Titulación de la relatoría 27.187 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / PLAZO / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / UNIVERSIDAD / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La acción de repetición fue incoada oportunamente, esto es, dentro del término ce caducidad de dos (2) años señalados en la norma?
Respuesta al problema jurídico: Si
Vigencia de la acción [de repetición.] (…) El 6 de octubre de 2006, el Tribunal Administrativo del Caquetá declaró la nulidad de la Resolución No. 484 del 11 de abril de 2000. Por lo tanto, el plazo de vigencia de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del 4 de agosto de 2001, definiéndose así dicho término conforme a esta ley. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y lo establecido por la Corte Constitucional (…) la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de los dieciocho (18) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, según el inciso 4 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA) (…). Ahora bien, en este proceso se acreditó que: (i) la Universidad de la Amazonia fue condenada con sentencia que cobró ejecutoria el 9 de noviembre de 2006, (ii) el ente universitario contaba así con un plazo de dieciocho (18) meses para dar cumplimiento a lo fallado y el término se cumplió el 9 de mayo de 2008; y (iii) que, de acuerdo con el comprobante de egreso número 7000946, el órgano demandante realizó el pago del valor pretendido en la demanda, el 20 de diciembre de 2007. Por lo tanto, en el sub lite, el plazo para presentar la demanda de repetición caducaba el 21 de diciembre de 2009. Como la demanda que inició este proceso fue radicada el 17 de junio de 2008, la acción de repetición fue incoada oportunamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, ver, Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil y sentencia C-394 de 2002, M.P. Álvaro Tafur.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / LEY 678 DE 2001 / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / CONDENA / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / UNIVERSIDAD / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 en el caso concreto, considerando que los hechos que sustentaron la condena en contra de la Universidad de la Amazonia ocurrieron con anterioridad a la vigencia de dicha norma?
Respuesta al problema jurídico: No
Sobre el régimen jurídico sustantivo aplicable. Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior (…). Por ende, como en este caso los hechos que sustentaron la condena en contra de la Universidad de la Amazonia ocurrieron el 11 de abril de 2000, cuando fue expedida la Resolución No. 484, con la que se encargó de las funciones de Jefe de la División de Servicios Administrativos de la Universidad de la Amazonia a la contadora pública (…) a partir del 12 de abril de ese mismo año, mientras se producía el nombramiento del titular, la Ley 678 de 2001 no es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 30330, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de junio de 2018, exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 121, 122, 124 Y 90, DECRETO 140 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 2
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONTRADICCIÓN PROCESAL / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / DERECHO DE DEFENSA / PRINCIPIO DE DERECHO DE DEFENSA
Problema jurídico:
¿Puede otorgarse valor probatorio a las copias simples que se alleguen al proceso, siempre que se garanticen los principios de contradicción y defensa de los sujetos procesales, y no se tachen de falsas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, unificó la jurisprudencia en el sentido de entender como válidas las copias simples allegadas al proceso frente a las que se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido, por lo cual, las mismas tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero; y Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 25 de junio de 2014, exp. 49299. C.P. Enrique Gil Botero.
DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO AUTÉNTICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO AUTÉNTICO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / FUNCIONARIO PÚBLICO / FUNCIONES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Debe otorgarse valor probatorio a los documentos públicos que se allegaron al proceso, los cuales acreditan el cumplimiento del presupuesto de procedibilidad de la acción de repetición, ya que contienen y reflejan la voluntad de la administración de dar cumplimiento a la condena judicial impuesta en su contra, siendo que se presumen auténticos, pues existe certeza de que fueron suscritos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los documentos (…) [allegados al proceso] demuestran el cumplimiento del presupuesto de procedibilidad de la acción de repetición (…) porque se trata de documentos públicos que contienen y reflejan la voluntad de la administración de dar cumplimiento a la condena judicial impuesta en su contra, acreditan el nombre del beneficiario, la fuente de la obligación, la entidad bancaria y el número de cuenta de quien recibió, la suma de dinero pagada y la fecha en que se realizó el pago. Además, se presumen auténticos, pues existe certeza de que fueron suscritos por funcionario público en ejercicio de sus funciones.
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / CONDENA JUDICIAL / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ / DOCUMENTO / FUNCIONARIO PÚBLICO / SALARIO / PRESTACIONES SOCIALES / ENTIDAD PÚBLICA / DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / COPIA AUTÉNTICA DE LA SENTENCIA / PROCESO EJECUTIVO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / PAGO PARCIAL / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se encuentra acreditado el pago realizado por la Universidad del Amazonia, con ocasión de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Caquetá en la sentencia del 6 de octubre de 2006, siendo procedente repetir el mismo, pese a que éste se haya realizado de forma parcial?
Respuesta al problema jurídico: Si
[Se encuentra acreditado en este proceso el pago realizado por la Universidad de la Amazonia, con ocasión de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Caquetá en sentencia del 6 de octubre de 2006.] (...) [L]a respuesta al primer problema jurídico planteado (...) es afirmativa, porque los documentos aportados al expediente acreditan el pago de la suma efectivamente cancelada por el ente demandante con ocasión de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Caquetá, sustento de la pretensión de reembolso. Con todo y lo anterior, la Sala no pasa por alto que del valor total de la liquidación realizada por la Universidad de la Amazonia en la resolución que dio cumplimiento a la condena, se dedujo la suma de Doscientos Veintiocho Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Trece Pesos M/cte. ($228.255.713.00), equivalente al valor de los salarios y prestaciones que (…) [la funcionaria despedida] percibió en otra entidad pública durante su desvinculación. Tampoco desconoce que al expediente se allegó copia auténtica de la sentencia proferida el 4 de junio de 2010 por el Juzgado Administrativo de Florencia en el marco del proceso ejecutivo que, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de repetición inició la (…) [funcionaria] contra el referido ente universitario, en la que se dejó sin sustento el descuento efectuado por el órgano demandante y se ordenó, al practicar la liquidación del crédito, tener en cuenta el abono realizado por la universidad por las sumas antes relacionadas, esto es, por valor de Ciento Cuarenta Millones Doscientos Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos M/cte. ($140.219.951.00). Sin embargo, esta circunstancia que, a juicio del Tribunal, devela la ausencia del pago total de la condena, no constituye impedimento para continuar analizando el siguiente presupuesto que, eventualmente, permitiría acceder a las pretensiones de la demanda, comoquiera que, conforme a la postura reiterada por la jurisprudencia de la Corporación, es procedente repetir su pago parcial.
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2016, exp. 40601, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 26 de mayo de 2016, exp. 39795, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; auto del 12 de febrero de 2014, exp. 39796, C.P. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 27561, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y sentencia del 26 de julio de 2021, exp. 60518, C.P. Alexander Jojoa Bolaños (E).
ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FUNCIONARIO PÚBLICO / CARGO DE CONFIANZA / FUNCIONES DEL CARGO DE CONFIANZA / ACTO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / ACTIO IN REM VERSO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / CONDENA / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO / AGENTE DEL ESTADO / MEDIOS DE PRUEBA / ENTIDAD PÚBLICA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / UNIVERSIDAD / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD / UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA / DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR / DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO / CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO / DECLARACIÓN DE TESTIMONIO / VALIDEZ DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO / TESTIMONIO / EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / INTERROGATORIO / PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / EXTRALIMITACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / MALA FE / INEXISTENCIA DE MALA FE / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / SENTENCIA CONDENATORIA / VALOR VINCULANTE DE LA SENTENCIA / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El pago realizado por la entidad pública demandante, como consecuencia de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Caquetá al declarar la nulidad de la Resolución 484 del 11 de abril de 2000, resulta atribuible patrimonialmente al demandado a título de dolo, teniendo en cuenta que, la desvinculación de la funcionaria pública se fundamentó en la ausencia de confianza y credibilidad que le generó a su nominador?
Respuesta al problema jurídico: No
En el presente asunto habrá de decirse que el A-quo, para valorar la conducta del señor (…) tomó como parámetro el Código Civil. Así, al analizar el elemento subjetivo de la acción de repetición, el Tribunal juzgó que (…) [la funcionaria] desempeñaba un cargo de dirección, manejo y confianza y, al tomar en consideración los testimonios recaudados en el marco de esta actuación, concluyó que la decisión de expedir el acto administrativo de insubsistencia tácita estuvo fundamentada en la pérdida de confianza respecto de la señora (…) [funcionaria]. (…) Así pues, para abordar el análisis de la conducta del agente público en el marco de la acción de reembolso, ha de tenerse en consideración que, el régimen jurídico sustancial aplicable al caso es el anterior a la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001 y que, por tanto, le corresponde a la administración probar que la conducta de su agente fue dolosa o gravemente culposa. En esa perspectiva, la sola condena en sede de legalidad no equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho no ata al juez de la repetición, el que debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, bajo las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron las pruebas allegadas al proceso que dio lugar a la condena contra la entidad pública que ahora actúa como demandante. De manera que, como lo ha sostenido esta Sección de la Corporación, en esta sede judicial pueden hacerse valoraciones y calificaciones distintas, en razón a que la decisión ya no versa sobre la responsabilidad del Estado o la legalidad de sus actuaciones administrativas, sino sobre la conducta del agente. La jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso, la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos y los artículos 6 y 91 de la Constitución Política, que tratan sobre la responsabilidad de los servidores públicos. Dicho lo anterior, la Sala, a priori, no encuentra fundamento válido en el título en el que la accionante funda su pretensión. Y se dice a priori porque, aunque en el expediente reposa la sentencia mediante la cual se anuló la Resolución No. 484 del 11 de abril de 2000, en virtud de la cual el demandado (…) en su condición de Rector de la Universidad de la Amazonia encargó de las funciones de Jefe de la División de Servicios Administrativos a la contadora pública (…), lo cierto es que las consideraciones en ella plasmadas no prueban por sí solas la materialización de la imputación subjetiva formulada contra el señor (…). En efecto, la sentencia condenatoria del 6 de octubre de 2006 dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá, solo constituye prueba de que se declaró la nulidad de la Resolución No. 484 de 2000 por desviación de poder, toda vez que, según el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la expedición de ese acto de desvinculación de la señora (…) [funcionaria] tuvo fundamento en móviles políticos; no obstante, en manera alguna, demuestra la conducta dolosa (…) al adoptar aquella determinación. Además, los otros medios de convicción obrantes en la actuación tampoco ofrecen certeza respecto a la comisión de comportamiento doloso del que pudiese derivarse responsabilidad personal del agente estatal por la expedición del acto administrativo que, con posterioridad, fue declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así, en la diligencia de interrogatorio de parte rendida por el demandado, cuyo relato será valorado teniendo en cuenta que fue decretado y practicado por solicitud de la entidad demandante con el cumplimiento de las formalidades legales establecidas en los artículos 202 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (CPC), el señor (…) manifestó que (…) [la funcionaria] formó parte activa de la campaña de (…) [la] también aspirante a la rectoría, y que en ese proceso hubo un “fuerte forcejeo interno en acciones y expresiones” que le generaban desconfianza de la funcionaria. (…) Del mismo modo, los testimonios rendidos en este proceso (…) dieron cuenta de las razones que motivaron al señor (…) a expedir el acto administrativo anulado. (…) [Así mismo,] los testimonios provienen de funcionarios del ente demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, condición que puede afectar su imparcialidad y, con ello, su credibilidad, lo que los hace sospechosos de acuerdo con el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil (CPC). Estas circunstancias, que según el artículo 218 ejusdem deben ser apreciadas por el juez en la sentencia, en cada caso, imponen una valoración más rigurosa de estos testimonios, en conjunto con las demás pruebas practicadas, como lo ha considerado la Sala. En este contexto, el análisis de las declaraciones efectuadas por el señor (…) en su interrogatorio, en conjunto con aquellas rendidas por los testigos (…), impide considerar que, como lo afirma la entidad recurrente, (…) al expedir la Resolución No. 484 de 2000, hubiese obrado de mala fe o buscado una finalidad ajena a la legalmente establecida para el ejercicio de sus competencias. Por el contrario, la Sala denota que las razones que condujeron a (…) a encargar a la contadora pública (…) de las funciones de jefe de la División de Servicios Administrativos, convergen en la poca confianza que despertaba (…) en quien fuere la primera autoridad ejecutiva del ente universitario. Por tanto, más allá de cualquier acto de revanchismo político que hubiese podido ejercer [el rector] (…) o ánimo de cobrar el apoyo que le brindó la desvinculada a (…), la elección del demandado como rector -en armonía con la libertad y autonomía aludida por el señor (…) implicaba conformar un equipo de trabajo que estuviera de acuerdo con su propuesta de gobierno. Bajo este escenario, conviene precisar que el cargo de Jefe de División, Código 2040, Grado 14 , ocupado por (…) [la funcionaria desvinculada] y perteneciente al nivel ejecutivo de la planta de empleos de la Universidad de la Amazonia, tal como lo señaló el A-quo en la sentencia apelada y lo recordó (…) en su atestación, era de aquellos catalogados como de libre nombramiento y remoción, empleo frente a los cuales la Sección Segunda del Consejo de Estado, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha destacado que requieren de un grado de confianza mayor al que se predica de la función pública ordinaria, en razón de la trascendencia y nivel de responsabilidad administrativa o política de las tareas encomendadas, por lo que, al tratarse de un cargo de dirección o manejo, precisa de la entera confianza del nominador. Así las cosas, fuera de cualquier causa ajena al marco funcional o competencial atribuido al entonces rector del ente universitario, que hubiere generado la declaratoria de insubsistencia tácita del nombramiento de la Jefe de División de Servicios Administrativos de la Universidad de la Amazonia, lo que efectivamente se encuentra demostrado en el plenario es la ausencia de confianza y credibilidad del nominador que, como lo explicó recientemente la Sección Segunda de la Corporación , bien podía obrar como un asunto para determinar la disponibilidad del empleo que, según lo manifestado por (…) [el rector] en su interrogatorio y la constancia allegada como prueba trasladada al expediente, se encargaba de un aspecto de suma importancia y responsabilidad para la entidad, como era el trámite de celebración de contratos de personal y de servicios asistenciales. No resulta posible, además, pasar por alto que la existencia de móviles políticos que sustentaron, en su momento, la desviación de poder en la expedición de la Resolución No. 484 de 2000, fue desacreditada en este proceso por los dichos de los señores (…) por lo que, bajo estas circunstancias, ninguna razón habría para colegir algún comportamiento doloso endilgado al demandado, máxime cuando dicha causal de nulidad del acto administrativo, en el de régimen jurídico aplicable para la época de los hechos de la presente acción de repetición -anterior a la Ley de 2001, no equivale automáticamente al elemento conductual atribuido al accionado. Ahora, si bien la Universidad de la Amazonia reprochó en su alzada que el A-quo no otorgó valor probatorio a los testimonios rendidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por los señores (…) quienes, a su juicio, fueron contestes en afirmar que una vez posesionado (…) como rector del ente universitario, inició una persecución laboral en contra del personal de la institución que no lo había apoyado en el proceso eleccionario, lo cierto es que, contrario a lo que sucede con los documentos trasladados a esta actuación, estos testimonios carecen de mérito para ser valorados en el marco del proceso de repetición, toda vez que el aquí accionado no fue parte en esa actuación y las declaraciones allí contenidas no fueron ratificadas en este proceso. Además, el señor (…) en calidad de Rector de la Universidad de la Amazonia, procedió a la desvinculación de la señora (…) en ejercicio de su función nominadora atribuida en el Acuerdo 62 de 2002, correspondiente al Estatuto General de ese organismo. Luego, entonces, no se trata de un acto administrativo que haya sido expedido con ausencia de competencia o con extralimitación en el ejercicio de sus funciones que reflejara, al menos indiciariamente, mala fe en la toma de la decisión, pues se trató de una potestad autorizada en virtud de las atribuciones previamente asignadas por el reglamento. En consecuencia, conforme al material probatorio allegado al proceso se encuentra que, en el presente caso, no concurren los requisitos que la ley y la jurisprudencia exigen para que la acción de repetición prospere, pues, la conducta desplegada por el funcionario público no alcanza a catalogarse como dolosa, razón por la cual, la Sala confirmará la sentencia proferida por la Sala Transitoria de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 11 de diciembre de 2017 que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prueba de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente del Estado en procesos de repetición cuyo régimen aplicable es el anterior a la Ley 675 de 2001, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de diciembre de 2007, exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Acerca del valor probatorio de la sentencia condenatoria de los procesos contenciosos administrativos, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de diciembre de 2007, exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En relación con las nociones de culpa y dolo, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2021, exp. 66423, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de agosto de 2015, exp. 35962, C.P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de diciembre de 2007, exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Frente a la naturaleza jurídica del interrogatorio, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 14 de octubre de 2021, exp. 53448, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Acerca de la valoración de los testimonios sospechosos, ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 27 de abril de 2020, exp. 29770, C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Respecto de la valoración de la confesión de aquellos hechos adversos a las partes, ver sentencia del 15 de noviembre de 2018, exp. 25000-23-26-000-2009-00962-01(43664), C.P. Martín Bermúdez Muñoz. En relación con la naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción, consultar, Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 28 de octubre de 2021, exp. 05001-23-33-000-2016-01773-01(3710-18), C.P. Carmelo, Perdomo; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp. 47001-23-33-000-2016-00019-01(0850-17), C.P. William Hernández; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 28 de octubre de 2021, exp. 05001-23-33-000-2016-01773-01(3710-18), C.P. Carmelo Perdomo. Frente al valor probatorio de los testimonios trasladados, consular, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. 60200, C.P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia del 31 de julio de 2020, exp. 55253, C.P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia del 26 de julio de 2021, exp. 59470, C.P. Alexander Jojoa (E); sentencia del 28 de abril de 2021, exp. 55025, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y sentencia del 15 de noviembre de 2018, exp. 43664A, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6 Y 91, DECRETO 1400 Y 1970 DE 1970 - ARTÍCULO 202, 217 Y 218, LEY 57 DE 1887