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¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales…¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este?¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-10-11Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020130068501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ejercer la docencia en una Universidad, por sí misma, genera un interés directo o indirecto en el proceso y, por tanto, se presenta un rompimiento en la neutralidad y rectitud que se deben garantizar en la toma de decisiones judiciales? No
El contratista no genera un interés directo o indirecto en el proceso por el hecho de ejercer la docencia en una universidad, lo que implica que no se altera su objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones judiciales. La Sala encuentra infundado el impedimento presentado por el Consejero de Estado, ya que la actividad académica no tiene relación con el manejo administrativo y organizacional del ente educativo en litigio. Este auto reitera la jurisprudencia existente, confirmando que la docencia en una universidad no constituye un interés que rompa la neutralidad y rectitud necesarias en la toma de decisiones judiciales, lo que garantiza la imparcialidad en los procesos.síntesis automática
¿Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios deben ser liquidados? No
Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios celebrados por una universidad estatal no requieren liquidación, mientras que los de tracto sucesivo y los terminados por mutuo acuerdo sí deben liquidarse, según lo dispone el estatuto de contratación de la universidad. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 somete los contratos que celebran las universidades estatales u oficiales al derecho privado, salvo las excepciones consagradas en la ley, de modo que su régimen de liquidación se fija en el estatuto de contratación de la institución. Segundo, el artículo 57 de la misma ley reconoce a estas universidades un régimen especial que comprende el régimen de contratación, por lo que la clasificación interna de los contratos según su forma de ejecución determina cuáles requieren liquidación. La providencia confirma la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control, pues la demanda fue extemporánea con independencia de la fecha de terminación que se tome; en la práctica, la clasificación del contrato dentro del estatuto determina si debía liquidarse.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de prestación de servicios celebrado es un contrato que se rige por el derecho privado?¿La parte demandante interpuso recurso frente al auto que ordenó correr traslado a las partes para alegar?¿Se condenará en costas de esta instancia a la unión temporal contratista?
¿Procede negar las pretensiones de repetición contra el rector de la Universidad, al acreditarse que el pago de la diferencia salarial reconocida al trabajador en la conciliación judicial, no constituyó una afectación patrimonial? Sí
Cuando el pago de una diferencia salarial reconocida al trabajador en una conciliación judicial corresponde a funciones efectivamente prestadas, no hay detrimento del patrimonio público y la acción de repetición contra el funcionario que dio lugar al acuerdo no prospera. La regla se sostiene en tres razones: la repetición es una acción prevista para proteger el patrimonio público, de modo que sin afectación patrimonial no hay objeto que restablecer; el pago de la diferencia no fue un gasto sin contraprestación, pues la entidad recibió el servicio de un cargo de mayor grado; y el monto pagado corresponde a lo que el trabajador debió percibir por las funciones asignadas. En el caso, se negaron las pretensiones de repetición porque la diferencia pagada en la conciliación remuneró las funciones de un asesor de grado superior, sin que se afectara el patrimonio de la universidad. La caducidad se contó desde el pago, que ocurrió dentro del plazo de diez meses, por lo que la demanda fue oportuna. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la repetición exige demostrar un perjuicio patrimonial efectivo y no solo el pago de una condena.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago del acuerdo conciliatorio logrado por las partes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Se acreditaron los presupuestos de condena, pago y calidad de agente del Estado para la procedencia del medio de control de repetición?¿El pago realizado en virtud del acuerdo conciliatorio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó el reconocimiento de la diferencia salarial al trabajador…
¿El contrato se encuentra sometido a las normas del derecho privado y sus efectos están sujetos a las disposiciones civiles y comerciales? Sí
Los contratos que las universidades estatales celebran para el cumplimiento de sus funciones se rigen por las normas del derecho privado y sus efectos están sujetos a las disposiciones civiles y comerciales, conforme al artículo 93 de la Ley 30 de 1992, de modo que no se someten al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. El negocio de colaboración que se celebra con una fundación, en el que las partes buscan alcanzar un fin común, corresponde a un contrato de colaboración atípico, cuyo cumplimiento se rige por lo pactado en sus cláusulas. En el caso concreto, la fundación afirmó que la universidad remitió tardíamente las actas de las reuniones de la junta y que su contenido no reflejaba lo discutido, pero no se acreditó el incumplimiento imputado en relación con la elaboración, el contenido y la entrega de esas actas. Como consecuencia práctica, el incumplimiento de un contrato de colaboración celebrado por una universidad estatal debe probarse conforme a sus cláusulas, y no conforme al Estatuto de Contratación.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la Universidad en relación con la elaboración, contenido y entrega de las actas de las reuniones de la Junta del Convenio?¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la universidad relacionado con la inasistencia a las reuniones de la Junta del Convenio?¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la universidad relacionado con el desconocimiento de las atribuciones de la Junta del Convenio?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-04-15Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 05001233100020080065601ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente declarar fundado el impedimento para conocer del proceso con sustento en los dispuesto en el numeral 1 del artículo 150 del CPC, el cual prevé que el juez debe declararse impedido cuando tenga interés directo o indirecto en el proceso, en este caso, actualmente desempeñarse como profesor de hora-cátedra en la Universidad Nacional de Colombia, vinculada al proceso como llamada en garantía? No
En jurisprudencia reiterada de esta Corporación, se ha precisado que los impedimentos están instituidos para garantizar la imparcialidad de los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor, por lo que son una manifestación esencial del derecho de acceso a la administración de justicia y del debido proceso, para materializar la tutela judicial efectiva de los individuos.… En el caso concreto, el Consejero de Estado… manifestó su impedimento para conocer del proceso con sustento en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 150 del CPC (141 del CGP), el cual prevé que el juez debe declararse impedido cuando tenga interés directo o indirecto en el proceso, indicando que actualmente se desempeña como profesor de hora-cátedra en la Universidad Nacional de Colombia…
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato?¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
[D]eterminar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6.°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 2011, y los artículos 5.° y 7.° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]” Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos establecidos por la universidad en sus reglamentos internos, como la aprobación de exámenes preparatorios, ya que estos son vinculantes para toda la comunidad educativa y aseguran la calidad de la formación académica. La universidad debe demostrar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos para optar por el título, y en este caso, la entidad no presentó suficiente evidencia de que el estudiante hubiera aprobado los exámenes preparatorios requeridos, lo que implica que el acto administrativo que otorgó el título es nulo. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos por las universidades para la obtención de títulos profesionales.síntesis automática
¿Puede considerarse válida una confesión judicial emitida por una persona que no ostenta representación legal ni poder dispositivo sobre los derechos de la entidad involucrada? No
La confesión judicial solo es válida cuando el confesante tiene capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulta de lo confesado, según el artículo 191 del Código General del Proceso, de modo que quien comparece al proceso sin ser representante legal de la entidad no puede obligarla con su declaración. Además, el incumplimiento de un pliego de condiciones no puede deducirse de pruebas técnicas practicadas bajo condiciones distintas de las previstas en el pliego, porque esos resultados no son comparables entre sí. Una prueba realizada bajo parámetros diferentes no basta para probar un incumplimiento contractual, aun cuando la diferencia que se alega, como el voltaje de carga de una batería, corresponda a la realidad. En el caso concreto, la declaración de un integrante de un equipo profesional no configuró confesión, y la prueba de reemplazo se hizo en condiciones distintas de las del pliego, de modo que la providencia confirmó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, la parte que quiera demostrar un incumplimiento técnico debe practicar la prueba bajo los parámetros exigidos en el pliego de condiciones.síntesis automática
También resuelve:¿Puede afirmarse que se incurrió en un incumplimiento de los pliegos de condiciones cuando las pruebas técnicas practicadas no son equiparables por haberse realizado bajo condiciones diferentes?¿Puede considerarse suficiente una prueba técnica realizada bajo parámetros distintos para probar un incumplimiento contractual?¿Debe desestimarse un cargo de apelación cuando no se controvierte la prueba documental que acredita la idoneidad de una entidad participante en un proceso de selección?
¿El régimen jurídico de contratación de las Universidades Públicas, como otros de los denominados regímenes especiales, no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es “salvo las excepciones consagradas en la Ley"? Sí
El contratista no puede declarar la nulidad del acto de liquidación unilateral proferido por la entidad estatal, como las universidades públicas, cuando el contrato se rige por el derecho privado y no se allega prueba del estatuto interno que regula los actos administrativos de la universidad. La Sala confirmó que el régimen jurídico de contratación de las universidades públicas no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es salvo las excepciones consagradas en la Ley 30 de 1992, y que los reglamentos internos de estas instituciones pueden establecer cuáles de sus actos son administrativos. Sin embargo, en este caso, el contratista no cumplió con su deber probatorio de demostrar que el acto de liquidación era un acto administrativo, por lo que la Sala rechazó la pretensión de declarar la nulidad del acto y reconoció la regla general de que el régimen de los contratos es el derecho privado. Esto implica que el acto de liquidación no es un acto administrativo, sino un acto contractual unilateral sin naturaleza de acto administrativo, y que el contratista debe demostrar la naturaleza jurídica del acto para poder anularlo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad de los actos de liquidación unilateral proferidos por la Universidad Tecnológica de Pereira y, en consecuencia…¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del contrato de obra celebrado por la Universidad Tecnológica de Pereira, por el ejercicio indebido de la facultad de liquidar unilateralmente…¿A los contratos estatales especiales sometidos al derecho privado, como los celebrados por las Universidades Públicas, les resultan aplicables las normas relacionadas con el equilibrio económico del…
Determinar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3°, 6° y 137 de la Ley 1437 de 2011, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]”. Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos de grado establecidos por la universidad, como la aprobación de exámenes preparatorios y pruebas de suficiencia en idioma extranjero, ya que estos son componentes obligatorios del currículo académico y la universidad tiene la facultad de exigirlos para garantizar la calidad de la formación de sus egresados. La entidad universitaria debe acreditar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos, y el sistema de registro de notas SIMCA no es el único mecanismo para verificar la información académica, ya que existen archivos físicos y contables que sirven como soporte. La Sala anuló el acto administrativo que otorgó el título profesional, reiterando la jurisprudencia sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos.síntesis automática
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición? Sí
En la acción de repetición derivada de un acuerdo conciliatorio, cuando el pago se realiza después del plazo convenido, la caducidad se cuenta desde el día siguiente al vencimiento de ese plazo y no desde la fecha del pago. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 cuenta el término de dos años desde el día siguiente al pago total efectuado por la entidad, o desde el último pago cuando el pago se hace por cuotas. Segunda, el pago se realizó después del plazo fijado en el acuerdo, por lo que esa fecha no puede servir para el cómputo, y debe evaluarse la caducidad desde el día siguiente al vencimiento convenido. Tercera, la demanda se radicó después del término, por lo que la acción es extemporánea y no es posible decidir el fondo. En consecuencia, la Sala declara probada de oficio la excepción de caducidad. El documento reitera el criterio sobre la forma de computar este término.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición en contra del rector de una universidad pública del orden nacional?¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en los procesos en que se ventilan intereses públicos?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, incluidas las universidades públicas, y el Consejo de Estado conoce de la apelación cuando el asunto tiene vocación de doble instancia por razón de la cuantía. Esta regla se apoya en el régimen contractual de la universidad pública, que puede estar sujeto al derecho privado en ciertos aspectos, sin que ello excluya la competencia de la jurisdicción. Por ello el carácter público de la entidad determina la jurisdicción, y la cuantía de la pretensión determina la segunda instancia. En el caso concreto la corporación conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del tribunal, y la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la competencia del Consejo de Estado en apelación depende de la cuantía y del carácter público de la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos emitidos por la Universidad Militar Nueva Granada en las fases precontractual y contractual, no son actos administrativos?¿El medio de control de controversias contractuales es procedente cuando el negocio jurídico fue perfeccionado con independencia de si la causa dañosa deviene de una actuación adelantada en la etapa…¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-08-26Sala Consulta y Servicio CivilEDGAR GONZÁLEZ LÓPEZRad. 11001030600020220006600CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿Es posible señalar que en los contratos de obra de derecho privado suscritos por una fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo se configura el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia"? No
En el caso de los contratos de obra y conexos, suscritos en desarrollo de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y una sociedad fiduciaria, no se configura el hecho generador de la estampilla «Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia», pues: i) Dichos contratos de obra y conexos son celebrados por la sociedad fiduciaria, en calidad de vocera y administradora del correspondiente patrimonio autónomo; ii) El Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) no es parte en dichos contratos, pues por el mandato legal, consagrado en el artículo 23 de la Ley 1469 de 2011, dicha entidad debe ejecutar la estructuración de planes de vivienda de interés social y otros, mediante la celebración de contratos de fiducia mercantil, con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, y iii) El patrimonio autónomo no tiene la calidad de entidad estatal…
También resuelve:¿Los patrimonios autónomos derivados de los contratos de fiducia mercantil celebrados por FONVIVIENDA pueden asimilarse a una entidad estatal del orden nacional de las establecidas en el artículo 2…¿Puede ser ampliado el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia" vía decreto reglamentario pese a lo dispuesto en el artículo…
¿Puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente por la entidad demandada, revisar la negativa al reconocimiento de las sumas reclamadas por concepto del gravamen sobre los movimientos financieros y complementar la sentencia para decidir la pretensión de liquidación del contrato, si el consorcio demandante no apeló la providencia ni solicitó su adición? No
El juez de segunda instancia no puede revisar lo decidido en primera instancia sobre una pretensión que la parte demandante no apeló ni pidió adicionar, cuando la apelación fue interpuesta únicamente por la entidad demandada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP limita el recurso al examen de los reparos concretos formulados por el apelante; el artículo 328 del CGP obliga a pronunciarse solo sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y el inciso segundo del artículo 287 del CGP permite complementar la sentencia en lo silenciado solo cuando la parte perjudicada apeló o solicitó su adición. Así, una negativa de primera instancia no impugnada queda con efectos de cosa juzgada y no puede reabrirse en la segunda instancia. Esta regla refleja los límites de la apelación frente a pretensiones que el apelado no controvirtió, y se aplica a los procesos de controversias contractuales en los que la sentencia guarde silencio sobre una pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para reclamar la indemnización de los perjuicios que una de las partes atribuye al incumplimiento de un contrato estatal?¿Incurre la Agencia Nacional de Infraestructura en incumplimiento del contrato de obra pública al practicar las retenciones por concepto de la contribución especial de obra pública…¿Debe el consorcio demandante asumir las costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura?
¿La intención del consorcio fue aceptar una mayor permanencia en obra y la adición de unos ítems de manera consonante con la exclusión de otros, todo por el mismo precio inicial? Sí
El contratista acepta una mayor permanencia en obra y la adición de ítems, excluyendo otros, todo por el mismo precio inicial, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo que implica que las cláusulas acordadas deben ser consideradas válidas y no pueden ser desconocidas por el juez. La liquidación bilateral del contrato constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo que cualquier cuestionamiento a su validez debe estar respaldado por vicios que deriven en nulidad absoluta o relativa. La Sala desestima cargos de incumplimiento y enriquecimiento sin justa causa, dado que el contratista aceptó libremente las modificaciones al contrato, sin que se acredite un perjuicio económico. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la teoría del acto propio en la interpretación de las modificaciones al contrato, y confirma que la liquidación bilateral es un acto jurídico válido y ejecutivo, siempre y cuando no se demuestren vicios que la anulen.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación bilateral es un negocio jurídico que constituye derechos y obligaciones, al punto de que constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles?¿Se eliminaron otros ítems para hacer sostenible el proyecto con el presupuesto inicial?¿Desde el mismo instante en que las dificultades de ejecución del contrato se identificaron, las partes efectuaron ajustes al acuerdo de voluntades con el objetivo de evitar la paralización de la…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de los procesos de repetición adelantados contra representantes legales de entidades del orden nacional, como es el caso del rector de la Universidad Popular del Cesar? Sí
Los procesos de repetición que el Estado promueve contra representantes legales de órganos y entidades del orden nacional se conocen en única instancia por la corporación que señala el numeral 13 del artículo 149 del CPACA. La regla se apoya en la enumeración expresa de los funcionarios cuya responsabilidad se somete a esa competencia, lo que delimita el factor de conocimiento por la calidad del demandado. Por ello, la competencia no depende de la naturaleza del asunto sino de la clase de cargo que ocupaba el servidor al momento de los hechos. En el asunto, la demanda de repetición se dirigió contra el rector de una universidad, quien por la época de los hechos ejercía esa función, y la subsección asumió la competencia para conocer del proceso. La Sala negó las pretensiones de la demanda en ese contexto. En la práctica, el factor de competencia de la repetición debe verificarse según el cargo del demandado al momento de los hechos antes de determinar el juez que la tramita.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó oportunamente la demanda de repetición frente a las 23 pretensiones instauradas contra el rector de la la Universidad Popular del Cesar?¿Las hipótesis sobre la conducta del agente del Estado contenidas en los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, constituyen presunciones legales que admiten prueba en contrario?¿Debe condenarse patrimonialmente al rector de la Universidad Popular del Cesar por declarar insubsistentes, mediante actos administrativos no motivados…
¿Que régimen de contratación cobija a la Universidad Militar Nueva Granada?
Teniendo en cuenta que el solicitante formuló 4 peticiones distintas y que varios de los asuntos consultados guardan unidad temática, varias de las preguntas se responderán en bloque, de manera que todas sean absueltas de forma coherente, por lo que se agruparán las preguntas de las distintas solicitudes presentadas a la Agencia.
También resuelve:Entidades de régimen especial: definición, manual de contratación, contenido, obligaciones transversales a las entidadesManual de contratación: reglamento interno de contratación, naturaleza jurídica, reglamento, inderogabilidad singularManuales de contratación: entidades de régimen especial, vacíos
¿Una entidad internacional puede contratar con una Universidad Pública bajo la vigencia de la Ley de Garantías?
Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que las preguntas del peticionario guardan unidad temática respecto a la aplicación de la Ley de garantías frente a las universidades públicas, a continuación se sintetizará lo expresado en las consideraciones frente a las preguntas del peticionario. En este sentido, el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, que restringe la celebración de contratos y convenios interadministrativos por parte de los «gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital», no es aplicable a las universidades públicas del orden nacional y territorial, debido a que, en virtud de su atributo constitucional de autonomía, no son ni pueden asimilarse a las entidades públicas que expresamente prevé la norma.
También resuelve:Universidades públicas: régimen jurídico, Ley 996 de 1995, aplicación, aplicación / ley de garantías electoralesLey de garantías electorales: definiciónLey de garantías: Ley 996 de 2005, restricciones artículo 33, elecciones presidenciales, restricciones artículo 38