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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición inicia a partir de la fecha del pago de la condena por parte

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Fecha
2022-06-10
Radicado
68001233300020130057301
Número interno
60454
Ponente
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado
LEONARDO COTE BOTERO, LILIANA PATRICIA BOTERO, EDUARDO COTE BOTERO, ANDREA COTE BOTERO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición inicia a partir de la fecha del pago de la condena por parte

Lo que dijo la Sala

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y su condicionamiento por la Corte Constitucional, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho (18) meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del CCA.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe presentar la demanda de repetición en un término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena por parte de la entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y su interpretación por la Corte Constitucional en las sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, lo que implica que los contratistas deben estar atentos a la fecha exacta del pago para evitar la caducidad de la acción.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición inicia a partir de la fecha del pago de la condena por parte de la entidad?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 177 inc. 4
  • Ley 678 de 2001, art. 11

También resuelve

  • ¿Cuál es el régimen legal aplicable en materia de acción de repetición?
  • ¿Existe legitimación en la causa por pasiva de los herederos del agente estatal en la acción de repetición?
  • ¿Se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva en la acción de repetición adelantada contra los herederos del agente del Estado que falleció antes de la interposición de la demanda?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN VIGENCIA DE LA NORMA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO MUERTE DE AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO FALTA DEL AGENTE DEL ESTADO PROPORCIONALIDAD CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA DEMANDA CONTRA HEREDEROS ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA INEXISTENCIA DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PROCESO CONTRA HEREDERO IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DERECHO DE DEFENSA ALCANCE DEL DERECHO DE DEFENSA CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE DEFENSA PRINCIPIO DE DERECHO DE DEFENSA REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

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Puede afirmarse que la acción de repetición tiene como características, una función preventiva y una función retributiva.
Titulación de la relatoría 8.080 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición inicia a partir de la fecha del pago de la condena por parte de la entidad? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y su condicionamiento por la Corte Constitucional, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho (18) meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del CCA. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del conteo de la caducidad de la acción de repetición, cita: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001 y C-394 de 2002. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / VIGENCIA DE LA NORMA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Cuál es el régimen legal aplicable en materia de acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678 de 2001 porque los hechos imputados al agente estatal ocurrieron después de su entrada en vigencia. El contrato No. 929 se celebró el 27 de diciembre de 2006 y fue ejecutado con posterioridad a esta fecha. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / MUERTE DE AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / FALTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PROPORCIONALIDAD / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / DEMANDA CONTRA HEREDEROS / ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / INEXISTENCIA DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA Problema jurídico: ¿Existe legitimación en la causa por pasiva de los herederos del agente estatal en la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La norma constitucional consagra una inmunidad parcial a favor de los agentes estatales con el objeto de proteger su autonomía y garantizar que puedan adoptar eficazmente decisiones sin temer que, cada vez que se equivoquen, deban asumir esos errores con su patrimonio. La consecuencia de esa inmunidad es que para condenar al agente estatal a reintegrar las indemnizaciones pagadas por el Estado se requiere adelantar un juicio de reproche subjetivo en su contra, que se materializa en la calificación de su conducta como dolosa o gravemente culposa. En este sentido, la doctrina ha señalado que la responsabilidad de los agentes estatales está sujeta a limitaciones sustanciales y procesales; esto es, que la responsabilidad del agente solo procede si su conducta fue dolosa o gravemente culposa, y que no puede ser demandado directamente por la víctima; solo puede demandarlo el Estado en ejercicio de la acción de repetición. (…) Es improcedente adelantar un juicio de reproche subjetivo contra los herederos del agente estatal porque ellos no cometieron la conducta que se analiza. Al tratarse de una responsabilidad cualificada que requiere la demostración del dolo o la culpa grave, esta no se transmite automáticamente a los herederos del responsable como sucede en la responsabilidad civil. En efecto, la acción de repetición tiene un contenido patrimonial pero no es exclusivamente patrimonial ni exclusivamente reparatoria; para establecer la obligación de reparar, el juez de repetición debe adelantar el juicio subjetivo de reproche contra el agente estatal que desplegó la conducta. (…) En la sentencia SU-354 de 2020 la Corte sostuvo que contra el agente estatal se debe adelantar un juicio de atribución de responsabilidad que es subsidiario, subjetivo, sujeto a criterios de proporcionalidad y que debe asegurar las garantías que conforman el derecho al debido proceso. Además, retomó las funciones preventiva y retributiva de la acción de repetición (…) En la sentencia SU-259 de 2021 señaló que la acción de repetición involucra un análisis de responsabilidad subjetiva y personal, lo que implica estudiar una conducta humana reprochable. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la responsabilidad del agente estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de septiembre de 2009, C. P. Myriam Guerrero de Escobar; del 26 de febrero de 2014, rad. 36825; de 20 de septiembre de 2007, rad. 26708, C. P. Ramiro Saavedra Becerra, de la Corte Constitucional. Sentencia C-484 de 2002, M. P. Alfredo Beltrán Sierra; SU-354 de 2020, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, C-285 de 2002, C-254 de 2003 y SU-259 de 2021, M. P.: José Fernando Reyes Cuartas. DEMANDA CONTRA HEREDEROS / PROCESO CONTRA HEREDERO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MUERTE DE AGENTE DEL ESTADO / INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA / DERECHO DE DEFENSA / ALCANCE DEL DERECHO DE DEFENSA / CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE DEFENSA / PRINCIPIO DE DERECHO DE DEFENSA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva en la acción de repetición adelantada contra los herederos del agente del Estado que falleció antes de la interposición de la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si En sentencia del 18 de noviembre de 2021 la Subsección B también declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva de los herederos de un agente estatal. En esa providencia señaló que si bien la acción de repetición tiene un carácter patrimonial, el juicio de responsabilidad personal que se realiza sobre el comportamiento del agente o ex agente estatal que falleció antes, incluso, de que se impusiera la condena al Estado y antes de la presentación de la demanda de repetición, vulnera de forma insuperable el derecho de defensa de los herederos del agente. En esa oportunidad la Sala afirmó que para poder defenderse de la imputación de dolo o culpa grave se requiere, entre otros, conocer la función desarrollada por el agente; las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la decisión adoptada por él; y acceder a las pruebas para poder ejercer una defensa real, frente a las cuales los herederos no tienen inmediación. Las consideraciones anteriores son aplicables a este caso debido a que el [demandado] falleció antes de la interposición de la demanda de repetición contra sus herederos. A diferencia del agente estatal, sus familiares no tienen conocimiento directo acerca de las circunstancias bajo las cuales se celebró el contrato, cómo se ejecutó, cómo estaban distribuidas las funciones y a qué motivos se debió la demora en conseguir los predios para la obra, entre otros factores relevantes para ejercer su defensa. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del juicio de responsabilidad contra el agente estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de marzo de 2020. rad. 47521 y 3 de agosto de 2020, rad. 53700; del 13 de agosto de 2021, rad. 53008, C. P. José Roberto Sáchica Méndez y del 18 de noviembre de 2021, rad. 52710, C. P. Alberto Montaña Plata. Sentencia con aclaración de voto del consejero Alberto Montaña Plata y salvamento de voto del consejero Fredy Ibarra Martínez.
Texto extraído del PDF oficial 29.571 caracteres
Radicado: 68001-23-33-000-2013-00573-01 (60454) Demandante: Municipio de Barrancabermeja 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022) Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011 Radicación: 68001-23-33-000-2013-00573-01 (60454) Demandante: Municipio de Barrancabermeja Demandados: Leonardo Cote Botero y otros Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la Ley 678 de 2001. Se revoca la decisión de negar las pretensiones y en su lugar se declara la falta de legitimación en la causa de los demandados porque la acción de repetición no es procedente contra los herederos del agente estatal. SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida el 25 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Santander, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 1. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 29 de noviembre de 2017 y se corrió traslado para alegar el 1º de febrero de 2018. La entidad demandante alegó de conclusión en segunda instancia. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron s ilencio. El 19 de diciembre de 2019 la abogada Maritza Castellanos Guzmán renunció al poder conferido para representar a la entidad demandante y allegó la comunicación de que trata el artículo 76 del CGP, por lo que se tendrá en cuenta su renuncia. 1 Estas normas son aplicables en su redacción original, previa a las modificaciones introducidas por los artículos 26 y 28 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia establecido por el artículo 86 de esa ley. Radicado: 68001-23-33-000-2013-00573-01 (60454) Demandante: Municipio de Barrancabermeja 2 I. ANTECEDENTES A.- Posición de la parte demandante 1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 15 de abril de 2013 por el Municipio de Barrancabermeja, Santander. Se dirigió contra Leonardo, María Alejandra2, Andrea y Eduardo Cote Botero, en su calidad de hijos, y Liliana Patricia Botero Zuluaga, en su calidad de cónyuge supérstite del señor Edgard Cote Gravino3. Se pretendió el reintegro de lo pagado por la entidad el 15 de abril de 2011 como consecuencia de la conciliación aprobada por el Tribunal Administrativo de Santander mediante providencia del 25 de noviembre de 2010. 2.- A partir de lo afirmado en la d emanda y de las piezas procesales allegadas por la parte actora, se extrae que: 2.1.- El señor Edgard Cote Gravino fue alcalde municipal de Barrancabermeja entre 2004 y 2007. 2.2.- El 27 de diciembre de 2006 el señor Cote Gravino suscribió a nombre del municipio el contrato de obra pública No. 924 con el Consorcio Puerto Barrancabermeja, cuyo objeto era la construcción de la primera etapa del proyecto para embarcaciones menores y mercado del río La Rampa. En la misma fecha celebró un contrato para la interventoría de la obra. 2.3.- Luego de ejecutar la obra, el Consorcio Puerto Barrancabermeja solicitó al municipio el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por los mayores costos que debió asumir debido a la demora de la entidad pública en entregar los predios donde debía realizarse la obra. 2.4.- El 4 de mayo de 2009 las partes celebraron una conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial 17 para Asuntos Administrativos. El municipio acordó pagarle al consorcio la suma de qui nientos ochenta y nueve millones quinientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y seis pesos ($589.592.756)4 como resultado de tres ejercicios de reajuste del valor del contrato: (i) el mayor valor del acero; (ii) la mayor permanencia en obra y (iii) el reajuste de los valores del contrato pendientes por facturar. 2 En el auto admisorio de la demanda el tribunal omitió incluir el nombre de esta demandada y la entidad demandante no solicitó su adición . Sin embargo, la curadora ad litem contestó la demanda a su nombre y en el recurso de apelación la entidad demandante pide que sea condenada. 3 Aunque en la demanda de repetición y en la sentencia de primera instancia se hizo referencia al señor Cote Gravino como <<Édgar>>, en su registro civil de defunción y en la declaración juramentada de bienes y rentas, suscrita por él, su nombre aparece como <<Edgard>> (fl. 39 c. 1). 4 En la demanda se afirmó que el valor pagado fue quinientos ochenta y nueve millones quinientos noventa y dos mil setecientos veintiséis pesos ($589.592.726). Sin embargo, en la conciliación, en la resolución que dispuso el pago y en el certificado de tesorería aparecen <<cincuenta y seis (56)>> en vez de veintiséis. Radicado: 68001-23-33-000-2013-00573-01 (60454) Demandante: Municipio de Barrancabermeja 3 2.5.- El Tribunal Administrativo de Santander aprobó el acuerdo mediante providencia del 25 de noviembre de 2010. 2.6.- Por medio de las Resoluciones No. 653 del 25 de marzo de 2011 y 722 del 5 de abril de 2011 la entidad demandante dispuso el pago de la conciliación , suma que fue desembolsada al consorcio el 15 de abril de 2011. 2.7.- El señor Edgard Cote Gravino falleció el 12 de marzo de 2012. En su hoja de vida aparecían los demandados Leonardo, María Alejandra, Eduardo y Andrea Cote Botero como sus hijos, y la demandada Liliana Patricia Botero Zuluaga como su cónyuge. 3.- Según la entidad demandante, el daño fue causado por la culpa grave del señor Edgard Cote Gravino porque omitió en forma inexcusable el cumplimiento de sus funciones como alcalde de Barrancabermeja. Como consecuencia de esta omisión el municipio no entregó oportunamente los predios y el contratista incurrió en sobrecostos que debieron ser reembolsados por la entidad pública. B.- Posición de la parte demandada 4.- Los demandados fueron representados por curador ad litem5, quien se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos de defensa expuso que: (i) los demandados no tienen la calidad de funcionarios públicos ni se les puede asignar la responsabilidad del agente estatal, pues esta es personal; (ii) la entidad demandante no probó la calidad de herederos de los demandados; y (iii) no se acreditó la culpa grave del señor Edgard Cote Gravino. C.- Sentencia recurrida 5.- En la sentencia del 25 de mayo de 2017 el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones: 5.1.- La calidad de agente estatal del señor Edgard Cote Gravino se demostró con su acta de posesión, y la calidad de herederos de los demandados se probó con sus registros civiles de nacimiento y matrimonio. 5.2.- La acción de repetición procede contra los her ederos del agente estatal. Si bien el Consejo de Estado no se ha pronunciado expresamente sobre el 5 La entidad actora solicitó la notificación de los demandados por emplazamiento luego de que las citaciones para notificación personal fueran devueltas por dirección errada, y manifestó bajo la gravedad de juramento desconocer otra dirección. En consecuencia, se ordenó notificarlo mediante edicto emplazatorio (fl. 180-197 c. 1). La curadora ad litem fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda e l 3 de febrero de 2015 y contestó la demanda el 26 de febrero de 2015 (fl. 221-231 c. 1). Radicado: 68001-23-33-000-2013-00573-01 (60454) Demandante: Municipio de Barrancabermeja 4 tema, sí ha resuelto de fondo casos dirigidos contra herederos de agentes estatales sin advertir su improcedencia. 5.3.- No se probó el pago de la conciliación. Aunque la entidad demandante aportó las resoluciones que ordenaron el pago, el comprobante de egreso y la certificación del tesorero, esos documentos no demuestran su desembolso porque no están firmados por el ben eficiario ni se aportó un paz y salvo. 5.4.- No se demostró la culpa grave del agente estatal. La entidad demandante probó que el señor Cote Gravino suscribió el contrato y que existió una omisión del municipio en la entrega de los predios para ejecutar l a obra, pero no acreditó que su conducta causara el daño ni que obrara con dolo o culpa grave. 5.5.- Condenó en costas a la entidad demandante de conformidad con el artículo 188 del CPACA. D.- Recurso de apelación 6.- En su recurso de apelación la entidad demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se condene a los demandados. Su inconformidad se centra en los siguientes puntos: 6.1.- El comprobante de egreso es una prueba idónea para demostrar el pago efectivo de la obligación. 6.2.- El daño fue causado por la culpa grave del entonces alcalde Edgard Cote Gravino debido a que tenía un deber de vigilancia sobre la ejecución del contrato y la conducta de sus funcionarios. En la conciliación y el auto que la aprobó se estableció que el desequilibrio económico del contrato fue causado por la negligencia del municipio en conseguir los predios para realizar la obra. 6.3.- La conducta del ex alcalde se enmarca en la presunción de culpa grave prevista en el numeral 1 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, es decir, la <<violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho>>. II. CONSIDERACIONES E.- Asuntos procesales 7.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue pre

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201300573011100103