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¿En el caso sub examine deben aplicarse las normas del Código Contencioso Administrativo, en cuanto los hechos imputados al demandado ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, por lo que el demandante tiene la carga probatoria para acreditar o demostrar todos los elementos de la responsabilidad del demandado? Sí
La entidad demandante en la acción de repetición debe acreditar todos los elementos de la responsabilidad del agente estatal cuando los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, resultando aplicables las disposiciones sustanciales del Código Contencioso Administrativo. El daño causado con el uso o entrega de armas de dotación oficial debe analizarse bajo el criterio de la relación de causalidad y la contribución de la víctima en la producción del resultado dañoso, de modo que si el servidor o comandante de guardia receptor del arma participa en la inadecuada manipulación o incumple las medidas de seguridad reglamentarias durante el procedimiento de entrega, su conducta concurrente amerita la reducción de la condena patrimonial en aplicación de los principios de justicia y proporcionalidad procesal vigentes.síntesis automática
También resuelve:¿Deben negarse las pretensiones de la demanda de repetición, en cuanto el daño por el cual fue condenada la entidad demandante, es decir…
¿La parte actora demostró los perjuicios que le ocasionó el contratista derivados del incumplimiento del contrato y por ende procede la efectividad de la garantía de cumplimiento? No
El contratista no debe indemnizar los perjuicios reclamados por la entidad estatal derivados del incumplimiento del contrato de salud, ya que la entidad no probó adecuadamente la existencia y cuantía de dichos perjuicios, a pesar de su carga probatoria. Aunque el incumplimiento del contrato se demostró, la entidad no presentó pruebas suficientes para establecer la afectación específica y cuantificable de sus derechos. La Sala reitera la importancia de la carga probatoria en acciones de controversias contractuales y matiza la aplicación de la cláusula compromisoria en contratos de seguro de cumplimiento, considerando la postura vigente al momento de la presentación de la demanda, lo que implica que las partes deben estar atentas a las interpretaciones jurisprudenciales vigentes en el tiempo de la presentación de sus acciones.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada en término?
¿El procedimiento administrativo previo adelantado a la declaratoria de incumplimiento del contrato, se hizo con violación del debido proceso? No
La declaratoria unilateral de incumplimiento de un contrato estatal respeta el debido proceso cuando la entidad cita al contratista, le informa los cargos concretos y las obligaciones presuntamente incumplidas, y le permite presentar descargos y pedir pruebas antes de la decisión definitiva. Una razón es que en el procedimiento el contratista presentó descargos, solicitó pruebas que fueron practicadas y asistió a la audiencia, de modo que tuvo la oportunidad de defenderse. Otra razón es que el contratista no interpuso el recurso de reposición en la audiencia, que era la oportunidad para cuestionar la decisión, y tampoco se acreditó un hecho extraño que hubiera incidido en la resistencia de los pavimentos. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto que declaró el incumplimiento, porque el dictamen de parte no desvirtuó los motivos de la entidad. Su consecuencia práctica es que el contratista que no recurre en la audiencia de incumplimiento pierde el reproche de debido proceso sobre esa etapa.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato, toda vez que el contratista cumplió con los estándares de resistencia de los pavimentos?¿En aplicación del principio de la non reformatio in pejus, es procedente confirmar la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas?
¿La Alcaldía Local de Suba contaba con competencia para liquidar unilateralmente el contrato de asociación, considerando el momento en que se profirió el acto administrativo liquidatario, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de controversias contractuales, pero antes de su notificación? No
El contratista no puede ser liquidado unilateralmente por la entidad estatal después de la presentación de la demanda de controversias contractuales, pero antes de su notificación, ya que la administración pierde la competencia temporal para efectuar tal liquidación una vez se presenta la demanda, lo que evita abusos por parte de la entidad contratante y se alinea con las reformas normativas introducidas por las Leyes 2080 de 2021 y 2213 de 2022. Esta regla reitera la jurisprudencia y limita la facultad de la administración para liquidar el contrato de forma unilateral hasta el momento en que se radique el libelo inicial del proceso, asegurando así el principio de non reformatio in pejus.síntesis automática
También resuelve:¿Conforme a las reglas de la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, resulta procedente la condena en costas en contra de la parte vencida en el proceso, esto es, la parte demandada?
¿Procede la nulidad de los actos administrativos atacados por la parte actora al invocar de manera inadecuada, una causal de nulidad que no aplica a los actos precontractuales? No
El contratista no puede obtener la nulidad de los actos administrativos atacados al invocar de manera inadecuada una causal de nulidad que no aplica a los actos precontractuales, ya que la motivación del Tribunal para declarar la nulidad de las resoluciones no giró en torno a la causal invocada sino a la vulneración de normas superiores, como la de selección objetiva. La Sala confirma la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, actualizando el monto de la condena. Además, la competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, excluyendo el debate sobre otros aspectos no abordados en el recurso. En el presente caso, el juez de primera instancia adecuó la acción a la de nulidad y restablecimiento del derecho, evitando fallos inhibitorios y garantizando el acceso a la administración de justicia.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, que se entienden desfavorables a sus intereses?¿Se daban los presupuestos para que el juzgador de primera instancia, actuando como garante del acceso a la administración de justicia y con el propósito de evitar fallos inhibitorios…¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada de manera oportuna?
¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos del recurso de apelación? Sí
En la apelación, la competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los argumentos que el recurrente expone contra la decisión desfavorable de primera instancia. Los demás aspectos quedan, en principio, excluidos del debate superior, porque el recurso delimita el alcance de la revisión. La regla se sostiene en dos razones. Primera, en la apelación opera el principio de non reformatio in pejus, que impide empeorar la situación del recurrente cuando no existe otra impugnación que habilite la revisión. Segunda, opera el principio dispositivo, según el cual es el recurrente quien delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que persigue frente a la providencia. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera ese alcance de la competencia funcional. En la práctica, los argumentos que el apelante no formula ni sustenta en su recurso no serán resueltos por el juez de segunda instancia, salvo las decisiones que deba adoptar de oficio en los casos previstos por la ley, por lo que la sustentación debe dirigirse a cada punto que se pretende revisar.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?¿El régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001?
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve:¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio?¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado…¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra?¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa?¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
¿La exigibilidad de la obligación de pago a cargo del INVIAS estaba sujeta a que el Consorcio elaborara las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos? Sí
El contratista no puede exigir el pago inmediato del INVIAS por la ejecución de obra pública sin cumplir con los requisitos establecidos en el contrato, como la elaboración de las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos, avaladas por el interventor y los gestores del proyecto y del contrato. Además, el INVIAS tiene un plazo de 90 días calendario para pagar las facturas presentadas por el contratista, y si no lo hace, incurre en mora y debe pagar intereses moratorios. Sin embargo, si el contratista presenta las actas de obra después de vencida la vigencia fiscal correspondiente, renuncia a reclamar intereses, actualizaciones y sobrecostos, lo que constituye una cláusula limitativa de responsabilidad válida siempre y cuando no haya culpa del INVIAS en la tardanza, la cual debe probarse por la entidad. Esta interpretación reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad del pago en contratos de obra pública y establece límites a las cláusulas limitativas de responsabilidad para proteger la buena fe contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál era el plazo con el que contaba el INVÍAS para pagar las actas de obra presentadas por el contratista?¿la cláusula limitativa de responsabilidad solo surtía efectos si el contratista presentaba tardíamente las actas de obra por su propia culpa?¿La elaboración y presentación de la factura de venta era una carga que correspondía al Consorcio para efectos de recibir el pago por parte del contratista?
¿La muerte de varios soldados de la compañía Amperio en hechos ocurridos el 6 de septiembre de 1996, es imputable al demandado a título de culpa grave? No
La acción de repetición exige probar, además de la condena o conciliación y del pago efectivo de la suma, que el demandado tuvo la calidad de servidor público y que su conducta fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas vigentes en el momento de los hechos, y que la ocurrencia del daño en un operativo militar no basta, por sí sola, para imputarle culpa grave. Una razón es que la entidad acreditó la conciliación judicial aprobada, el pago efectivo mediante certificados de tesorería y la calidad de servidor público del teniente que tenía a cargo la compañía, de modo que los primeros presupuestos se cumplieron. Otra razón es que el cuarto presupuesto, que exige demostrar una conducta gravemente culposa o dolosa del agente, no se acreditó, pues la muerte de los soldados se produjo en una emboscada y no se demostró una actuación del demandado que pudiera calificarse así. En el caso, la Sala revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la existencia del pago y de la calidad de servidor no bastan para la repetición si no se prueba la culpa grave del agente en su propia conducta.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la acción de repetición?¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa?¿Cómo se determina la normatividad aplicable a la acción de repetición?
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del…¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista es competente para ceder su posición contractual en favor de una persona jurídica privada, como una distribuidora de licores, siempre y cuando se notifique y obtenga la aceptación del gobernador del departamento, tal como lo establece la normativa de contratación estatal. Esta regla se fundamenta en que la cesión del contrato no altera el régimen jurídico aplicable, y que la legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva se mantiene en la entidad estatal y la cesionaria. La Sala modifica precedentes al establecer que la cesión de la posición contractual y los créditos y derechos litigiosos derivados del contrato son válidos cuando se cumplen los requisitos legales, lo que implica que las partes cesionarias deben cumplir con las formalidades establecidas para mantener la validez del contrato y la legitimación en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la ausencia de un pacto para la liquidación del contrato, resulta procedente aplicar las disposiciones de la Ley 80 de 1993, frente a la liquidación del contrato en el cómputo de la caducidad?¿La unión temporal contratista cedió su posición contractual, así como los créditos y derechos litigiosos que se derivan del contrato, en favor de la distribuidora de licores cesionaria?¿Al delimitar el alcance del recurso de apelación, en aras de la solución del mismo, corresponde mantener invariable la causa petendi?
¿Desconoció el Tribunal el principio de justicia rogada al reconocer la responsabilidad contractual del Jardín Botánico, pese a que el demandante no solicitó expresamente la declaración de incumplimiento? No
La demanda que reclama la responsabilidad contractual por el incumplimiento de una obligación dineraria no requiere pedir expresamente la declaración de incumplimiento para que el juez la reconozca, pues no desconoce el principio de justicia rogada. La regla se sostiene en tres razones: la demanda reclamó la responsabilidad del contratante por no cumplir la obligación a su cargo y, en consecuencia, invocó las normas del derecho común sobre responsabilidad del deudor, como los artículos 1602 y 1613 del Código Civil; el demandado se defendió de esa imputación al contestar la demanda, de modo que el debate sobre el incumplimiento estuvo presente en el proceso; y la excepción previa de ineptitud sustantiva fue resuelta por el tribunal sin que la parte cuestionara ese enfoque. Así, el juez puede declarar la responsabilidad a partir de los hechos y del fundamento jurídico de la demanda. La providencia se modifica en lo relativo a la liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada oportunamente?¿La forma de pago pactada con base en el avance de la obra modifica la modalidad de remuneración previamente convenida como un precio fijo en un contrato de interventoría?¿El reducido avance de la obra exonera a la entidad estatal de pagar la remuneración pactada al interventor cuando este cumplió las obligaciones propias del contrato de interventoría?
¿Puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación, con fundamento en la ejecución de mayores cantidades de obra, pese a que no formuló esa pretensión en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de ejercer su defensa frente a ella? No
El contratista no puede introducir en el recurso de apelación un nuevo argumento sobre enriquecimiento sin causa basado en la ejecución de mayores cantidades de obra, ya que no fue planteado en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de defenderse, lo que violaría el principio de congruencia y el derecho de defensa, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso aplicado por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el análisis de nuevos cargos en segunda instancia es improcedente, limitando así el pronunciamiento del juez a las pretensiones y argumentos presentados en la demanda original.síntesis automática
También resuelve:¿La ocurrencia de un hecho ajeno a las partes e imprevisible al momento de contratar, que genera una afectación grave de la ecuación económica del contrato y lo torna más oneroso para una de ellas…¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión, debido a los mayores costos que el consorcio atribuyó a las crecientes del río Bugalagrande…¿Debe mantenerse la condena en abstracto por el desequilibrio económico del contrato derivado de la implementación de los protocolos de bioseguridad por el COVID-19…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición, que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de repetición que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados por una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, siempre que la cuantía del proceso supere los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 7 inciso 1 de la Ley 678 de 2001. Esta decisión modifica la competencia previa y amplía la jurisdicción del Consejo de Estado en estos casos, permitiendo que las entidades públicas obtengan el reembolso o reintegro de los dineros pagados en virtud de una condena, conciliación o terminación de conflicto, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal y no se configure la caducidad del medio de control, según lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 9 de la Ley 1437 de 2011.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición resulta procedente para ejercerse en contra del servidor, exservidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar…¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo…¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resultan aplicables al presente proceso de repetición los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y…
¿Procede declarar la terminación del contrato de obra en la fecha pactada en la última suspensión acordada por las partes, ante la prolongación unilateral de la suspensión por la entidad contratante? Sí
El contratista puede declarar la terminación del contrato de obra pública en la fecha pactada en la última suspensión acordada por las partes, ante la prolongación unilateral de la suspensión por la entidad contratante, ya que la suspensión requiere la voluntad de ambas partes y no puede ser impuesta unilateralmente sin perjuicio de eventos excepcionales. En este caso, la última suspensión válida fue la del 30 de junio de 2017, en la cual se pactó la terminación del contrato para el 2 de diciembre de 2017, por lo que la prolongación unilateral posterior no es válida. Además, el municipio incumplió el contrato al entregar al contratista un inmueble sin las condiciones de estabilidad requeridas para ejecutar las obras, pese a su conocimiento previo de la necesidad de intervenir el talud. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la suspensión y terminación de contratos estatales, estableciendo que la voluntariedad de las partes es esencial para la validez de la suspensión y que la entidad contratante debe garantizar las condiciones necesarias para el cumplimiento del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Ocaña incumplió el contrato de obra n.º 004 de 2016 al entregar al contratista un inmueble sin las condiciones de estabilidad requeridas para ejecutar las obras…¿Procede reconocer el daño emergente derivado de la prolongación de la suspensión contractual cuando el contratista carece de pruebas sobre la efectiva causación…¿Procede reconocer el lucro cesante con fundamento en el valor bruto de las prestaciones contractuales pendientes de ejecución…
¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base las acusaciones de error en la valoración probatoria del dictamen contable y el dictamen técnico efectuada por el a quo? No
Los dictámenes periciales y su valor probatorio… Con la demanda la parte actora aportó un dictamen pericial contable – financiero y un dictamen técnico o de ingeniería.… El Tribunal estimó que el dictamen contable – financiero no tenía vocación probatoria porque el señor… no tenía experiencia previa, fue empleado y recibió pagos de la Unión Temporal así como de uno de sus integrantes… , durante la ejecución del contrato fungió como contador de aquella forma empresarial, y además, en su informe el perito no probó las cifras ni los conceptos que menciona… … Igualmente, el a quo determinó que el dictamen técnico tampoco era válido porque el perito… no tenía experiencia previa en rendición de experticias, en audiencia recayó en vaguedades y dudas en su exposición, y su informe adolecía de fechas imprecisas que no correspondían a la real ejecución del contrato, exponía aprobaciones de obra de la interventoría falsas…
También resuelve:¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base las acusaciones de error en la valoración probatoria de los…¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base las acusaciones de error del a quo por confusión conceptual en el…¿Tiene derecho el contratista a reclamar por sobrecostos por el reajuste de precios o sobrecostos financieros con ocasión de la transición de vigencias?
¿Se probó que Xavier Francisco Socha Garzón actuó con dolo o culpa grave en los hechos en los que ocurrió la muerte de Marta Cecilia Palacio Cifuentes, por la cual el Estado resultó condenado? Sí
La acción de repetición prospera cuando la entidad demuestra cuatro presupuestos: la existencia de una obligación de pagar una suma derivada de una condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto; la calidad de servidor o ex servidor público, o de particular que ejerce funciones públicas, del demandado; el pago efectivo de la suma; y que la conducta del agente, según las normas vigentes al tiempo de los hechos, haya sido dolosa o gravemente culposa. Una razón es que la condena contra la entidad quedó ejecutoriada y el pago quedó acreditado con los documentos que no fueron controvertidos. Otra razón es que los demandados tenían la calidad de servidores de la fuerza pública en la época de los hechos, lo que satisface el segundo presupuesto. En el caso, la Sala encontró demostrada la culpa grave del agente que causó la muerte de una persona, y modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la entidad debe probar cada presupuesto de la repetición, en especial el pago efectivo y la conducta gravemente culposa del agente.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se determina la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de repetición?¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la acción de repetición?¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición?
¿El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado, y conforme al contenido de los reproches del recurrente? Sí
El juez de segunda instancia debe complementar la sentencia del inferior cuando la parte perjudicada por la omisión de pronunciamiento haya apelado, pero su estudio queda limitado a los reproches del recurrente, conforme a los artículos 287 y 328 del Código General del Proceso. Esta regla se apoya en que la sentencia debe ser congruente con los hechos, las pretensiones y las razones de defensa, según el artículo 281 del mismo código, de modo que las pretensiones omitidas hacen parte del debate. Además, el deber de motivación exige que cada decisión se derive lógicamente de sus premisas fácticas y jurídicas, y la omisión de un punto apelado impide ese control. En el caso, el apelante alegó que el tribunal dejó de resolver la mayoría de las pretensiones, pero la Sala excluyó del análisis las pretensiones sobre incumplimientos que el tribunal sí halló probados, así como las de pago de obras ejecutadas que no fueron objeto de reproche. La providencia modifica la sentencia apelada en lo necesario. Su consecuencia práctica es que la parte debe precisar sus reproches sobre cada pretensión omitida, porque el juez de segunda instancia no decide lo que no fue apelado.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente reconocer a favor del contratista la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda por costos administrativos por improductividad…¿Debe condenarse a Bogotá D.C. - Secretaría de Educación Distrital al pago de las actas parciales de obra nº. 12 y 13 que corresponden a las facturas de venta nº. 17 y 19…¿Resulta procedente reconocer a favor del contratista los intereses moratorios solicitados en la demanda, por los días de retardo en el pago de las facturas n°. 2, 3, 5-7 y 11-17, 19?
¿Se configuró la caducidad del medio de control en el caso sub lite, teniendo en cuenta que la controversia versa sobre un contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro, cuya liquidación unilateral no era admitida conforme a la ley que gobierna el contrato y, considerando las pautas jurisprudenciales procedentes en caso de duda sobre las normas y reglas aplicables al cómputo del término respectivo? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control en controversias contractuales cuando el contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro no admite la liquidación unilateral, computándose el término de caducidad desde el vencimiento del plazo para la liquidación bilateral conforme al régimen jurídico aplicable, en este caso el Decreto 777 de 1992 y la Constitución. La regla establece que la liquidación unilateral no es una facultad admisible en contratos con entidades sin ánimo de lucro, por lo que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse desde la finalización del plazo para la liquidación bilateral. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la aplicación del principio de seguridad jurídica, garantizando la certeza en la interpretación y aplicación de las normas contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada concernientes a la causal de nulidad por falta de debida notificación de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato y…¿Dado que la entidad demandada no estaba facultada para liquidar unilateralmente el convenio de asociación, las resoluciones impugnadas en este asunto no ostentan la condición de actos…¿Cumplió CENASEL las obligaciones pactadas en el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 y, consecuentemente, no adeuda $1.084’035.265 a la UAESP?
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