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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia

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Fecha
2024-02-19
Radicado
05001233100020110134401
Número interno
62145
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Demandado
MARINO RAFAEL CASTILLO PADRON, MARGARITA MARIA ANGEL BERNAL, ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto conforme a lo establecido por el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), así como por lo previsto en el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al pago efectuado por la entidad, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses para cumplir la condena, y que el Consejo de Estado conoce de la apelación en esos procesos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la jurisdicción contencioso administrativa conoce de los procesos de repetición según el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, y la apelación se rige por el artículo 150 del CPACA. Segunda, la condena se impuso bajo la vigencia de la Ley 678 de 2001 y del Código Contencioso Administrativo, de modo que aplica el plazo de dos años del numeral 9 del artículo 136 del CCA. Tercera, el pago total se efectuó en la fecha acreditada, y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes. La providencia confirma la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que, cuando la demanda de repetición se radica dentro de los dos años posteriores al pago total, la caducidad no prospera.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 150
  • Ley 678 de 2001, arts. 7 inc. 1 y 7 inc. 3

También resuelve

  • ¿El término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago efectuado por la entidad?
  • ¿La normativa aplicable al presente caso es la Ley 678 de 2001, toda vez que el hecho que dio lugar a la condena por incumplimiento de obligaciones laborales se estructuró a partir del 13 de…
  • ¿Para configurar la responsabilidad patrimonial del agente del Estado debe acreditarse que la actuación de éste en la causación del daño del cual derivó la condena judicial contra la Nación…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN LEY 678 DE 2001 RETROACTIVIDAD DE LA LEY ALCANCE DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY OBJETO DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN APLICACIÓN DE LA NORMA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONCEPTO DE CULPA GRAVE DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE CONCEPTO DE DOLO DEMOSTRACIÓN DEL DOLO PRUEBA DEL DOLO CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO INTERVENTOR FUNCIÓN DEL INTERVENTOR OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DAÑO CAUSADO POR CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA PAGO DE LA OBLIGACIÓN LABORAL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CONDENA CONTRA EL ESTADO

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Titulación de la relatoría 13.236 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto conforme a lo establecido por el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), así como por lo previsto en el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 3 CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿El término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago efectuado por la entidad? Respuesta al problema jurídico: Si En lo concerniente al plazo para el ejercicio oportuno de la acción se encuentra demostrado que empezó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo (CCA), pues la sentencia condenatoria que sustenta la pretensión de reembolso fue dictada por el Tribunal Superior de Medellín el catorce (14) de mayo de dos mil diez (2010). En ese escenario, resulta aplicable la previsión de los artículos 136.9 del CCA y 11 de la Ley 678 de 2001, conforme a los cuales el medio de control de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente a aquel en el que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del CCA. En el caso bajo estudio se encuentra acreditado que el departamento de Antioquia efectuó el pago de la condena el cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2010) (...). Como la demanda que inició este contencioso fue radicada el veintiocho (28) de julio de dos mil once (2011), esto es, dentro de los dos años siguientes al pago total de la condena, el medio de control de repetición se considera ejercido oportunamente. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 LEY 678 DE 2001 / RETROACTIVIDAD DE LA LEY / ALCANCE DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / OBJETO DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY / TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA NORMA Problema jurídico: ¿La normativa aplicable al presente caso es la Ley 678 de 2001, toda vez que el hecho que dio lugar a la condena por incumplimiento de obligaciones laborales se estructuró a partir del 13 de septiembre de 2004? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior. (…) Como en este caso el hecho que dio lugar a la condena por incumplimiento de obligaciones laborales se estructuró a partir del 13 de septiembre de 2004, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la retroactividad de la ley, cita: Consejo De Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, rad. 30330, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CONCEPTO DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO Problema jurídico: ¿Para configurar la responsabilidad patrimonial del agente del Estado debe acreditarse que la actuación de éste en la causación del daño del cual derivó la condena judicial contra la Nación, fue con culpa grave o dolo? Respuesta al problema jurídico: Si En punto a la calificación de la conducta, es pertinente recordar que la condena en contra del Estado no demuestra, automáticamente, el dolo o la culpa grave del funcionario involucrado en el hecho o actuación que dio lugar al fallo condenatorio, pues el criterio del juez de esa causa, no ata al juez de la repetición al tratarse esta última acción de un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del servidor, que imposibilita extrapolar las conclusiones en torno a la circunstancia que motivaron la condena en contra del organismo, en tanto se centra en la valoración del comportamiento del agente conforme a las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron los medios probatorios allegados al proceso judicial que sustentó la pretensión de reembolso. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la conducta del agente estatal en la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 29 de noviembre de 2019, rad. 43056, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas y sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU-354 de 26 de agosto de 2020. CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿Se acreditó que la conducta de la demandada como Secretaria de Infraestructura fue causante del daño por el cual se condenó al Estado? Respuesta al problema jurídico: Si [La demandada] como secretaria de infraestructura, tuvo a su cargo la dirección de las labores de control y vigilancia de la actividad contractual desde que firmó el acta de inicio de obra el 9 de febrero de 2004. Dos años dictó el acto de liquidación unilateral del contrato fechado el 10 de marzo de 2006, circunstancia que denota la inactividad de la servidora en las funciones de interventoría encargadas a la secretaría que dirigía (cláusula 10 del contrato). Tampoco se observa actuación alguna de la demandada (…) frente a la comunicación del personal del contratista dirigida a ella en condición de secretaria de infraestructura, a través de la cual se le informó el incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del contratista. (…) [E]l deber de la secretaria de infraestructura (…) frente al oficio presentado por los trabajadores del contratista para comunicar el incumplimiento de obligaciones laborales, consistía en declarar la ocurrencia del siniestro por el incumplimiento del pago de salarios y prestaciones del personal vinculado por el contratista y, de esta manera, hacer efectiva la garantía expedida por Seguros del Estado, obligación que evidentemente omitió. (…) [E]l comportamiento omisivo desplegado por la accionada (…) en condición de secretaria de infraestructura del departamento de Antioquia, durante la ejecución y liquidación del contrato de obra, está directamente relacionado con el hecho origen de la condena, pues la negligencia en el ejercicio de las funciones de control y vigilancia del acuerdo contractual incidieron en la estructuración del hecho que dio lugar a la condena laboral, porque: (i) dictó el acto de liquidación unilateral en el que ordenó el pago al cesionario del crédito sin hacer mención a la autorización expresa que requería para su procedencia (cláusula séptima del contrato); (ii) desatendió las herramientas legales y contractuales para la imposición de multas ante la falta de acreditación del pago de aportes a seguridad social por parte del contratista (cláusula 12 del contrato); (iii) omitió hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones (cláusula novena del contrato), para cesar el impago y, con ello, evitar la condena solidaria en contra del ente territorial como “beneficiario o dueño de la obra”, agravada por la persistencia del incumplimiento. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la liquidación del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, rad. 25199, C. P. Danilo Rojas Betancourth y sentencia de 1 de junio de 2020, rad. 48668, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Acerca de las obligaciones de las partes del contrato respecto a terceros, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de junio de 2020, rad. 43121, C. P. Martín Bermúdez Muñoz. Respecto a la declaración del siniestro por parte de la entidad pública, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, rad.16494, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 22 de mayo de 2013, rad. 24810, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; y sentencia de 2 de marzo de 2022, rad. 55560, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 178 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / PAGO DE LA OBLIGACIÓN LABORAL / PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES / CONDENA CONTRA EL ESTADO Problema jurídico: ¿Las actuaciones de las demandadas, en condición de servidoras públicas de la Secretaría de Infraestructura del departamento de Antioquia a cargo de la interventoría y vigilancia del contrato de obra pública suscrito con el contratista, repercutieron en el hecho que dio lugar a la condena solidaria impuesta en contra del ente territorial derivada del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, por la inexcusable omisión de sus funciones? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a inexcusable omisión del deber de vigilancia y control del contrato a cargo de [la demandada] en condición de interventora y técnico de la Secretaría de Infraestructura Física de la gobernación de Antioquia, tuvo relación directa con el hecho origen de la condena, pues la misma devino por la comprobación del incumplimiento de las obligaciones laborales del personal vinculado por el contratista para la ejecución de la obra, que la demandada debía vigilar periódicamente y reportar su inobservancia para adelantar las gestiones de cobro de garantías y multas previstas en el contrato de obra. (...) [R]esulta forzoso concluir que la respuesta al problema jurídico planteado es afirmativa, ya que se encuentra plenamente demostrado que el comportamiento de (...) [las demandadas], en condición de servidoras públicas de la división de infraestructura del departamento de Antioquia, a cargo de la interventoría y vigilancia del contrato de obra pública suscrito con (...), configuró una conducta gravemente culposa por la inexcusable omisión de sus funciones, generadora de responsabilidad patrimonial al incidir en la estructuración del hecho que dio lugar a la condena objeto de la pretensión de reembolso. Conforme al análisis de los cargos que fijaron el marco de juzgamiento en segunda instancia, la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró patrimonialmente responsables a las demandadas (...), a título de culpa grave, y ordenó reintegrar a cada una de ellas el 10% del monto de la pretensión de reembolso, devolución que deberá ajustarse conforme a lo previsto en el artículo 178 del CCA. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de las funciones del interventor, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 10 de agosto de 2006, rad. 1767, C. P. Luis Alberto Álvarez Jaramillo; Sección Tercera, sentencia de 13 de febrero de 2013, rad. 24996, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 14 de octubre de 2021, rad. 50623, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y sentencia de 28 de abril de 2005, rad. 14393, C. P. Germán Rodríguez Villamizar. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 178, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 2

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000201101344011100103