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clave: "consejo_estado:providencia:08001233100019930760701-60359-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-02-19"
radicado: "08001233100019930760701"
numero: "60359"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-02-19
- **Radicado:** 08001233100019930760701
- **Número interno:** 60359
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** INDUSTRIAS METALURGICAS PERCARMONA IMPSA DE COLOMBIA
- **Demandado:** MUNICIPIO DE SOLEDAD (ATLANTICO)
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:08001233100019930760701-60359-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/08001233100019930760701/8A967E32364AFF1A4688853B708E6D940367C0A7AEEF8E7DA10ED935EC4CDF86/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=080012331000199307607011100103

## Problema jurídico

¿Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿El pacto arbitral estipulado en el contrato impide al Consejo de Estado asumir competencia en este caso?
- ¿Procede la acción contractual para solicitar la nulidad parcial de la resolución que declara el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de aseo y arrendamiento, la que la confirma…
- ¿La demanda principal y la demanda de reconvención se interpusieron en tiempo, esto es dentro de los dos años del término de caducidad?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto Ley 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 8 y 181
- Decreto Ley 222 de 1983

## Extracto

De conformidad con la jurisprudencia de esta Sección, el conocimiento de las controversias suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad, radica -al amparo de un criterio orgánico- en la jurisdicción de lo contencioso administrativo,Descendiendo al caso concreto, se observa que el presente litigio versa sobre: (i) la legalidad -parcial- de la Resolución n.o 366 del 12 de agosto de 1992, confirmadamediante Resolución No. 543 del 15 de diciembre de 1992, por medio de la cual el municipio de Soledad terminó unilateralmente, entre otros, el contrato de prestación de servicios de aseo y el contrato complementario de arrendamiento suscritos el 13 de diciembre de 1991 entre el municipio de Soledad e IMPSA, y el consecuente restablecimiento del derecho…

## Síntesis temática

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias originadas en contratos administrativos y en contratos de derecho privado de la administración regidos por el Decreto Ley 222 de 1983, aunque no se haya pactado cláusula de caducidad, porque el criterio que determina la competencia es orgánico. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el criterio orgánico asigna la competencia en función de la naturaleza pública de la entidad contratante, con independencia del régimen del contrato. Segunda, el litigio versa sobre la legalidad de actos administrativos contractuales y sobre el incumplimiento y la nulidad de contratos suscritos por un ente territorial, por lo que se cuestiona la validez de decisiones de la administración. Tercera, la competencia de segunda instancia se determina por la cuantía de las pretensiones al momento de presentarse la demanda, conforme al Código Contencioso Administrativo vigente. La providencia modifica la decisión de primera instancia en lo que corresponda. La consecuencia práctica es que la ausencia de cláusula de caducidad no excluye a la jurisdicción contencioso administrativa cuando el contrato es celebrado por una entidad pública.

## Descriptores temáticos

JURISDICCIÓN, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CLÁUSULA DE CADUCIDAD, PACTO ARBITRAL, OBJETO DEL PACTO ARBITRAL, TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, CLÁUSULA COMPROMISORIA, ALCANCE DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, OBJETO DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, ACCIÓN CONTRACTUAL, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ACCIÓN CONTRACTUAL CON FINES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO, SERVICIO DE ASEO PÚBLICO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, MUNICIPIO, CONTRATO ONEROSO, ONEROSO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO, CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, NORMATIVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, LEY APLICABLE AL CONTRATO, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTIVIDAD CONTRACTUAL, RECURSO DE APELACIÓN, LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN, JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, PRINCIPIO DISPOSITIVO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, COSA JUZGADA, CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA, EFECTOS DE LA COSA JUZGADA, NULIDAD DEL CONTRATO, SOLICITUD DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, TESTIMONIO, INEFICACIA DEL TESTIMONIO, REQUISITOS DEL TESTIMONIO, VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO, PUBLICACIÓN EN PRENSA, VALOR PROBATORIO DE NOTICIA EN PRENSA ESCRITA, PRENSA, ARTÍCULOS DE PRENSA, ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO, ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMATORIO, CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR LA ADMINISTRACIÓN, ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, CRISIS ECONÓMICA, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN, FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, INCONFORMIDAD EN LA TASACIÓN DE PERJUICIOS, RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO, PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO, IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA, FALTA DE PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS, FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL, NEGACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL, NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, NEGACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS, PERJUICIO MATERIAL, INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

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## Texto del documento

JURISDICCIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA DE CADUCIDAD
Problema jurídico:
¿Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la jurisprudencia de esta Sección, el conocimiento de las controversias suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad, radica -al amparo de un criterio orgánico- en la jurisdicción de lo contencioso administrativo,Descendiendo al caso concreto, se observa que el presente litigio versa sobre: (i) la legalidad -parcial- de la Resolución n.o 366 del 12 de agosto de 1992, confirmadamediante Resolución No. 543 del 15 de diciembre de 1992, por medio de la cual el municipio de Soledad terminó unilateralmente, entre otros, el contrato de prestación de servicios de aseo y el contrato complementario de arrendamiento suscritos el 13 de diciembre de 1991 entre el municipio de Soledad e IMPSA, y el consecuente restablecimiento del derecho; (ii) el incumplimiento de dichos contratos; y (iii) la nulidad del primero de estos. En consecuencia, al margen del régimen aplicable a los contratos referidos (...), se colige que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer y decidir acerca de la presente controversia, pues a través de la misma se cuestiona la validez de actos administrativos contractuales, así como también el incumplimiento y nulidad de contratos suscritos por el municipio de Soledad, el cual ostenta la calidad de ente territorial, de donde se desprende claramente su naturaleza pública, (...). Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 5 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que el valor total de las pretensiones para el año 1993 supera los $3.500.000, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 , 132 numeral 8 y 181 del Código Contencioso Administrativo, vigentes para el momento de la presentación de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia del Consejo de Estado para conocer de controversias contractuales sobre contratos de derecho privado de la administración, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 7 de junio de 2007, exp 16020, C.P. Ruth Stella Correa Palacio
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 8, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 181, DECRETO LEY 222 DE 1983
PACTO ARBITRAL / OBJETO DEL PACTO ARBITRAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CLÁUSULA COMPROMISORIA / ALCANCE DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBJETO DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El pacto arbitral estipulado en el contrato impide al Consejo de Estado asumir competencia en este caso?
Respuesta al problema jurídico: No
Para finalizar el análisis de la jurisdicción y competencia que le corresponde realizar a la Sala, debe anotarse que, en lo que guarda relación con la posibilidad de acudir a un Tribunal de Arbitramento (...) Al respecto, como se desprende del citado pacto arbitral, se observa que las partes contemplaron la posibilidad de acudir a un Tribunal de Arbitramento, pero no acordaron el deber de hacerlo, de tal suerte que podían acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para dirimir la controversia. Conviene aquí recordar que la fuente primordial del arbitraje es el negocio jurídico, denominado pacto arbitral, que tiene por objeto sustraer del conocimiento del órgano jurisdiccional permanente la decisión de los conflictos que hayan surgido o que puedan eventualmente surgir entre las partes que lo celebran. Así, en virtud del pacto arbitral (compromiso o cláusula compromisoria), las partes de manera consciente y voluntaria acuerdan habilitar la competencia de los árbitros para resolver las diferencias existentes o eventuales entre ellas, a la vez que deciden derogar la jurisdicción y la competencia de los jueces institucionales o permanentes . En este sentido, es de resaltar que la intención en punto a someter las controversias al conocimiento y decisión de la justicia arbitral debe ser clara e inequívoca, tal como lo ha expuesto esta Subsección, por ejemplo en sentencia del 29 de marzo de 2019, expediente 39080 , postura que aquí se reitera, de donde se advierte que la cláusula estipulada en el presente asunto no impide la asunción de competencia en el caso que ocupa la atención de la Sala porque las partes pactaron la mera posibilidad de acudir al arbitraje, vale decir, de su lectura no se desprende el deseo ineludible de declinar la competencia de los jueces estatales y someterse a la justicia arbitral
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la intención clara e inequivoca en el pacto arbitral, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subseccion A, Sentencia del 7 de marzo de 2012, exp. 18013, C.P. Mauricio Fajardo Gomez; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de noviembre de 2015, exp. 07001-23-31-000-2003-00018-01(28507). C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. La sentencia que fue reiterada en esta ocasión es: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subseccion C, sentencia del 29 de marzo de 2019, exp. 39080, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas
ACCIÓN CONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACCIÓN CONTRACTUAL CON FINES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / SERVICIO DE ASEO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Procede la acción contractual para solicitar la nulidad parcial de la resolución que declara el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de aseo y arrendamiento, la que la confirma, y el consecuente restablecimiento del derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 87 del CCA, subrogado por el artículo 17 del Decreto 2304 de 1989, vigente para el momento de la presentación de la demanda, la acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para que las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad acudan ante el juez en procura de solicitar: (i) que se declare su existencia o nulidad; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. De igual manera, el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. Bajo el anterior contexto, en el presente caso la acción contractual ejercida por la parte demandante es adecuada, por cuanto en el libelo introductorio se pretende: (i) la nulidad -parcial- de la Resolución n.º 366 del 12 de agosto de 1992 y de su confirmatoria, esto es, la Resolución n.º 543 del 15 de diciembre de 1992, y el consecuente restablecimiento del derecho; (ii) el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de aseo y del contrato complementario de arrendamiento suscritos el 13 de diciembre de 1991 entre el municipio de Soledad e IMPSA; y (iii) la nulidad del primero de estos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la acción contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 7 de junio de 2007, exp. 16020, C.P. Ruth Stella Correa Palacio
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2304 DE 1989 - ARTÍCULO 17, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La demanda principal y la demanda de reconvención se interpusieron en tiempo, esto es dentro de los dos años del término de caducidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s pertinente indicar que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 446 de 1998, la jurisprudencia del Consejo de Estado señaló que para efectos de computar la caducidad de la acción contractual debía hacerse una distinción entre los contratos que requerían de liquidación, respeto (sic) de aquellos que no. (...) En tal sentido, frente a la pretensiones relativas a la nulidad -parcial- de las Resoluciones n.º 366 del 12 de agosto de 1992 y n.º 543 del 15 de diciembre de 1992 y el consecuente restablecimiento del derecho, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, porque el último de los actos fue notificado mediante edicto desfijado el 18 de enero de 1993 y la demanda principal se formuló el 21 de mayo de 1993 (...) Por otro lado, en cuanto a las pretensiones concernientes al incumplimiento de los contratos de prestación del servicio de aseo y de arrendamiento suscrito el 13 de diciembre de 1991, se considera, igualmente, que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, porque el plazo para liquidarlos feneció el 16 de abril de 1994 y el 16 de junio de 1994, respectivamente, y la demanda principal se formuló el 21 de mayo de 1993 (...) Finalmente, con relación a la pretensión de nulidad del contrato de prestación de servicios de aseo, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, porque el acuerdo de voluntades se suscribió el 13 de diciembre de 1991 y la demanda de reconvención se formuló el 2 de agosto de 1993, es decir, dentro del término de caducidad de dos (2) años.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los contratos que requieren liquidación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 15239, C.P. Mauricio Fajardo Gomez
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / CONTRATO ADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / MUNICIPIO / CONTRATO ONEROSO / ONEROSO
Problema jurídico:
¿El contrato de servicio de aseo de este caso se clasifica como contrato administrativo al amparo del Decreto Ley 222 de 1983?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s menester establecer si, al amparo de lo establecido en el artículo 16 del Decreto Ley 222 de 1983, los contratos que dieron lugar a la expedición de los actos acusados se clasifican como contratos administrativos o si, por el contrario, corresponden a contratos derecho privado de la administración. (...) Con relación al contrato de prestación de servicios para el aseo del Municipio, (...) se observa que el contrato referido se enmarcó en la tipología de los contratos de prestación de servicios definida en el artículo 163 del Decreto Ley 222 de 1983, (...) A este respecto, conviene señalar que en virtud del Decreto ibídem el contrato de prestación de servicios era entendido como aquel en el que el contratista se comprometía a poner su fuerza de trabajo al servicio de la entidad contratante para la realización de una actividad específica relacionada con el cumplimiento de las funciones a cargo de aquella, a cambio de un pago, puesto que se trata de un contrato oneroso. En suma, comoquiera que según lo establecido en el artículo 311 de la Constitución Política, a los municipios les corresponde prestar los servicios públicos que determina la Ley, entre ellos, el servicio público de aseo, se colige que el negocio jurídico examinado se enmarca en un contrato de prestación de servicios, razón por la cual se clasifica como un contrato administrativo al que le resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 222 de 1983
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las características del contrato de prestación de servicios, ver: Consej

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

nto con fundamento en la configuración de esta especial situación, sin duda alguna desconoció lo acordado entre las partes, pues si no estaban dadas las condiciones para terminar el contrato de prestación de servicios de aseo el Municipio no podía finalizar el contrato de arrendamiento. A la anterior conclusión arriba la Sala partiendo de recordar que el soporte sobre el que se estructura el régimen contractual es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados (...) El principio enunciado –pacta sunt servanda, garante de la seguridad jurídica, constituye pilar esencial de las relaciones contractuales y encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y obligaciones. Tanto es así, que toda la estructura jurídica construida sobre la base del poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus propias reglas de conducta descansa en la confianza de que se cumplirá aquello que se conviene libre y voluntariamente. Continuando con el estudio de los elementos de la responsabilidad contractual, en el presente caso se aprecia que el incumplimiento del contrato es atribuible al actuar del municipio de Soledad, pues aquel procedió de forma ilegal y por tanto ilegítima a dar por terminado el contrato complementario de arrendamiento e incumplir sin causa justificada la obligación de ejecutarlo en los términos estipulados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber de honrar la autonomía de la voluntad expresada en lo estipulado en los contratos, fuerza normativa del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 18 de agosto de 2020, exp. 36875, C.P. Guillermo Sánchez Luque; sobre la responsabilidad contractual del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2010, exp.18499, C.P. Mauricio Fajardo Gómez
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 222 DE 1983
IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / NEGACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS / PERJUICIO MATERIAL / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Procede la indemnización por el incumplimiento del contrato de arrendamiento y procede la declaratoria de responsabilidad contractual, al haber sido terminado de forma unilateral por el municipio, aún cuando los peruicios materiales no fueron probados por la parte demandante?
Respuesta al problema jurídico: No
Finalmente, en lo que atañe a la indemnización del perjuicio sufrido por el contratista con ocasión del incumplimiento del contrato de arrendamiento, en la demanda el extremo activo solicitó el resarcimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, causados por la terminación del contrato, puntualmente el costo de los valores en que incurrió el arrendatario por concepto de elementos de consumo (combustibles, lubricantes, repuestos, llantas y materiales de construcción) y gastos generales (pólizas). Al respecto, tras examinar el expediente, se advierte que en el asunto sub judice la parte actora no probó lo afirmado en su demanda, según lo cual por cuenta de la terminación del contrato de arrendamiento incurrió en los gastos referidos. Sobre este particular, cabe señalar que la única prueba que obra en el proceso resulta ser el dictamen pericial rendido por el contador (...); sin embargo, al analizar la experticia se advierte que esta se centró en evaluar los perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios de aseo, más no del contrato complementario de arrendamiento, de tal suerte que la prueba carece de eficacia probatoria para los efectos que aquí nos ocupan, pues no comprendió la materia objeto de debate en el presente capítulo. Al margen de lo anterior, la Sala considera que, aun cuando hipotéticamente obraran pruebas en el expediente que acreditaran los gastos solicitados por el demandante con ocasión de la terminación unilateral del contrato complementario de arrendamiento, no sería procedente su reconocimiento, pues si el objeto de la responsabilidad es la reparación del daño causado, llevando a la víctima a la misma situación en que se encontraría de no haberse producido el hecho dañoso, resulta claro que en el presente caso y de acuerdo con lo convenido en el contrato, IMPSA tenía a su cargo asumir las reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos, suministrar combustibles, lubricantes y repuestos; y otorgar y mantener vigentes los seguros y garantías (...). En otras palabras, de haberse ejecutado el contrato bajo las condiciones acordadas, el arrendatario habría incurrido en todos los gastos asociados a las reparaciones, mantenimiento, suministro de combustibles, lubricantes y pólizas, de tal suerte que se trata de costos que en cualquier caso asumiría el contratista, aún en el evento de no mediar incumplimiento contractual. Para que se configure la declaratoria de responsabilidad contractual de la Administración, no solamente basta con acreditar el incumplimiento y la imputación a la entidad pública demandada, sino que también es menester probar la existencia del perjuicio o la afectación patrimonial. Por tanto, comoquiera que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el perjuicio como elemento de la responsabilidad contractual requiere de prueba, la Sala se abstendrá de declarar la responsabilidad contractual del municipio de Soledad por la terminación anticipada del contrato de arrendamiento. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia del 5 de mayo de 2017 (...) el restablecimiento del derecho reconocido y ordenado en la sentencia de primera instancia tan solo deberá comprender los perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios de aseo; y que no se configuró la responsabilidad contractual del municipio de Soledad respecto de la terminación unilateral del contrato de arredramiento. En los demás aspectos la sentencia de primera instancia será confirmada.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-02-19. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 08001233100019930760701. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:08001233100019930760701-60359-sentencia).
