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¿La universidad demandante acreditó con otros medios de prueba legalmente admisibles el elemento conductual con el cual pudiera derivarse la responsabilidad personal del agente estatal? No
En el medio de control de repetición contra un servidor público, la entidad que pide el reembolso debe acreditar el elemento conductual de la responsabilidad personal del agente con medios de prueba legalmente admisibles. No basta aportar las sentencias de condena dictadas en el proceso de reparación contra el Estado, porque ellas no prueban la conducta personal del agente que expidió el acto anulado. Esta regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, cuando falta la prueba del elemento conductual, la pretensión de reembolso se despacha desfavorablemente. En el caso concreto la entidad demandante no aportó otros medios para acreditar la conducta del agente y la pretensión fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba de la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿Las piezas documentales resultan insuficientes para demostrar la presunción de dolo atribuida al ex servidor público, a la cual quedó circunscrita la litis?¿Se aplican las presunciones legales previstas en la ley, que califican de dolosa la conducta del ex agente estatal?¿El demandado se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al demostrarse que para el momento de los hechos que dieron lugar al pago de la condena fungía como rector encargado de la Universidad…
¿Está demostrado que el demandado, entonces director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al expedir el acto administrativo de insubsistencia, incurrió en una conducta dolosa, específicamente, por obrar con desviación de poder? No
La desviación de poder que sustenta una conducta dolosa en la acción de repetición debe estar probada y no se presume a partir de la sola expedición de un acto de insubsistencia. Esta regla se apoya en el análisis conjunto del material probatorio, que debe demostrar que el agente tuvo una finalidad distinta al mejoramiento del servicio público. Cuando el acto fue proyectado y revisado por los funcionarios competentes, quienes dieron visto bueno en los aspectos jurídicos y fácticos, y cuando contiene las razones de la desvinculación y las funciones que estaban siendo inobservadas, la intención distinta no queda acreditada. En el caso concreto la subsección no halló probado que el demandado obrara con propósito distinto al de mejorar el servicio, y negó la pretensión. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la repetición por desviación de poder exige prueba directa o suficiente de la intención del agente y no basta con el carácter insubsistente del acto.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva, recae sobre el funcionario al que se le imputa el daño que dio lugar a la condena contra el Estado?¿En casos de repetición regidos por la Ley 678 de 2001, la carga de la prueba corresponde al demandante, quien tiene el deber de acreditar la presunción prevista en la Ley?¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado demuestra, automáticamente, el dolo o la culpa grave del funcionario?
¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer del medio de control de repetición contra exrepresentante de una entidad del orden nacional? Sí
La competencia en única instancia para conocer de la acción de repetición que se ejerce contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional corresponde al Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, con prescindencia del monto de la pretensión. Una razón es que la calidad del sujeto pasivo, que es el exrepresentante de una entidad nacional, define la competencia en única instancia y no la cuantía. Otra razón es que en el caso los hechos que dieron lugar a la condena ocurrieron durante la vigencia de la Ley 678 de 2001, por lo que el régimen de presunciones de dolo del artículo 5 de esa ley resulta aplicable, y la parte actora lo invocó de manera expresa. En el asunto, la condena se había conciliado y el pago se hizo dentro del término pactado en la conciliación, de modo que la demanda fue oportuna. La providencia negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la competencia única del Consejo de Estado depende de la calidad del demandado como representante legal de una entidad nacional, y que el régimen de presunciones se aplica según la fecha de los hechos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición fue interpuesto dentro del término establecido en la conciliación para realizar el pago de la condena?¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine, puesto que los hechos que produjeron la condena ocurrieron en vigencia de dicha norma?¿Está configurado el dolo de ex Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por la expedición de un acto administrativo de insubsistencia que fue declarado nulo?
¿El demandante en la acción de repetición acreditó que la conducta desplegada por el demandado comportara una actuación gravemente culposa? No
A la luz del exiguo material probatorio, la Sala concluye que no se acreditó que la conducta desplegada por el ex funcionario [del Incoder] comportara una actuación gravemente culposa. En este caso, en contravía de las exigencias que requiere la prueba del elemento subjetivo de la acción de repetición, el demandante se limitó a consignar afirmaciones en torno a una supuesta conducta gravemente culposa con base en las mismas consideraciones expuestas por el tribunal administrativo en la sentencia que condenaron al Instituto, dejando de probar la presunción de culpa grave con base en la cual soportó la pretensión reversiva. Por consiguiente, se confirmará la decisión impugnada que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve:¿Se probó que el demandado hubiese obrado de manera imprudente y negligente para la adopción de la decisión que declaró insubsistente el nombramiento?¿Se probó una conducta gravemente culposa imputable al demandado?¿Los documentos obrantes en el proceso acreditan que el INCODER pagó la totalidad de la obligación impuesta?
¿El término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la condena efectuado por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo previsto en la ley? Sí
En el medio de control de repetición, el término de caducidad es de dos años contados desde el día siguiente a la fecha del pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 fija el término de presentación de la demanda de repetición, y debe articularse con el plazo de pago de la condena. Segunda, el vencimiento del plazo de pago opera como fecha límite cuando el pago se realiza después, de modo que el término no puede prolongarse por el pago tardío. En el caso, la providencia modifica la sentencia de primera instancia en lo relativo al cómputo del término de caducidad, que debe contarse conforme a esas reglas. En la práctica, la entidad debe calcular el término desde el pago o desde el vencimiento de los dieciocho meses, según cuál ocurra primero.síntesis automática
También resuelve:¿Los preceptos de la Ley 678 de 2001 son aplicables al proceso, toda vez que los hechos imputados a los demandados ocurrieron después de su entrada en vigencia?¿Procede la acción de repetición contra los herederos del agente estatal?¿Se acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa?
¿Se acreditó una actuación dolosa por parte del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca al expedir el acto administrativo de insubsistencia que fue posteriormente anulado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? No
Cuando la nulidad de un acto de insubsistencia por desviación de poder se invoca para atribuir dolo al servidor en un proceso de repetición, la sentencia de nulidad no basta para tener por demostrado el dolo, pues no da por acreditados los supuestos de hecho de las presunciones que la entidad pretende estructurar. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad demandante no acreditó que el servidor hubiera obrado con dolo al expedir el acto. Segunda, los documentos aportados con los alegatos de conclusión no se valoraron porque se allegaron de forma extemporánea, al no cumplirse las oportunidades previstas en el artículo 212 del CPACA. Tercera, la solicitud de oficiar a la entidad para obtener esos documentos se negó, pues el solicitante podía conseguirlos directamente o por derecho de petición. En consecuencia, se negaron las pretensiones y se ordenó levantar la medida cautelar sobre las sumas depositadas, de conformidad con el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 678 de 2001. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La desviación de poder que dio lugar a la declaratoria de nulidad del acto administrativo de insubsistencia, estuvo suficientemente justificada en las consideraciones de la sentencia de nulidad y…¿Se probó que el acto de insubsistencia proferido por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca estuvo dirigido a dar prevalencia a intereses diferentes del buen…
¿Se presentó de forma oportuna la presente acción de repetición, cuando se observa que el pago de la condena se realizó antes del vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA? Sí
La demanda de repetición debe presentarse dentro de los dos años siguientes al día en que se realice el pago o, a más tardar, al vencimiento del plazo de dieciocho meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, de modo que, si el pago se hace antes de vencerse ese plazo, la caducidad se cuenta desde la fecha del pago. Una razón es que la sentencia quedó ejecutoriada en febrero de 2010 y el pago se efectuó en agosto, septiembre y octubre de 2010, es decir, antes del vencimiento de los dieciocho meses. Otra razón es que con esas fechas la demanda presentada en septiembre de 2011 se radicó dentro de los dos años siguientes al último pago. En el caso, la Sala confirmó la negación de la acción de repetición, porque aunque la demanda fue oportuna no se demostró la culpa grave de la agente que declaró la insubsistencia de una funcionaria en estado de embarazo. Su consecuencia práctica es que, si el pago es anterior al vencimiento del plazo legal, la caducidad corre desde el pago y no desde ese vencimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial de la agente estatal demandada en repetición, por obrar con culpa grave al declarar insubsistente a una funcionaria de libre nombramiento y remoción…
¿En el caso concreto se configuraron los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, estos es la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo a la víctima del daño y la existencia de una conducta dolosa del agente como factor determinante de la condena y la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio? Sí
El contratista puede prosperar en una acción de repetición contra la entidad estatal cuando se configuran tres elementos: la condena judicial al Estado por un daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo de la condena a la víctima y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. En este caso, la Sala determinó que la entidad demandante fue condenada por un acto administrativo de insubsistencia que fue declarado nulo por falsa motivación, lo que configuró la presunción de dolo del agente estatal conforme al artículo 5 numeral 3 de la Ley 678 de 2001. La entidad demandante pagó la condena, lo que completa los requisitos para la procedencia de la acción de repetición. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, estableciendo que la falsa motivación en la expedición de actos administrativos puede dar lugar a la presunción de dolo del agente estatal, lo que implica que las entidades estatales deben ser especialmente cuidadosas en la motivación de sus decisiones administrativas.síntesis automática
¿Se demostró que la actuación del demandado en repetición fue negligente de forma que pueda atribuírsele responsabilidad patrimonial? No
En la acción de repetición, la sentencia que anula el acto de desvinculación no prueba por sí misma el dolo ni la culpa grave del servidor, de modo que la responsabilidad patrimonial exige demostrar su conducta. La regla se apoya en tres razones. Primera, la presunción de dolo por desviación de poder solo opera cuando se acredita el hecho que la configura, esto es, un fin particular o arbitrario perseguido por la administración. Segunda, la entidad demandante debe aportar el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia, pues la sola sentencia de nulidad y restablecimiento no permite inferir el elemento subjetivo. Tercera, la carga de la prueba recae en el accionante, que no puede beneficiarse de presunciones cuyo supuesto de hecho no está configurado. Por ello, la providencia niega las pretensiones de la demanda. En la práctica, la repetición fracasa cuando el actor se limita a la sentencia condenatoria y no aporta los actos y las pruebas que acrediten la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia no analizó ninguna prueba en la que se evidenciara que el demandante obró con desviación de poder?¿El acto de insubsistencia demandado no persiguió las razones del buen servicio público porque la Administración no probó que su retiro haya obedecido a tales razones?¿Se estudia si se configura el supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada por la parte demandante?
¿La nulidad judicial del acto administrativo que retiró del servicio a la funcionaria por falta de motivación, es suficiente para presumir el dolo del demandado? No
La nulidad judicial del acto de insubsistencia por falta de motivación no basta para presumir el dolo del exservidor que lo expidió, pues la entidad debe demostrar que el acto se expidió con la intención deliberada de un fin ajeno a las finalidades de la función pública. La regla se apoya en que la presunción de dolo exige acreditar su supuesto de hecho, y en que la sola invalidez de un acto por un vicio formal no permite deducir la conducta dolosa del agente. Por ello, el juez debe examinar la finalidad real que motivó la decisión del servidor. En el asunto, la entidad no demostró que el exservidor expidiera el acto con esa intención, pues la desvinculación obedeció a la necesidad de nombrar profesionales especializados en la oficina jurídica ante el volumen de casos, y la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que repite por un acto de insubsistencia anulado debe probar la intención dolosa y no solo la falta de motivación.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia condenatoria solo reprochó la falta de motivación o ausencia de razones de la declaración de insubsistencia?¿La ausencia de motivación que dio lugar a la condena en este caso específico, se subsume en el supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada en la demanda?¿Mientras a la entidad demandante le incumbe demostrar los supuestos fácticos para que opere la presunción que alega, a la parte demandada le corresponde desvirtuar el hecho deducido con el propósito…
¿Los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, son: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena? Sí
El contratista no puede prosperar en una acción de repetición contra el Estado cuando la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular ha sido el resultado de una conducta del agente del Estado que no demuestra dolo o culpa grave, ya que la presunción de dolo se desvirtúa si no se prueba la desviación de poder alegada. La jurisprudencia reitera que para que proceda la acción de repetición es necesario que exista una condena al Estado, que se haya efectuado el pago a la víctima del daño y que la conducta del agente del Estado sea dolosa o gravemente culposa. En el caso concreto, la sentencia que anuló el acto administrativo no aseveró que la desvinculación del funcionario fuera el resultado de desavenencias personales, sino que se basó en el incumplimiento de funciones, lo que desvirtúa la presunción de dolo. Esto implica que la acción de repetición debe ser negada en la práctica.síntesis automática
También resuelve:¿Se desvirtuó la presunción de dolo en la elaboración del acto administrativo de insubsistencia que fue anulado, debido a que no se probó la desviación de poder alegada por la demandante y en…¿Debe condenarse en costas a la entidad demandante, Ministerio de Justicia, por ser la parte vencida en el proceso?
¿La resolución antes de ser firmada por el demandado fue proyectada, revisada y aprobada por otros funcionarios de la entidad demandante? Sí
El contratista debe considerar que la resolución antes de ser firmada por el funcionario responsable fue proyectada, revisada y aprobada por otros funcionarios de la entidad estatal, lo cual implica que la expedición del acto administrativo contó con la asesoría de quienes tenían los conocimientos jurídicos y la competencia funcional necesaria para llevar a cabo la actuación administrativa. En el caso concreto, se evidenció que la resolución anulada fue revisada y aprobada por la oficina de contratación y la secretaría general de la entidad demandante, lo que significa que el funcionario no actuó de manera descuidada ni negligente, sino que se valió de asesoría técnica y jurídica para tomar la decisión. Además, se demostró que la entidad actuó de acuerdo con la jurisprudencia vigente en el momento de la expedición del acto, lo que desestima la presunción de culpa grave y la aplicación del medio de control de repetición. Esto implica que la entidad estatal puede continuar con la expedición de actos administrativos basándose en la asesoría técnica y jurídica adecuada, siempre y cuando se cumplan con los trámites internos y se tenga en cuenta la jurisprudencia vigente.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado exdirector fue asesorado por quienes tenían los conocimientos jurídicos y la competencia funcional para llevar a cabo la actuación administrativa?¿Se acogió la jurisprudencia del Consejo de Estado vigente para ese momento en relación con las declaratorias de insubsistencia de los nombramientos provistos en provisionalidad?¿El criterio según el cual debían motivarse los actos administrativos que desvinculaban del servicio público a los funcionarios provisionales…
¿Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El contratista puede solicitar que se trasladen pruebas documentales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y la entidad estatal debe valorarlas si las partes tuvieron la oportunidad de conocerlas y no presentaron reparos, lo que implica que estas pruebas son admisibles y pueden ser objeto de análisis. La Sala reitera que para la prosperidad de la acción de repetición es necesario demostrar la existencia de dolo o culpa grave en el actuar del funcionario público, y que la valoración de la culpa grave se realiza en comparación con el estándar de conducta previsto en la ley vigente en el momento de los hechos. Además, la Sala matiza que para determinar si un agente estatal actuó con dolo o culpa grave, es necesario considerar la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la infracción manifiesta de preceptos constitucionales y el incumplimiento de las funciones que la ley le asigna, lo que implica un análisis detallado de la conducta del agente estatal en cada caso específico.síntesis automática
También resuelve:¿Para la prosperidad de la acción de repetición es necesario un actuar doloso o gravemente culposo en cabeza del funcionario público demandado?¿Cuáles son los presupuestos a tener en cuenta a la hora de definir si un agente estatal obró con dolo o culpa grave?¿El acto administrativo de insubsistencia estuvo viciado de desviación de poder?
¿La entidad demandante realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada? No
La entidad demandante no realiza un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave del servidor público, toda vez que limita su demanda a pedir la declaratoria de responsabilidad con base en sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, sin aportar pruebas del actuar irregular de los servidores públicos. La figura de la repetición no pretende imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, por lo que su procedencia requiere acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente. En este caso, la Auditoría General de la República no demostró la culpa grave del servidor público y se acreditó que la declaratoria de insubsistencia fue adoptada en uso de sus facultades y precedida de un comportamiento diligente, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisiones de la entidad pública demandada fueron debidamente razonadas y su propósito fue preservar los principios que rigen la función pública?¿La declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad?¿La declaratoria de insubsistencia de la servidora fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado?
¿La demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de repetición? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde la fecha en que efectivamente se realiza el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que tiene la entidad para pagarla, según el literal l del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Ese plazo es de diez meses conforme al artículo 192 del mismo código, salvo que la condena haya sido proferida en un proceso tramitado bajo el Código Contencioso Administrativo y se ordenó sufragarla en sus términos, caso en el que se aplica el plazo de dieciocho meses del artículo 177 de ese código. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la codificación aplicable al proceso de origen determina el plazo de pago de la condena. Segundo, la caducidad solo se configura si la demanda se presenta después de vencido el término. La providencia niega la excepción de caducidad y concluye que la demandante ejerció su derecho de acción en tiempo; en la práctica, la entidad que pretenda repetir debe identificar primero la codificación del proceso de origen para fijar el plazo de pago y el término de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales?¿Los demandados incurrieron en una conducta dolosa al haber proferido la resolución 901 del 8 de agosto de 2007, mediante la cual se declaró la insubsistencia de un subalterno con desviación de…¿La sentencia judicial que condena al Estado es prueba suficiente de la conducta del agente, es decir, que la misma acredita el dolo o la culpa grave con la que actúo el demandado en el medio de…
¿La repetición solo opera en la medida en que se pueda imputar culpa grave o dolo al agente o ex agente estatal? Sí
La repetición solo opera en la medida en que pueda imputarse al agente o exservidor estatal culpa grave o dolo, pues no cualquier equivocación, error de juicio o actuación contraria al ordenamiento permite deducir responsabilidad patrimonial. La regla se apoya en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución, que condiciona el reembolso a esa imputación subjetiva, y en que la calificación de la conducta debe analizarse conforme a la normativa vigente al momento de la actuación u omisión que determinó el pago cuya recuperación se pretende. Este criterio ofrece garantías en el ejercicio de la función pública, porque reconoce que no cualquier error del servidor puede ser fuente suficiente de responsabilidad patrimonial. En el asunto, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que resolvió la acción de repetición. En la práctica, la entidad que pretende recuperar un pago debe demostrar la gravedad de la falla del servidor y no solo la existencia de un error.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante probó el dolo consistente en la desviación de poder de la ex Gerente de Empresas Públicas de Medellín E.S.P en la adopción de la decisión que declaró insubsistente un…¿No procede la condena en costas en aquellos procesos en los que se ventila un interés público porque se busca la protección del patrimonio público?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
Cuando el medio de control de repetición se dirige a declarar patrimonialmente responsables a servidores o exservidores por el pago de una condena judicial, el medio es procedente si la conducta fue dolosa o gravemente culposa, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia si la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: la repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra quien dio lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio del Estado, según el artículo 2 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 90 de la Constitución; la competencia de segunda instancia se encuentra en los artículos 150 y 152, numeral 9, de la Ley 1437 de 2011; y la caducidad se computa desde el pago de la condena o el vencimiento del plazo para pagarla. En el caso, la pretensión superó el umbral legal y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión de repetición determina la doble instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición es procedente porque se solicita declarar a ex servidor público patrimonialmente responsable del pago de un condena judicial?¿El medio de control de repetición fue presentada dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?¿El régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición? Sí
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 150 CPACA, modificado por el artículo 615 CGP.
También resuelve:¿El medio de control de repetición es procedente para buscar establecer la responsabilidad patrimonial del agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena contra el…¿El término para interponer el medio de control de repetición es de dos años, contabilizados a partir de la realización del pago por parte de la entidad?¿El demandado está legitimado en la causa al desempeñarse como servidor público de la entidad que lo demanda que realizó el pago con ocasión a una condena judicial?
¿Se acreditó el carácter inexcusable del comportamiento del funcionario que de lugar a la prosperidad de la acción de repetición por configuración de la presunción de culpa grave del agente? Sí
El contratista no prospera en la acción de repetición contra la entidad estatal por falta de acreditación del carácter inexcusable del comportamiento del funcionario, lo cual es un requisito para configurar la presunción de culpa grave o dolo. La entidad demandada no violó manifiestamente las normas de derecho ni omitió las formas sustanciales de los actos administrativos por error inexcusable, ya que el comportamiento del funcionario se ajustó a la jurisprudencia vigente sobre el deber de motivación de los actos de desvinculación de funcionarios en provisionalidad. La falta de demostración del elemento "inexcusable" implica la negación de las pretensiones de la demanda, reafirmando que la entidad no actuó con culpa grave. Esta sentencia reitera la necesidad de probar el carácter inexcusable del comportamiento del agente para que la acción de repetición tenga vocación de prosperidad.síntesis automática
¿Se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la presunción de culpa grave del agente estatal? No
El contratista no acredita los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la presunción de culpa grave del agente estatal, debido a la falta de evidencia de la omisión de las formas sustanciales por error inexcusable y la ausencia de un cargo claro que identifique la parcialidad y desviación de poder del servidor público, lo que implica que la entidad demandante no demostró la culpabilidad del demandado. Además, el término de caducidad del medio de control de repetición no se configuró, ya que el plazo estuvo suspendido por el estado de emergencia declarado en 2020, permitiendo la presentación oportuna de la demanda. La tacha por parcialidad contra un testigo es procedente cuando existe una estrecha relación de amistad con el demandado, pero la prueba no es excluida y se valora en el momento de fallar. Las disposiciones de la Ley 678 de 2001 son aplicables al trámite por los hechos imputados al demandado ocurrieron después de su entrada en vigencia. Finalmente, la condena en costas es procedente para la parte vencida, y la fijación de las agencias en derecho se realiza considerando la labor jurídica desarrollada por el apoderado, tasándose en seis salarios mínimos legales mensuales vigentes.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición?¿Procede la tacha por parcialidad formulada por la entidad demandante contra el testigo por existir una estrecha relación de amistad con el demandado?¿En el presente asunto son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001, relativas al medio de control de repetición?