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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: ante ausencia de cuestionamiento se encuentra demostrada la condena impuesta a la entidad

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Fecha
2025-10-24
Radicado
05001233300020150169601
Número interno
72968
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
-EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
JEIMIN VALOYES MURILLO, JOHN ALEXANDER VARON FRANCO, IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ VILLAFAÑE, DAVID ALEYXER TAPIAS ARIAS, HERIBERTO DE JESUS GRANDA VALLE, HECTOR ANDRES LOPEZ, OMAR ALBEIRO CANO TABARES, JUAN CARLOS PADIERNA PUERTA, LUIS GERMAN SOLARTE MORA, JHON SOTO VELASQUEZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: ante ausencia de cuestionamiento se encuentra demostrada la condena impuesta a la entidad

Lo que dijo la Sala

La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior. En el presente asunto, la Subsección advierte que la controversia planteada en el recurso de apelación se contrae a la omisión del Tribunal de pronunciarse sobre la aplicación del artículo transitorio 26 del Acto Legislativo 01 de 2017, disposición que —según los recurrentes— resultaba aplicable al caso sub examine, en tanto se trata de exintegrantes de la Fuerza Pública cuya conducta punible se habría cometido con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando el recurso de apelación se contrae a una omisión del tribunal de primera instancia, el juez de segunda instancia solo puede pronunciarse sobre los aspectos que el recurrente cuestiona, pues el marco de competencia está dado por los reparos formulados contra la decisión, y los demás aspectos quedan excluidos del debate salvo que deban resolverse de oficio. La regla se apoya en que, al no haberse cuestionado la condena impuesta, el pago efectivo, la calidad de exagentes estatales de los demandados ni la conducta dolosa, estos elementos quedan demostrados. Así, la discusión se reduce a determinar si el tribunal debió analizar la aplicación del artículo transitorio 26 del Acto Legislativo 01 de 2017 a exintegrantes de la Fuerza Pública cuyas conductas se habrían cometido con ocasión o en relación con el conflicto armado interno. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, si el recurrente no plantea esa omisión dentro de los reparos, el juez de segunda instancia no puede abordarla y debe confirmar la decisión.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La cuestión objeto del recurso de apelación se circunscribe exclusivamente a determinar si el Tribunal incurrió en una omisión al abstenerse de analizar la posible aplicación del artículo transitorio 26 del Acto Legislativo 01 de 2017, pese a que dicho precepto podría ser relevante tratándose de exintegrantes de la Fuerza Pública cuyas conductas punibles habrían sido cometidas con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, y siendo ello el único aspecto susceptible de control en segunda instancia dada la delimitación competencial fijada por los argumentos del recurrente?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿Para que proceda la exclusión del medio de control de repetición respecto de miembros de la Fuerza Pública por conductas cometidas con ocasión…
  • ¿Resultan aplicables a los demandados las disposiciones transitorias previstas en el Acto Legislativo 01 de 2017 respecto de la exclusión del medio de control de repetición, y, de no ser así…
  • ¿Debe abstenerse el juez de imponer condena en costas en los procesos de repetición, al tratarse de asuntos en los que se ventila un interés público orientado a la protección del patrimonio estatal…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA REPETICIÓN MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONFLICTO ARMADO INTERNO DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ SOMETIMIENTO ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ CONFLICTO DE COMPETENCIA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL CONFIGURACIÓN DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL CONFLICTO ARMADO CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ACTUACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS INTERÉS PÚBLICO CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 16.753 caracteres

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COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿La cuestión objeto del recurso de apelación se circunscribe exclusivamente a determinar si el Tribunal incurrió en una omisión al abstenerse de analizar la posible aplicación del artículo transitorio 26 del Acto Legislativo 01 de 2017, pese a que dicho precepto podría ser relevante tratándose de exintegrantes de la Fuerza Pública cuyas conductas punibles habrían sido cometidas con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, y siendo ello el único aspecto susceptible de control en segunda instancia dada la delimitación competencial fijada por los argumentos del recurrente? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior. En el presente asunto, la Subsección advierte que la controversia planteada en el recurso de apelación se contrae a la omisión del Tribunal de pronunciarse sobre la aplicación del artículo transitorio 26 del Acto Legislativo 01 de 2017, disposición que —según los recurrentes— resultaba aplicable al caso sub examine, en tanto se trata de exintegrantes de la Fuerza Pública cuya conducta punible se habría cometido con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. Por lo anterior, ante ausencia de cuestionamiento, se encuentra demostrada (i) la condena impuesta a la entidad; (ii) el pago efectivo de la misma; (iii) la calidad de exagentes estatales de los demandados y; (iv) la conducta volitiva -dolo-, lo cual está acreditado con prueba documental obrante en el plenario y que no fue materia de reproche a través de la alzada. Así, al haber quedado zanjada la litis sobre los mencionados presupuestos objetivos y subjetivos de la pretensión de repetición, la Subsección procederá a estudiar los siguientes problemas jurídicos, en función de los cargos formulados en la apelación y la competencia que le asiste. FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 26 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONFLICTO ARMADO INTERNO / DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO / JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ / SOMETIMIENTO ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ / COMPETENCIA / CONFLICTO DE COMPETENCIA Problema jurídico: ¿Para que proceda la exclusión del medio de control de repetición respecto de miembros de la Fuerza Pública por conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, es necesario que la JEP haya adoptado un pronunciamiento expreso —ya sea mediante resolución de renuncia a la persecución penal o mediante el anuncio de la próxima emisión de una resolución de conclusiones— sin que la mera solicitud de sometimiento o su aceptación sean suficientes para desplazar la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa? Respuesta al problema jurídico: Si Con ocasión del conflicto armado interno colombiano, se expidió el Acto Legislativo 01 de 2017, incorporado como disposición transitoria en la Constitución Política, dentro del título denominado “De las normas para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”. Los artículos transitorios 5 y 6 del capítulo III de la citada disposición constitucional establecen que la JEP conocerá, de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y con carácter exclusivo, de las conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, atribuibles a quienes participaron en él, en especial respecto de aquellas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o vulneraciones manifiestas de los derechos humanos. En esa línea, en el parágrafo del artículo 18 transitorio del capítulo IV se determinó que en los casos en los que se aplique amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal, no procederán acciones judiciales contra los beneficiarios de tales medidas. En todo caso, deberán contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a garantizar la no repetición. El capítulo VII titulado “De las normas aplicables a los miembros de la Fuerza Pública para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”, en su artículo transitorio 21, consagró un tratamiento especial para quienes hubieren cometido conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. A su vez, el artículo transitorio 26 dispuso que respecto de dichos sujetos no procede la acción de repetición, (…) A partir de las disposiciones constitucionales transitorias, la Ley 1957 de 2019 estableció el régimen estatutario de la Administración de Justicia en la JEP, precisando que la exclusión del medio de control de repetición constituye un tratamiento especial propio del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el cual no opera de manera general ni automática, sino que se encuentra condicionado a la existencia de un pronunciamiento expreso de la JEP que lo conceda. Conforme a lo previsto en el artículo 20 de dicha normativa, los tratamientos especiales están subordinados al cumplimiento del régimen de condicionalidades y a la verificación de la JEP. A su vez, los artículos 45 y 47 de la misma ley, regularon los efectos de la renuncia a la persecución penal. Este beneficio comporta, entre otros efectos, la exclusión de la acción de repetición y del llamamiento en garantía frente a conductas sometidas a la competencia de dicha jurisdicción, lo cual solo procede cuando la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, mediante resolución, concede expresamente la renuncia a la persecución penal. Bajo ese contexto, el artículo 79, en sus literales (b) y (j), dispuso que los procesos relativos a conductas ocurridas hasta el 1° de diciembre de 2016, de competencia de la JEP y vinculadas al conflicto armado, deben continuar en conocimiento de las autoridades judiciales ordinarias hasta tanto la Jurisdicción Especial asuma su trámite, lo cual ocurre cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad anuncia públicamente la presentación de su resolución de conclusiones ante el Tribunal para la Paz; solo en ese momento los órganos judiciales respectivos deben remitir la totalidad de las investigaciones a dicha jurisdicción. En concordancia con lo anterior, la JEP ha precisado el alcance de su competencia frente a procesos adelantados por otras jurisdicciones, señalando que, por regla general, aquellos que se encuentren en etapa de investigación deben continuar en las sedes judiciales ordinarias sin suspensión y sin que los expedientes se remitan a la Jurisdicción Especial, salvo cuando se trate de solicitudes de beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016 y sus disposiciones complementarias; en ese evento, una vez decidido lo relativo a los beneficios, los procesos deben retornar a la jurisdicción de origen, salvo en dos hipótesis concretas: (i) cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad haya anunciado que en un plazo de tres meses emitirá resolución de conclusiones, o (ii) cuando alguna Sala o Sección de la JEP requiera expresamente el expediente para adelantar un trámite de reconocimiento de verdad y responsabilidad, en cuyo caso los expedientes deben permanecer en dicha jurisdicción y ser remitidos a la autoridad competente. Conforme a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la suspensión de las actuaciones y el traslado de los expedientes a la JEP solo procede cuando esa jurisdicción adopta una decisión definitiva sobre la situación jurídica del compareciente. En síntesis, la mera solicitud de sometimiento ante la JEP y su aceptación no son suficientes para desplazar el conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa en los procesos de repetición. Se requiere, además, que la situación jurídica del agente estatal sea definida mediante las decisiones expresamente previstas en el procedimiento propio de esa jurisdicción. En tal sentido, cuando la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas disponga, mediante resolución, la aplicación de la renuncia a la persecución penal —decisión que deberá ser comunicada a la jurisdicción contencioso-administrativa o hacerse valer dentro del respectivo proceso de repetición—, o cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad haya anunciado que en un plazo de tres meses emitirá resolución de conclusiones, es viable la exclusión de la acción; en ausencia de estos supuestos y de los elementos de convicción que así lo determinen, la jurisdicción contencioso administrativa conserva la jurisdicción para conocer de las acciones de repetición. En conclusión, y conforme lo determinó esta Subsección en providencia del 10 de septiembre de 2021, mientras los supuestos enunciados ut supra no se cumplan, la jurisdicción de lo contencioso administrativo tramitará y decidirá las acciones de repetición cuyo fundamento fáctico se base en hechos ocurridos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 18, ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 20, ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 21, ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 26, ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 45, ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 47, ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 5, ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 6, ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 79 LITERAL B, ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 79 LITERAL J EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CONFLICTO ARMADO / CONFLICTO ARMADO INTERNO / CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA / DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO / JURISDICCIÓN / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTUACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Resultan aplicables a los demandados las disposiciones transitorias previstas en el Acto Legislativo 01 de 2017 respecto de la exclusión del medio de control de repetición, y, de no ser así, subsiste la competencia de la jurisdicción contencioso‑administrativa para conocer del asunto? Respuesta al problema jurídico: No [C]on base en el plexo probatorio obrante en el proceso, la Sala advierte que no existe prueba que demuestre que los señores I. A. G. V., L. G. S. M., J. A. V. F., D. A. T. A., Y. V. M., H. A. L., H. de J. G. V., Ó. A. C .T., J. S. V. y J. C. P. P. hayan comparecido ante la JEP o presentado solicitud de sometimiento por los mismos hechos que dieron lugar a la condena impuesta en sede de reparación directa, radicado No. 05001-23-31-001-2006-01087, providencia que constituye el hecho generador para acudir a la acción de repetición sub judice. Tampoco obra en el expediente elemento probatorio que acredite que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas les hubiera concedido el beneficio de la renuncia a la persecución penal, ni que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas hubiese emitido resolución de conclusiones o decisión de cierre en su favor. En consecuencia, no se cuenta con medio de convicción alguno que evidencie la existencia de una decisión expresa de la JEP que defina la situación jurídica de los aquí demandados, de manera que la jurisdicción contencioso-administrativa conserva el conocimiento de la presente acción de repetición. Para la Sala llama la atención que la curadora ad litem de los demandados, pese a haber afincado el recurso de apelación en la supuesta aplicación del artículo transitorio 26 del Acto Legislativo 01 de 2017, omitió allegar prueba alguna que demostrara los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para la procedencia de dicha prerrogativa. Conforme a lo expuesto ut supra, no basta la mera invocación normativa para excluir de manera automática la acción de repetición de la órbita de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa; se exige demostrar, la comparecencia de los demandados ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la existencia de una decisión expresa que defina su situación jurídica. Adicionalmente, en materia de repetición y conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. En el sub lite, dicha carga probatoria recaía en los demandados, quienes omitieron allegar elementos de convicción que acreditaran su sometimiento a la JEP y la existencia de una decisión expresa de dicho tribunal que definiera su situación jurídica, limitándose únicamente a invocar la normativa aplicable. En consecuencia, la ausencia de acervo probatorio impide considerar configurada la hipótesis de exclusión de la acción de repetición prevista en la disposición constitucional transitoria incorporada mediante Acto Legislativo 01 de 2017 articulo 26 para el caso sub examine, razón por la cual corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa conservar el conocimiento del presente asunto. En síntesis, se reitera que la Sala ostenta jurisdicción para conocer del presente asunto, por tratarse de la apelación interpuesta contra una sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro de un proceso de repetición con vocación de doble instancia, en el cual no se acreditó: (i) que los demandados hubiesen comparecido ante la JEP, y (ii) que dicha jurisdicción a través de decisión expresa haya definido su situación jurídica. Finalmente, si bien la Sala concluyó que era competente para decidir el sub judice, la situación fáctica expuesta durante el proceso primigenio guarda relación con el conflicto armado interno con ocasión de la ejecución extrajudicial de tres civiles. En tal virtud, la Subsección considera oportuno remitir copia de la presente providencia, con el objeto de que dicha jurisdicción tenga conocimiento de lo aquí decidido, en cuanto puede resultar relevante para el cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas por el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 1957 de 2019. FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 26, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 1957 DE 2019 CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Debe abstenerse el juez de imponer condena en costas en los procesos de repetición, al tratarse de asuntos en los que se ventila un interés público orientado a la protección del patrimonio estatal, conforme al artículo 188 del CPACA y a la interpretación de la Corte Constitucional en la sentencia C‑832 de 2001? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 del CPACA dispone que, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Esta Subsección, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-832 de 2001, ha considerado que el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues se busca la protección del patrimonio público, por lo tanto, la Sala se abstendrá de condenar en costas. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201501696011100103