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PRINCIPIO DE DERECHO DE DEFENSA

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Consejo de Estado Providencia

Condena: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233100020150029401 LEY 1437 REPETICION
¿Teniendo en cuenta que el régimen jurídico se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso debe darse aplicación al Código Civil bajo un análisis subjetivo del concepto general de culpa grave, en cuanto el demandante alega una supuesta presunción de culpa grave por extralimitación de las funciones? Sí
El contratista no puede alegar una presunción de culpa grave por extralimitación de funciones, ya que tal presunción no está prevista en la ley, y el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la condena, en este caso la Ley 678 de 2001. La Sala analiza el concepto general de culpa grave contenido en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, conforme al régimen del Código Civil, y rechaza las pretensiones de la demanda por falta de prueba de la culpa grave y la extralimitación de funciones. Además, la prueba trasladada del proceso penal militar es valorada, pero la sentencia de reparación directa no es oponible al demandado por su ausencia en el proceso. Finalmente, se fija la condena en costas y agencias en derecho en el 2.5% del valor de las pretensiones, según el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe otorgarse valor probatorio a la prueba trasladada en el caso concreto, es decir, al proceso penal del cual conoció la justicia militar? ¿Deben negarse las pretensiones de la demanda en cuanto la parte demandante no acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa… ¿Puede otorgarse valor probatorio a la sentencia de reparación directa que fue aportada al proceso, toda vez que no es oponible al demandado, dado que este no participó en dicho asunto?
Consejo de Estado Providencia

El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición inicia a partir de la fecha del pago de la condena por parte

Sentencia — Sentencia 2022-06-10 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 68001233300020130057301 LEY 1437 REPETICION
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición inicia a partir de la fecha del pago de la condena por parte de la entidad? Sí
El contratista debe presentar la demanda de repetición en un término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena por parte de la entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y su interpretación por la Corte Constitucional en las sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, lo que implica que los contratistas deben estar atentos a la fecha exacta del pago para evitar la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuál es el régimen legal aplicable en materia de acción de repetición? ¿Existe legitimación en la causa por pasiva de los herederos del agente estatal en la acción de repetición? ¿Se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva en la acción de repetición adelantada contra los herederos del agente del Estado que falleció antes de la interposición de la demanda?
Consejo de Estado Providencia

El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2025-12-18 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020240056302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del CGP y 213 del CPACA (Ley 1564 de 2012)? Sí
El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del Código General del Proceso y 213 del Código Procesal Administrativo y Contencioso (Ley 1564 de 2012), ya que esta facultad busca garantizar la efectividad de los derechos de las personas y la veracidad de los hechos enjuiciados. El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, sino un deber legal que implica adoptar medidas necesarias para fallar con suficiente conocimiento de causa y un material probatorio completo, en la búsqueda de la justicia, la seguridad jurídica y la equidad. Sin embargo, esta potestad no debe utilizarse para suplir la negligencia o el incumplimiento de las cargas probatorias de las partes, sino para aclarar oscuridades en la controversia y evitar que la falta de actividad judicial comprometa la justicia material. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo que el juez debe decretar pruebas de oficio solo cuando surja la necesidad de aclarar hechos relevantes y existan fundadas razones para considerar que su falta de actividad puede abandonar el sendero de la justicia material.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede ampliarse la medida cautelar solicitada cuando aún no está claro el alcance del Contrato de Concesión No. 002 de 2005…
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 25000233600020170227202 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Vulnera el juez de segunda instancia el principio de congruencia y el debido proceso cuando, al resolver el recurso de apelación, se pronuncia sobre la ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual que no fue planteada en las pretensiones ni en los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, ni integrada oportunamente a la causa petendi del litigio? Sí
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre nuevos cargos y hechos que no fueron aducidos en la demanda, ni discutidos en el proceso, ni controvertidos por la parte demandada, porque el principio de congruencia delimita su competencia. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 281 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, obliga a que la sentencia guarde congruencia con los hechos y las pretensiones de la demanda; la competencia del superior se limita a la cuestión decidida, que se estructura a partir de la causa petendi y de las excepciones debidamente alegadas y probadas; y tener en cuenta una cláusula o un hecho no integrado oportunamente a la causa petendi vulnera el derecho de defensa de la contraparte. Por ello, la declaratoria de ineficacia de pleno derecho de una cláusula no pedida en la demanda excede el litigio y resulta violatoria del debido proceso. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve: ¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia a los argumentos concretos expuestos en la sustentación del recurso de apelación… ¿El incumplimiento de la carga de sustentación del recurso de apelación por parte del recurrente que se limita a reiterar los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión de primera instancia… ¿Prospera el recurso de apelación cuyos argumentos, además de carecer de reparos concretos y específicos contra la sentencia de primera instancia…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Los agentes de la Policía Nacional incurrieron en una conducta gravemente culposa

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 15001233100020040129802 ACCION DE REPETICION
¿Los agentes de la Policía Nacional incurrieron en una conducta gravemente culposa, al disponer la retención de dos civiles, en un lugar que no cumplía con las condiciones mínimas exigidas para ello y que, a la postre, fue objeto de una conflagración en la que aquellos perdieron la vida? Sí
Los agentes de policía que disponen la retención de personas en un lugar que no reúne condiciones mínimas de seguridad y, en consecuencia, causan su muerte, incurren en culpa grave cuando infringen el deber objetivo de cuidado y no prevén los efectos nocivos de su actuación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los agentes actuaron en contra de una prohibición expresa del reglamento, pese a haber sido advertidos sobre el uso del lugar, lo que constituye una infracción al deber de cuidado en los términos del artículo 63 del Código Civil. Segunda, la culpa grave no requiere intención de causar la muerte, pues basta una conducta grosera, negligente, despreocupada y temeraria que sea determinante del resultado. Tercera, para fijar la participación de cada agente en el daño se considera su cargo y jerarquía al momento de los hechos. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y declara la responsabilidad patrimonial de los demandados en repetición. La consecuencia práctica es que la retención de personas en lugares no habilitados, con advertencia previa de su prohibición, configura el elemento subjetivo de la repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿En el presente asunto se encuentra acreditado, con las pruebas practicadas: (i) la condición de agentes de policía de los demandados para la época en que ocurrieron los hechos… ¿Un subalterno cuando tuviera dudas sobre la conveniencia o legalidad de una orden particular debía advertírselo al superior jerárquico? ¿Las partes accionante y accionada se encuentran legitimados en la causa por activa y pasiva respectivamente?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La acción de repetición fue incoada oportunamente

Sentencia — Sentencia 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 18001233100020110042301 ACCION DE REPETICION
¿La acción de repetición fue incoada oportunamente, esto es, dentro del término ce caducidad de dos (2) años señalados en la norma? Sí
La acción de repetición tiene un término de caducidad de dos años que se cuenta desde el día siguiente al pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento de los dieciocho meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, cuando la nulidad del acto administrativo se declara bajo la vigencia de la Ley 678 de 2001, el plazo corre conforme a esa ley, según su artículo 11. Segunda, la norma del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo fija el plazo de dieciocho meses para cumplir la sentencia, contado desde su ejecutoria. Tercera, en el caso el pago se realizó el 20 de diciembre de 2007, antes del vencimiento de ese plazo, de modo que el término de dos años se extendía hasta el 21 de diciembre de 2009. Como la demanda se radicó el 17 de junio de 2008, fue incoada oportunamente. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la jurisprudencia sobre el cómputo de este término.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 en el caso concreto, considerando que los hechos que sustentaron la condena en contra de la Universidad de la Amazonia ocurrieron con anterioridad a la vigencia de… ¿Puede otorgarse valor probatorio a las copias simples que se alleguen al proceso, siempre que se garanticen los principios de contradicción y defensa de los sujetos procesales… ¿Debe otorgarse valor probatorio a los documentos públicos que se allegaron al proceso, los cuales acreditan el cumplimiento del presupuesto de procedibilidad de la acción de repetición…
CONFIRMA