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Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2025-06-27Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 15001233100020020234801ACCION DE REPETICION
¿La condena en primera instancia, fue impuesta mediante sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El despacho ADMITE el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia… proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, [que negó] las pretensiones. El presente proceso tiene vocación de doble instancia, independientemente de la cuantía, puesto que se trata de una acción de repetición cuya condena, en primera instancia, fue impuesta mediante sentencia [proferida] por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por… contra la Industria Licorera de Boyacá. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. NOTIFÍQUESE personalmente esta decisión al Agente del Ministerio Público y por estado a las partes, en cumplimiento de lo establecido en el inciso 3° del artículo 212 del Código Contencioso Administrativo.
¿Es procedente la condena en costas contra la entidad demandante cuando no se acredita dolo o culpa grave de los ex funcionarios en la expedición de un acto administrativo anulado judicialmente? No
El contratista no es condenado en costas cuando no se acredita dolo o culpa grave de los ex funcionarios en la expedición de un acto administrativo anulado judicialmente, ya que la Sala considera que la entidad demandante no actuó con temeridad ni mala fe, elementos necesarios para la condena en costas. La Sala reitera que la acción de repetición no es un proceso ejecutivo, sino declarativo, donde se debate la responsabilidad de los agentes del Estado, y en este caso, la parte recurrente no logró demostrar la existencia de dolo o culpa grave. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandante, lo que implica que en casos similares, si no se acredita la mala fe o temeridad, no procederá la condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
En un proceso de repetición, la apelación contra la sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo se resuelve en segunda instancia por esta corporación, conforme al inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y al artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. En el caso analizado, la sentencia negó las pretensiones porque no se acreditó el pago de la suma que la entidad debía cancelar por una conciliación judicial, por lo que el tribunal no estudió los demás elementos de la acción. Respecto de las costas, la Sala confirmó que no existían elementos para condenar a la entidad, porque el estudio de primera instancia se limitó a la verificación del pago y el recurso no cuestionó otro aspecto. Además, la Sala se abstuvo de condenar en costas en segunda instancia al no evidenciar temeridad ni mala fe. La consecuencia práctica es que la ausencia de pago impide estudiar los demás elementos de la repetición. La providencia reitera la competencia vigente sobre la materia.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de primera instancia debió condenar en costas al Invías?¿Se acreditó temeridad o mala fe en el actuar de las partes que conlleve a la condena en costas en segunda instancia?
¿Procede la acción de repetición interpuesta por la demandante, en cuanto se probó que los demandados actuaron con dolo al atender de forma negligente el postparto de una paciente y ocasionarle su muerte? No
El demandante promueve acción de repetición con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la condena impuesta a la entidad pública, argumentando la existencia de dolo o culpa grave en la conducta de los profesionales de la salud con ocasión de la atención médica en el postparto. El juez administrativo examina las pretensiones de la demanda a la luz del material probatorio, advirtiendo que la condena judicial previa se fundamentó en una falla del servicio imputable a la entidad hospitalaria por deficiencias organizativas y no en un acto médico gravemente culposo de los galenos, por lo que no se probó la responsabilidad patrimonial del servidor público. Asimismo, la Sala analiza la condena en costas procesales conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, declarando su improcedencia por tratarse de un proceso donde se debate un interés público orientado a la protección del patrimonio público.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta improcedente la condena en costas procesales, en cuanto se persigue un interés público?
¿Se acreditó en debida forma el pago de la condena reclamada en repetición, por la destitución de una funcionaria de la Caja de Previsión Social de Santafé de Bogotá? No
La entidad pública que promueve la acción de repetición tiene la carga de acreditar de manera clara, inequívoca y cierta el pago efectivo de la condena judicial impuesta en su contra, pues este constituye un elemento objetivo indispensable para la prosperidad de las pretensiones. Aunque el juez ejerza sus poderes oficiosos en primera y segunda instancia para recaudar la prueba de la erogación, la acción de repetición debe negarse cuando subsiste incertidumbre sobre el desembolso o la recepción del dinero por el beneficiario de la condena. En ese sentido, los actos administrativos que ordenan cumplir el fallo, las copias simples denominadas relación de giros o la referencia a cheques con dudas sobre su número, desembolso o destinatario no permiten tener por demostrado el pago ante la ausencia de una certificación de tesorería o de un comprobante de egreso que acredite inequívocamente la entrega efectiva de los recursos.síntesis automática
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa del ex alcalde demandado al expedir los decretos de reestructuración administrativa del municipio que dieron lugar a la condena judicial por supresión del cargo de la demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento? No
El servidor público o agente estatal responde patrimonialmente bajo los parámetros de la Ley 678 de 2001 cuando la respectiva entidad territorial demuestra plenamente la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa generadora de una condena judicial, sin que resulten oponibles las consideraciones jurídicas de providencias dictadas en procesos ajenos en los que no participó como parte procesal, y sin que las presunciones legales de culpa grave puedan admitirse judicialmente si no fueron oportunamente planteadas desde la demanda inicial con el fin de garantizar plenamente su derecho fundamental de defensa, debiendo evaluarse con rigor probatorio la realidad de los estudios técnicos previos realizados para la reestructuración administrativa y la supresión de cargos dentro de la respectiva entidad estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Al presente caso le son aplicables las presunciones legales de culpa grave o dolo invocadas en el escrito de apelación a pesar de no haber sido alegadas en la demanda?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2024-06-17Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 05001233100020110134401ACCION DE REPETICION
¿Hay en la sentencia concepto o frase que genere incertidumbre? No
Cuando una parte solicita la aclaración de una sentencia, esta solo procede si contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, de conformidad con el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. La regla se sostiene en tres razones: la aclaración no es un medio para revisar la decisión, sino para precisar frases oscuras de la sentencia; la motivación que explica la causal de responsabilidad y su aplicación al caso es comprensible y no genera incertidumbre; y el fallo que declaró la responsabilidad a título de culpa grave fue explicado con fundamento en la ley, la jurisprudencia y las pruebas del expediente. En el caso, la Sala concluyó que no existía concepto o frase que generara incertidumbre, por lo que negó la aclaración solicitada por la entidad demandante. El documento cita precedentes sobre aclaración de providencias, pero no señala que reitere o modifique la regla; la consecuencia práctica es que la solicitud de aclaración no puede utilizarse para discutir el sentido o la motivación de la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandada presentó oportunamente la solicitud de aclaración de la sentencia?¿El juez podrá aclarar los conceptos o frases que ofrezcan duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella?
¿Se demostraron los tres elementos objetivos de la responsabilidad personal de los agentes del Estado? Sí
El contratista no puede obtener la repetición contra los agentes del Estado si no demuestra el elemento subjetivo de la responsabilidad personal, que requiere probar dolo o culpa grave, y no basta con acreditar la existencia de la condena al Estado y el pago efectivo del daño. La entidad demandante debe demostrar que la actuación de los agentes fue consciente y deliberada o negligente en grado sumo, lo que no ocurrió en este caso, ya que la única prueba presentada no evidencia tal comportamiento. La presunción de inocencia protege a los agentes del Estado, y la carga de desvirtuarla recae sobre quien alega el dolo o la culpa grave. Por tanto, la Sala confirma la sentencia que denegó la repetición, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se traslada automáticamente a sus agentes sin acreditarse la conducta dolosa o gravemente culposa.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad demandante demostró el elemento subjetivo de la responsabilidad personal del agente?
Auto interlocutorio con estado — Auto que resuelve apelación2025-06-11SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)JOSE ELVER MUÑOZ BARRERARad. 11001334306520250006201ACCION DE REPETICION
" (...) ¿La Sala determinará si en el presente asunto operó la caducidad del medio de control. Para ello, dilucidará si el término en cuestión empezó a correr al momento en que la obligación indemnizatoria se hizo exigible para la entidad demandante o, conforme lo aseguró la parte actora, desde la fecha en que se hizo el pago efectivo a los beneficiarios de la condena judicial. ' (...)" Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición por condena judicial una vez que haya transcurrido el término de caducidad, que empieza a correr desde la fecha en que la obligación indemnizatoria se hizo exigible para la entidad demandante o desde la fecha en que se hizo el pago efectivo a los beneficiarios, lo que ocurra primero, conforme al artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La Sala establece que la caducidad garantiza que la contraparte no quede a la espera indeterminada para ejercer su derecho de defensa, evitando la vulneración de su debido proceso, y promueve la oportunidad y justicia en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la administración. En el caso en cuestión, la demanda fue presentada extemporáneamente, por lo que se rechaza por operar la caducidad del medio de control, reiterando la jurisprudencia existente sobre el cálculo del término de caducidad en este tipo de casos.síntesis automática
¿Se acreditó la culpa grave o dolo del agente estatal que conlleve a la declaración de la prosperidad de la acción de repetición? No
El contratista no puede obtener la prosperidad de la acción de repetición contra el agente estatal responsable del daño, ya que no se acredita la existencia de dolo o culpa grave del agente, ni se cumplió con la carga probatoria necesaria para demostrar estos elementos. Además, la entidad demandante no puede revocar la condena en costas por la falta de actuación caprichosa, ya que la imposición de costas no está asociada a la temeridad del demandante, sino a la condición de parte vencida en el proceso. Por último, la entidad actora sí debe pagar las costas generadas en segunda instancia al haber promovido el recurso de apelación que fue desestimado, y el monto de las agencias en derecho será fijado en un dos punto cinco por ciento del valor de las pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la revocatoria de la condena en costas por inexistencia de actuación caprichosa de la Policía Nacional?¿Procede la condena en costas contra la parte actora por cuanto el recurso de apelación fue resuelto desfavorablemente ?
¿Cuándo el perjuicio patrimonial que sufre una entidad proviene de una acción u omisión de otra entidad y pretende ser reparada por el dinero pagado en la condena de la sentencia, debe demandar a la entidad que causó el daño en ejercicio del medio de control de reparación directa en los estrictos términos del inciso segundo del artículo 86 del CCA y no a los servidores de la entidad que causó el daño en repetición? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición contra los servidores de una entidad estatal que causaron un daño, cuando el perjuicio proviene de una actuación administrativa de dicha entidad, en lugar de demandar a la entidad misma mediante la acción de reparación directa conforme al inciso segundo del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. La entidad demandante debe dirigirse a la entidad que originó el daño, ya que la acción de repetición no es idónea en estos casos, y la responsabilidad es institucional, no personal. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de utilizar el medio de control adecuado para reclamar indemnización de perjuicios causados por entidades estatales.síntesis automática
¿La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena? Sí
El contratista debe presentar la demanda de repetición en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena, conforme a la jurisprudencia que establece que el cómputo del plazo debe iniciarse desde el momento del pago y no desde la ejecutoria de la sentencia. La Sala confirma que la demanda se interpuso oportunamente, dentro del plazo legal, y reitera que para que proceda la acción de repetición es necesario acreditar los elementos objetivos y subjetivos, siendo estos últimos determinados por el régimen jurídico aplicable a los hechos que dieron origen a la condena. En este caso, la Sala destaca que las decisiones del proceso de reparación directa no son suficientes para acreditar el elemento subjetivo de la repetición, por lo que confirma la negación de las pretensiones de la demanda. Además, la Sala establece que procede la condena en costas en el proceso contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ventile un interés público, de acuerdo con el criterio objetivo valorativo.síntesis automática
También resuelve:¿En el caso en concreto se configuraron los 4 elementos objetivos de la acción de repetición: la obligación resarcitoria a cargo del Estado; el pago efectivo de la obligación reparatoria…¿Es suficiente con aportar como prueba el elemento subjetivo de las decisiones del proceso de reparación directa, para probar el elemento subjetivo de la acción de repetición?¿Procede la condena en costas en en el caso en concreto toda vez que no se ventilaron los intereses patrimoniales de las entidades públicas?
¿Al presente proceso en ejercicio de la acción de repetición le es aplicable el régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001? No
El régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001 no es aplicable al proceso en ejercicio de la acción de repetición contra un agente del Estado, ya que los hechos ocurrieron en diciembre de 1993, con anterioridad a su vigencia. Además, la acción de repetición no se puede apoyar en la sentencia del proceso de reparación directa, ya que no le es oponible al demandado y la responsabilidad del Estado se analizó "bajo la arista de la responsabilidad presunta". No se demostró que el agente cometiera una conducta dolosa o gravemente culposa que justifique la condena patrimonial.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la culpa grave en la conducta del agente por lo cual debe responder patrimonialmente por la condena pagada por el Estado?¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en vigencia del Código Contencioso Administrativo?
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de repetición? Sí
La acción de repetición caduca al vencimiento de dos años contados desde el día siguiente al pago total efectuado por la entidad, y que, cuando el pago se realiza antes del vencimiento del plazo para cumplir la condena, el término se cuenta desde ese pago. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo fija el término bienal desde el pago total. Segunda, el término empieza a correr desde la fecha efectiva del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo previsto en el artículo 177 del mismo código, lo que ocurra primero. Tercera, el término se suspende mientras transcurre la conciliación extrajudicial, y en el caso la demanda se presentó dentro del término así computado. La providencia revoca la decisión que había declarado la caducidad y, con ello, resuelve el examen de fondo sobre la culpa grave del agente. La consecuencia práctica es que la oportunidad de la demanda de repetición se verifica con la fecha exacta del pago y con las suspensiones que la ley reconoce, y no con la fecha de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación del agente que causó el daño por el cual se condenó al Estado fue cometida con culpa grave?¿Procede la condena contra el agente demandado por el total del capital pagado por la entidad en el proceso de reparación directa?
¿La entidad demandante logró demostrar la culpa grave del demandado, como uno de los presupuestos para que prospere la acción de repetición? Sí
El contratista debe probar la culpa grave del demandado para que prospere la acción de repetición, lo cual implica demostrar no solo la violación manifiesta de la ley sino también la inexcusable naturaleza de la conducta del agente. La entidad demandante debe acreditar con pruebas suficientes que la conducta del demandado fue gravemente culposa, más allá de la simple responsabilidad patrimonial del Estado. Además, para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición, el contratista puede presentar documentos expedidos por funcionarios públicos, como certificados del pagador o tesorero, que demuestran el cumplimiento del pago, siempre y cuando no sean objetados o tachados de falsos por la parte contraria. Este precedente reitera la necesidad de una carga probatoria rigurosa para ambas condiciones, lo que implica que las partes deben presentar pruebas concluyentes para que la acción de repetición tenga éxito.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena a partir de los documentos que allegó la parte demandada?
¿Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público? Sí
El juez precisa que procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, tratándose de una acción de repetición en contra de un exfuncionario público, de conformidad con las facultades autorizadas por la ley y los reglamentos internos de la corporación judicial. Asimismo, en cuanto al fondo de la controversia, la indexación ordenada en el proceso de controversias contractuales con motivo de la declaración judicial de incumplimiento no comporta un reconocimiento indemnizatorio o el pago de perjuicios a cargo del Estado, sino que responde al fenómeno de la devaluación de la moneda por efectos inflacionarios para mantener su poder adquisitivo. En consecuencia, si la entidad demandante fue condenada a pagar de manera indexada el capital adeudado, tal medida atiende a la satisfacción de la obligación principal y no a una condena indemnizatoria cuyo reembolso pueda reclamarse a través del medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La responsabilidad de un agente estatal demandado en repetición requiere la constatación de la concurrencia de cuatro presupuestos, a saber: la obligación resarcitoria a cargo del Estado…¿La condena judicial impuesta en una acción de controversias contractuales en contra de la entidad pública demandante y por la cual ahora se repite…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 y la Ley 678 de 2001. La acción de repetición es procedente cuando una entidad pública es condenada o concilia como resultado de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente público, en conformidad con la Constitución Política y la Ley 678 de 2001. Para que proceda la acción de repetición, deben estar presentes los requisitos de obligación reparatoria a cargo del Estado, pago de dicha obligación, calidad del demandado como servidor público y conducta dolosa o gravemente culposa del agente que determinó el daño. La Sala reitera que la omisión de notificación de un acto administrativo que afecta los derechos del interesado, por error inexcusable, configura culpa grave, violando el derecho a la defensa y generando responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de repetición para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la conducta dolosa o…¿Se acreditó que los demandados actuaron con dolo o culpa grave al elaborar y suscribir, respectivamente, las Resoluciones Nos. 155 del 21 de abril de 2005 y 323 del 3 de agosto de 2005…
¿Teniendo en cuenta que el régimen jurídico se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso debe darse aplicación al Código Civil bajo un análisis subjetivo de la culpa grave, en cuanto no hay lugar a emplear las presunciones que establece la Ley 678 de 2001? Sí
Respecto del régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena. En este caso, dado que los hechos ocurrieron en diciembre de 1995 y enero de 1996, no hay lugar a aplicar las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001. En ese orden, le asiste la razón a la parte demandada cuando reclama que el estudio del elemento subjetivo se haga por fuera de las presunciones; no podía, el juez de primera instancia, presumir que si existió violación manifiesta e inexcusable de disposiciones (presunción prevista en la Ley 678, artículo 6, numeral 1) entonces el demandado había obrado con culpa grave, comoquiera que la ley que introdujo las presunciones no estaba vigente al momento en que sucedieron los hechos…
También resuelve:¿Deben negarse las pretensiones de la demanda en cuanto la parte demandante no acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa, puesto que existe una absoluta falta de argumentación…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos, siempre que la cuantía de la demanda de repetición supere el límite establecido para la competencia de estos últimos en primera instancia, lo que implica que el proceso tenga vocación de doble instancia. La entidad pública que realiza el pago de la condena es legitimada por activa para ejercer la acción de repetición, junto con el Ministerio Público y el ministro de Justicia, en caso de que la entidad condenada no lo haga en el plazo de seis meses. La Sala reitera que el régimen jurídico sustancial aplicable es el que regía antes de la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001, por lo que la carga de la prueba de la conducta dolosa o gravemente culposa recae sobre el órgano demandante. En el caso particular, la Sala no encuentra probada la conducta gravemente culposa de los demandados, por lo que no procede el reembolso de la suma de la condena. Finalmente, resulta procedente condenar a la parte demandante a pagar las costas causadas en ambas instancias, incluyendo agencias en derecho en esta instancia.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad pública que realiza el pago de la condena está legitimada por activa para el ejercicio de la acción de repetición ?¿El régimen jurídico sustancial aplicable al caso es el que regía con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001?¿La suma de la condena que el municipio de Sabana de Torres pagó por causa del daño antijurídico que le fue atribuido a título de falla del servicio, debe ser reembolsada por los demandados…
¿El medio de control de repetición está ideado para los eventos en que el Estado sea condenado a responder patrimonialmente por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes? Sí
La acción de repetición no puede emplearse para repetir el pago contra un sujeto solidariamente obligado ni para determinar de nuevo la responsabilidad de quien ya fue condenado solidariamente con efectos de cosa juzgada, porque ese medio de control está concebido para el caso en que el Estado sea condenado a responder por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. La regla se apoya en que, bajo el Decreto 01 de 1984, no resulta procedente adecuar la acción de repetición al cauce procesal correspondiente cuando se ha elegido otra vía. Por ello, la escogencia indebida de la acción conduce a la ineptitud sustantiva de la demanda. En el asunto, la Sala revocó la sentencia desestimatoria de primera instancia y declaró probada, de oficio, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción. En la práctica, la entidad que pretende repetir contra un condenado solidario debe escoger la vía procesal que corresponda a su pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición puede ser empleada por las autoridades para replantear o reabrir el debate sobre la responsabilidad definida de manera solidaria en fallo judicial anterior?¿La acción de repetición deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa?¿La empresa Corelca S.A. ESP pretende que su contratista le pague una suma de dinero correspondiente al valor que la demandante tuvo que cancelar como producto de una condena solidaria?
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