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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control de repetición

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Fecha
2023-11-01
Radicado
76001233100020010010901
Número interno
68045
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Demandado
WILLIAM EDUARDO ROMERO SUAREZ, GLEDYS GONZALEZ GONZALEZ, JORGE QUIÑONES MOLINEROS, GLORIA MARIA ARIAS ARBOLEDA, MARTHA LUCIA GRANADA DE PARRA, CARMEN ROSA MOSQUERA OBANDO, MIREYA GALAN AMEZQUITA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control de repetición

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA , modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La acción de repetición es un medio de control de carácter patrimonial que la entidad pública ejerce contra el servidor, ex servidor o particular que cumple función pública cuando su actuación dolosa o gravemente culposa dio lugar a un reconocimiento indemnizatorio del Estado, conforme al artículo 2 de la Ley 678 de 2001 en concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política. Esa acción corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, según el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 7 de la Ley 678, de modo que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia la apelación contra la sentencia de un tribunal que la resuelve. La razón es que el reembolso de lo pagado por la condena se tramita por esa vía y la apelación se interpuso contra una sentencia dictada en primera instancia por un tribunal dentro de un proceso de repetición. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la competencia para la repetición se fija por la naturaleza del medio de control y por la instancia en que se decide.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control de repetición?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 129
  • Ley 446 de 1998, art. 37
  • Ley 678 de 2001, art. 7

También resuelve

  • ¿La acción de repetición es el medio de control de carácter patrimonial procedente que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado…
  • ¿El término para interponer la acción de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago cuyo reintegro se pretende o, a más tardar…
  • ¿Al caso concreto le son aplicables los preceptos de la Ley 678 de 2001?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN LEY 678 DE 2001 TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN VIGENCIA DE LA NORMA NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTO OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO DEMOSTRACIÓN DEL DOLO DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE CONDENA JUDICIAL OBLIGACIÓN LEGAL PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN AGENTE DEL ESTADO FISCAL MIEMBROS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN FUNCIÓN PÚBLICA EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CONCEPTO DE DOLO ELEMENTOS DEL DOLO CONCEPTO DE CULPA GRAVE VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA DEMOSTRACIÓN DE LA CULPABILIDAD NOCIÓN DE CULPABILIDAD NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA AUSENCIA DEL DOLO INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE ALCANCE DE LA COSA JUZGADA CONSECUENCIA DE COSA JUZGADA EFECTOS DE LA COSA JUZGADA NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA ALCANCE DE LA SENTENCIA JUDICIAL

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Titulación de la relatoría 23.807 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA , modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129 , LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿La acción de repetición es el medio de control de carácter patrimonial procedente que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política , la acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso la acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar a (...) [varios agentes del Estado] patrimonialmente responsables del pago de $194.056.455, realizado en cumplimiento de la condena que impuso el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca mediante sentencia del 6 de octubre de 2005. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿El término para interponer la acción de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago cuyo reintegro se pretende o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que se le dio a la entidad pública para pagar la condena? El término para la presentación de la demanda en el medio de control de repetición se empieza a contar El término para interponer el medio de control de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago cuyo reintegro se pretende o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que se le dio a la entidad pública para pagar la condena? desde el día siguiente a la fecha del pago efectuado por la entidad? Respuesta al problema jurídico: Si La caducidad (...) es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. (…) [E]l derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 6 de octubre de 2005, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación “por la demora en la entrega del vehículo de placas VBE 961” y ordenó pagarle a (...) perjuicios morales y materiales, quedó ejecutoriada el 14 de febrero de 2006; ii) que el 27 de diciembre de 2006, la Fiscalía General de la Nación pagó (…), tal y como consta en el certificado del expedido por el tesorero de dicha entidad; iii) que el 15 de agosto de 2007 vencieron los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la condena; y, v) que la demanda se presentó el 13 de enero de 2009, esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la caducidad de la acción, cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 23 de febrero de 2006, rad. 6871-05, C. P. Tarsicio Cáceres Toro y de la Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998, C- 832 de 2001 y C-394 de 2002. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 LEY 678 DE 2001 / TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / VIGENCIA DE LA NORMA / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Al caso concreto le son aplicables los preceptos de la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: No Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra de la Fiscalía General de la Nación ocurrieron en el año 1998, esto es, cuando la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, mediante proveído del 4 de junio de 1998, confirmó la Resolución No. 91 del 29 de octubre de 1997 que ordenó la entrega del vehículo (…) el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la aplicación de la Ley 678 de 2001, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto de 2006, rad. 28448, C. P. Ruth Stella Correa Palacio y de 23 de noviembre de 2016, rad. 46108, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 678 DE 2001 CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿La ausencia de uno solo de los presupuestos de la acción de repetición deriva en la denegación de las pretensiones de la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si [P]ara la procedencia de la acción de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. En este sentido, en aras de resolver lo pretendido en el libelo introductorio, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos para la procedencia de la acción de repetición, ya que para la configuración de dicho instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de los presupuestos para la procedencia de la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de noviembre de 2006, rad. 22099, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 6 de diciembre de 2006, rad. 22056, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 12 de diciembre del 2007, rad. 27006, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; providencia de 29 de mayo del 2014, 42183, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; y providencia de 10 de diciembre de 2018, rad. 60423, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. CONDENA JUDICIAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / OBLIGACIÓN LEGAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Se acredito la existencia de la obligación de la demandante de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial? Respuesta al problema jurídico: Si El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto , tal y como lo prevé el inciso 2 del artículo 86 del C.C.A. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que mediante sentencia del 6 de octubre de 2005, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de los presupuestos para la procedencia de la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86 INCISO 2 CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / AGENTE DEL ESTADO / FISCAL / MIEMBROS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / FUNCIÓN PÚBLICA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Problema jurídico: ¿Se acreditó la condición de agentes del Estado de los demandados en el momento de la causación del daño antijurídico del cual derivó la condena a la entidad demandante? Respuesta al problema jurídico: Si [E]stá acreditado que (...) ejercía el cargo de Fiscal Delegado ante el Tribunal Nacional y que en tal calidad se pronunció sobre la devolución del vehículo de placa (...). Por otro lado si bien no reposa copia de las resoluciones de nombramiento o las actas de posesión de (...) como “Fiscal Delegado ante el Tribunal Nacional de Bogotá”, de (...) como “Jefe Secretaría Común Fiscalía Regional del Cali”, de (...) como “Fiscal Regional de Cali, de (...) como “Fiscal Seccional 43 (E) de Buenaventura”, de (...) como “Fiscal Regional Delegada ante la SIJIN – DEVAL de Cali” y de (...) como “Fiscal Seccional 37 de Buenaventura”, o certificación que indique el tiempo durante el cual desempeñaron dichos cargos, que resultan ser documentos idóneos para acreditar la condición de funcionarios públicos, lo cierto es que la calidad de los demandados para el momento de los hechos está demostrada, pues se acreditó que profirieron oficios, suscritos por ellos invocando la calidad de funcionarios públicos, concernientes a la entrega del vehículo (...) y de ellos se infiere la condición requerida para ser demandados en repetición por el ejercicio de funciones públicas, quienes, además, no protestaron su vinculación al proceso por carecer de la condición requerida por la ley para poder ser demandados, ni discutieron la condición bajo la cual fueron llamados a estas diligencias procesales, ni tampoco alegaron la carencia de prueba de su condición de funcionarios o ex funcionarios públicos. PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO Problema jurídico: ¿Se acreditó el pago de la condena por parte de la entidad demandante? Respuesta al problema jurídico: Si Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (…) [L]a entidad demandante acreditó el pago total de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 6 de octubre de 2005, por un valor equivalente a $194.056.455. REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONCEPTO DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / ELEMENTOS DEL DOLO / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPABILIDAD / NOCIÓN DE CULPABILIDAD Problema jurídico: ¿Sin la acreditación del dolo y/o culpa grave en la conducta de los agentes estatales, se configura la responsabilidad patrimonial de estos en la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: No [D]ebe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. (…) [L]a normatividad aplicable al asunto son los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A., que establecieron la posibilidad para las entidades públicas que resulten condenadas a pagar sumas de dinero, de acudir a la vía judicial con el fin de repetir contra el funcionario que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubiere dado lugar a la condena en contra del Estado. (…) [P]ese a que la parte demandante no estableció en el libelo introductorio de forma clara y especifica cuál fue la actuación dolosa y/o gravemente culposa de cada uno de los demandados, de conformidad con el acervo probatorio se analizará si aquellos con su actuación dentro del incidente de devolución de un vehículo actuaron en contravía de los mandatos constitucionales o legales previstos para su actuación como servidores públicos (...). [E]n el artículo 63 del Código Civil, la “culpa” es la conducta reprochable de un agente que generó un daño antijurídico, no querido por él pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Y reviste el carácter de “culpa grave” aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario. Al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, nociones que, aunque propias del ámbito del derecho común deben ser acompasadas con la órbita del servicio público, esto es, a la luz del principio de legalidad. En atención a lo anterior, es el juez de la acción de repetición el que debe evaluar la conducta del agente público a la luz de las nociones de culpa grave o dolo para determinar si hay lugar a atribuirle responsabilidad, a través de un juicio de valor de su conducta. (...) Ahora, si bien al proceso se aportó copia de la sentencia que condenó al Estado dentro del proceso de reparación directa incoado por (...), lo cierto es que dicha providencia por sí sola no acredita que la conducta de los demandados fue dolosa y/o gravemente culposa como lo exigen las normas mencionadas ut supra. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la culpabilidad del agente del Estado en la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 30 de marzo de 2017, rad. 42603, C. P. Danilo Rojas Betancourth; y sentencia de 18 de julio de 2012, rad. 40678, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / ALCANCE DE LA COSA JUZGADA / CONSECUENCIA DE COSA JUZGADA / EFECTOS DE LA COSA JUZGADA / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ALCANCE DE LA SENTENCIA JUDICIAL Problema jurídico: ¿Se acreditó el dolo y/o culpa grave en la conducta de los agentes demandados? Respuesta al problema jurídico: No [P]ara que prospere la acción de repetición, además de los restantes requisitos (condena, pago y calidad de servidor o ex servidor público), se exigen los máximos grados de culpabilidad, pues el agente estatal debe conocer el resultado lesivo para la entidad y perseguir su acaecimiento o sin querer buscar un resultado, generarlo, al faltar al deber objetivo de cuidado que se exige del ciudadano más desprevenido. De allí que, al no ser aplicables las presunciones establecidas en la Ley 678 de 2001, el operador tenga que acoger las definiciones consagradas en el artículo 63 del Código Civil y la posibilidad de condena se restrinja a dos supuestos: acreditar la intención positiva del agente estatal o probar que éste no desarrolló las funciones y competencias propias de su cargo con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. En el caso de autos no existe prueba en este proceso que indique que la actuación de (...) [los agentes] fue dolosa y/o gravemente culposa, pues no reposan testimonios u otros medios de convicción válidos que den cuenta a la Sala de que la intención de aquellos era dilatar la entrega del vehículo. (…) De otro lado, es importante destacar que la sentencia proferida en la acción de reparación directa hace tránsito a cosa juzgada en relación con la responsabilidad de la entidad demandada. No obstante, la misma no hace tránsito a cosa juzgada frente a los agentes estatales a los que se les imputa la causación del daño, porque dicho proceso no tiene como propósito el juzgamiento de su conducta, es decir si obraron con dolo y/o culpa grave; mientras el agente estatal no sea llamado en garantía y se juzgue en el mismo proceso lo relativo a su conducta. (…) [E]n el presente caso la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el dolo y/o la culpa grave que alega requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide establecer la existencia de uno de los elementos estructurales de la acción de repetición. Bajo el anterior contexto, como en el sub examine no se probó la conducta dolosa y/o gravemente culposa de (...) [los demandados], se confirmará la sentencia del 6 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000200100109011100103