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NEGACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL

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Consejo de Estado Providencia

La Subsección resolverá el problema jurídico

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 88001233100020110001501 ACCION CONTRACTUAL
¿Se cumplen los presupuestos de procedencia de la demanda para estudiar de fondo el caso en concreto? Sí
La Subsección resolverá el problema jurídico… , habida consideración de la competencia que le asiste para ello, en atención a lo dispuesto por los artículos 129 y 132.5 del Código Contencioso Administrativo (en lo sucesivo “CCA”), y al ejercicio oportuno que de la acción de controversias contractuales realizaron los accionantes, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 136.10 del CCA. De igual manera, debido a que tanto FONADE como Órbita Arquitectura e Ingeniería S.A. y C&C Arquitectura e Ingeniería S.A. (quienes conformaron la UT &C Órbita Beisbol) se encuentran legitimados en la causa por pasiva y por activa, toda vez que son los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial.
También resuelve: ¿Demostró FONADE los perjuicios que afirma le fueron causados, con ocasión del incumplimiento contractual en que incurrió la UT C&C Orbita Béisbol…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador

Sentencia — Sentencia 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020170135401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador, dado que el municipio desatendió algunas de las obligaciones a su cargo; y negar las pretensiones de condena, considerando que la demandante no acreditó los perjuicios generados por tales incumplimientos, ni los presupuestos para la aplicación de las sanciones estipuladas en el contrato? Sí
El contrato constructor operador puede ser declarado incumplido si la entidad estatal desatendió sus obligaciones, como la entrega formal de bienes y la gestión de licencias y permisos. La demandante debe acreditar perjuicios y presupuestos para la aplicación de sanciones. En este caso, el municipio no cumplió con varias obligaciones, pero los perjuicios no fueron demostrados y los presupuestos necesarios no fueron acreditados, por lo que la pretensión de condena fue negada.síntesis automática
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

La entidad acogió esas observaciones no solo frente a la inhabilidad sino a la puntuación por la experiencia específica

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020050240101 ACCION CONTRACTUAL
¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada? No
El informe de evaluación de propuestas, elaborado por el comité asesor, es un documento preliminar que no obliga a la entidad ni confiere derechos a los proponentes, porque puede ser corregido, aclarado o modificado, conforme al artículo 26 numeral 5 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la calificación contenida en el informe no es definitiva y solo la adjudicación resuelve el orden de elegibilidad. Otra razón es que en el caso el informe fue objeto de observaciones sobre la experiencia específica del proponente y sobre una inhabilidad por sanción, y la entidad acogió esas observaciones, por lo que el puntaje reclamado no era estable. En el asunto, el proponente sostenía que el mayor puntaje del informe lo convertía en la mejor propuesta, pero no demostró que, una vez recalificada su oferta, habría mantenido esa posición, y la licitación fue declarada desierta y adjudicada a otro oferente que cumplió los requisitos. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita jurisprudencia reiterada de la Sección; su consecuencia práctica es que el proponente que pretende la adjudicación debe acreditar una calificación definitiva y no solo un puntaje del informe preliminar.síntesis automática
También resuelve: ¿La mayor calificación del proponente fue un hecho aceptado por la demandada y debe considerarse como una confesión? ¿La calificación de las propuestas realizada por el Tribunal se ajustó a los criterios del pliego y por ello la oferta de la parte demandante debía quedar en primer lugar y ser la adjudicataria del… ¿La parte demandante acreditó los perjuicios derivados de los señalamientos de la entidad demandanda, sobre una presunta inhabilidad para contratar con el Estado que se configuró en otro proceso de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La declaratoria de incumplimiento se efectuó en la Resolución

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 15001233100020020020401 ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos administrativos que declararon unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato fueron expedidos sin competencia y en consecuencia procede su nulidad, en razón a que esta facultad de la Administración fue suprimida temporalmente cuando entró en vigencia la Ley 80 de 1993 y derogó el Decreto 222 de 1983? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato, cuando estos se expiden sin la competencia legal correspondiente, ya que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la facultad de las entidades para declarar incumplimientos y caducidades hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad pierde su competencia para declarar la caducidad una vez vencido el plazo pactado para la ejecución del contrato. Asimismo, el debido proceso debe garantizarse en todas las actuaciones administrativas, permitiendo al afectado ejercer su derecho de contradicción y defensa. Estas reglas implican que los actos administrativos que no respetan estas garantías y competencias pueden ser declarados nulos, protegiendo así los derechos del contratista en el marco de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Para la procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato es necesario que el plazo pactado para su ejecución esté vigente, porque de haber finalizado… ¿El derecho al debido proceso debe garantizarse en las actuaciones administrativas y conlleva a que el afectado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa? ¿Ante la ausencia de pruebas sobre el detrimento patrimonial y la falta de acreditación de los perjuicios materiales, procede la negativa de las pretensiones económicas o la condena en abstracto?
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-06-10 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 54001233100020020038001 ACCION CONTRACTUAL
¿Si las partes acuerdan una suspensión o una modificación del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, pues resultaría contrario al principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios, permitir que una parte prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva lo que estaba firmando? Sí
El contratista no puede desconocer los efectos de las salvedades no expresadas en las actas de suspensión o modificación del contrato, pues resultaría contrario al principio de buena fe y a la prohibición de venir contra los actos propios. En el presente caso, el contratista suscribió actas de suspensión sin indicar que estas causarían mayores costos por disponibilidad de personal, maquinaria y aumento de costos administrativos, circunstancias que ahora reclama. Las partes acordaron las suspensiones para superar dificultades y viabilizar la ejecución del contrato, por lo que el contratista no puede sorprender a su contraparte con situaciones que nunca fueron puestas de presente. La jurisprudencia reitera que el interesado debe indicar a su contraparte si la respectiva modificación, adición, prórroga o suspensión lo afecta, especialmente cuando se llegan a acuerdos para superar las dificultades. Por lo tanto, el contratista no puede desconocer sus propios actos para ahora pretender mayores costos por las suspensiones que firmó sin protesta alguna, sin reservas o salvedades en relación con sus intereses o derechos.síntesis automática
También resuelve: ¿En lo que respecta a los intereses de mora por el incumplimiento en los pagos al contratista, dado que las partes nada pactaron en relación con el término que tenía la entidad demandada para… ¿La entidad demandada debe responder patrimonialmente por los perjuicios materiales alegados en la demanda, causados por el proceso de cobro coactivo adelantado contra la contratista y por el remate… ¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios morales a favor del representante legal de la contratista, derivados del incumplimiento del pago de las obligaciones de la entidad contratante…
Consejo de Estado Providencia

La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 54001233100020100001801 ACCION CONTRACTUAL
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve: ¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo? ¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación? ¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas

Sentencia — Sentencia 2025-06-18 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100019960154401 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y de personas privadas que desempeñan funciones administrativas? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y personas privadas que desempeñan funciones administrativas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y el Decreto 222 de 1983. La acción de controversias contractuales fue presentada oportunamente, dentro del plazo de dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que la fundamentan, según lo dispone el artículo 136 del mismo código antes de su modificación por la Ley 446 de 1998. La Sala no considera que se haya configurado un error grave en el dictamen pericial, ya que las objeciones se refieren a las conclusiones del experto y no al objeto del dictamen, lo que implica que el juez debe valorar las conclusiones del perito de acuerdo con la sana crítica.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento? ¿Se configuró un error grave frente al dictamen pericial rendido dentro del proceso? ¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra, es el vigente para la época en que se inició el procedimiento de selección y se perfeccionó el contrato?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante?

Sentencia — Sentencia 2022-11-18 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000232600020090003701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve: ¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en… ¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser… ¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Su alcance debe ser entendido como secuela directa y exclusiva de la prosperidad de los cargos de incompetencia, por lo que no afectan en manera alguna el análisis sustancial de este proceso, ni implican la configuración de cosa juzgada para lo que es materia del presente litigio.

Sentencia — Sentencia 2025-11-07 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 52001233300020170057301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
"¿El fallo apelado contradijo lo decidido en el proceso que estudió la validez de las resoluciones emitidas por la contratante que declararon el incumplimiento de la parte actora?" No
El contratista no incumple el contrato cuando la entidad estatal carece de competencia para declarar unilateralmente el incumplimiento, ya que la valoración de la satisfacción de las obligaciones surge del análisis del negocio jurídico en el proceso específico. La nulidad de las resoluciones que declararon el incumplimiento no afecta el análisis sustancial del presente litigio ni configura cosa juzgada, dado que el objeto y la causa de los procesos son distintos. La entidad no erró en la valoración probatoria al establecer que la excepción de contrato no cumplido no era aplicable por el incumplimiento del contratista, ya que el contrato estipulaba la entrega de bienes específicos en un lugar determinado y en un plazo definido, y la paralización de la obra impidió la instalación de los implementos médicos en el hospital, pero no su entrega previa. Esta decisión reitera la importancia de la competencia administrativa en la declaratoria de incumplimiento y la necesidad de una adecuada valoración probatoria en la determinación del incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede imponer condena en costas cuando ambos recursos de apelación resultan imprósperos?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 08001233100019930760701 ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias originadas en contratos administrativos y en contratos de derecho privado de la administración regidos por el Decreto Ley 222 de 1983, aunque no se haya pactado cláusula de caducidad, porque el criterio que determina la competencia es orgánico. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el criterio orgánico asigna la competencia en función de la naturaleza pública de la entidad contratante, con independencia del régimen del contrato. Segunda, el litigio versa sobre la legalidad de actos administrativos contractuales y sobre el incumplimiento y la nulidad de contratos suscritos por un ente territorial, por lo que se cuestiona la validez de decisiones de la administración. Tercera, la competencia de segunda instancia se determina por la cuantía de las pretensiones al momento de presentarse la demanda, conforme al Código Contencioso Administrativo vigente. La providencia modifica la decisión de primera instancia en lo que corresponda. La consecuencia práctica es que la ausencia de cláusula de caducidad no excluye a la jurisdicción contencioso administrativa cuando el contrato es celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve: ¿El pacto arbitral estipulado en el contrato impide al Consejo de Estado asumir competencia en este caso? ¿Procede la acción contractual para solicitar la nulidad parcial de la resolución que declara el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de aseo y arrendamiento, la que la confirma… ¿La demanda principal y la demanda de reconvención se interpusieron en tiempo, esto es dentro de los dos años del término de caducidad?
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