciendo un uso moderado y proporcional a la amenaza que se cierne. [E]s claro que el soldado profesional [demandado] dio un grito de advertencia antes de percutir el fusil de dotación que portaba en dirección al suelo, próximo [a la víctima]. La ubicación de este último, a unos metros de la vivienda, quien —según sus familiares— cayó a unos cinco minutos de esta, permite inferir que existió un lapso razonable entre la advertencia de "alto" y el momento en el que fue accionada el arma de dotación por el actual demandado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el uso de armas de dotación oficial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 2019, rad. 45655, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. RELATO DEL TESTIGO / APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / FAMILIA DE LA VÍCTIMA / SERVICIO ACTIVO DEL SOLDADO PROFESIONAL / CLASES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD / DISTANCIA DEL DISPARO DE ARMAS DE FUEGO / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / NECROPSIA MÉDICO LEGAL / PRUEBA DE BALÍSTICA / PRIMEROS AUXILIOS / ASISTENCIA A LA VÍCTIMA Problema jurídico: ¿La víctima salió corriendo de la vivienda y el soldado le dio la voz de alto, tras lo cual, al ver que el sujeto seguía corriendo, le disparó? Respuesta al problema jurídico: Si Entonces —según lo narrado por los militares, así como por los familiares y un vecino de la víctima— el [ciudadano] salió corriendo por la puerta trasera de la vivienda y el soldado […], quien estaba a cargo de la seguridad de ese punto, le dio la voz de "alto", tras lo cual, al ver que el sujeto seguía corriendo, le disparó en tres ocasiones en dirección al suelo, alcanzando dos de los proyectiles el muslo derecho [de la víctima] —según el informe de la necropsia y el informe de balística — quien cayó en un cultivo cercano y recibió primeros auxilios por parte del enfermero de la tropa. NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / PRESUNCIÓN DE DOLO / FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / PRUEBA DEL DOLO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN LEGAL / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONDENA PENAL / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA / INVESTIGACIÓN PENAL MILITAR Problema jurídico: ¿El ente actor incumplió la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuyó responsabilidad al servidor o ex servidor público? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n este asunto son aplicables las presunciones de dolo previstas en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, dentro de las que se encuentra el haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado (num. 4). Sin embargo, en este proceso, el ente actor incumplió la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuyó responsabilidad al servidor o ex servidor público. De hecho, no le imputó siquiera la responsabilidad a título de dolo, sino de culpa grave. [E]n este asunto no cabe la aplicación de la presunción prevista en el artículo 5.2 de la Ley 678 de 2001, con base en la cual el ente actor erige el cargo de apelación bajo estudio. [D]icha condena penal no fue mencionada en los hechos de la demanda, en los que únicamente se hizo referencia al desarrollo de una investigación penal en contra del funcionario demandado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las presunciones de culpa grave y dolo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de octubre de 2021, rad. 56777, C. P. Fredy Ibarra Martínez; y sentencia del 2 de julio de 2021, rad. 51498, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERALES 2 Y 4 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CRITERIO DEL JUEZ / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CLASES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / NORMAS APLICABLES A LA ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / FINALIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DEL DOLO / INFRACCIÓN DE NORMA SUPERIOR / EXTRALIMITACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿La sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario? Respuesta al problema jurídico: No [L]a sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no ata al juez de la repetición, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente. En este sentido se pronunció la Corte Constitucional […], además de reiterar que en el juicio de responsabilidad del funcionario se excluye la extrapolación del juicio de responsabilidad del Estado, puso de presente la existencia de unos presupuestos constitucionales de la responsabilidad del funcionario, que, en lo atinente al elemento subjetivo, implica que su actuación […], hubiera estado dirigida a "la realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado" (dolo), o sea calificable como "una infracción directa a la Constitución o a la ley" o como "una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones" (culpa grave). NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos constitucionales de la acción de repetición, cita: Corte Constitucional, sentencia SU-354 del 26 de agosto de 2020, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. CLASES DE CULPA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DEBER DE CUIDADO DE LAS FUERZAS MILITARES / DESCUIDO DE LA GESTIÓN ENCOMENDADA / PRINCIPIO DE PREVENCIÓN / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / REPARACIÓN DEL DAÑO / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / DEBER LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / CUMPLIMIENTO DE DEBER LEGAL / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / GRAVE NEGLIGENCIA QUE PONE EN PELIGRO LAS PERSONAS O COSAS / RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA / CAUSACIÓN DEL DAÑO Problema jurídico: ¿La culpa grave implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos. Con el juicio sobre la culpa se imputa así la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, teniendo en cuenta que el ejercicio de una función o servicio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o reglamento […] que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir. [E]ste no podrá excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su ejercicio, ya que ello lo colocaría en una culpa inicial. La culpa grave, a su vez, al tenor del referido artículo 63 del Código Civil, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos de la culpa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2015, rad. 32207, C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; sentencia del 30 de agosto de 2017, rad. 45295, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico (e); y sentencia del 7 de septiembre de 2020, rad. 49069, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Problema jurídico: ¿La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme al artículo 58 del CCA y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, según el inciso 2° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de los dieciocho (18) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, según el inciso 40 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 58, 129 Y 177 INCISO 4, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 Y 7 INCISO 2
Texto extraído del PDF oficial 73.989 caracteres
54001-23-31-000-2010-00327-01 (57229) Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUBSECCIÓN C Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022) Radicación 54001-23-31-000-2010-00327-01 (57229) número: Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. Demandado: Jorge Hernando Pérez Campos. Referencia: Repetición. Tema 1. Acción de repetición. Subtema 1.1. Presupuestos de la acción de repetición. Subtema 1.2. Elemento subjetivo. Subtema 1.3. Culpa grave del servidor público. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Dual de la Subsección C resuelve el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte ce Santander el 14 de mayo de 2015, que negó las pretensiones. I. SÍNTESIS La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional reconoció —en acuerdo conciliatorio aprobado judicialmente— indemnización de los perjuicios irrogados por la muerte de un civil a de manos un soldado, en la denominada Operación Coyote, que se desarrolló en municipios de Norte de Santander durante la noche del 1 al 2 de marzo de 2003. Pretende que se declare la responsabilidad por culpa grave del soldado profesional que ocasionó el daño antijurídico, con la condena al pago subsecuente. II. ANTECEDENTES: 2.1. El veinte (20) de febrero de dos mil nueve (2009)1, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional presentó dennanda2 contra Jorge Hernando Pérez Campos, en ejercicio de la acción de repetición, con la cual pretende que: (i) se declare que este último es responsable por culpa grave en los hechos que se presentaron el 2 de marzo de 2003 en el municipio de Hacarí, que dieron lugar a la condena (sic) de la actora y que (ii) en consecuencia, se condene al pago de las sumas canceladas por la demanda a las "víctimas del perjuicio". 2.1.1. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, el órgano demandante manifestó, en síntesis, lo siguiente: 2.1.1.1. Que el Tribunal Administrativo de Santander aprobó acuerdo conciliatorio con el reconocimiento del pago de perjuicios por parte del Ejercito Nacional, como consecuencia de la muerte de José de la Cruz Alvernia Cárdenas el 2 de marzo de 2003, en el municipio de Hacarí, Norte de Santander. 1 Folio 8 (anverso) c. 1. 2 Folios 2 a 8, C. 1. 54001-23-31-000-2010-0032741 (57229) Demandante: Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional 2.1.1.2. Que la suma reconocida a favor de la „demandante en el anterior acuerdo conciliatorio fue cancelada, según lo ordenado en la resolución núm. 6060 de 2007. 2.1.1.3. Que, como consta en el auto aprobatorio del acuerdo conciliatorio, José de la Cruz Alvernia Cárdenas fue dado de baja por el soldado profesional, Jorge Hernando Pérez Campos, sin que se hubiera presentado enfrentamiento alguno, ni aquel estuviera armado, además de encontrarse en una situación de absoluta desventaja, porque la víctima estaba sola frente a una tropa, lo que constituyó una imprudencia. 2.1.1.4. Que, de acuerdo con el informe de los hechos fechado el 3 de marzo de 2003, el soldado Pérez Campos disparó en tres ocasiones contra el señor Alvernia Quintero, quien salió corriendo de una casa, ocasionándole así la muerte, como consta en el acta de levantamiento del cadáver de 2 de marzo de 2003, en el protocolo de la necropsia y en el reporte de balística respectivo. 2.1.1.5. En su indagatoria, el soldado Pérez Campos manifestó que se tenía conocimiento de que en el lugar de los hechos se ubicaban tropas de la guerrilla. 2.1.1.6. De acuerdo con la declaración rendida , por Carmen Rosa Quintero López ante el Juzgado 37 de Instrucción Penal Militar, el señor Alvernia Quintero se despertó asustado, por lo que salió corriendo y recibió los impactos de bala que el soldado Pérez Campos disparó. 2.1.1.7. El sodado Monsalve Rivera, por su parte, declaró haberle prestado auxilio médico al señor Alvernia Quintero. 2.1.1.8. Según oficio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ni el señor Alvernia Cárdenas ni el soldado Pérez Campos tenían antecedentes penales. 2.1.1.9. Por los anteriores hechos, la Fiscalía 25 Penal Militar adelantó investigación contra el soldado Pérez Campos. 2.1.2. A modo de sustento jurídico de sus pretensiones, el ente actor hizo referencia al inciso 2° del artículo 90 de la Constitución, a los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo y al artículo 3 de la Ley 678 de 2001, tras lo cual manifestó que "[c]omo quiera que el demandado [...] no fue vinculado al trámite contencioso administrativo en que resultó condenada lá NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, es necesario aplicar en este caso la garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Fundamental, lo que impide la realización de un proceso de ejecución en su contra y obliga a poner el presente juicio a conocimiento del Juzgado Administrativo del Circuito de Cúcuta (reparto), para obtener una sentencia condenatoria a favor de LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, declarando la responsabilidad del agente"3. 2.2. La demanda fue rechazada mediante auto de 21 de agosto de 2009, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cúcuta4. Pero, al conocer 3 Esta es una transcripción literal, los errores, erratas, mayúsculas y puntación forman parte del texto original. 4 Auto del 21 de agosto de 2009, folio 41, c .1. 2 54001-23-31-000-2010-00327-01 (57229) Demandante: Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional sobre la apelación de la anterior providencia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró la nulidad de todo lo actuados, porque, de acuerdo con la regla general establecida en la Ley 678 de 2001, la competencia le correspondía al Tribunal, y no al juzgado, debido a que el proceso de reparación directa había sido resuelto por aquella colegiatura. A continuación, el Tribunal admitió la demanda, mediante auto del 13 de septiembre de 20106, que fue notificado al dennandado7. 2.3. El señor Pérez Campos contestó la demanda, a través de escritos en el que propuso las excepciones de: (i) "improcedencia de la acción", ya que el procedimiento disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación en su contra había concluido por prescripción y la demandada no aportó prueba del pago; (ii) "ilegal transferencia de responsabilidades", porque obró en cumplimiento de una orden de operaciones, que buscaba el restablecimiento del orden en una "zona de orden público"; y (iii) "prescripción de la acción". 2.4. Mediante auto del 24 de febrero de 2012,° fueron decretadas las pruebas pedidas por las partes y por el Ministerio Público, "por haber sido solicitadas oportunamente". Luego de que la etapa probatoria hubiera concluidol°, se corrió traslado para alegatos y concepto de primer gradoll; oportunidad que fue aprovechada por el demandado 12 y por la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional 13; entidad que adujo que, además de acreditar los presupuestos objetivos de prosperidad de sus pretensiones, probó que el demandado había asumido una "conducta dañina", conforme a lo manifestado en el auto aprobatorio de la conciliación, en el que se mencionó que había sido imprudente al haber omitido las normas básicas del manejo de armas. 2.5. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en sentencia del 14 de mayo de 201514 negó las pretensiones. Como fundamento de esta decisión, tomó en consideración, en primer lugar, que "en el presente caso se encontraron demostrados los elementos estructurales objetivos que configurarían la procedencia de la acción de repetición, como son la calidad de servidor público del demandado, la conciliación y su aprobación por parte de la jurisdicción y el pago realizado por la entidad demandante con ocasión de la conciliación prejudicial". Sin embargo, el Tribunal juzgó que "no se encuentra probado que la conducta realizada por el demandado en los hechos de 2 de marzo de 2003 pueda calificarse como gravemente culposa". En este sentido, consideró que las pruebas aportadas con la demanda daban cuenta de la existencia de un proceso penal adelantado en contra del demandado, que se encontraba al despacho del fiscal de conocimiento para calificar el mérito del sumario, sin que, de ello "se pueda deducir en forma objetiva que la conducta desplegada por el demandado lo fue a título gravemente culposo". Agregó que, si bien los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 se aplicaban a este asunto, las presunciones en estos previstas suponían la expedición de un acto 5 Auto del 5 de agosto de 2010, folios 54 y 55, c. I. 6 Folio 60, c. 1. 7 Folio 64, c. 1. 6 Folios 65 a 68, C. 1 9 Folios 80 y 81, c. 1. 1° Lo que declaró el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en auto del 16 de febrero del 2015, folio 202, c. 1. 11 Auto del 9 de marzo de 2015, folio 204, c. 1. 12 Folios 206 a 210, C. 1. 13 Folios 209 y 210, c. 1. 14 Folios 212 a 218, c. ppal. 3 54001-23-31-000-2010-00327-01 (57229) Demandante: Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional administrativo o la condena del demandado en proceso penal o disciplinario, que no había sido acreditada en este asunto. Además, las sentencias de condena por responsabilidad administrativa de la actora no son prueba suficiente del elemento subjetivo de la responsabilidad del funcionario y, menos aún, lo es la providencia que aprueba una conciliación, ya que —según la jurisprudencia administrativa15— en este análisis deben tomarse en consideración las funciones del servidor y la gravedad en su incumplimiento, valoradas en un juicio en el que se garantice el debido proceso del demandado. 2.6. El ente demandante interpuso recurso de apelación 16, en el que, luego de hacer alusión a

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012331000201000327011100103