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¿El régimen jurídico que gobierna el contrato de obra celebrado entre Fonade y la unión temporal Antiguo Idema 2010, es del Estatuto General de la Administración Pública, Ley 80 de 1993? Sí
El régimen de contratación aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado de carácter financiero se rige por normas especiales que excluyen la aplicación del Estatuto General de Contratación a partir de las modificaciones legales pertinentes. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo se sometió temporalmente al Estatuto General de Contratación bajo la vigencia del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, dicha disposición fue derogada expresamente por la Ley 1450 de 2011, estableciendo que la contratación de entidades financieras estatales como Fonade queda exceptuada de la referida normativa pública. En consecuencia, para contratos celebrados con anterioridad a dicha modificación normativa, rigen las reglas vigentes al momento de su perfeccionamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿El ejercicio de la potestad excepcional de la caducidad solo puede ser ejercida por la administración pública mientras esté vigente el plazo general del contrato?¿La entidad estatal ejerció dentro del término legal su competencia para declarar la caducidad del contrato estatal?¿Resultaba procedente ordenar la liquidación judicial del contrato y establecer un saldo a favor del contratista, pese a la existencia de una liquidación unilateral en firme no controvertida…
CLÁUSULA DE CADUCIDAD,INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN,DERECHO A LA DEFENSA,BATIMETRÍA,CADUCIDAD DEL CONTRATO – Inclusión obligatoria,Potestad de decretar la caducidad,Parte que la alega,Deber de demostrar,Existencia de la obligación,Violación – Mes: julio – Año: 2015…
ACCIÓN CONTRACTUAL,CADUCIDAD DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,POSESIÓN MATERIAL DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO,FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES DESCENTRALIZADAS,CLÁUSULA DE CADUCIDAD – Inmueble arrendado,Cambio de destinación,Autorización,Caducidad,Excepción probada,Derecho privado,Contenida en,Contrato de arrendamiento,Otorgada,Mediante acto administrativo,Procedencia – Mes: julio – Año: 2013…
También resuelve:Contrato de arrendamiento: incumplimiento, inmueble arrendado, cambio de destinación, autorizaciónFalta de legitimacion en la causa: por pasiva, excepción probadaContratos celebrados con entidad es descentralizadas: normativa, Decreto Ley 222 de 1983, naturaleza, derecho privado
¿Existe ineptitud sustantiva de la demanda cuando se demandan actos administrativos de trámite? Sí
El interventor no comete ilegalidad al emitir un informe en su calidad de director de interventoría, incluso si ha sido removido de cargos administrativos superiores, siempre que la firma del informe sea consensuada y legalmente válida, y no afecte la continuidad de la obra. En este caso, el señor, quien era director de interventoría, emitió un informe crucial para el procedimiento administrativo sancionatorio, a pesar de haber sido removido del cargo de subgerente. Su firma en el informe fue avalada por la presencia del representante legal de la sociedad interventora en las reuniones y la firma conjunta de las actas, lo que garantizó la legalidad del documento. Como resultado, la Sala considera que el informe no es ilegal y lo tiene en cuenta para estudiar el procedimiento administrativo sancionatorio, descartando la supuesta infracción del literal a del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.síntesis automática
También resuelve:¿Se demostró que el informe de interventoría tuviera las inconsistencias alegadas por el demandante?¿El contratista debe demostrar que las precipitaciones invernales superaron el grado de previsibilidad necesario para ocasionar la fractura de la ecuación contractual?¿La suspensión de mutuo acuerdo del contrato puso al contratista en un estado de incumplimiento contractual?
¿El acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato, que se rige por el Decreto 222 de 1983, es nulo porque fue expedido una vez expirado el plazo pactado para ello y si procede la reparación por esa circunstancia? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de un acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato estatal que se rige por el Decreto 222 de 1983, si dicho acto fue expedido después de vencido el plazo pactado para su ejecución, ya que la entidad no contaba con la competencia legal para realizarlo. La Sala establece que la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad del acto administrativo, ya que esta irregularidad destruye la presunción de legalidad que ostenta el acto. Además, si la liquidación unilateral contiene acuerdos parciales, la nulidad total del acto administrativo no prospera respecto a estos acuerdos, siempre y cuando estos se fundamenten en el acuerdo de voluntades de las partes. Esta decisión reitera la importancia del principio de legalidad en la contratación estatal y subraya la necesidad de que las entidades actúen dentro de los límites de sus competencias legales.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando se demanda por nulidad la totalidad del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato pero dicho acto contiene acuerdos parciales…¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para resolver el conflicto originado en un contrato suscrito por la administración que se rige por el derecho privado y tiene la…¿Cuál es la acción procedente para reclamar la nulidad del acto administrativo contractual de liquidación del contrato?
¿Procede la nulidad parcial del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato y lo liquidó unilateralmente, en cuanto ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo a cargo de la aseguradora sin que se hubiera acreditado un uso o apropiación indebida? Sí
La garantía de anticipo cubre el uso o la apropiación indebida del anticipo, pero no la no amortización de este, de modo que la entidad no puede hacer efectivo el amparo de anticipo por ese último concepto. La regla se apoya en el alcance del amparo que el reglamento vigente para la época de los hechos exigía en las garantías únicas de cumplimiento, según el Decreto 679 de 1994. Por ello, la devolución de la parte no amortizada del anticipo, ordenada en la liquidación unilateral, no permite cobrar el amparo a la aseguradora si no se acreditó un uso indebido. En el asunto, la entidad ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo al declarar la caducidad, sin acreditar uso o apropiación indebida, por lo que la Sala anuló parcialmente los actos demandados en esa parte. En la práctica, el amparo de anticipo exige probar el uso indebido y no basta con el saldo no amortizado del anticipo.síntesis automática
También resuelve:¿En el pliego de condiciones se previó la inclusión de cláusulas excepcionales, por ser obligatorias en contratos suscritos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de…¿EPM estaba facultado para declarar la caducidad del contrato, debido a que en el pliego de condiciones se reguló la inclusión de cláusulas excepcionales en los que se otorgaba esa potestad a la…¿La declaratoria de caducidad del contrato administrativo estuvo motivada en el incumplimiento por parte del contratista que dio lugar a la suspensión de la ejecución de las obras?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-05-04Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020200333301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿De la confrontación de la norma superior invocada, que indica que para utilizar "cláusulas exorbitantes" en un contrato celebrado por una empresa social del Estado, está a su discreción debe haberlas pactado, con las resoluciones acusadas que impusieron la caducidad del contrato, sin que se hubiera pactado que la E.S.E. lo pudiera hacer, se cumple el primer requisito para decretar la medida cautelar de la suspensión provisional de dichas resoluciones? Sí
El contratista puede solicitar la suspensión provisional de resoluciones que declaren la caducidad de un contrato estatal cuando la entidad estatal no haya pactado en el contrato la facultad de declarar la caducidad, lo cual implica una violación del numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993. La Sala considera que la acreditación de un pasivo a cargo de la compañía aseguradora a favor de la E.S.E., como consecuencia de la declaratoria de ocurrencia del siniestro, demuestra sumariamente la existencia de un perjuicio, cumpliendo así el segundo requisito para decretar la medida cautelar. Esto implica que la entidad estatal debe respetar las cláusulas pactadas en el contrato y no puede ejercer facultades no previstas, lo que protege los intereses del contratista y de la compañía aseguradora.síntesis automática
También resuelve:¿La acreditación de un pasivo a cargo de la compañía aseguradora a favor de la Empresa Social del Estado que declaró la caducidad de un contrato afianzado por la aseguradora…
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y de personas privadas que desempeñan funciones administrativas? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y personas privadas que desempeñan funciones administrativas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y el Decreto 222 de 1983. La acción de controversias contractuales fue presentada oportunamente, dentro del plazo de dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que la fundamentan, según lo dispone el artículo 136 del mismo código antes de su modificación por la Ley 446 de 1998. La Sala no considera que se haya configurado un error grave en el dictamen pericial, ya que las objeciones se refieren a las conclusiones del experto y no al objeto del dictamen, lo que implica que el juez debe valorar las conclusiones del perito de acuerdo con la sana crítica.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?¿Se configuró un error grave frente al dictamen pericial rendido dentro del proceso?¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra, es el vigente para la época en que se inició el procedimiento de selección y se perfeccionó el contrato?
¿El contratista incumplió sus obligaciones respecto de la programación de la obra desde un inicio? Sí
El contratista incumple sus obligaciones respecto a la programación de la obra desde el inicio, lo que se evidencia por retrasos superiores al 25% mensual en la inversión y metas físicas, sin que las modificaciones en los planos por parte de la interventoría justifiquen estos atrasos. La entidad no incumple al modificar los planos, previsto en el contrato, y el contratista no acredita justificación alguna para su incumplimiento. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reforzando que el incumplimiento del contratista en la programación inicial invalida la excepción de contrato no cumplido, con implicaciones significativas para la responsabilidad contractual y la ejecución de obras públicas.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante aceptó que conocía los motivos que dieron lugar a declarar la caducidad del contrato antes de que se expidiera ese acto administrativo?¿Los incumplimientos que dieron lugar a la declaratoria de caducidad estaban relacionados con la falta de ejecución de la obra?¿Para el momento en que se ejecutaron las obras extras ordenadas por la Interventoría, el contratista ya había incumplido la programación de la obra ordinaria?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-03-26Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 68001233300020190087901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se modificará parcialmente la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que rechazó la demanda? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que se calcula a partir de la fecha de entrega de la obra o de la suscripción del acta de entrega, según lo estipulado en el contrato y la ley. En este caso, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó la demanda por considerar que la presentación fue extemporánea para todos los tramos de la obra, pero la Sala modificó parcialmente dicha decisión al determinar que la demanda fue oportuna para 14 tramos de la vía sustitutiva, cuyo término de caducidad corrió entre el 24 de junio de 2018 y el 24 de junio de 2020, mientras que para los 4 tramos restantes la caducidad debía contarse a partir de la suscripción del Acta de entrega, es decir, entre el 1 de mayo de 2015 y 1 de mayo de 2017, por lo que la demanda no fue oportuna. Esta decisión implica que el cómputo del término de caducidad debe hacerse de manera distinta según las circunstancias específicas del contrato y la obra en cuestión.síntesis automática
También resuelve:¿Subsistieron obligaciones exigibles con posterioridad a la entrega material de la obra?¿INVIAS tuvo conocimiento de los problemas presentados en los túneles previo a la fecha alegada en el recurso de apelación?¿El contratista sigue siendo responsable por los defectos que puedan manifestarse durante el período de garantía o por los vicios ocultos?
¿Es procedente reconocer la reclamación del demandante por los sobrecostos originados por mayor permanencia en la obra, a pesar de que las partes en el marco de la autonomía de la voluntad, pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo? No
El contratista no puede reclamar por sobrecostos originados por una mayor permanencia en la obra, cuando las partes en el marco de la autonomía de la voluntad pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni por la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia, y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo. La intención de las partes, claramente exteriorizada en el contrato, prevalece y no es posible interpretar el contrato de manera que vaya en contra de lo acordado por los contratantes. Esta regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y la necesidad de respetar la intención de las partes, lo que implica que los contratistas deben cumplir con los acuerdos pactados y renunciar a cualquier reclamación en los términos acordados.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que la demandada incumplió el pago de las actas de reajuste reclamadas, según lo pactado por las partes en el contrato de obra pública…¿El desplazamiento patrimonial alegado por el demandante, que tiene origen en el contrato de obra pública, perseguido a través de la acción de controversias contractuales…¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de los contratos administrativos?
¿Los actos administrativos que declararon unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato fueron expedidos sin competencia y en consecuencia procede su nulidad, en razón a que esta facultad de la Administración fue suprimida temporalmente cuando entró en vigencia la Ley 80 de 1993 y derogó el Decreto 222 de 1983? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato, cuando estos se expiden sin la competencia legal correspondiente, ya que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la facultad de las entidades para declarar incumplimientos y caducidades hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad pierde su competencia para declarar la caducidad una vez vencido el plazo pactado para la ejecución del contrato. Asimismo, el debido proceso debe garantizarse en todas las actuaciones administrativas, permitiendo al afectado ejercer su derecho de contradicción y defensa. Estas reglas implican que los actos administrativos que no respetan estas garantías y competencias pueden ser declarados nulos, protegiendo así los derechos del contratista en el marco de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato es necesario que el plazo pactado para su ejecución esté vigente, porque de haber finalizado…¿El derecho al debido proceso debe garantizarse en las actuaciones administrativas y conlleva a que el afectado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa?¿Ante la ausencia de pruebas sobre el detrimento patrimonial y la falta de acreditación de los perjuicios materiales, procede la negativa de las pretensiones económicas o la condena en abstracto?
¿El contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes? Sí
Los contratos celebrados por una empresa social del Estado son negocios jurídicos sometidos al derecho privado, en los que pueden pactarse discrecionalmente las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública. Esta regla se apoya en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, que dan a la empresa el carácter de entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Por ello, la presencia de facultades exorbitantes no cambia la naturaleza privada del negocio, sino que habilita a la entidad a ejercer ciertas potestades unilaterales. En el caso concreto el contrato de prestación de servicios se rige por normas civiles y comerciales y contiene facultades de declaración de caducidad, interpretación, modificación y terminación unilaterales, que fueron pactadas por la empresa. La sala confirmó la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la empresa social del Estado puede pactar cláusulas exorbitantes en contratos regidos por el derecho privado.síntesis automática
También resuelve:¿El Hospital de Yopal desconoció las reglas procedimentales previstas en la ley para la declaratoria de caducidad contractual e imposición de multas afectando el debido proceso y la defensa del…¿El Hospital de Yopal incurrió en desviación de poder porque persiguió un interés distinto al público al expedir las Resoluciones 263 y 380 de 2019?¿Los motivos de las resoluciones demandadas, fueron falsos o alejados de la realidad contractual, teniendo en cuenta el incumplimiento mutuo justificante de la exceptio non adimpleti contractus?
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista debe tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que la entidad estatal liquide unilateralmente el contrato, ya que la ley establece un procedimiento administrativo que garantiza este derecho, aunque la intención del legislador es que la liquidación se realice por mutuo acuerdo entre las partes. La Sala modificó la interpretación anterior de que la liquidación unilateral puede realizarse sin este trámite, lo que implica que las entidades estatales deben seguir un procedimiento más riguroso antes de tomar esta decisión, protegiendo así los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que las partes hubieran tenido acercamientos sobre el trámite bilateral de liquidación?¿Ni en la resolución ni en su acto confirmatorio la entidad hizo alusión a incumplimientos del consorcio respecto de las obligaciones asociadas al manejo del anticipo que le fue entregado?¿Los diversos amparos de las garantías de cumplimiento se asocian a las diferentes obligaciones de los contratistas?
¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión?¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral?¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo?¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación?¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?
Sentencia — Sentencia2025-06-18Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 15001233300020190001701LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Puede un juez declarar de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada, sin que medie solicitud de parte? Sí
El juez declara de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada en el proceso, por tratarse de un mecanismo irrenunciable de seguridad jurídica. La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Debe considerarse de manera separada el término de caducidad para las pretensiones de nulidad de un contrato estatal y de los actos administrativos que lo declaran terminado anticipadamente?¿Opera la caducidad respecto de la acción de nulidad absoluta de una cláusula contractual cuando el supuesto vicio era conocido desde el perfeccionamiento del contrato y la demanda se presentó por…¿La demanda presentada fue radicada dentro del término de caducidad respecto de los actos administrativos impugnados?
¿Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias originadas en contratos administrativos y en contratos de derecho privado de la administración regidos por el Decreto Ley 222 de 1983, aunque no se haya pactado cláusula de caducidad, porque el criterio que determina la competencia es orgánico. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el criterio orgánico asigna la competencia en función de la naturaleza pública de la entidad contratante, con independencia del régimen del contrato. Segunda, el litigio versa sobre la legalidad de actos administrativos contractuales y sobre el incumplimiento y la nulidad de contratos suscritos por un ente territorial, por lo que se cuestiona la validez de decisiones de la administración. Tercera, la competencia de segunda instancia se determina por la cuantía de las pretensiones al momento de presentarse la demanda, conforme al Código Contencioso Administrativo vigente. La providencia modifica la decisión de primera instancia en lo que corresponda. La consecuencia práctica es que la ausencia de cláusula de caducidad no excluye a la jurisdicción contencioso administrativa cuando el contrato es celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve:¿El pacto arbitral estipulado en el contrato impide al Consejo de Estado asumir competencia en este caso?¿Procede la acción contractual para solicitar la nulidad parcial de la resolución que declara el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de aseo y arrendamiento, la que la confirma…¿La demanda principal y la demanda de reconvención se interpusieron en tiempo, esto es dentro de los dos años del término de caducidad?
¿Se acreditó una afectación grave y directa de la ejecución del contrato de concesión suscrito para la prestación del servicio de salud, que diera lugar a la declaratoria de su caducidad por incumplimiento del concesionario? Sí
En el contrato de concesión de servicios de salud, la caducidad por incumplimiento del concesionario procede cuando se acredita una afectación grave y directa de la ejecución del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el concesionario asumió la prestación, operación y gestión total del servicio público, y estaba obligado a prestar los servicios de conformidad con la normatividad vigente, de modo que su incumplimiento grave compromete el objeto del contrato. Segunda, la afectación de la ejecución debe ser directa y de entidad suficiente para justificar la declaratoria, y no basta una dificultad transitoria. En el caso, la providencia confirma la declaratoria de caducidad porque la ejecución del contrato resultó gravemente afectada por el incumplimiento del concesionario. La providencia resalta que la afectación debe ser directa frente a la ejecución del contrato. En la práctica, la entidad que declare la caducidad debe documentar la afectación grave y directa de la prestación del servicio, pues esa prueba sustenta la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿El medio de control procedente para controvertir la legalidad del acto contractual que declara la caducidad contrato, es el de controversias contractuales?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre las sociedades que integran la unión temporal, por ser las afectadas con la declaratoria de caducidad del contrato?
¿Desbordó la parte apelante los límites del recurso de apelación al introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, modificando con ello la causa petendi y desconociendo el principio de congruencia y el derecho al debido proceso? Sí
El contratista no puede introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, ya que esto modifica la causa petendi y viola el principio de congruencia y el derecho al debido proceso. La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia se limita a los aspectos esgrimidos en contra de la decisión de primer grado, y que las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles. En consecuencia, cualquier argumento nuevo que no guardó relación con el litigio tal como fue fijado por el juez de primera instancia no puede ser abordado en segunda instancia. Esta regla reitera y confirma precedentes anteriores sobre el marco de competencia del juez en segunda instancia y la importancia del principio de congruencia en el proceso de contratación estatal, lo que implica que las partes deben presentar todos los argumentos y pretensiones en primera instancia para evitar la improcedencia de nuevos cargos en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la nulidad del otrosí n.° 1 del contrato de concesión por haber modificado la destinación de los recursos de la subcuenta de gestión predial y el esquema de asignación de riesgos…¿Se encontraba ajustada a derecho la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, al haberse acreditado un incumplimiento grave y directamente relacionado con el objeto contractual que…¿Se respetaron el debido proceso y el derecho de defensa del concesionario en el procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad…