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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud

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Fecha
2024-02-19
Radicado
08001233100019930760701
Número interno
60359
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
INDUSTRIAS METALURGICAS PERCARMONA IMPSA DE COLOMBIA
Demandado
MUNICIPIO DE SOLEDAD (ATLANTICO)

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud

Lo que dijo la Sala

De conformidad con la jurisprudencia de esta Sección, el conocimiento de las controversias suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad, radica -al amparo de un criterio orgánico- en la jurisdicción de lo contencioso administrativo,Descendiendo al caso concreto, se observa que el presente litigio versa sobre: (i) la legalidad -parcial- de la Resolución n.o 366 del 12 de agosto de 1992, confirmadamediante Resolución No. 543 del 15 de diciembre de 1992, por medio de la cual el municipio de Soledad terminó unilateralmente, entre otros, el contrato de prestación de servicios de aseo y el contrato complementario de arrendamiento suscritos el 13 de diciembre de 1991 entre el municipio de Soledad e IMPSA, y el consecuente restablecimiento del derecho…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias originadas en contratos administrativos y en contratos de derecho privado de la administración regidos por el Decreto Ley 222 de 1983, aunque no se haya pactado cláusula de caducidad, porque el criterio que determina la competencia es orgánico. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el criterio orgánico asigna la competencia en función de la naturaleza pública de la entidad contratante, con independencia del régimen del contrato. Segunda, el litigio versa sobre la legalidad de actos administrativos contractuales y sobre el incumplimiento y la nulidad de contratos suscritos por un ente territorial, por lo que se cuestiona la validez de decisiones de la administración. Tercera, la competencia de segunda instancia se determina por la cuantía de las pretensiones al momento de presentarse la demanda, conforme al Código Contencioso Administrativo vigente. La providencia modifica la decisión de primera instancia en lo que corresponda. La consecuencia práctica es que la ausencia de cláusula de caducidad no excluye a la jurisdicción contencioso administrativa cuando el contrato es celebrado por una entidad pública.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto Ley 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 8 y 181
  • Decreto Ley 222 de 1983

También resuelve

  • ¿El pacto arbitral estipulado en el contrato impide al Consejo de Estado asumir competencia en este caso?
  • ¿Procede la acción contractual para solicitar la nulidad parcial de la resolución que declara el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de aseo y arrendamiento, la que la confirma…
  • ¿La demanda principal y la demanda de reconvención se interpusieron en tiempo, esto es dentro de los dos años del término de caducidad?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

JURISDICCIÓN COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CLÁUSULA DE CADUCIDAD PACTO ARBITRAL OBJETO DEL PACTO ARBITRAL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CLÁUSULA COMPROMISORIA ALCANCE DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO OBJETO DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ACCIÓN CONTRACTUAL PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ACCIÓN CONTRACTUAL CON FINES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO SERVICIO DE ASEO PÚBLICO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPIO CONTRATO ONEROSO ONEROSO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NORMATIVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LEY APLICABLE AL CONTRATO PRETENSIONES DE LA DEMANDA INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO FUNCIÓN ADMINISTRATIVA INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTIVIDAD CONTRACTUAL RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA PRINCIPIO DISPOSITIVO PRINCIPIO DE CONGRUENCIA COSA JUZGADA CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA EFECTOS DE LA COSA JUZGADA NULIDAD DEL CONTRATO SOLICITUD DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO TESTIMONIO INEFICACIA DEL TESTIMONIO REQUISITOS DEL TESTIMONIO VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO PUBLICACIÓN EN PRENSA VALOR PROBATORIO DE NOTICIA EN PRENSA ESCRITA PRENSA ARTÍCULOS DE PRENSA ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMATORIO CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR LA ADMINISTRACIÓN ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO CRISIS ECONÓMICA ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INCONFORMIDAD EN LA TASACIÓN DE PERJUICIOS RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA FALTA DE PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL NEGACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS NEGACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS PERJUICIO MATERIAL INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Prestación de servicios y contrato realidad

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Titulación de la relatoría 56.012 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

JURISDICCIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA DE CADUCIDAD Problema jurídico: ¿Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con la jurisprudencia de esta Sección, el conocimiento de las controversias suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad, radica -al amparo de un criterio orgánico- en la jurisdicción de lo contencioso administrativo,Descendiendo al caso concreto, se observa que el presente litigio versa sobre: (i) la legalidad -parcial- de la Resolución n.o 366 del 12 de agosto de 1992, confirmadamediante Resolución No. 543 del 15 de diciembre de 1992, por medio de la cual el municipio de Soledad terminó unilateralmente, entre otros, el contrato de prestación de servicios de aseo y el contrato complementario de arrendamiento suscritos el 13 de diciembre de 1991 entre el municipio de Soledad e IMPSA, y el consecuente restablecimiento del derecho; (ii) el incumplimiento de dichos contratos; y (iii) la nulidad del primero de estos. En consecuencia, al margen del régimen aplicable a los contratos referidos (...), se colige que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer y decidir acerca de la presente controversia, pues a través de la misma se cuestiona la validez de actos administrativos contractuales, así como también el incumplimiento y nulidad de contratos suscritos por el municipio de Soledad, el cual ostenta la calidad de ente territorial, de donde se desprende claramente su naturaleza pública, (...). Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 5 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que el valor total de las pretensiones para el año 1993 supera los $3.500.000, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 , 132 numeral 8 y 181 del Código Contencioso Administrativo, vigentes para el momento de la presentación de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del Consejo de Estado para conocer de controversias contractuales sobre contratos de derecho privado de la administración, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 7 de junio de 2007, exp 16020, C.P. Ruth Stella Correa Palacio FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 8, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 181, DECRETO LEY 222 DE 1983 PACTO ARBITRAL / OBJETO DEL PACTO ARBITRAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CLÁUSULA COMPROMISORIA / ALCANCE DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBJETO DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿El pacto arbitral estipulado en el contrato impide al Consejo de Estado asumir competencia en este caso? Respuesta al problema jurídico: No Para finalizar el análisis de la jurisdicción y competencia que le corresponde realizar a la Sala, debe anotarse que, en lo que guarda relación con la posibilidad de acudir a un Tribunal de Arbitramento (...) Al respecto, como se desprende del citado pacto arbitral, se observa que las partes contemplaron la posibilidad de acudir a un Tribunal de Arbitramento, pero no acordaron el deber de hacerlo, de tal suerte que podían acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para dirimir la controversia. Conviene aquí recordar que la fuente primordial del arbitraje es el negocio jurídico, denominado pacto arbitral, que tiene por objeto sustraer del conocimiento del órgano jurisdiccional permanente la decisión de los conflictos que hayan surgido o que puedan eventualmente surgir entre las partes que lo celebran. Así, en virtud del pacto arbitral (compromiso o cláusula compromisoria), las partes de manera consciente y voluntaria acuerdan habilitar la competencia de los árbitros para resolver las diferencias existentes o eventuales entre ellas, a la vez que deciden derogar la jurisdicción y la competencia de los jueces institucionales o permanentes . En este sentido, es de resaltar que la intención en punto a someter las controversias al conocimiento y decisión de la justicia arbitral debe ser clara e inequívoca, tal como lo ha expuesto esta Subsección, por ejemplo en sentencia del 29 de marzo de 2019, expediente 39080 , postura que aquí se reitera, de donde se advierte que la cláusula estipulada en el presente asunto no impide la asunción de competencia en el caso que ocupa la atención de la Sala porque las partes pactaron la mera posibilidad de acudir al arbitraje, vale decir, de su lectura no se desprende el deseo ineludible de declinar la competencia de los jueces estatales y someterse a la justicia arbitral NOTA DE RELATORÍA: Sobre la intención clara e inequivoca en el pacto arbitral, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subseccion A, Sentencia del 7 de marzo de 2012, exp. 18013, C.P. Mauricio Fajardo Gomez; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de noviembre de 2015, exp. 07001-23-31-000-2003-00018-01(28507). C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. La sentencia que fue reiterada en esta ocasión es: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subseccion C, sentencia del 29 de marzo de 2019, exp. 39080, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas ACCIÓN CONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACCIÓN CONTRACTUAL CON FINES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / SERVICIO DE ASEO PÚBLICO Problema jurídico: ¿Procede la acción contractual para solicitar la nulidad parcial de la resolución que declara el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de aseo y arrendamiento, la que la confirma, y el consecuente restablecimiento del derecho? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 87 del CCA, subrogado por el artículo 17 del Decreto 2304 de 1989, vigente para el momento de la presentación de la demanda, la acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para que las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad acudan ante el juez en procura de solicitar: (i) que se declare su existencia o nulidad; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. De igual manera, el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. Bajo el anterior contexto, en el presente caso la acción contractual ejercida por la parte demandante es adecuada, por cuanto en el libelo introductorio se pretende: (i) la nulidad -parcial- de la Resolución n.º 366 del 12 de agosto de 1992 y de su confirmatoria, esto es, la Resolución n.º 543 del 15 de diciembre de 1992, y el consecuente restablecimiento del derecho; (ii) el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de aseo y del contrato complementario de arrendamiento suscritos el 13 de diciembre de 1991 entre el municipio de Soledad e IMPSA; y (iii) la nulidad del primero de estos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 7 de junio de 2007, exp. 16020, C.P. Ruth Stella Correa Palacio FUENTE FORMAL: DECRETO 2304 DE 1989 - ARTÍCULO 17, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿La demanda principal y la demanda de reconvención se interpusieron en tiempo, esto es dentro de los dos años del término de caducidad? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s pertinente indicar que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 446 de 1998, la jurisprudencia del Consejo de Estado señaló que para efectos de computar la caducidad de la acción contractual debía hacerse una distinción entre los contratos que requerían de liquidación, respeto (sic) de aquellos que no. (...) En tal sentido, frente a la pretensiones relativas a la nulidad -parcial- de las Resoluciones n.º 366 del 12 de agosto de 1992 y n.º 543 del 15 de diciembre de 1992 y el consecuente restablecimiento del derecho, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, porque el último de los actos fue notificado mediante edicto desfijado el 18 de enero de 1993 y la demanda principal se formuló el 21 de mayo de 1993 (...) Por otro lado, en cuanto a las pretensiones concernientes al incumplimiento de los contratos de prestación del servicio de aseo y de arrendamiento suscrito el 13 de diciembre de 1991, se considera, igualmente, que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, porque el plazo para liquidarlos feneció el 16 de abril de 1994 y el 16 de junio de 1994, respectivamente, y la demanda principal se formuló el 21 de mayo de 1993 (...) Finalmente, con relación a la pretensión de nulidad del contrato de prestación de servicios de aseo, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, porque el acuerdo de voluntades se suscribió el 13 de diciembre de 1991 y la demanda de reconvención se formuló el 2 de agosto de 1993, es decir, dentro del término de caducidad de dos (2) años. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los contratos que requieren liquidación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 15239, C.P. Mauricio Fajardo Gomez SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / CONTRATO ADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / MUNICIPIO / CONTRATO ONEROSO / ONEROSO Problema jurídico: ¿El contrato de servicio de aseo de este caso se clasifica como contrato administrativo al amparo del Decreto Ley 222 de 1983? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s menester establecer si, al amparo de lo establecido en el artículo 16 del Decreto Ley 222 de 1983, los contratos que dieron lugar a la expedición de los actos acusados se clasifican como contratos administrativos o si, por el contrario, corresponden a contratos derecho privado de la administración. (...) Con relación al contrato de prestación de servicios para el aseo del Municipio, (...) se observa que el contrato referido se enmarcó en la tipología de los contratos de prestación de servicios definida en el artículo 163 del Decreto Ley 222 de 1983, (...) A este respecto, conviene señalar que en virtud del Decreto ibídem el contrato de prestación de servicios era entendido como aquel en el que el contratista se comprometía a poner su fuerza de trabajo al servicio de la entidad contratante para la realización de una actividad específica relacionada con el cumplimiento de las funciones a cargo de aquella, a cambio de un pago, puesto que se trata de un contrato oneroso. En suma, comoquiera que según lo establecido en el artículo 311 de la Constitución Política, a los municipios les corresponde prestar los servicios públicos que determina la Ley, entre ellos, el servicio público de aseo, se colige que el negocio jurídico examinado se enmarca en un contrato de prestación de servicios, razón por la cual se clasifica como un contrato administrativo al que le resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 222 de 1983 NOTA DE RELATORÍA: Sobre las características del contrato de prestación de servicios, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 21 de abril de 2004, exp. 14651, C.P. Ramiro Saavedra Becerra FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 16, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 163 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NORMATIVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / LEY APLICABLE AL CONTRATO Problema jurídico: ¿El contrato de arrendamiento, complementario al de prestación del servicio de aseo de este caso, se clasifica como contrato de derecho privado de la administración? Respuesta al problema jurídico: Si De otra parte, en lo que guarda relación con el contrato complemetario de arrendamiento del 3 de diciembre de 1991, (...) la Sala advierte que el contrato complemetario de arrendamiento celebrado el 13 de diciembre de 1991 se clasifica como un contrato de derecho privado de la administración, dado que no se encuentra enlistado en el artículo 16 del Decreto Ley 222 de 1983. En consecuencia, a este contrato le resultan aplicables las disposiciones civiles y comerciales, según el caso, sin perjuicio de las previsiones contenidas en el capítulo 10 del Decreto ibídem -relacionadas con el contrato de arrendamiento-, así como también la facultad de estipular potestades exorbitantes, particularmente la caducidad, cuyo pacto -según la norma vigente para ese entonces- conllevaba obligatoriamente la inclusión de la terminación, modificación e interpretación unilaterales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el contrato de arrendamiento como contrato de derecho privado de la administración, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de febrero de 2011, exp. 28281, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de julio de 2005, exp. 13920, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 16 CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTIVIDAD CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Al ser el contrato de arrendamiento regido por el derecho privado en este caso, las pretensiones de la demanda deben analizarse e interpretarse desde la declaratoria del incumplimiento contractual y no de la función administrativa, es decir, en el campo de la responsabilidad contractual? Respuesta al problema jurídico: Si Las pretensiones de la demanda en el marco del régimen privado aplicable al contrato complementario de arrendamiento Comoquiera que en el caso sub examine se demandó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el municipio de Soledad dio por terminado unilateralmente, entre otros, el contrato complementario de arrendamiento suscrito el 13 de diciembre de 1991 y la sentencia de primera instancia declaró la nulidad de lo decidido por la Administración frente a este particular por falsa motivación e infracción de la Ley, la Sala encuentra pertinente anotar que lo que en realidad procede en la presente controversia es la declaratoria de incumplimiento contractual y en este sentido han de interpretarse las pretensiones de la demanda. En efecto, a pesar de que para dar por terminado el contrato complementario de arrendamiento el Municipio expidió las Resoluciones n.º 366 del 12 de agosto de 1992 y n.º 543 del 15 de diciembre de 1992, no puede entenderse que frente a este particular dichas decisiones constituyan ejercicio de función administrativa, pues la entidad no ejerció poder público alguno y, por lo mismo, tampoco tuvo lugar la expedición de actos administrativos. Por el contrario, se trató de simples actuaciones contractuales realizadas en el marco de un acuerdo de voluntades regido por el derecho privado, dentro del cual la entidad actuó como un particular, con sujeción al postulado de la autonomía privada. De manera que, aunque en la pretensión primera de la demanda la parte actora solicitó declarar la nulidad de lo decidido por la Administración en el sentido de dar por terminado unilateralmente el contrato complementario de arrendamiento celebrado el 13 de diciembre de 1991, la Sala interpreta la demanda bajo el entendido de que lo que se pretende es que se declare su incumplimiento por la entidad demandada, pues las pretensiones se orientan a señalar que las razones que fundamentaron la decisión de terminar unilateralmente el contrato no se presentaron. En este orden de ideas, en suma, en lo que atañe a la terminación unilateral del contrato complementario de arrendamiento, la Sala enmarcará el conflicto sometido a decisión en el campo de la responsabilidad contractual, es decir, aquella que surge de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato existente y válido, que para el presente asunto viene a ser la obligación de respetar el plazo contractual pactado RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRINCIPIO DISPOSITIVO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Problema jurídico: ¿El recurso de apelación esta sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y, por tal motivo, toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada, está llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio dispositivo y de congruencia? Respuesta al problema jurídico: Si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del CPC, se resolverá el asunto sub lite en aquello que el recurrente reprocha como desfavorable. Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9 de febrero de 2012, unificó su jurisprudencia refiriendo que el mencionado recurso se encuentra sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y que, por tal motivo, toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada, está llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio dispositivo y de congruencia. (...) Por tanto, la Sala analizará y se pronunciará acerca de los reproches (i), (ii) y (iii) formulados por la recurrente, particularmente de aquellos inherentes: a la legalidad de la decisión asumida por la Administración al terminar unilateralmente el contrato de prestación de servicios de aseo y a la responsabilidad contractual derivada de la terminación unilateral del contrato complementario de arrendamiento. Lo anterior, comoquiera que el petitum y la causa petendi estuvieron dirigidos a controvertir estos aspectos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gomez FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357 COSA JUZGADA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA / EFECTOS DE LA COSA JUZGADA / NULIDAD DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Puede el juez de segunda instancia proncunciarse sobre la nulidad del contrato de aseo por omisión del proceso de selección, cuando en la primera instancia se declaró la cosa juzgada frente a este aspecto? Respuesta al problema jurídico: No [C]on relación al cargo (iv) aducido por la recurrente, según el cual el contratista no estaba en capacidad de celebrar el contrato, que se omitió adelantar el proceso de selección y que el contrato se suscribió en desmedro de las empresas nacionales, la Sala se abstendrá de examinar estos planteamientos, dado que el municipio de Soledad estructuró su demanda de reconvención, en la que solicitó la declaratoria de nulidad del contrato de prestación de servicios de aseo del 13 de diciembre de 1991, a partir de estos cuestionamientos (antecedentes 3), frente a lo cual cabe recalcar, tal y como quedo visto (antecedentes 7), que en la sentencia de primera instancia el Tribunal a quo declaró de oficio la cosa juzgada al encontrar que en el marco de un proceso con identidad de objeto, causa y partes ya había proferido una decisión de fondo negando las pretensiones (sentencia del 31 de marzo de 2017 Rad.: 08001-23-31-005-1993-07227-00 acumulado al Rad.: 08001-23-31-005-1993-07239-00). En pocas palabras, emitir un pronunciamiento acerca de la temática planteada por la recurrente implicaría desconocer los efectos de la cosa juzgada declarada por el Tribunal en la sentencia de primera instancia, así como también el carácter vinculante, inmutable y definitivo de la decisión asumida por la misma corporación en sentencia del 31 de marzo de 2017, en la que se negaron las pretensiones encaminadas a la declaratoria de nulidad del contrato de prestación de servicios de aseo del 13 de diciembre de 1991. Si la parte recurrente -demandante en reconvención- quería alegar que en el asunto sub judice no operó la cosa juzgada, debió reclamarlo en el recurso de alzada, pero no lo hizo; no puede pretender que, so pretexto de estudiar la legalidad de los actos administrativos acusados, se examinen nuevamente los argumentos que le sirvieron de sustento para solicitar la nulidad del contrato de prestación de servicios de aseo del 13 de diciembre de 1991. REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio los documentos aportados en copia simple, siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia Respuesta al problema jurídico: Si se procederá a establecer cuáles son los hechos probados y las pruebas adicionales que resultan relevantes para decidir la controversia sometida a juicio en esta instancia. Para tal efecto, la Sala analizará los documentos aportados en copia simple, siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia, de conformidad con lo dispuesto por esta Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero TESTIMONIO / INEFICACIA DEL TESTIMONIO / REQUISITOS DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO Problema jurídico: ¿Tiene eficacia probatoria el testimonio de quien manifestó desconocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos objeto de la presente controversia? Respuesta al problema jurídico: No Obra el testimonio de (...), quien manifestó haber laborado como Jefe de Presupuesto del municipio de Soledad desde febrero (...) de 1997 hasta junio del mismo año. En su relato el testigo manifestó desconocer los aspectos que motivaron su citación a declarar en el proceso, así como también cualquier circunstancia de años anteriores a 1997 relacionada con la administración municipal. Al respecto, la Sala estima que la declaración referida carece de eficacia probatoria y, en tal sentido, no será objeto de valoración, pues el testigo no conoció las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos objeto de la presente controversia, máxime si se tiene en cuenta que laboró en el ente territorial en 1997, es decir, con posterioridad a la celebración, ejecución y terminación de los contratos sub judice. PUBLICACIÓN EN PRENSA / VALOR PROBATORIO DE NOTICIA EN PRENSA ESCRITA / PRENSA / ARTÍCULOS DE PRENSA Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio los recortes de prensa allegados al proceso? Respuesta al problema jurídico: Si De otro lado, al proceso fueron allegados recortes de prensa que dan cuenta de la celebración del contrato de prestación de servicios de aseo, de su terminación, de la situación deficitaria del Municipio, de las denuncias penales y quejas disciplinarios interpuestas antes las autoridades competentes con ocasión de la celebración del contrato y su terminación. Al respecto, la Sala advierte que dichas publicaciones, tal y como lo ha señalado de tiempo atrás esta Corporación, tan solo demuestran la existencia de la noticia y son indicadores de la percepción del hecho y en tal sentido serán valoradas. A este efecto, se advierte que frente algunas de las publicaciones allegadas no es posible establecer con plena certeza su procedencia ni la fecha de su publicación, respecto de otro tanto no logran acreditar por sí solas su contenido y frente a las demás la información consignada, como por ejemplo la atinente a las investigaciones penales y disciplinarias, la información no resulta relevante para resolver la presente litis, de tal suerte que la Sala les restará eficacia probatoria. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de los recortes de prensa, ver: Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa Administrativa, Sentencia del 29 de mayo de 2012, exp. 11001-03-15-000-2011-01378-00 PI, C.P. Susana Buitrago Valencia ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO / ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMATORIO / CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR LA ADMINISTRACIÓN / ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO / CRISIS ECONÓMICA Problema jurídico: ¿Los actos administrativos acusados, esto es la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios de aseo, y su confirmación, adolecen de falsa motivación e infringieron el artículo 19 del Decreto Ley 222 de 1983, y por ello debe declararse su nulidad? Respuesta al problema jurídico: Si Del examen de validez de los actos administrativos acusados -terminación unilateral del contrato de prestación de servicios de aseo- (...) resulta claro que, en aquellos eventos en los cuales, con posterioridad a la celebración del contrato o durante su ejecución, se presentaran graves motivos de orden público o que configuraran una coyuntura económica critica, que tornaran inconveniente para el interés público la ejecución del objeto contratado, la Administración estaba facultada para terminar unilateralmente el contrato mediante un acto administrativo debidamente motivado, el cual podía ser objeto de recurso de reposición. En tal sentido, en el presente caso se aprecia que mediante Resolución (...), el municipio de Soledad, entre otros, terminó unilateralmente el contrato de prestación de servicios de aseo (...) En el mismo sentido, se observa que en la Resolución (...), mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el contratista (...), el Municipio confirmó la Resolución (...) la Sala entrará a determinar si los motivos aludidos por la Administración en los actos demandados se enmarcan en la causal invocada para tal efecto -art. 19 Decreto Ley 222 de 1983- y si, por tanto, había lugar a dar por terminado unilateralmente el contrato de prestación de servicios de aseo del 13 de diciembre de 1991. Al respecto, cabe precisar que la motivación es un elemento del acto administrativo que, por regla general, le impone a la administración la carga de exponer los fundamentos de hecho y de derecho que soportan su decisión. Por tanto, si aquellos no corresponden con la realidad, bien sea porque no existen o por un error en los mismos, se configura el vicio de falsa motivación. Así, tratándose de la terminación unilateral del contrato, si los fundamentos de hecho y de derecho que aduce la entidad para proceder a su declaratoria no se acompasan con aquellos que dan lugar a su aplicación, particularmente los previstos en el artículo 19 del Decreto Ley 222 de 1983, el acto demandado estará viciado y habrá de declararse su nulidad. Descendiendo al caso concreto, (...) el municipio de Soledad dio por terminado unilateralmente el contrato de prestación de servicios de aseo celebrado el 13 de diciembre de 1991, con fundamento en: (i) que según un informe de la Secretaría de Hacienda se demostraba la imposibilidad económica del Municipio para hacer frente a la obligación derivada del contrato, (ii) que la prestación del servicio no satisfizo el objetivo propuesto; (iii) que el municipio de Malambo le impuso una sanción al municipio de Soledad por el uso inadecuado del relleno sanitario, que estaba a cargo del contratista; y (iv) que el contratista fue “incompetente” al ejecutar el contrato, causó perjuicios económicos y generó afectaciones en las relaciones entre los municipios vecinos, todo lo cual, a juicio de la entidad demandada, configuró una coyuntura económica crítica (...) En este orden, tras examinar los fundamentos de hecho y de derecho aducidos por el Municipio en los actos administrativos demandados, la Sala, al igual que el Tribunal a quo, estima que los mismos no se encuadran en la causal prevista literal b del parágrafo primero del artículo 19 del Decreto Ley 222 de 1983, esto es, en una coyuntura económica crítica ocurrida con posterioridad al perfeccionamiento del contrato o sobreviniente dentro de su ejecución. Al efecto, de tiempo atrás esta Sección se ha pronunciado acerca de la terminación unilateral del contrato en vigencia del Decreto Ley 222 de 1983, así como también del alcance “coyuntura económica crítica” contenido en el artículo 19 ibídem (...) En suma, en vigencia del Decreto Ley 222 de 1983, para la terminación unilateral del contrato era menester que la Administración explicara las circunstancias de orden público o aquellas constitutivas de una coyuntura económica. No bastaba, pues, con invocar las causales establecidas en la norma -art. 19- para proceder en tal sentido, es decir, el orden público o la coyuntura económica crítica, sino que era necesario motivar de forma precisa las razones de la adopción de la medida. (...) Según los actos acusados, se advierte que el municipio de Soledad -en principio- dio por terminado unilateralmente el contrato de prestación de servicios de aseo celebrado el 13 de diciembre de 1991, porque, según un estudio financiero elaborado por la Secretaría de Hacienda Municipal, el ente territorial no estaba en condiciones económicas para atender los compromisos contractuales adquiridos con el contratista, particularmente los de vigencia fiscal del año 1992, situación que se agravaría para el siguiente año, pues se encontraba en una situación deficitaria. A este respecto, se estima que, aún cuando el Municipio sustentó la decisión de dar por terminado unilateralmente el contrato de prestación de servicios de aseo con fundamento en la transcripción de algunos apartes del estudio elaborado por la Secretaría de Hacienda, estudio que por demás no fue aportado al proceso y por tanto no resulta posible examinar su contenido, a partir de su trascripción no se desprende que la situación económica del ente territorial le impidiera asumir las obligaciones a su cargo. A juicio de la Sala, las manifestaciones efectuadas por el Municipio, por sí solas, no dan cuenta de que para el momento en el que se terminó unilateralmente el contrato en efecto la entidad pública estuviera ante una situación de incapacidad financiera o crisis económica que le impidiera cumplir con las obligaciones contractuales a su cargo. De hecho, si bien el Municipio manifestó presentar deudas y expuso que su situación era deficitaria, lo que lo obligaba a realizar una revisión del gasto, aplazar inversiones no prioritarias y reducir el gasto de servicios personales, de lo contrario “sufriría” una parálisis, cierto es que de la motivación expuesta no se deriva la razón de ser del porque se encontraba ante una imposibilidad de cumplir con el contrato. Más allá de las apreciaciones en torno a las cifras del dinero adeudado y de las manifestaciones en cuanto a la situación deficitaria, la entidad pública no explicó, como en efecto le correspondía, porque dicha circunstancia le impedía cumplir con las obligaciones a su cargo. (...) este respecto, llama la atención que aun cuando para la vigencia fiscal del año 1992 el municipio de Soledad tenía comprometidos los recursos para cumplir con el contrato, no se hubiese manifestado nada al respecto en los actos administrativos cuestionados, es decir, que no se haya explicado de forma detallada porque a pesar de lo anterior el ente territorial no estaba en condiciones de cumplir con el contrato. La Sala desconoce el contexto económico por el que atravesaba el municipio de Soledad, que no era el mejor, pues asó quedó plasmado en la motivación de los actos; sin embargo, para efectos de terminar el contrato unilateralmente, tal y como lo enseña la jurisprudencia de esta Sección, no era suficiente con que la entidad demandada aludiera en términos generales a sus deudas y a la situación deficitaria, sino que era menester que precisara el porque esas circunstancias le impedían cumplir con el contrato, máxime si se tiene en cuenta que el Municipio tenía garantizado el presupuesto para la primer vigencia fiscal -1992-. Sobre este particular, cabe recordar que en cláusula octava las partes estipularon que el pago que el Municipio debía efectuar a favor del contratista estaría sujeto a las apropiaciones que se hicieran en los respectivos presupuestos, para lo cual el ente territorial se comprometió en cada vigencia a incluir y actualizar las apropiaciones necesarias con el fin de garantizar la ejecución del contrato (...) En este sentido, en el proceso quedó acreditado que el Municipio tenía presupuestado y garantizado el pago del contrato para la primer vigencia fiscal, esto es, la correspondiente al año 1992, pues así lo certificaron el Secretario de Hacienda y el Contralor Municipal, quienes manifestaron que en el presupuesto de inversión del año 1992 existía una reserva por valor de $564.786.144 destinada al pago del contrato de prestación de servicios de aseo Igualmente, y no menos importante, resulta ser lo manifestado por la entidad pública demandada en la motivación de los actos, en los que dio cuenta que en caso de no adoptar las medidas encaminadas a realizar una revisión del gasto, aplazar inversiones no prioritarias y reducir el gasto de servicios personales “sufriría” una parálisis. Como se advierte, el Municipio dio cuenta de que su situación económica no era la mejor, pero no de que estuviera ante una grave crisis económica al momento de la terminación del contrato, al punto que expresamente dejó consignado que si no adoptaba ciertas medidas, a futuro sufriría una parálisis, es decir, que la grave crisis todavía no se había configurado. De otra parte, no se puede pasar por alto que mediante Resolución (...), la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos estableció las tarifas correspondientes a la prestación del servicio de aseo en el municipio de Soledad (...), de tal suerte que a través de su cobro el ente territorial podía haber obtenido los recursos encaminados a cumplir con las obligaciones contractuales a su cargo, lo que exigía, por tanto, una mayor carga argumentativa del Municipio para adoptar su decisión, que no simplemente realizar afirmaciones generales en torno a unos pagos pendientes a la imposibilidad de cubrirlos con su presupuesto. A juicio de la Sala las circunstancias referidas dan a entrever el desorden administrativo y presupuestal que existía al interior del municipio de Soledad, que no la configuración de una coyuntura económica crítica. No podía pretender el Municipio, so pretexto de su desorganización interna, socavar los derechos del contratista a través del uso de una potestad exorbitante frente a la cual no estaban dados los presupuestos para su adopción. Lo expuesto en precedencia, a juicio de la Sala, permite concluir que el fundamento de hecho aducido por el ente territorial para dar por terminado unilateralmente el contrato de prestación de servicios de aseo, según el cual el Municipio no estaba en condiciones económicas para sumir las prestaciones a su cargo, no se encuentra debidamente motivado, porque en el sub examine, además de que se desconoce la existencia del estudio que sustentó la decisión de la Administración, la entidad no indicó como es que la situación deficitaria le impediría cumplir con lo acordado. (...) para la Sala no existe duda de que la motivación aludida no se enmarca en las causales previstas en el artículo 19 del Decreto Ley 222 de 1983, pues de la misma no se deduce la configuración de una crisis económica grave que obligara al ente territorial a terminar unilateralmente el contrato; a lo sumo dichas circunstancias podrían ser constitutivas de un eventual incumplimiento contractual, pero no de una coyuntura económica crítica que diera lugar a la terminación unilateral del negocio jurídico. En suma, se concluye que el numeral primero de la Resolución (...), confirmada mediante Resolución (...), adolece de falsa motivación e infringe en el artículo 19 del Decreto Ley 222 de 1983, porque los fundamentos de hecho y de derecho aducidos por la entidad pública demandada para terminar unilateralmente el contrato de prestación de servicios de aseo, no se enmarcaron en las previsiones contenidas en la norma ibídem. Por tanto, la Sala confirmará lo decidido al respecto en la sentencia de primera instancia, precisando al respecto que la declaratoria de nulidad recaerá sobre el numeral primero de la (...), confirmada mediante Resolución (...), -que declaró la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios de aseo-. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la conyuntura económica crítica, ver: sentencia del 7 de noviembre de 1990, exp. 3106, C.P. Antonio José de Irisarri Restrepo, reiterada en sentencia del 10 de agosto de 2015, exp. 31518, C.P. Olga Mélida Valle de de la Hoz FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 18, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 19 RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / MUNICIPIO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INCONFORMIDAD EN LA TASACIÓN DE PERJUICIOS / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR LA ADMINISTRACIÓN / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / SERVICIO DE ASEO PÚBLICO / SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO Problema jurídico: ¿El municipio de Soledad cumplió con la carga argumentativa que sustentára su inconformidad con la compensación económica derivada de la terminación unilateral de los contratos? Respuesta al problema jurídico: No Del restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios derivados de la nulidad parcial de los actos (...) En la sentencia de primera instancia, el Tribual (sic) reconoció a favor del demandante los perjuicios solicitados en la demanda, particularmente el pago de la compensación económica derivada de la terminación unilateral de los contratos, los cuales deberán acreditarse a través de incidente. De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del CCA, en concordancia con lo previsto en los artículos 352 del CPC, la parte inconforme con la decisión debe interponer y sustentar el recurso, precisando -en forma concreta- las razones de su inconformidad con la providencia. A partir de lo anterior, resulta claro que la carga de sustentación que le asiste a la parte recurrente se entiende satisfecha a partir de la confrontación que esta, de acuerdo con su análisis, realiza respecto de las consideraciones plasmadas por el juez de primera instancia al adoptar su decisión, lo cual significa que se deberán controvertir los fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron de sustento a la providencia que se recurre. De ahí que no basta con que el recurrente, por ejemplo, aluda vagamente a los argumentos expuestos en la demanda o en la contestación a la misma, o que simplemente solicite que se revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar negar o acceder a las pretensiones de la demanda. (...) Descendiendo al caso concreto, al examinar el recurso de apelación81 formulado por la entidad demandada, se advierte que el Municipio no cumplió con la carga que le correspondía, dado que no formuló reparo alguno respecto de la decisión asumida por el Tribunal a quo en cuanto a reconocer el restablecimiento del derecho solicitado en la demanda y a ordenar su liquidación por medio de incidente; la demandada simplemente solicitó revocar la sentencia apelada y negar las pretensiones de la demanda. En efecto, no encuentra la Sala que la recurrente presentara argumentos que controvirtieran o justificaran el motivo que llevó al Tribunal a reconocer el restablecimiento del derecho solicitado en la demanda, tampoco a las razones que condujeron a que se ordenara su liquidación por incidente y mucho menos a la fórmula adoptada para tal efecto. En consecuencia, ante la ausencia de sustentación del recurso de apelación formulado por el municipio de Soledad frente al restablecimiento del derecho reconocido y ordenado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, se confirmará la sentencia apelada, dejando claro que la condena, que habrá de liquidarse mediante incidente, tan solo deberá comprender los perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios de aseo, pues esta decisión fue proferida por el Municipio en ejercicio de función administrativa mediante un acto administrativo con carácter ejecutivo y ejecutorio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la carga argumentativa en el recurso de apelación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 16 de agosto de 2022, exp. 52803, C:P. María Adriana Marín FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 352, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 212 MUNICIPIO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Tiene responsabilidad contractual el municipio de Soledad por haber terminado de forma unilateral el contrato de arrendamiento, complementario al de prestación del servicio de aseo, por desconocer lo acordado entre las partes, es decir, el principio de pacta sunt servanda? Respuesta al problema jurídico: Si De la responsabilidad contractual originada en la terminación unilateral del contrato complementario de arrendamiento Como se indicó, los contratos de arrendamiento celebrados en vigencia del Decreto Ley 222 de 1983, como el suscrito por el municipio de Soledad e IMPSA el 13 de diciembre de 1991, se rigen por las normas del derecho privado, sin perjuicio de las previsiones contenidas en el capítulo 10 del Decreto ejusdem y de la aplicación de la potestad exorbitante de caducidad, cuyo pacto implica la inclusión de otras potestades exorbitantes como la terminación, modificación e interpretación unilaterales De igual modo, también ha quedado establecido que, revisadas las pruebas aportadas al proceso, en el contrato de arrendamiento no se incluyó la cláusula de caducidad, de tal suerte que la entidad pública no podía hacer uso de potestades exorbitantes, como la de terminación unilateral. Quiere decir lo anterior que, teniendo en cuenta el régimen de derecho privado al que se encuentra sujeto el contrato objeto de debate, su terminación unilateral debía estar sujeta a las estipulaciones contractuales acordadas por las partes en el negocio jurídico. (...) la Sala pasará a examinar si el municipio de Soledad al dar por terminado el contrato de arrendamiento incumplió las estipulaciones pactadas por las partes y si, en tal sentido, se configura la responsabilidad contractual del Estado. Así las cosas, le corresponde al juez del contrato determinar si se reúnen los elementos propios de la responsabilidad contractual, es decir, aquella que surge de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato existente y válido. Por tanto, es necesario encontrar demostrado en el proceso que la obligación derivada del negocio jurídico celebrado fue totalmente incumplida o se cumplió de manera defectuosa o tardía por la parte demandada, debiendo acreditarse, igualmente, que el incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que reclama la responsabilidad y el vínculo de causalidad entre el incumplimiento y el daño (...) Adicionalmente, como es bien sabido, en principio es carga del actor demostrar todos los elementos de la responsabilidad y, dentro de ellos, no solamente el incumplimiento de la obligación a cargo de la demandada, sino también el perjuicio, el cual, de acuerdo con lo afirmado en la demanda en punto de la terminación del contrato de arrendamiento, corresponde al costo de los valores en que incurrió el arrendatario por concepto de elementos de consumo (combustibles, lubricantes, repuestos, llantas y materiales de construcción) y gastos generales (pólizas e impuestos). Con relación a la oportunidad de cumplimiento, se debe tener en cuenta que el deudor debe cumplir su obligación cuando la misma es exigible, circunstancia que se presenta: (i) cuando es pura y simple, desde su nacimiento; (ii) si es a plazo, al vencimiento del mismo y (iii) si es condicional, al cumplirse la condición. Ahora bien, si una vez la obligación es exigible y la misma no es satisfecha por el deudor, se produce el retardo que puede tener lugar por la inejecución de la obligación principal o por su ejecución defectuosa o tardía, pero para que tal retardo permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, es necesario además: (i) que el incumplimiento sea imputable al deudor; (ii) que el acreedor haya sufrido perjuicio a consecuencia de tal incumplimiento y (iii) que si la obligación es positiva, el deudor esté constituido en mora85. Descendiendo al caso concreto, en el proceso se encuentra acreditado que el 13 de diciembre de 1991 el municipio de Soledad e IMPSA celebraron un contrato complementario de arrendamiento al de prestación de servicios de aseo, negocio jurídico en el marco del cual, frente a su terminación, las partes estipularon “dar por terminado el contrato de arrendamiento cuando por cualquier circunstancia finalice el Contrato de prestación de servicios” (...) Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta, como quedó visto (...), que en el presente no había lugar a que el Municipio diera por terminado unilateralmente el contrato de prestación de servicios de aseo, porque no se reunieron los requisitos legales para tal efecto, particularmente la coyuntura económica critica, resulta claro que cuando el ente territorial finalizó el contrato complementario de arrendamiento con fundamento en la configuración de esta especial situación, sin duda alguna desconoció lo acordado entre las partes, pues si no estaban dadas las condiciones para terminar el contrato de prestación de servicios de aseo el Municipio no podía finalizar el contrato de arrendamiento. A la anterior conclusión arriba la Sala partiendo de recordar que el soporte sobre el que se estructura el régimen contractual es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados (...) El principio enunciado –pacta sunt servanda, garante de la seguridad jurídica, constituye pilar esencial de las relaciones contractuales y encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y obligaciones. Tanto es así, que toda la estructura jurídica construida sobre la base del poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus propias reglas de conducta descansa en la confianza de que se cumplirá aquello que se conviene libre y voluntariamente. Continuando con el estudio de los elementos de la responsabilidad contractual, en el presente caso se aprecia que el incumplimiento del contrato es atribuible al actuar del municipio de Soledad, pues aquel procedió de forma ilegal y por tanto ilegítima a dar por terminado el contrato complementario de arrendamiento e incumplir sin causa justificada la obligación de ejecutarlo en los términos estipulados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de honrar la autonomía de la voluntad expresada en lo estipulado en los contratos, fuerza normativa del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 18 de agosto de 2020, exp. 36875, C.P. Guillermo Sánchez Luque; sobre la responsabilidad contractual del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2010, exp.18499, C.P. Mauricio Fajardo Gómez FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1983 IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / NEGACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS / PERJUICIO MATERIAL / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Procede la indemnización por el incumplimiento del contrato de arrendamiento y procede la declaratoria de responsabilidad contractual, al haber sido terminado de forma unilateral por el municipio, aún cuando los peruicios materiales no fueron probados por la parte demandante? Respuesta al problema jurídico: No Finalmente, en lo que atañe a la indemnización del perjuicio sufrido por el contratista con ocasión del incumplimiento del contrato de arrendamiento, en la demanda el extremo activo solicitó el resarcimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, causados por la terminación del contrato, puntualmente el costo de los valores en que incurrió el arrendatario por concepto de elementos de consumo (combustibles, lubricantes, repuestos, llantas y materiales de construcción) y gastos generales (pólizas). Al respecto, tras examinar el expediente, se advierte que en el asunto sub judice la parte actora no probó lo afirmado en su demanda, según lo cual por cuenta de la terminación del contrato de arrendamiento incurrió en los gastos referidos. Sobre este particular, cabe señalar que la única prueba que obra en el proceso resulta ser el dictamen pericial rendido por el contador (...); sin embargo, al analizar la experticia se advierte que esta se centró en evaluar los perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios de aseo, más no del contrato complementario de arrendamiento, de tal suerte que la prueba carece de eficacia probatoria para los efectos que aquí nos ocupan, pues no comprendió la materia objeto de debate en el presente capítulo. Al margen de lo anterior, la Sala considera que, aun cuando hipotéticamente obraran pruebas en el expediente que acreditaran los gastos solicitados por el demandante con ocasión de la terminación unilateral del contrato complementario de arrendamiento, no sería procedente su reconocimiento, pues si el objeto de la responsabilidad es la reparación del daño causado, llevando a la víctima a la misma situación en que se encontraría de no haberse producido el hecho dañoso, resulta claro que en el presente caso y de acuerdo con lo convenido en el contrato, IMPSA tenía a su cargo asumir las reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos, suministrar combustibles, lubricantes y repuestos; y otorgar y mantener vigentes los seguros y garantías (...). En otras palabras, de haberse ejecutado el contrato bajo las condiciones acordadas, el arrendatario habría incurrido en todos los gastos asociados a las reparaciones, mantenimiento, suministro de combustibles, lubricantes y pólizas, de tal suerte que se trata de costos que en cualquier caso asumiría el contratista, aún en el evento de no mediar incumplimiento contractual. Para que se configure la declaratoria de responsabilidad contractual de la Administración, no solamente basta con acreditar el incumplimiento y la imputación a la entidad pública demandada, sino que también es menester probar la existencia del perjuicio o la afectación patrimonial. Por tanto, comoquiera que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el perjuicio como elemento de la responsabilidad contractual requiere de prueba, la Sala se abstendrá de declarar la responsabilidad contractual del municipio de Soledad por la terminación anticipada del contrato de arrendamiento. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia del 5 de mayo de 2017 (...) el restablecimiento del derecho reconocido y ordenado en la sentencia de primera instancia tan solo deberá comprender los perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios de aseo; y que no se configuró la responsabilidad contractual del municipio de Soledad respecto de la terminación unilateral del contrato de arredramiento. En los demás aspectos la sentencia de primera instancia será confirmada. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=080012331000199307607011100103