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ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA

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Consejo de Estado Providencia

En tanto esa determinación no fue impugnada en el recurso de apelación

Sentencia — Sentencia 2024-10-25 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 44001234000020180003101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En la liquidación judicial del convenio No. 20151013 se debió considerar la devolución de la totalidad de los aportes realizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y no solo lo relacionado con las obligaciones que dejó de ejecutar la AACIWASUG?? Sí
El contratista no debe devolver la totalidad de los aportes realizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la liquidación judicial del convenio No. 20151013, sino solo lo relacionado con las obligaciones que dejó de ejecutar, debido a que la entidad no consumó la totalidad de sus obligaciones por condiciones climáticas adversas, configurándose la fuerza mayor. La liquidación judicial realizada por el tribunal de primera instancia fue coherente con esta valoración, al considerar lo que efectivamente se ejecutó y no impuso la devolución de recursos por las actividades que se dejaron de desarrollar. Además, la Sala considera procedente la actualización de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia mediante indexación, para evitar la pérdida del valor adquisitivo del dinero en el tiempo, y no hay lugar a imponer condena en costas.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente la reliquidación de la condena? ¿Es procedente la condena en costas?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

De alzada y, se impone confirmar la decisión de primera instancia.

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 73001233100020100072901 ACCION CONTRACTUAL
¿La imposición de la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad contratante como consecuencia directa e inequívoca de la declaratoria de caducidad del contrato, se encontraba sujeta al límite temporal de la ejecución del contrato estatal? Sí
El contratista no puede imponer la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad estatal como consecuencia directa de la declaratoria de caducidad del contrato estatal, ya que esta decisión está sujeta al límite temporal de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La cláusula penal se efectiviza como resultado de la caducidad del contrato, por lo que si esta declaratoria es anulada, la efectividad de la cláusula penal también queda sin sustento. Además, el valor de la condena impuesta debe actualizarse para compensar la pérdida de su valor adquisitivo, sin que esto represente una reforma en contra del apelante, utilizando la fórmula de actualización de la condena basada en el IPC. Esta decisión reitera y refuerza la obligación de respetar los plazos contractuales y la necesidad de actualizar las condenas monetarias para mantener su valor real.síntesis automática
También resuelve: ¿El valor de la condena impuesta se debe actualizar para compensar la pérdida de su valor adquisitivo, sin que ello corresponda a alguna reforma de la decisión en contra del apelante?
Consejo de Estado Providencia

El acta no. 008 de 2015 no constituye ni podría constituir una liquidación del contrato

Sentencia — Sentencia 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020150032502 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Alcaldía Local de Suba contaba con competencia para liquidar unilateralmente el contrato de asociación, considerando el momento en que se profirió el acto administrativo liquidatario, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de controversias contractuales, pero antes de su notificación? No
El contratista no puede ser liquidado unilateralmente por la entidad estatal después de la presentación de la demanda de controversias contractuales, pero antes de su notificación, ya que la administración pierde la competencia temporal para efectuar tal liquidación una vez se presenta la demanda, lo que evita abusos por parte de la entidad contratante y se alinea con las reformas normativas introducidas por las Leyes 2080 de 2021 y 2213 de 2022. Esta regla reitera la jurisprudencia y limita la facultad de la administración para liquidar el contrato de forma unilateral hasta el momento en que se radique el libelo inicial del proceso, asegurando así el principio de non reformatio in pejus.síntesis automática
También resuelve: ¿Conforme a las reglas de la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, resulta procedente la condena en costas en contra de la parte vencida en el proceso, esto es, la parte demandada?
Consejo de Estado Providencia

No prospera este cargo de la apelación, formulado por la Fiscalía General de la Nación

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-11-25 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600019990115504 ACCION CONTRACTUAL
¿El ánimo de poseer del inmueble de buena fe cesaba con la notificación a la demandada del libelo en el que se solicitó la resolución de la compraventa? Sí
El contratista de buena fe pierde su ánimo de poseer el inmueble con la notificación a la entidad estatal del libelo que solicita la resolución del contrato de compraventa, según establece la Sala. Esta regla se fundamenta en que únicamente las mejoras realizadas antes de dicha notificación son reconocidas, conforme a la fecha límite de la buena fe del poseedor. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que en casos futuros, el cálculo de mejoras y el reconocimiento de la posesión de buena fe se ajustarán a esta nueva interpretación, afectando directamente la valoración de los derechos del contratista en relación con el bien inmueble.síntesis automática
También resuelve: ¿El valor histórico de la condena en abstracto no podía ser uno indexado ya, pues ello infringe la sentencia de condena y la norma aplicable? ¿La compensación de los totales aquí indicados arroja un saldo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a favor de la sociedad demandada? ¿La posesión de buena fe deja de existir si el poseedor alega en juicio la resolución de la compraventa bajo la cual comenzó a poseer?
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Consejo de Estado Providencia

El artículo 144 del CPC prevé que la nulidad se considerará saneada

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-11-07 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000232600020120023302 ACCION CONTRACTUAL
¿Deben declararse saneadas las presuntas irregularidades procesales advertidas por la demandada IDRD, debido a que la parte interesada actuó sin señalar oportunamente la existencia de las anomalías y no formuló recursos contra las providencias que decidieron continuar con el trámite? Sí
El contratista no puede alegar oportunamente las irregularidades procesales que no fueron impugnadas en su momento, conforme al artículo 144 del Código Contencioso Administrativo, que establece que la nulidad se considerará saneada si la parte interesada no la señala oportunamente. Además, el artículo 140, parágrafo 1, del mismo código indica que las irregularidades procesales se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente. En este caso, la entidad demandada no señaló la existencia de las anomalías ni formuló recursos contra las providencias que decidieron continuar con el trámite, por lo que las presuntas irregularidades se consideran saneadas. Esto implica que las partes deben actuar con diligencia en la identificación y oposición de las irregularidades procesales para evitar que estas sean consideradas subsanadas por omisión.síntesis automática
También resuelve: ¿Compete al Consejo de Estado conocer del recurso de apelación interpuesto contra las providencias de los tribunales administrativos que resuelven sobre la liquidación de las condenas? ¿La indexación es un instrumento para hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones dinerarias, es decir… ¿Debe realizarse la indexación de las condenas impuestas en la sentencia hasta la fecha de expedición del auto que resolvió el incidente de liquidación y, en este caso…
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Consejo de Estado Providencia

Poder del abogado: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 50001233100020052044801 ACCION CONTRACTUAL
¿El poder otorgado por uno de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, y no por su representante legal, no configura la ineptitud de la demanda, sino que corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del CPC, la cual sólo puede ser alegada por la persona afectada? Sí
El contratista no configura la ineptitud de la demanda cuando otorga poder a uno de los miembros de la Junta Directiva, sino que tal situación corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del Código Procesal Civil, la cual solo puede ser alegada por la persona afectada. Además, la capacidad para ser parte del consorcio no impide que sus miembros puedan comparecer a los procesos judiciales si así lo deciden. La Sala rechaza que el Invías sea condenado por desequilibrio económico generado por asuntos ajenos a los diseños, ya que estos no fueron objeto de salvedad en el acta de liquidación bilateral. Por último, la Sala incrementa la condena impuesta por la primera parálisis del contrato estatal, considerando el impacto económico de la maquinaria en las bodegas del contratista durante dicha parálisis, lo que implica un reconocimiento de los sobrecostos demostrados.síntesis automática
También resuelve: ¿El hecho de que los consorcios presenten directamente la demanda, es un obstáculo para que los integrantes de tales consorcios también puedan, si así lo deciden, comparecer a los procesos judiciales? ¿Debe condenarse al Invías por el desequilibrio económico del Contrato generado por asuntos ¿Se debe incrementar la cuantía de la condena impuesta por el tribunal, relativa a la primera parálisis del contrato estatal…
Consejo de Estado Providencia

La caducidad es la consecuencia jurídica

Sentencia — Sentencia 2024-12-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100020080150301 ACCION CONTRACTUAL
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad los actos a través de las cuales se decretó el incumplimiento parcial del contrato de obra 2717 de 2003, y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la garantía de cumplimiento? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar la nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento parcial del contrato y hacen efectivas la cláusula penal pecuniaria y la garantía de cumplimiento, siempre que la demanda se presente dentro del término de dos años contados desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado. En este caso, la Resolución 071 de 2005, notificada por edicto el 28 de julio de 2005, fue declarada firme el 11 de agosto de ese año, por lo que el término de caducidad corrió desde el 12 de agosto de 2005 hasta el 12 de agosto de 2007, fecha en la cual la demanda fue presentada oportunamente. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la oportunidad de la acción de controversias contractuales, lo que implica que los contratistas deben ser conscientes del plazo de dos años para presentar sus demandas desde la notificación del acto impugnado.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó de forma oportuna la acción de de controversias contractuales respecto de las pretensiones de incumplimiento del contrato de obra 2717 de 2003 por parte del municipio… ¿Se satisface la carga argumentativa del recurso de apelación con la simple reiteración de las razones expuestas en la contestación de la demanda, esto es… ¿Aunque el extremo actor no formuló reparos en contra de la decisión del a quo, resulta procedente actualizar el monto de la condena pecuniaria…
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Consejo de Estado Providencia

El análisis que le corresponde hacer al juez contencioso de la responsabilidad estatal por la antijuricidad de un daño, no ata al juez de la repetición para efectos de tener acreditado o no el elemento subjetivo de la responsabilidad del agente o exagente estatal en los términos definidos en el inciso 2 del artículo 90 de la Constitución Política.

Sentencia — Sentencia 2023-10-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233300020130164801 LEY 1437 REPETICION
¿Las copias de las distintas providencias judiciales allegadas al expediente de repetición por la demandante constituyen prueba para acreditar la presunción legal de dolo invocada en la demanda, esto es, la existencia de una decisión y condena judicial en contra de los hoy demandados? Sí
El servidor público o ex agente del Estado responde en el medio de control de repetición a título de dolo, conforme al numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 y al artículo 90 de la Constitución Política de 1991, siempre que haya sido penal o disciplinariamente condenado por los mismos daños que fundamentaron la responsabilidad patrimonial de la entidad pública. Las copias de las providencias judiciales allegadas al expediente por la entidad demandante constituyen prueba para acreditar el hecho base de dicha presunción legal, incluso si la demanda menciona un actuar culposo por violación manifiesta de las normas de derecho cuando su imputación fáctica se asienta en la conducta dolosa. Aunque los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 admiten prueba en contrario, si los demandados no desvirtúan la presunción en su contra, se cumple el requisito subjetivo y procede acceder a las pretensiones y actualizar la condena.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la actualización de la condena de primera instancia hasta la fecha de la presente providencia en el caso sub examine? ¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine a favor de la parte demandante?
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Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción contenciosa conoce de la legalidad de actos sancionatorios en contratos estatales celebrados por entidades públicas.

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 76001233300020130028301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión… ¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF? ¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…
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Consejo de Estado Providencia

La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga la obligación, la cual puede tener origen en la ley o en el acuerdo de voluntades.

Sentencia — Sentencia 2022-11-28 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 11001032600020120006300 LEY 1437 REPETICION
¿Tiene legitimación en la causa por activa la UAE Organizaciones Solidarias, pues fue la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de una conciliación aprobada judicialmente y con ello se subrogó en los derechos y privilegios del tercero afectado con la conducta que califica como dolosa o gravemente culposa del servidor público? Sí
El contratista está legitimado en la causa por activa para ejercer la acción de repetición contra el servidor público cuando la entidad estatal ha pagado una reparación patrimonial derivada de una conciliación judicial, ya que la subrogación legal le transmite los derechos y privilegios del tercero afectado por la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor. Esta regla se basa en el artículo 90 de la Constitución y el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, que establecen que la entidad que paga la condena por daños sufridos por un tercero tiene derecho a repetir el pago contra el servidor público responsable. La regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que la subrogación legal otorga legitimación en la causa para la acción de repetición, permitiendo que la entidad estatal ejerza esta acción en nombre del tercero afectado.síntesis automática
También resuelve: ¿Las providencias judiciales sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento? ¿El régimen aplicable al caso concreto es la Ley 678 de 2001 que previó el objeto, la noción, las finalidades y unas presunciones legales sobre la conducta del servidor o exservidor público en la… ¿Para que proceda la acción de repetición se requiere la condición de servidor o exservidor público, la obligación reparatoria a cargo del Estado…
CONCEDE
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020070292402 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista es competente para ceder su posición contractual en favor de una persona jurídica privada, como una distribuidora de licores, siempre y cuando se notifique y obtenga la aceptación del gobernador del departamento, tal como lo establece la normativa de contratación estatal. Esta regla se fundamenta en que la cesión del contrato no altera el régimen jurídico aplicable, y que la legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva se mantiene en la entidad estatal y la cesionaria. La Sala modifica precedentes al establecer que la cesión de la posición contractual y los créditos y derechos litigiosos derivados del contrato son válidos cuando se cumplen los requisitos legales, lo que implica que las partes cesionarias deben cumplir con las formalidades establecidas para mantener la validez del contrato y la legitimación en el proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Ante la ausencia de un pacto para la liquidación del contrato, resulta procedente aplicar las disposiciones de la Ley 80 de 1993, frente a la liquidación del contrato en el cómputo de la caducidad? ¿La unión temporal contratista cedió su posición contractual, así como los créditos y derechos litigiosos que se derivan del contrato, en favor de la distribuidora de licores cesionaria? ¿Al delimitar el alcance del recurso de apelación, en aras de la solución del mismo, corresponde mantener invariable la causa petendi?
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Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020150102202 LEY 1437 REPETICION
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición, que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de repetición que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados por una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, siempre que la cuantía del proceso supere los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 7 inciso 1 de la Ley 678 de 2001. Esta decisión modifica la competencia previa y amplía la jurisdicción del Consejo de Estado en estos casos, permitiendo que las entidades públicas obtengan el reembolso o reintegro de los dineros pagados en virtud de una condena, conciliación o terminación de conflicto, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal y no se configure la caducidad del medio de control, según lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 9 de la Ley 1437 de 2011.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de repetición resulta procedente para ejercerse en contra del servidor, exservidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar… ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo… ¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resultan aplicables al presente proceso de repetición los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y…
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Consejo de Estado Providencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 18001233300020190002201 LEY 1437 REPETICION
¿Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá? Sí
El contratista está legitimado en la causa por pasiva en un medio de control de repetición cuando, en su calidad de servidor público, su conducta gravemente culposa dio lugar a una condena impuesta en un proceso de reparación directa, ya que este tipo de procedimientos se encuentra adscrito a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme al artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. La Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá, dado que la cuantía del caso supera los 500 SMLMV, lo que implica que el proceso tiene vocación de doble instancia ante el Consejo de Estado, según lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. Este fallo reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos y garantiza la efectividad del medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar al demandado patrimonialmente responsable del pago realizado por la parte demandante, en cumplimiento de una sentencia? ¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar? ¿El demandado está legitimado en la causa por pasiva pues, presuntamente, en su calidad de gobernador del Caquetá, con su conducta gravemente culposa dio lugar a la condena impuesta en contra de ese…
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Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso iniciado en ejercicio del medio de control de repetición

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170198101 LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso iniciado en ejercicio del medio de control de repetición? Sí
El medio de control de repetición procede para obtener el reembolso de lo pagado por una entidad pública en virtud de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, cuando el servidor o particular que cumple funciones públicas actuó con dolo o culpa grave. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme al artículo 2 de la Ley 678 de 2001, en concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política, la repetición es una acción patrimonial que se ejerce contra quien causó el reconocimiento indemnizatorio. Segunda, en el caso la repetición se dirige contra el pago realizado en cumplimiento de una conciliación aprobada judicialmente. Tercera, cuando la cuantía del proceso supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado conoce de la apelación en segunda instancia, conforme al artículo 150 y al numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la conciliación judicialmente aprobada, cuando el Estado la paga, habilita la acción de repetición contra el agente cuya conducta dolosa o gravemente culposa la originó.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente el medio de repetición para solicitar el reembolso de dineros pagados por una entidad pública producto de una condena? ¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para el medio de control de repetición? ¿Por la fecha de ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la condena por la que se ejerce el medio de control de repetición, al caso concreto le son aplicables los preceptos de la Ley 678 de 2001?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170015101 LEY 1437 REPETICION
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición, que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas? Sí
El medio de control de repetición procede contra el servidor, exservidor o particular que cumple una función pública cuando, con conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a un reconocimiento indemnizatorio del Estado proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, y que el Consejo de Estado conoce de su apelación cuando la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los artículos 142 del CPACA y 7 de la Ley 678 de 2001 adscriben el debate a la jurisdicción contencioso administrativa, con la finalidad de obtener el reembolso. Segunda, el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 del CPACA atribuyen a la sala la segunda instancia cuando la cuantía supera el umbral legal. Tercera, la acción tiene naturaleza patrimonial y se fundamenta en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, en concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política. La providencia revoca la decisión de primera instancia en lo que corresponde. La consecuencia práctica es que la apelación de sentencias de repetición que superan el umbral legal corresponde al Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de repetición resulta procedente para ejercerse en contra del servidor, exservidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar… ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo… ¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: debía confirmarse la sentencia de primera instancia al no estar probados los costos

Salvamento voto — Salvamento de voto 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 50001233100020052044801 ACCION CONTRACTUAL
¿Debía confirmarse la sentencia de primera instancia al no estar probados los costos que por concepto de maquinaria el demandante debió asumir durante la parálisis del contrato? Sí
Me aparto de la decisión adoptada por la mayoría de los integrantes de la Sala puesto que, a mi juicio, debía confirmarse la sentencia de primera instancia porque no estaban probados los costos que por concepto de maquinaria el demandante debió asumir durante la parálisis del contrato. Si bien la parte demandante fungió como apelante único y su situación no podía desmejorarse, el dictamen pericial aportado para probar los costos de maquinaria utilizó una metodología consistente en establecer lo que el contratista esperaba recibir por la ejecución de las actividades contractuales, si la suspensión no hubiera ocurrido, de conformidad con los ítems representativos de la obra, el programa de inversiones contractuales y la disponibilidad de la maquinaria.
También resuelve: ¿Dado que los costos de stand by no se derivan de un incumplimiento contractual, no había lugar a reconocer intereses moratorios sobre esta suma…