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¿El Distrito cumplió la obligación de restituir los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo? No
El contratista no puede exigir la restitución de los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo si la entidad estatal incumple con el pago de los cánones de arrendamiento y la devolución de los bienes, ya que dicha situación constituye un incumplimiento contractual y no una ocupación temporal sin contrato. En este caso, el Distrito no restituyó los inmuebles y dejó de pagar los cánones al vencimiento del contrato, lo que fue declarado como incumplimiento contractual. La entidad debe pagar los cánones adeudados, pero no se ordenará el pago de las sumas canceladas a la propiedad horizontal ni de las cuotas de administración de parqueaderos, ya que estos no estaban incluidos en los contratos como obligaciones del arrendatario. Esta decisión reitera la obligación de cumplir con las condiciones pactadas en el contrato de arrendamiento y matiza la interpretación de la ocupación temporal sin contrato, enfatizando la naturaleza contractual del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Se declara el incumplimiento de la entidad y se ordena pagar los cánones adeudados?¿No se puede ordenar el pago de la administración de los parqueaderos porque su uso no estaba incluido en los contratos?¿El propietario del inmueble arrendado se encuentra legitimado por activa aun cuando el contrato que fundamenta las pretensiones fue suscrito por un mandatario?
¿La Unión Temporal, obligada a reexportar los equipos, demostró el pago anticipado de los gastos operacionales de reexportación? No
El contratista no demuestra el pago anticipado de los gastos operacionales de reexportación cuando está obligado a reexportar los equipos importados temporalmente, lo que implica que no cumple con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en la normativa que rige la importación temporal de corto plazo. En este caso, la Unión Temporal, como contratista, no cumplió con el deber de no venir en contra de sus propios actos, ya que en el otrosí N° 1 del contrato se pactó la obligación de mantener indemne a la entidad contratante respecto de las responsabilidades derivadas de las obligaciones de reexportación. Además, la entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales y la Unión Temporal no realizó las gestiones necesarias para la reexportación de los equipos, lo que llevó a la aprehensión de los camiones compactadores de basura por parte de la DIAN. La regla reitera la importancia de cumplir con los requisitos de la reexportación y las obligaciones contractuales para evitar incumplimientos y responsabilidades adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿Durante el lapso entre la entrega y la aprehensión de los camiones la arrendadora tampoco realizó las gestiones para la reexportación de los equipos?¿La arrendataria estuvo presta a cumplir la restitución de la cosa arrendada, pero la unión temporal se rehusó a recibir los equipos?¿El representante legal de la UT se rehusó a recibir los 21 camiones conforme a lo estipulado en el contrato de arrendamiento?
¿Las acciones relativas a los contratos caducan en el término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento? Sí
El contratista debe presentar las acciones relativas a los contratos dentro del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento, según el régimen de caducidad del Código Contencioso Administrativo modificado por el Decreto Ley 2304 de 1989. Esta regla no se aplica cuando el contrato sigue en ejecución a la fecha de presentación de la demanda, permitiendo al juez declarar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato si el objeto es ilícito, siempre que las partes contratantes hayan intervenido en el proceso para respetar el debido proceso. La Sala modifica la interpretación previa, reforzando la potestad judicial para declarar la nulidad absoluta en cualquier instancia, incluso si la controversia no giró en torno a la nulidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿La potestad de declarar la nulidad absoluta del contrato puede ejercerse al dictar el fallo, en cualquiera de las instancias, incluso si la controversia judicial no giró en torno a la nulidad?¿Los bienes declarados monumentos nacionales son considerados bienes de interés cultural, en tanto conforman el patrimonio cultural de la Nación, y son inalienables, imprescriptibles e inembargables?¿Se torna imperativa la modificación del fallo apelado, declarando oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de manera integral, en razón a la ilicitud de su objeto?
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve:¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla?¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso?¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a un contrato que no fue liquidado inicia desde el día siguiente a la fecha en que debió liquidarse? Sí
El contratista debe presentar la acción de controversias contractuales dentro del término de caducidad que comienza desde el día siguiente a la fecha en que debió liquidarse el contrato, incluso si este no fue liquidado, lo que implica que la entidad estatal puede demandar oportunamente si la acción se presenta dentro del plazo establecido. La Sala determina que la demanda fue presentada dentro del término de caducidad, iniciando desde el 1° de julio de 2016, fecha en que debió liquidarse el contrato de arrendamiento, y concluye que la condena en costas y agencias en derecho procede conforme a la norma procesal aplicable, condenando a la demandante a pagar tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la providencia, de acuerdo con los criterios y tarifas establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró un daño antijurídico derivado de la ocupación del bien inmueble durante la ejecución del contrato de arrendamiento?¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de acuerdo con la norma procesal aplicable?
¿El fuero de atracción constituye un fenómeno procesal a partir del factor de conexión de la competencia, el criterio de especialidad y los principios de economía, eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y el acceso efectivo a la administración de justicia, en la medida que extiende la jurisdicción del juez administrativo a personas de derecho privado, en los casos en que estas son demandadas de forma concomitante con sujetos de derecho público? Sí
El fuero de atracción es un fenómeno procesal que extiende la jurisdicción del juez administrativo a personas de derecho privado cuando son demandadas junto con sujetos de derecho público, siempre y cuando exista una conexión de competencia basada en la misma fuente y naturaleza del daño, y una probabilidad fundada de condena. Este criterio se aplica excepcionalmente para garantizar la economía, eficiencia y seguridad jurídica, y no altera las reglas de responsabilidad aplicables a los particulares, que siguen siendo las del derecho privado. En el caso concreto, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se pronunció sobre la responsabilidad de una sociedad privada y una persona natural, junto a la Beneficencia de Cundinamarca, por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento que causó la pérdida de mejoras en el inmueble, debido a la conexión de hechos y daños involucrados. Esta jurisprudencia reitera y matiza la aplicación del fuero de atracción, permitiendo su uso en casos de concausalidad y litisconsorcio necesario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.síntesis automática
También resuelve:¿En virtud de la competencia por conexidad y el fuero de atracción, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está habilitada para pronunciarse sobre la responsabilidad de la sociedad privada…¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa interpuesta para demandar el incumplimiento de un contrato de arrendamiento…¿Cuenta con legitimación en la causa por activa el gerente de la sociedad demandante, al suscribir el contrato de arrendamiento motivo de controversias en su doble condición de persona natural y…
¿Es procedente declarar el incumplimiento, la terminación del contrato de arrendamiento del bien inmueble y su restitución, al encontrarse probada la mora del pago por parte del arrendatario? Sí
Procede declarar el incumplimiento del arrendatario, dar por terminado el contrato de arrendamiento y ordenar la restitución del inmueble cuando se acredita la mora en el pago de los cánones. La regla se apoya en que la mora probada justifica la terminación y, habiéndose demostrado la restitución efectiva de uno de los inmuebles, solo procede la restitución del otro. Además, cuando el demandante es el único apelante, opera la prohibición de reformatio in pejus, de modo que el juez de segunda instancia no puede agravar la situación del apelante y debe mantener lo decidido en primera instancia. En el asunto, el arrendador no pidió en la instancia el reconocimiento de los cánones ni de los intereses de mora, lo que impedía conceder lo reclamado en apelación. La Sala confirmó la sentencia y actualizó la condena para conservar el poder adquisitivo de las sumas reconocidas. En la práctica, la condena por cánones se mantiene en su monto y solo se ajusta por indexación.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de pretensión de pago de los arrendamientos adeudados, impide el reconocimiento de lo reclamado en el recurso?¿Procede la condena en costas en segunda instancia, a cargo del recurrente, al haberse resuelto de manera desfavorable el recurso?
¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, cuando se encuentra probado que mediante un acuerdo bilateral las partes decidieron dar por terminado el contrato, no se demandó la nulidad de este acuerdo y, en todo caso, no se demostró la celebración de uno nuevo negocio jurídico? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento cuando las partes acuerdan terminarlo bilateralmente, no se demanda la nulidad de este acuerdo y no se demuestra la celebración de un nuevo contrato. La terminación del contrato por mutuo acuerdo implica la extinción de las obligaciones contractuales, por lo que no procede la responsabilidad del Estado por la ejecución de un supuesto contrato que ya fue terminado. Además, el juez no puede declarar oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo de terminación del contrato, ya que esta facultad está reservada a la parte interesada. En contratación estatal, el contrato debe perfeccionarse por escrito, por lo que la ejecución de un supuesto contrato sin formalidad escrita no genera responsabilidad del Estado. Esta decisión reitera la importancia de la terminación contractual por mutuo acuerdo y la necesidad de cumplir con los requisitos formales de perfeccionamiento en contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo suscrito entre las partes al estar incurso en un supuesto error al momento de celebrarse?¿Resulta procedente la responsabilidad del Estado porque el contrato de arrendamiento continuó ejecutándose, a pesar de que las partes expresamente lo terminaron anticipadamente…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-03-10Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020220010100CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿La licitación pública es el proceso contractual indicado para la selección del usuario operador de zona franca respecto de aquellos procesos regulados por el Estatuto de Contratación Pública? Sí
La Sala al analizar las disposiciones que regulan el requisito de la disponibilidad jurídica contenidas en el Decreto 2147 de 2016, concluyó, respecto de los terrenos de propiedad de la Nación, que este requisito no puede cumplirse, por cuanto el Estado no puede garantizarle a un persona la disponibilidad jurídica de los terrenos de su propiedad, a menos que dicha persona haya sido seleccionada como usuario operador de la zona franca para el período de vigencia de la prórroga, es decir, que el contrato de arrendamiento solo lo puede suscribir la Nación con el usuario operador que haya sido seleccionado, pero fruto de un proceso abierto y público.… Como corolario de lo anterior, no es posible prorrogar los contratos de arrendamiento vigentes que recaen sobre los terrenos de propiedad de la Nación como una forma de garantizar la disponibilidad jurídica exigida para la prórroga del término de la zona franca…
También resuelve:¿Es posible prorrogar, por tres años adicionales, los contratos de arrendamiento celebrados con los usuarios operadores de zonas francas ubicadas en terrenos de propiedad, total o parcial…¿Procede la expedición de un decreto reglamentario para prorrogar los contratos de arrendamiento celebrados con los usuarios operadores de zonas francas ubicadas en terrenos de propiedad…¿Las disposiciones especiales (No Contractuales) del artículo 26 y siguientes del Decreto 2147 de 2016, expedido en el marco de las Leyes 7 de 1991, 1004 de 2005 y 1609 de 2013…
¿Se acreditó el incumplimiento contractual por la parte demandada al ocupar un área superior a la pactada en el contrato de arrendamiento del bien inmueble y la falta de restitución de la cosa arrendada? Sí
El arrendatario que ocupa un área superior a la pactada en el contrato de arrendamiento de bien inmueble incurre en incumplimiento contractual, y esa conducta puede declararse aunque la demanda no cite una cláusula específica, siempre que la estipulación que identifica el objeto del arrendamiento y su extensión permita determinar la obligación desconocida. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando el contrato identifica el inmueble y su área total, esa identificación basta para establecer la obligación incumplida. Segundo, la restitución del inmueble es una obligación que surge al finalizar el contrato de arrendamiento, según el artículo 2005 del Código Civil, de modo que el incumplimiento se mantiene mientras el arrendatario continúe ocupando el bien. Tercero, la oportunidad de la demanda se mide con el término de caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales, y si la demanda se presenta dentro de ese término y el incumplimiento persiste, la declaratoria es procedente. La providencia confirma en todos sus apartes la decisión de primera instancia; en la práctica, el arrendador debe identificar la estipulación contractual que se desconoce al ocupar el área en exceso.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años establecidos por la ley, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de…¿Es procedente la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Procede la restitución del bien inmueble arrendado al terminar el plazo de ejecución si se han hecho modificaciones al contrato que no afectan el término de vencimiento del contrato? Sí
El contratista no puede detentar el bien inmueble arrendado después del vencimiento del plazo de ejecución del contrato, incluso si se han realizado modificaciones al contrato que no afectan el término de vencimiento, ya que estas modificaciones no tienen efecto jurídico una vez que el contrato ha dejado de estar vigente. La entidad estatal, en este caso, puede exigir la restitución del bien inmueble al finalizar el plazo de ejecución del contrato original, independientemente de las modificaciones posteriores. La Sala reitera la importancia de cumplir con los plazos de ejecución establecidos en el contrato y subraya que cualquier modificación posterior no puede extender el plazo de vigencia del contrato original. Esto implica que el contratista debe devolver el bien inmueble al final del plazo contractual, sin posibilidad de extender este plazo mediante modificaciones posteriores.síntesis automática
También resuelve:¿Cuándo procede la condena en costas y agencias en derecho?
¿Puede un fondo de creación legal, asimilable a una entidad de economía mixta, celebrar como arrendador un contrato de arrendamiento con opción de compra, conforme a su régimen jurídico y a las reglas sobre manejo de recursos públicos?
El contratista puede celebrar un contrato de arrendamiento con opción de compra con un fondo de creación legal asimilable a una entidad de economía mixta, siempre y cuando se ajuste a su régimen jurídico y a las reglas sobre manejo de recursos públicos, ya que el contrato de arrendamiento se define como un acuerdo en el que una parte concede el uso y goce de un bien a cambio de una renta, diferenciándose de la compraventa por no transferir el dominio del bien. Además, el EGCAP establece que los contratos estatales son actos jurídicos generadores de obligaciones que deben cumplir con las disposiciones del derecho privado o especiales, y el fondo debe cumplir con las normas generales de contratación estatal y de manejo de recursos públicos. Este concepto reitera la interpretación de que los fondos pueden celebrar contratos de arrendamiento con opción de compra, siempre que se ajusten a las normas aplicables, lo que implica que deben cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para la celebración de este tipo de contratos.síntesis automática
¿El contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa, o de ejecutar una obra o un servicio y, de la otra, de pagar, por este goce, obra o servicio, un precio determinado? Sí
El contratista no puede denominar un contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público como arrendamiento cuando combina obligaciones propias de la prestación de servicios y presenta rasgos de una concesión, ya que corresponde al juez determinar la naturaleza real del contrato más allá de la denominación formal acordada por las partes. En este caso, el contrato en cuestión no cumple con los elementos esenciales del arrendamiento, como el uso y goce exclusivo del bien, ya que el contratista fue encargado de la administración directa del bien y de la recuperación de la cartera morosa, lo cual implica una entrega total del bien y no solo su uso y goce. Además, el bien en cuestión, una plaza de mercado, está destinado al servicio público, lo que también impide la celebración de un contrato de arrendamiento. Esta decisión matiza la interpretación de la naturaleza de los contratos estatales y subraya la importancia de la función interpretativa del juez para determinar la verdadera naturaleza del contrato celebrado, independientemente de la denominación que le hayan dado las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento son el otorgamiento del goce o uso de un bien, el precio que se paga por el uso o goce de ese bien y el consentimiento de las partes?¿Las plazas de mercado son de bienes de uso público que prestan un servicio público por destinación legal?¿Cuándo el contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público, como lo es una plaza de mercado, combina obligaciones propias de la prestación de servicios…
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El contrato de arrendamiento en el que una de las partes es una entidad pública adquiere el carácter de contrato estatal, pues conforme a los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993 basta que una de las entidades allí enumeradas sea parte, sin importar el extremo de la relación que asuma, y su contenido se rige por las normas civiles y comerciales que lo regulan además del Estatuto General de Contratación. En estos contratos no pueden pactarse cláusulas de prórroga automática y solo pueden darse en arrendamiento bienes fiscales, no los de uso público. Independientemente del régimen aplicable, el contrato de arrendamiento debe publicarse en el SECOP como los demás contratos estatales, en virtud del principio de publicidad del artículo 209 de la Constitución Política, desarrollado por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.7 del Decreto 1081 de 2015, que obligan a publicar en el SECOP la gestión contractual realizada con cargo a recursos públicos. La reserva de información pública es excepcional y solo procede cuando el constituyente o el legislador la establecen expresamente.síntesis automática
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¿Están los contratos de arrendamiento que celebra una entidad pública para el aprovechamiento económico de un bien a su cargo, cobijados por las restricciones de los artículos 32, 33 y el parágrafo del artículo 38 de la ley 996 de 2005 por las elecciones territoriales previstas en octubre del año 2023?
Teniendo en cuenta que el parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías Electorales, establece una restricción en virtud de la cual, durante el periodo de cuatro (4) meses anteriores a cualquier jornada de elecciones, las entidades territoriales no pueden suscribir convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos. Para determinar el alcance de la prohibición consagrada por la Ley de Garantías Electorales, conviene precisar la tipología de convenios o contratos interadministrativos. Aunque la ley no la definió ni desarrolló, el Decreto 1082 de 2015 califica a los convenios o contratos interadministrativos como aquella contratación entre entidades estatales.
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¿Una persona natural que arrienda un bien inmueble a una entidad del Estado tiene la obligación de realizar aportes al Sistema de Seguridad Social Integral salud, pensiones y parafiscales?
El arrendamiento es un contrato bilateral, consensual, oneroso, de ejecución sucesiva, principal y nominado, por el cual el arrendador concede el goce de un bien a cambio de una renta. Cuando la persona natural que arrienda un inmueble a una entidad estatal actúa como contratista, la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral se hace de forma distinta a la de una persona jurídica. Según el concepto, en el caso de la persona natural la entidad verifica el pago de la seguridad social cuando se realizan los pagos del contrato, es decir, durante su ejecución. En cambio, en el caso de la persona jurídica, el comprobante de pago de los aportes de sus empleados debe presentarse con la oferta y constituye un criterio de admisión, sin perjuicio de que también se acredite durante la ejecución para el pago de las facturas. Por tanto, la entidad que contrate el arriendo con una persona natural debe verificar el pago de los aportes en el momento de cada desembolso.síntesis automática
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¿Es exigible la acreditación del pago de seguridad social al arrendador en un contrato de arrendamiento de bien inmueble, considerando la normativa vigente sobre la obligación de cotización y su aplicación a las relaciones contractuales?
En principio, por parte del contratista en calidad de arrendador o arrendatario. El pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte de los contratistas estatales es un requisito regulado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias, por lo que las Entidades Contratantes tienen el deber de verificar su cumplimiento antes de la celebración del contrato como es el caso de la afiliación, y durante su ejecución y liquidación el pago de los respectivos aportes conforme al valor de la prestación.
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¿Es obligatorio acreditar y pagar aportes de la Seguridad Social en los contratos de arrendamiento que suscriba una Entidad pública que actúa como arrendador con un particular quien funge como arrendatario ?
El pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte de los contratistas estatales es un requisito regulado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias, por lo que las Entidades Contratantes tienen el deber de verificar su cumplimiento antes de la celebración del contrato como es el caso de la afiliación, y durante su ejecución y liquidación el pago de los respectivos aportes conforme al valor de la prestación.
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¿Bajo qué criterio se determina la naturaleza estatal del contrato de arrendamiento celebrado por una entidad pública y, en consecuencia, la jurisdicción competente para conocer de las controversias que se deriven de este?
La postura es que el contrato estatal se identifica por el criterio orgánico o subjetivo, de modo que basta con que lo celebre una entidad estatal con capacidad legal para hacerlo, independientemente de que sea típico, especial o atípico. El concepto sostiene que esa calificación no se limita a las entidades de la Ley 80 de 1993, pues también pueden suscribir contratos estatales las entidades públicas con regímenes especiales, caso en el cual se trata de un contrato estatal de régimen exceptuado. Bajo ese marco, el contrato de arrendamiento celebrado por una entidad pública es estatal por el criterio orgánico, aun cuando su regulación de fondo se encuentre en el derecho civil, porque el Código Civil define sus elementos característicos: el arrendador concede el uso y goce de un bien a cambio de una renta o canon, sin transferir el dominio. Así, el arrendamiento puede caracterizarse con las definiciones civiles, que son aplicables a figuras no tipificadas en el estatuto. La consecuencia práctica es que el régimen sustancial del arrendamiento proviene del derecho civil, mientras que la calificación de estatal depende de la entidad que lo celebra.síntesis automática
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