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Consejo de Estado
Providencia
No son de recibo los argumentos planteados por la demandante según los cuales la Corporación debe reconocer la suma de $458.900.000
Sentencia — Sentencia
2024-12-10
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 68001233300020170059402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sentencia de primera instancia desconoció la cuota litis pactada entre las partes en el contrato? No
La Sala confirmará la Sentencia de primera instancia, pero por motivos diferentes a los desarrollados por el Tribunal.… El contrato de prestación de servicios suscrito entre la Corporación y la demandante tuvo por objeto (se trascribe): “contestar, tramitar y llevar hasta su culminación demanda de Restitución de inmueble arrendado (en escenarios públicos y/o conciliatorios), ante el Juez 4 Administrativo Oral del Circuito conforme a los memoriales poderes que para tal efecto se otorguen y a partir de la presentación ante la autoridad respectiva”. En el parágrafo 2 de la cláusula 1 se dispuso que el mandato se extendía hasta la terminación del proceso en primera instancia.
También resuelve:
¿Se acreditó el perjuicio moral para que proceda su reconocimiento?
¿La sentencia alegada como desconocida en el fallo de primera instancia es aplicable al presente caso?
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Procede complementar la sentencia, de aceptar la tacha de falsedad formulada por la Terminal
Sentencia — Sentencia
2024-08-02
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 68001233300020180073901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede complementar la sentencia, en el sentido de aceptar la tacha de falsedad formulada por la Terminal de Transportes del Socorro S.A., respecto del otrosí No. 3 al contrato de prestación de servicios No. 1 de 2010, aspecto frente al cual el Tribunal no realizó pronunciamiento alguno? Sí
El contratista puede solicitar la adición de la sentencia para aceptar una tacha de falsedad en un otrosí del contrato, siempre y cuando la falsedad esté debidamente acreditada mediante pruebas como el cotejo grafológico, tal como lo permite el artículo 287 del Código General del Proceso. Sin embargo, la terminación unilateral del contrato no produce efectos si el contrato ya se encuentra terminado en el momento de la decisión unilateral, y no se acredita un incumplimiento contractual que justifique la liquidación judicial del contrato. Por tanto, la condena en costas contra la parte vencida en el proceso es procedente conforme al artículo 188 del Código Procesal Administrativo y el artículo 365 del Código General del Proceso, y se fijan agencias en derecho en base al Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad demandada terminó unilateralmente el contrato de prestación de servicios?
¿Se acreditó que la entidad demandada incumplió el contrato de prestación de servicios al terminarlo anticipadamente, lo cual produjo efectos?
¿Procede revocar la decisión de condenar a la TTS a cancelar el valor pendiente por pagar, por el supuesto incumplimiento contractual…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No es procedente el estudio de legalidad del acto administrativo
Sentencia — Sentencia
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 19001333100420100023201
ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente el estudio de legalidad del acto administrativo, mediante el cual el agente liquidador de la ESE Antonio Nariño dio por terminado unilateralmente el contrato de prestación de servicios No. CSP-3742008, por cuenta de la supresión y liquidación de la ESE, ordenada por el Decreto 3870 de 2008, mediante el ejercicio de la acción de controversias contractuales? No
Las decisiones del liquidador en el proceso de liquidación de una empresa social del Estado son actos administrativos y no contractuales, por lo que la legalidad de la terminación unilateral de un contrato de prestación de servicios dispuesta en ese proceso no se estudia mediante la acción de controversias contractuales. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que, en los términos del artículo 6 del Decreto 3870 de 2008, los actos del liquidador tienen naturaleza de actos administrativos, aunque decidan sobre reclamaciones que tengan origen en contratos. La segunda es que la vía idónea para cuestionar su legalidad es la nulidad y restablecimiento del derecho. La tercera es que la demandante ya había obtenido el reconocimiento de su crédito dentro del proceso de liquidación mediante una resolución ejecutoriada, con presunción de legalidad. En el caso concreto, el Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia, que había declarado probadas las excepciones de indebida escogencia de la acción y error en la acción a seguir. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Las decisiones que emite el liquidador en el proceso de liquidación de la ESE son actos administrativos?
¿En eventos en los que se acredita que la parte actora actuó de mala fe y que su conducta fue temeraria, procede la condena en costas?
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra los autos que rechazan la demanda.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-09-26
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 18001233300020230014601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra los autos que rechazan la demanda? Sí
El operador judicial aplica las disposiciones procesales vigentes para determinar la competencia funcional y el trámite de los recursos interpuestos contra las providencias inhibitorias o de rechazo. En el presente asunto, la Corporación establece su competencia en segunda instancia de conformidad con el artículo 150 del CPACA para conocer de la apelación contra el auto que rechaza la demanda, decisión que resulta susceptible de impugnación según el artículo 243.1 del mismo código, debiendo resolverse por la Sala conforme al literal g) del artículo 125 ibidem, y aplicando el término de sustentación previsto en el artículo 244.3 de la Ley 1437 de 2011.síntesis automática
También resuelve:
¿El recurso de apelación se presentó oportunamente teniendo en cuenta el término de sustentación y el momento en que se notificó el auto recurrido?
¿Debe aplicarse la regla general del artículo 164, numeral 2, literal j), de la Ley 1437 de 2011 para el cómputo de la caducidad en las controversias contractuales cuando no se configura alguno de…
¿Podían las partes, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, someter el contrato de prestación de servicios al trámite de liquidación…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2025-06-18
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 54001233300020170063301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra sentencias proferidas por los tribunales administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, la entidad estatal terminó unilateralmente un contrato de prestación de servicios, lo que generó una demanda por parte del contratista. La cuantía de la pretensión superaba el umbral legal en la fecha de presentación de la demanda, por lo que el Consejo de Estado tuvo competencia para revisar el recurso de apelación. La Sala revocó la sentencia del tribunal administrativo, confirmando la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y reafirmando la importancia de la doble instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la expedición del acta de terminación del contrato?
¿El hallazgo de una causal de nulidad absoluta del contrato exime al juez de pronunciarse sobre las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto administrativo contractual?
¿La motivación del acto administrativo de terminación unilateral debe fundamentarse en alguna de las causales del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 o en uno de los eventos establecidos en el inciso…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia
Sentencia — Sentencia
2024-05-22
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020100009201
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
Cuando se demanda en controversia contractual a una entidad pública y la suma de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del mismo código atribuye a la corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales; y el valor de la pretensión mayor se determina conforme al artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo. En el caso, la pretensión mayor superó ese umbral y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación, modificando la sentencia en lo relativo a las pretensiones que prosperaron parcialmente. El documento reitera la forma de determinar la competencia por cuantía; la consecuencia práctica es que la prosperidad parcial de las pretensiones no altera la competencia fijada por el valor de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales procede para reclamar los daños originados en una relación contractual?
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?
¿En la acción de controversias contractuales se encuentran legitimados en la causa quienes hayan sido parte en el negocio jurídico del cual se originó el daño alegado?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 08001233100019930760701
ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias originadas en contratos administrativos y en contratos de derecho privado de la administración regidos por el Decreto Ley 222 de 1983, aunque no se haya pactado cláusula de caducidad, porque el criterio que determina la competencia es orgánico. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el criterio orgánico asigna la competencia en función de la naturaleza pública de la entidad contratante, con independencia del régimen del contrato. Segunda, el litigio versa sobre la legalidad de actos administrativos contractuales y sobre el incumplimiento y la nulidad de contratos suscritos por un ente territorial, por lo que se cuestiona la validez de decisiones de la administración. Tercera, la competencia de segunda instancia se determina por la cuantía de las pretensiones al momento de presentarse la demanda, conforme al Código Contencioso Administrativo vigente. La providencia modifica la decisión de primera instancia en lo que corresponda. La consecuencia práctica es que la ausencia de cláusula de caducidad no excluye a la jurisdicción contencioso administrativa cuando el contrato es celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve:
¿El pacto arbitral estipulado en el contrato impide al Consejo de Estado asumir competencia en este caso?
¿Procede la acción contractual para solicitar la nulidad parcial de la resolución que declara el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de aseo y arrendamiento, la que la confirma…
¿La demanda principal y la demanda de reconvención se interpusieron en tiempo, esto es dentro de los dos años del término de caducidad?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: no era procedente la condena en costas por temeridad
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 19001333100420100023201
ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos proferidos por el liquidador de una ESE tienen naturaleza jurídica de actos administrativos? ¿Procede la condena en costas por temeridad? No
Aunque comparto la decisión que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la indebida escogencia de la acción por considerar que los actos del liquidador no eran actos contractuales, no estoy de acuerdo con los fundamentos de la sentencia para arribar a dicha conclusión y tampoco con que se haya condenado en costas a la demandante.… La norma citada [artículo 6 del Decreto 3870 de 2008], dispone que los actos que “por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas” serán actos administrativos. No dispone, como se afirma en la sentencia, que todos los actos proferidos por el liquidador de una ESE tengan la naturaleza jurídica de actos administrativos.… Esta norma [artículo 22 del Decreto 221 de 2004] otorga una facultad legal al liquidador para dar por terminados unilateralmente los contratos que no sean necesarios para la liquidación de la entidad.