Radicado: 68001-23-33-000-2013-00573-01 (60454)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00573-01 (60454)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandados: Leonardo Cote Botero y otros
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se revoca la decisión de negar las pretensiones
y en su lugar se declara la falta de legitimación en la causa de los
demandados porque la acción de repetición no es procedente
contra los herederos del agente estatal.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 25 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo
de Santander, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los
artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 1.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 29 de noviembre de 2017
y se corrió traslado para alegar el 1º de febrero de 2018. La entidad demandante
alegó de conclusión en segunda instancia. La parte demandada y el Ministerio
Público guardaron s ilencio. El 19 de diciembre de 2019 la abogada Maritza
Castellanos Guzmán renunció al poder conferido para representar a la entidad
demandante y allegó la comunicación de que trata el artículo 76 del CGP, por lo
que se tendrá en cuenta su renuncia.
1 Estas normas son aplicables en su redacción original, previa a las modificaciones introducidas por los
artículos 26 y 28 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia establecido por el artículo
86 de esa ley.
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Demandante: Municipio de Barrancabermeja
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I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 15 de abril de 2013
por el Municipio de Barrancabermeja, Santander. Se dirigió contra Leonardo,
María Alejandra2, Andrea y Eduardo Cote Botero, en su calidad de hijos, y Liliana
Patricia Botero Zuluaga, en su calidad de cónyuge supérstite del señor Edgard
Cote Gravino3. Se pretendió el reintegro de lo pagado por la entidad el 15 de abril
de 2011 como consecuencia de la conciliación aprobada por el Tribunal
Administrativo de Santander mediante providencia del 25 de noviembre de 2010.
2.- A partir de lo afirmado en la d emanda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:
2.1.- El señor Edgard Cote Gravino fue alcalde municipal de Barrancabermeja
entre 2004 y 2007.
2.2.- El 27 de diciembre de 2006 el señor Cote Gravino suscribió a nombre del
municipio el contrato de obra pública No. 924 con el Consorcio Puerto
Barrancabermeja, cuyo objeto era la construcción de la primera etapa del
proyecto para embarcaciones menores y mercado del río La Rampa. En la misma
fecha celebró un contrato para la interventoría de la obra.
2.3.- Luego de ejecutar la obra, el Consorcio Puerto Barrancabermeja solicitó al
municipio el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por los
mayores costos que debió asumir debido a la demora de la entidad pública en
entregar los predios donde debía realizarse la obra.
2.4.- El 4 de mayo de 2009 las partes celebraron una conciliación extrajudicial
ante la Procuraduría Judicial 17 para Asuntos Administrativos. El municipio
acordó pagarle al consorcio la suma de qui nientos ochenta y nueve millones
quinientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y seis pesos ($589.592.756)4
como resultado de tres ejercicios de reajuste del valor del contrato: (i) el mayor
valor del acero; (ii) la mayor permanencia en obra y (iii) el reajuste de los valores
del contrato pendientes por facturar.
2 En el auto admisorio de la demanda el tribunal omitió incluir el nombre de esta demandada y la entidad
demandante no solicitó su adición . Sin embargo, la curadora ad litem contestó la demanda a su nombre y
en el recurso de apelación la entidad demandante pide que sea condenada.
3 Aunque en la demanda de repetición y en la sentencia de primera instancia se hizo referencia al señor
Cote Gravino como <<Édgar>>, en su registro civil de defunción y en la declaración juramentada de bienes
y rentas, suscrita por él, su nombre aparece como <<Edgard>> (fl. 39 c. 1).
4 En la demanda se afirmó que el valor pagado fue quinientos ochenta y nueve millones quinientos noventa
y dos mil setecientos veintiséis pesos ($589.592.726). Sin embargo, en la conciliación, en la resolución que
dispuso el pago y en el certificado de tesorería aparecen <<cincuenta y seis (56)>> en vez de veintiséis.
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2.5.- El Tribunal Administrativo de Santander aprobó el acuerdo mediante
providencia del 25 de noviembre de 2010.
2.6.- Por medio de las Resoluciones No. 653 del 25 de marzo de 2011 y 722 del
5 de abril de 2011 la entidad demandante dispuso el pago de la conciliación ,
suma que fue desembolsada al consorcio el 15 de abril de 2011.
2.7.- El señor Edgard Cote Gravino falleció el 12 de marzo de 2012. En su hoja
de vida aparecían los demandados Leonardo, María Alejandra, Eduardo y Andrea
Cote Botero como sus hijos, y la demandada Liliana Patricia Botero Zuluaga
como su cónyuge.
3.- Según la entidad demandante, el daño fue causado por la culpa grave del
señor Edgard Cote Gravino porque omitió en forma inexcusable el cumplimiento
de sus funciones como alcalde de Barrancabermeja. Como consecuencia de esta
omisión el municipio no entregó oportunamente los predios y el contratista
incurrió en sobrecostos que debieron ser reembolsados por la entidad pública.
B.- Posición de la parte demandada
4.- Los demandados fueron representados por curador ad litem5, quien se opuso
a las pretensiones de la demanda. Como argumentos de defensa expuso que: (i)
los demandados no tienen la calidad de funcionarios públicos ni se les puede
asignar la responsabilidad del agente estatal, pues esta es personal; (ii) la
entidad demandante no probó la calidad de herederos de los demandados; y (iii)
no se acreditó la culpa grave del señor Edgard Cote Gravino.
C.- Sentencia recurrida
5.- En la sentencia del 25 de mayo de 2017 el Tribunal Administrativo de
Santander negó las pretensiones de la demanda con fundamento en las
siguientes consideraciones:
5.1.- La calidad de agente estatal del señor Edgard Cote Gravino se demostró
con su acta de posesión, y la calidad de herederos de los demandados se
probó con sus registros civiles de nacimiento y matrimonio.
5.2.- La acción de repetición procede contra los her ederos del agente estatal.
Si bien el Consejo de Estado no se ha pronunciado expresamente sobre el
5 La entidad actora solicitó la notificación de los demandados por emplazamiento luego de que las citaciones
para notificación personal fueran devueltas por dirección errada, y manifestó bajo la gravedad de juramento
desconocer otra dirección. En consecuencia, se ordenó notificarlo mediante edicto emplazatorio (fl. 180-197
c. 1). La curadora ad litem fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda e l 3 de febrero
de 2015 y contestó la demanda el 26 de febrero de 2015 (fl. 221-231 c. 1).
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tema, sí ha resuelto de fondo casos dirigidos contra herederos de agentes
estatales sin advertir su improcedencia.
5.3.- No se probó el pago de la conciliación. Aunque la entidad demandante
aportó las resoluciones que ordenaron el pago, el comprobante de egreso y la
certificación del tesorero, esos documentos no demuestran su desembolso
porque no están firmados por el ben eficiario ni se aportó un paz y salvo.
5.4.- No se demostró la culpa grave del agente estatal. La entidad demandante
probó que el señor Cote Gravino suscribió el contrato y que existió una omisión
del municipio en la entrega de los predios para ejecutar l a obra, pero no
acreditó que su conducta causara el daño ni que obrara con dolo o culpa grave.
5.5.- Condenó en costas a la entidad demandante de conformidad con el
artículo 188 del CPACA.
D.- Recurso de apelación
6.- En su recurso de apelación la entidad demandante solicita que se revoque la
sentencia de primera instancia y en su lugar se condene a los demandados. Su
inconformidad se centra en los siguientes puntos:
6.1.- El comprobante de egreso es una prueba idónea para demostrar el pago
efectivo de la obligación.
6.2.- El daño fue causado por la culpa grave del entonces alcalde Edgard Cote
Gravino debido a que tenía un deber de vigilancia sobre la ejecución del contrato
y la conducta de sus funcionarios. En la conciliación y el auto que la aprobó se
estableció que el desequilibrio económico del contrato fue causado por la
negligencia del municipio en conseguir los predios para realizar la obra.
6.3.- La conducta del ex alcalde se enmarca en la presunción de culpa grave
prevista en el numeral 1 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, es decir, la
<<violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho>>.
II. CONSIDERACIONES
E.- Asuntos procesales
7.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue pre
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