Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿En qué momento se debe suscribir el contrato cuando la causal de contratación directa está fundamentada en la urgencia manifiesta?
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no establece un plazo mínimo o máximo para celebrar el contrato derivado de la declaratoria de urgencia manifiesta. Lo que sí fija la ley es un control automático a cargo de los organismos de fiscalización: según el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, estos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente de antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, deben enviarse al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal, el cual debe pronunciarse dentro de los dos meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron la declaración. Si es procedente, dicho organismo solicitará la iniciación de la investigación disciplinaria y remitirá el asunto a las autoridades competentes para las demás acciones, y el uso indebido de la contratación de urgencia es causal de mala conducta. Ese control se limita a comprobar la existencia de los hechos que sustentaron la urgencia y a verificar las circunstancias que rodearon la declaratoria, que varían según cada situación.síntesis automática
También resuelve:Urgencia manifiesta: definición, causal, contratación directaArtículo 43 de la ley 80 de 1993: control-finalidad
¿Las actas de obra 4 y 5 fueron conocidas y aceptadas por la entidad demandada, acreditadas o gestionadas por el interventor durante la vigencia de sus funciones, y como consecuencia de ello, el municipio está obligado a su pago? Sí
El contratista es obligado al pago de las actas de obra 4 y 5 por la entidad estatal, ya que estas fueron conocidas, aceptadas y gestionadas por el interventor durante la vigencia de sus funciones, y formaron parte del informe final de interventoría y del acta de recibo final de las obras, además de ser reconocidas en la auditoría y en la liquidación del contrato. La entidad no objetó las actas durante la ejecución del contrato ni en sede judicial, y procedió a su pago parcial, lo que demuestra su aceptación. La regla reitera la obligación de pago del contratista cuando las actas de obra son aprobadas por el interventor y reconocidas por la entidad, independientemente de que no hayan sido pagadas en su totalidad, lo que implica que el contratista puede exigir el pago pendiente conforme a la cláusula tercera del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas a la entidad demandada, en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló y se confirmará la sentencia de primera instancia?
¿Existen documentos tipo en el sector de infraestructura de transporte que deba utilizar una entidad cuya contratación debe adelantarse por la modalidad de contratación directa – urgencia manifiesta?
El artículo 11 del Decreto 1079 de 1994, dispuso que para efectos de lo consagrado en la Ley 80 de 1993, los contratos que celebre la Corporación Nasa Kiwe se entenderán celebrados por razón de la urgencia manifiesta, sin que sea necesario declaratoria en tal sentido. Así, en el manual de contratación de esa entidad, se estableció que, la cooperación “… tiene una modalidad de contratación única: contratación directa y una causal única: urgencia manifiesta”.
También resuelve:Urgencia manifiesta: fundamento normativoCorpopaeces: contratación, urgencia manifiestaDocumentos tipo: ámbito de aplicación, entidades sometidas, infraestructura de transporte, modalidades
… en ocasción a la expedicción del Decreto 2113 del 1 de noviembre de 2022, por medio del cual el Gobierno Nacional, declaró Una Situación de Desastre de carácter Nacional, solicito muy respetuosamente se aclare, si con ocasión al mismo las entidades de orden territorial, más específicamente Bomberos de Bucaramanga, puede adelantar proceso de contratación directa bajo Urgencia Manifiesta…
… en ocasción a la expedicción del Decreto 2113 del 1 de noviembre de 2022, por medio del cual el Gobierno Nacional, declaró Una Situación de Desastre de carácter Nacional, solicito muy respetuosamente se aclare, si con ocasión al mismo las entidades de orden territorial, más específicamente Bomberos de Bucaramanga, puede adelantar proceso de contratación directa bajo Urgencia Manifiesta, para la adquisición de elementos y equipos a utilizar para la prevención y atención de emergencias provocadas por la fuerte ola invernal por la que estamos atravesando.[sic]…
También resuelve:Cuerpo de bomberos: naturaleza jurídica, prestación del servicio bomberil, instituciones que lo integran, instituciones que lo integran / contratación directaContratación directa: modalidad de selección no competitiva, causales de procedencia, deber de planeaciónUrgencia manifiesta: causal de contratación directa, concepto, hechos que la configuran
¿Se requieren garantías en los contratos de obra pública bajo la modalidad de contratación directa por urgencia manifiesta?
La contratación directa de obras por urgencia manifiesta no exonera a la entidad estatal de exigir las garantías que correspondan según la tipología contractual, el objeto, los riesgos asociados a la ejecución y la cuantía, conforme a los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, análisis que debe quedar en el acto administrativo que declare la urgencia manifiesta, según el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del mismo decreto. Aunque el artículo 2.2.1.2.1.4.5 dispone que en la contratación directa la exigencia de garantías no es obligatoria y que la justificación para exigirlas o no debe constar en los estudios previos, ello no constituye una licencia para no exigirlas, dado el deber de observar el principio de responsabilidad y de prevenir el riesgo antijurídico de la gestión contractual. Por ello, la entidad debe realizar un análisis objetivo de los eventuales riesgos de la ejecución del contrato de obra, con sus complejidades, y determinar la necesidad de exigir las garantías aplicables. La urgencia manifiesta, definida en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y prevista en el literal a) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, es una excepción a la licitación.síntesis automática
También resuelve:Urgencia manifiesta: definición, causal, contratación directa
¿Cuál es el marco jurídico de los contratos celebrados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres?
El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es un patrimonio autónomo cuyos contratos se rigen por el régimen de las empresas industriales y comerciales, sin perjuicio de las facultades especiales para atender situaciones de desastre. Esta postura se apoya en tres razones. Primera, el artículo 47 de la Ley 1523 de 2012 constituyó el Fondo y el artículo 49 le dio la naturaleza de patrimonio autónomo, destinado a medidas de conocimiento y reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, mediante mecanismos de financiación para las entidades involucradas y la población afectada. Segunda, el parágrafo 3 del artículo 50 de la misma ley reconoce facultades especiales para atender situaciones de desastre y evitar la extensión de sus efectos, de modo que su régimen contractual combina la lógica de las empresas industriales y comerciales con esas facultades. Tercera, las entidades del régimen exceptuado no se deslindan por completo del derecho público, pues el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 les exige aplicar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y los somete al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.síntesis automática
También resuelve:Urgencia manifiesta: situación de calamidad o desastreCalamidad y desastre: fondo nacional de gestión de riesgoEntidades exceptuadas: aplicación de normas de derecho público
¿Es el RUP un requisito habilitante para celebrar contratos de que deban celebrarse en el marco de Urgencia Manifiesta?
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –Ley 80 de 1993–, en su artículo 42, establece cuatro (4) circunstancias que configuran la urgencia manifiesta, siempre que así lo declare la entidad pública mediante acto administrativo motivado: i) cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro; ii) cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; iii) cuando se requiera conjurar situaciones excepcionales derivadas de hechos de calamidad, fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas; y iv) cuando se den circunstancias similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos ordinarios.
También resuelve:Urgencia manifiesta: causal de contratación directa, definición, circunstancias para su declaración, competencia
¿Es obligatorio realizar estudios y documentos previos en la contratación directa por urgencia manifiesta?
La planeación contractual es una herramienta de gerencia pública que obliga a determinar la necesidad que la entidad pretende satisfacer y la mejor manera de hacerlo, consultando el mercado, las características, precios, riesgos y garantías de los bienes y servicios. Ese deber se concreta en los estudios y documentos previos que exigen los numerales 2 y 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. Sin embargo, cuando la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, la situación de urgencia impide acudir a los procedimientos de selección ordinarios, es decir, a la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación de mínima cuantía. En ese supuesto, el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015 dispone que el acto administrativo que declara la urgencia hace las veces del acto de justificación, por lo que no resulta necesario elaborar los estudios y documentos previos. Esta excepción se limita a la causal de urgencia manifiesta y no elimina la planeación en los demás eventos. En la práctica, la entidad que contrata por urgencia manifiesta debe apoyarse en el acto que declara la urgencia en lugar de los estudios previos.síntesis automática
También resuelve:Planeación contractual: noción, estudios previos, deber de las entidadesContratación por urgencia manifiesta: excepción, elaboración de estudios previos
¿En qué circunstancias puede declararse la urgencia manifiesta?
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –Ley 80 de 1993–, en su artículo 42 contempla cuatro (4) circunstancias o hechos que configuran la urgencia manifiesta, si así lo declara la entidad pública, esto es: i) cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; ii) cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; iii) cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y; iv) cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos.
También resuelve:Urgencia manifiesta: causal de contratación directa, definición, circunstancias para su declaración, competencia
¿En una situación de calamidad pública o desastre declarada, es jurídicamente procedente acudir a una causal de contratación directa distinta de la urgencia manifiesta, cuando se cumplen sus presupuestos legales?
El contratista puede acudir a una causal de contratación directa distinta de la urgencia manifiesta en una situación de calamidad pública o desastre, siempre que se cumplan los requisitos legales específicos de esa otra causal, ya que la mera declaración de calamidad o desastre no otorga una habilitación general para contratar directamente sin declarar la urgencia manifiesta mediante un acto administrativo motivado. La entidad estatal también puede optar por las demás modalidades de selección previstas en el Estatuto General de Contratación, siempre que se ajusten a las normas y circunstancias particulares de cada caso, lo que implica que la contratación directa basada en la calamidad o desastre debe fundamentarse en la urgencia manifiesta declarada de manera autónoma.síntesis automática
También resuelve:Urgencia manifiesta: causal de contratación directa, definición, situación de calamidad o desastre, inexistencia de habilitación automática para contratar directamente
¿Establecer si los contratos que sean suscritos con fundamento en el artículo 7º del Decreto 537, están condicionados en cuanto a su vigencia por algún límite temporal que restrinja su plazo máximo de ejecución?
¿establecer si los contratos que sean suscritos con fundamento en el artículo 7º del Decreto 537, están condicionados en cuanto a su vigencia por algún límite temporal que restrinja su plazo máximo de ejecución? (sic)…
También resuelve:Emergencia económica, social y ecológica: emergencia sanitaria, diferencias, diferencias / contratación de urgencia, Decreto 537 de 2020Contratación de urgencia: Decreto 537 de 2020, emergencia sanitaria, covid 19Urgencia manifiesta: reglas, declaratoria, límites
¿Cuáles son los actos administrativos necesarios para celebrar un contrato de manera directa por urgencia manifiesta, con ocasión a la configuración de hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas?
La urgencia manifiesta por calamidad, fuerza mayor o desastre exige que la entidad estatal declare esa causal mediante un acto administrativo propio y autónomo, que se funda en la declaración previa de la situación de calamidad o de desastre. El artículo 42 de la Ley 80 de 1993 asimila la calamidad y el desastre a la fuerza mayor. Conforme a los artículos 56 y 57 de la Ley 1523 de 2012, el Presidente de la República declara la situación de desastre en todos los órdenes, mientras que los gobernadores y alcaldes declaran la calamidad pública en su ámbito. Una vez la autoridad competente declara la situación conforme al artículo 59 de esa ley, las demás entidades quedan facultadas para declarar la urgencia manifiesta. Sin embargo, el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 introduce un matiz: basta la declaratoria de situación de desastre o de calamidad pública para contratar con el derecho privado. La consecuencia práctica es que la entidad debe establecer qué régimen le aplica antes de expedir sus actos, para determinar si necesita ambas declaratorias o solo la de desastre o calamidad.síntesis automática
También resuelve:Urgencia manifiesta: situación de calamidad o desastre, noción, declaración de ocurrenciaCalamidad y desastre: fondo nacional de gestión de riesgo
52001233300020220016501 de 20252026-02-18Rad. 52001233300020220016501
El contratista puede recurrir a la urgencia manifiesta cuando la entidad estatal enfrenta una situación excepcional que requiere una atención inmediata, independientemente de que el servicio se haya suspendido o continúe prestándose, siempre y cuando no haya posibilidad de acudir a procedimientos de selección ordinarios. Esta herramienta se justifica en la necesidad de proteger el interés público de manera ágil, evitando que la entidad quede indefensa ante circunstancias apremiantes que imposibiliten la contratación por licitación. La Sala reitera que la interpretación de la urgencia manifiesta debe ser conforme a su finalidad, permitiendo su uso en casos que no necesariamente implican eventos imprevistos, siempre que la continuidad del servicio o la prestación inmediata de bienes o servicios sea esencial para evitar daños mayores. Esta regla facilita la contratación directa en situaciones de emergencia, aunque los funcionarios responsables pueden ser llamados a responder por deficiencias en la planeación si la urgencia no se justifica adecuadamente.síntesis automática
También resuelve:Urgencia manifiesta: alcance, Consejo de Estado, necesidad inmediata de prestar el servicio, suministrar el bien o ejecutar la obra, situaciones excepcionalesPrevisibilidad: aplicación de la urgencia manifiesta, exigencia de suministro de bien o prestación del servicioDesviación del poder: alcance, causal de nulidad, argumentos lejanos a la ley
¿Según lo estipulado en el artículo [43 de la Ley 80 de 1993] cuando se menciona INMEDIATAMENTE, cual sería el plazo máximo para enviar la documentación al ente de control en este caso la Contraloría General de la Nación?
Los conceptos utilizados por las leyes pueden ser determinados o indeterminados y, en el caso de la expresión «inmediatamente», consagrada en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, el legislador utilizó un CJI. Esto significa varias cosas, entre ellas, que no es posible fijar un «plazo máximo para enviar la documentación» y que dicho término debe ser fijado por los operadores jurídicos en cada caso.
También resuelve:Covid-19: estado de emergencia económica, social y ecológica, aislamiento preventivo obligatorio, Decreto 440 de 2020, Decreto 491 de 2020Urgencia manifiesta: definición, causal, contratación directaArtículo 43 de la ley 80 de 1993: finalidad, contenido, escenarios en los que se proyecta
¿Cuáles son las entidades y/o autoridades competentes para decretar calamidad pública que permita habilitar la contratación directa bajo la figura de urgencia manifiesta?
La urgencia manifiesta, causal de contratación directa del literal a) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, solo procede ante circunstancias concretas, inmediatas, objetivas y probadas que afecten la continuidad del servicio por fuerza mayor, desastres, calamidades o hechos relacionados con los estados de excepción. Según el concepto, la causal debe leerse en concordancia con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, que define la urgencia manifiesta y el procedimiento para su declaratoria y para la celebración de los contratos derivados. Dos razones sostienen esta postura. Primera, la contratación directa es excepcional y de aplicación restrictiva, por lo que solo procede por las causales taxativas de la ley. Segunda, la urgencia manifiesta debe fundarse en estudios técnicos y verificarse por la autoridad competente, y la sola declaración de desastre o de calamidad no basta para contratar directamente, pues se requieren dos actos administrativos concurrentes. La consecuencia práctica es que la entidad no puede iniciar la contratación directa por urgencia manifiesta con la sola declaratoria de calamidad o desastre, y debe verificar la concurrencia de los actos exigidos antes de contratar.síntesis automática
También resuelve:Contratación directa: libre concurrencia, excepciones, causales, interpretación estrictaUrgencia manifiesta: definición, causal, contratación directaCalamidad pública y desastre: declaración previa
¿Qué entidades pueden decretar la situación de desastre o de calamidad pública para efectos de la declaración de urgencia manifiesta?
La urgencia manifiesta es una causal de contratación directa de aplicación restrictiva, que solo procede por las causales taxativas del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, por ser una excepción al principio de libre concurrencia y competencia. Su declaración exige dos actos administrativos concurrentes y sucesivos: primero, la declaración de la situación de calamidad pública o de desastre conforme al capítulo VI de la Ley 1523 de 2012, y después la declaración de urgencia manifiesta del artículo 42 del Estatuto General de Contratación, fundada en esa declaración previa. Sin el primer acto no es posible expedir el segundo, de modo que la urgencia manifiesta no puede sustentarse en una necesidad que no haya sido declarada previamente como calamidad o desastre. La interpretación restrictiva impide ampliar la causal más allá del texto legal. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar la existencia de la declaración previa de calamidad o desastre antes de contratar directamente por urgencia manifiesta, y documentarla en el expediente.síntesis automática
También resuelve:Contratación directa: libre concurrencia, excepciones, causales, interpretación estrictaUrgencia manifiesta: definición, causal, contratación directaCalamidad pública y desastre: declaración previa
¿Qué requisitos deben observar las entidades estatales para celebrar un contrato de manera directa por urgencia manifiesta, con ocasión a la configuración de hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas?
La entidad estatal puede celebrar un contrato directamente por urgencia manifiesta cuando se presentan hechos de calamidad o fuerza mayor que requieren actuaciones inmediatas, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos legales y se cuente con la declaración de situación de calamidad o desastre emitida por la autoridad competente, seguida de la declaración de urgencia manifiesta por parte de la entidad. Para que el contrato se perfeccione, es necesario un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, plasmado por escrito, y la aprobación de garantías, la existencia de apropiación presupuestal y la acreditación del cumplimiento de obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral. La suscripción del acta de inicio es un requisito convencional que puede pactarse en la minuta del contrato, y su ausencia o dilación no impide la existencia del contrato, pero puede afectar su eficacia y exigibilidad. Este concepto reitera la jurisprudencia existente sobre la materia, estableciendo que los requisitos legales de ejecución deben cumplirse para que el contrato tenga efectos jurídicos plenos.síntesis automática
También resuelve:Urgencia manifiesta: causal de contratación directa, definición, situación de calamidad o desastrContrato estatal: requisitos de perfeccionamiento, requisitos de ejecución
¿Cuál es el marco jurídico para la solicitud de garantías por parte de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado?
Las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia o en mercados regulados se rigen por su propio régimen contractual, y el régimen de garantías de la contratación estatal exige que el proponente o contratista garantice el cumplimiento de sus obligaciones con alguno de los tres mecanismos previstos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015: el contrato de seguro, la fiducia mercantil de garantía o la garantía bancaria o carta de crédito stand by. Según el concepto, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 establecieron únicamente esos tres tipos, de modo que las entidades sometidas al Estatuto no pueden pactar mecanismos distintos o adicionales. Por ello, la fianza no es admisible como garantía de cumplimiento en la contratación pública, pues ni la ley ni el reglamento la contemplan, la autonomía de la voluntad no la habilita y la Superintendencia Financiera ha reiterado que las afianzadoras no están autorizadas para expedir contratos de seguro. En los casos de urgencia manifiesta por calamidad pública, el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 dispone que no es obligatorio exigir garantías en la contratación directa.síntesis automática
También resuelve:Empresas industriales y comerciales del estado: naturaleza jurídica, régimen de contrataciónTipos de garantías: póliza de seguro, garantía bancaria, fiducia mercantil, taxatividadUrgencia manifiesta: calamidad pública, no obligatoriedad garantías
¿Cómo debe interpretarse y aplicarse el régimen excepcional de contratación del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 a partir de criterios de conexidad, límites, prohibiciones y régimen de responsabilidad y en qué se diferencia de la urgencia manifiesta?
Declarada la situación de calamidad pública o de desastre por la autoridad competente, las demás entidades estatales pueden declarar la urgencia manifiesta del artículo 42 de la Ley 80 de 1993 mediante un acto propio, fundado en esa declaración. Según el concepto, como regla general, para contratar directamente por urgencia manifiesta se requieren dos actos administrativos concurrentes: primero, la declaración de calamidad pública o de desastre conforme a la Ley 1523 de 2012, y después la declaración de urgencia manifiesta. El artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 introduce un matiz: en la hipótesis que regula basta declarar la situación de desastre o de calamidad pública para contratar con el derecho privado, sin perjuicio de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. Esa norma debe interpretarse considerando el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, un patrimonio autónomo cuyo régimen contractual es el de las empresas industriales y comerciales del Estado. En consecuencia, la diferencia con la urgencia manifiesta radica en que el artículo 66 permite contratar con la sola declaración de desastre o calamidad, mientras que la urgencia manifiesta exige el acto adicional.síntesis automática
También resuelve:Urgencia manifiesta: situación de calamidad o desastreCalamidad y desastre: fondo nacional de gestión de riesgoEntidades exceptuadas: aplicación de normas de derecho público