Titulación de la relatoría 25.279 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / ACTUACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición promovido por la entidad pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la competencia en acciones de repetición reguladas por el Código Contencioso Administrativo se determina de acuerdo con el criterio de conexidad consagrado en el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, siempre y cuando tengan origen en un proceso judicial que hubiere cursado ante esta jurisdicción y en virtud del cual hubiere resultado comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que se requiera establecer la cuantía del asunto. De conformidad con lo anterior, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de un proceso de repetición.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la competencia del Consejo de Estado para conocer de acciones de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 23 de noviembre de 2016, rad. 46108, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 13 de abril de 2016, rad. 42354, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 2
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDENA JUDICIAL / CONCILIACIÓN
Problema jurídico:
¿Es procedente la acción de repetición para solicitar el reembolso de dineros pagados por una entidad pública producto de una condena?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política , la acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso la acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar [al demandado] patrimonialmente responsable del pago de $254.199.682,57, realizado en cumplimiento de la condena que impuso el Consejo de Estado mediante sentencia del 23 de agosto de 2007.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿La demanda fue presentadas dentro del término de caducidad estipulado para la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. (…) La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. (…) En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 23 de agosto de 2007, mediante la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de la Resolución No. 008420 del 6 de junio de 2002, declaró la nulidad del oficio de 31 de mayo de 2002 y ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a reintegrar [MAPC], así como pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir, quedó ejecutoriada el 2 de noviembre de 2007, según da cuenta copia de la constancia secretarial ; ii) que el 4 de mayo de 2009 vencieron los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA; iii) que el 19 de noviembre de 2009, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizó el último pago de la condena, tal y como consta en el certificado del 13 de octubre de 2010, expedido por el coordinador del grupo de tesorería de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ; y iv) que la demanda se presentó el 1° de diciembre de 2010 , esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la caducidad de la acción, cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de febrero de 2006, rad. 6871-05, C. P. Tarsicio Cáceres Toro y de la Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998, C-394 de 2002, C-832 de 2001.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / HECHO DAÑOSO / LEY 678 DE 2001
Problema jurídico:
¿La norma aplicable en casos de la acción de repetición se determina por la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que llevaron a la condena de la entidad estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ocurrieron en el año 2002, esto es, cuando se expidió el oficio del 31 de mayo de 2002 y la Resolución No. 008420 de 6 de junio de 2002, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la norma aplicable en la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera. sentencias de 31 de agosto de 2006, rad. 28448, C. P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 23 de noviembre de 2016, rad. 46108, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001
PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿La ausencia de uno de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición impide la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del agente del Estado demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]ara la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. (...) [A]nte la ausencia de uno de estos elementos el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no será posible declarar la procedencia de la acción de repetición y, por ende, declarar patrimonialmente responsable al agente por los hechos que dieron lugar a la condena al Estado y condenarlo a reembolsar la suma de dinero que éste pagó.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de noviembre de 2006, rad. 22099, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 6 de diciembre de 2006, rad. 22056, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 12 de diciembre del 2007, rad. 27006; sentencia de 29 de mayo del 2014, rad. 42183, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; y sentencia de 10 de diciembre de 2018, rad. 60423, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / PAGO PARCIAL / AGENTE DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Se cumplen los presupuestos de carácter objetivo para la procedencia de la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el inciso 2 del artículo 86 del C.C.A. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que mediante sentencia del 23 de agosto de 2007 la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del oficio del 31 de mayo de 2002 (…) y la nulidad parcial de la Resolución No. 008420 de 6 de junio de 2002, expedida por el Superintendente y condenó a dicha entidad a reintegrar a [MAPC] a un cargo igual o equivalente al que ocupaba al momento de su retiro, así como pagarle los emolumentos que había dejado de percibir durante el tiempo de su desvinculación. Esta sentencia quedó ejecutoriada el 2 de noviembre de 2007. (…) El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. (…) [E]stá demostrado que [el demandado] tenía la calidad de servidor público de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la época de los hechos, esto es, cuando expidió la Resolución No. 008420 del 6 de junio de 2002, que posteriormente fue anulada por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del 23 de agosto de 2007. (…) Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (…) [L]a entidad demandante acreditó el pago parcial de la condena impuesta por esta Corporación mediante sentencia del 23 de agosto de 2007, por un valor equivalente a $247.491.986,8.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del presupuesto de la condena judicial en la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En relación al pago parcial de la condena judicial, consultar la sentencia de 26 de mayo de 2019, rad. 39795, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la acreditación del pago en la acción de repetición, consultar la sentencia de 25 de octubre de 2019, rad. 56821, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86
LEY 678 DE 2001 / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUNCIÓN DE CULPA / PRESUNCIÓN DE DOLO / CLASES DE DOLO / CONCEPTO DE DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿En los procesos de repetición regulados por la Ley 678 se presumen la culpa grave y/o dolo y es el demandado quien tiene la carga de desvirtuar dicha presunción?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. (…) [P]ara el estudio del dolo o la culpa grave se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos que originaron la condena. En el caso en particular, aquella resulta ser la Ley 678 de 2001, en virtud de la cual hay lugar a predicar las presunciones previstas en la ley ibídem. Al efecto, el artículo 5° de la Ley 678 de 2001, prevé que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Asimismo, dispone que se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 1. Obrar con desviación de poder; 2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento; 3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración; 4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado; y 5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial. A su turno, el artículo 6° de la misma norma, dispone que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Esta norma señala que se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho; 2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable; 3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable y; 4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. (…) [Q]uien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el supuesto de hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la conducta del agente y las presunciones contenidas en la Ley 678 de 2001, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 55661, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 30 de agosto de 2007, rad. 29223; sentencia de 26 de febrero de 2009, rad. 30329, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 22 de julio de 2009, rad. 25659, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 6 de julio de 2017, rad. 45203, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 7 de agosto de 2017, rad. 42777, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 29 de mayo de 2014, rad. 40755, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 22 de octubre de 2021, rad. 62571, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de unificación SU-354 de 2020 y sentencia C-374 de 2002.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, 6
PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD / IMPROCEDENCIA DEL NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se demostró que la actuación del agente del estado se enmarca en presunción de culpa grave contemplada en la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]e los elementos de prueba se evidencia que la conducta [del demandado] se enmarca en la presunción de culpa grave prevista en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, esto es, la “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho […]”, pues se constató que el demandado inobservó inexcusablemente las disposiciones normativas contenidas en los artículos 8° y 39 de la Ley 443 de 1998 y 135 del Decreto 1572 de 1998, pues omitió incorporar a un funcionario de carrera a la nueva planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, aun cuando el cargo que desempeñaba antes de la reestructuración no cambió de denominación, requisitos y funciones. (…) [L]a carga de desvirtuar las presunciones de que tratan los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, corresponde exclusivamente al demandado, situación que en el sub judice no ocurrió, pues el [demandado] no logró desvirtuar la presunción de culpa grave prevista en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, en el entendido que no demostró cuales fueron las razones de hecho y de derecho que lo llevaron a apartarse de la obligación de nombrar a un funcionario de carrera administrativa como [MAPC] en la nueva planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para en cambio hacerlo con personas que no eran de carrera sino en provisionalidad. Con fundamento en lo anterior, habrá lugar a confirmar la sentencia de primera instancia en lo que a su responsabilidad corresponde, pero por los argumentos expuestos en esta providencia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1572 DE 1998 - ARTÍCULO 135, LEY 443 DE 1998 - ARTÍCULO 8, 39, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA / ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REINTEGRO DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO POR REINTEGRO DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿La condena en la acción de repetición se determina por el monto que se acreditó como pagado por la entidad demandante derivado de la condena judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 678 de 2001, el monto de la condena se cuantificará “atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño”. Adicionalmente, para efectos de la liquidación de la condena a imponer, se tendrá en cuenta únicamente el monto que la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios acreditó como efectivamente pagado dentro de este proceso. Así las cosas, se tendrá como valor pagado la suma de (...). No se reconocerá la suma de (...) que se pagaron por intereses moratorios porque éstos deben ser asumidos por la entidad pública demandante. Los referidos valores serán actualizados de forma independiente, comoquiera que fueron cancelados en fechas diferentes. (…) En este orden de ideas, teniendo en cuenta que [el demandado] fue el funcionario que expidió la Resolución No. 008420 del 6 de junio de 2002 que posteriormente fue anulada mediante sentencia del 23 de agosto de 2007, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala lo condenará a pagar a la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios la suma de (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la culpa grave en la conducta del agente del Estado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 55607, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.