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Consejo de Estado
Providencia
Ajustase a derecho el rechazo de propuestas en licitaciones cuando el oferente omite reportar información esencial exigida en el pliego de condiciones.
Sentencia — Sentencia
2026-05-22
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 50001233100020060051204
ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó que el rechazo de la propuesta presentada por Conconcreto SA fue ilegal y/o arbitraria? No
La entidad estatal adjudicadora rechaza de manera legal y fundada la propuesta presentada en un proceso de selección cuando el oferente omite reportar información relevante y veraz exigida en el pliego de condiciones. La corporación judicial confirma la sentencia apelada al comprobar que el proponente no acreditó adecuadamente la experiencia específica requerida para la construcción del puente sobre la quebrada Servitá en Meta, lo cual impedía asignar el puntaje pretendido. Con base en los principios de transparencia y el respeto a las reglas de la contratación estatal, la sala aplica el principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans y desestima las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto de adjudicación.síntesis automática
También resuelve:
¿La adjudicación del contrato de obra a la Unión Temporal Puentes del Meta fue ilegal por el hecho de haberse tenido en cuenta la experiencia de la sociedad Augusto Ruiz Corredor y Cia Ltda…
¿Se configuró un exceso ritual manifiesto en la decisión de declarar desistida la práctica de una prueba pericial?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado
Sentencia — Sentencia
2026-08-24
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020160077002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado, como Ecopetrol S.A., pactar cláusulas de terminación y liquidación unilateral de los contratos, sin que su ejercicio constituya el uso de potestades excepcionales de la administración ni dé lugar a la expedición de actos administrativos? Sí
Una entidad estatal sometida por ley especial a un régimen exclusivamente privado puede pactar en el contrato cláusulas de terminación y liquidación unilaterales a su favor, pero el ejercicio de esas cláusulas no constituye el uso de potestades excepcionales de la administración y no da lugar a la expedición de actos administrativos. La regla se sostiene en tres razones: la ley especial regula en forma exclusiva el régimen jurídico de la entidad y descarta la aplicación de las potestades exorbitantes del Estatuto General de Contratación; la autonomía de la voluntad permite a las partes acordar esas decisiones unilaterales como estipulaciones contractuales; y la decisión unilateral genera actos contractuales y no actos administrativos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que impone los principios de la función administrativa. En consecuencia, la terminación y la liquidación unilaterales se producen por la vía contractual. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal sometido al derecho privado cuando se acredita, mediante prueba indiciaria…
¿Procede condenar en costas a la parte demandante cuando se revoca integralmente la sentencia de primera instancia y aquella resulta vencida en el proceso?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La responsabilidad para atender las pretensiones que se encuentran insatisfechas y las que aún no se han decidido y son materia de apelación corresponde a la concesionaria.
Sentencia — Sentencia
2023-03-03
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 68001233300020140024902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La responsabilidad para atender las pretensiones que se encuentran insatisfechas y las que aún no se han decidido y son materia de apelación corresponde a la concesionaria? Sí
Cuando el concesionario asume la gestión predial bajo un contrato de promesa de compraventa, la responsabilidad por las pretensiones insatisfechas y las que aún no se han decidido corresponde al concesionario, aun cuando existan acuerdos posteriores y pagos con cargo al fondo de contingencias. La regla se apoya en tres razones. Primera, los otrosíes suscritos después del 50% del pago sirvieron de base a la declaratoria de la contingencia predial y al desembolso del saldo, pero no alteraron la forma de satisfacer las obligaciones derivadas de la promesa. Segunda, la finalidad de esos acuerdos fue cumplir negocios atrasados por falta de pago, y no pagar los perjuicios causados por el incumplimiento del concesionario. Tercera, las partes declararon la paz y salvo por todo concepto, incluidos los perjuicios presentes y futuros de la gestión predial, de modo que esa responsabilidad quedó radicada exclusivamente en el concesionario. Por ello el recurso de apelación del concesionario se consideró infundado y la providencia modifica la sentencia de primera instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditó la suscripción de la escritura pública y el pago del saldo adeudado como precio del inmueble, aspectos de la condena de primera instancia?
¿Según lo estipulado en el contrato de concesión la concesionaria adquirió todas las obligaciones relacionadas con la gestión de adquisición predial?
¿Es posible atribuirle responsabilidad a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Contratación estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-10-04
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020170139703
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La actuación desplegada por la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional y, en particular, por las empresas que la componen, dentro del proceso penal por el supuesto delito de acceso o prestación ilegal del servicio de telecomunicaciones, en contra del actor, le ocasionó un daño a la parte actora que pueda catalogarse como antijurídico? No
El contratista no puede obtener reparación directa por daños antijurídicos derivados de la actuación de la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional en un proceso penal, ya que no acredita el daño cierto, presente o futuro, ni su relación causal con la acción de la entidad, además de no probar adecuadamente la afectación de garantías procesales o la pérdida de oportunidades comerciales. La Sala confirma la sentencia que rechaza la demanda por falta de pruebas, lo que implica que el contratista debe demostrar con claridad y certeza el daño y su origen para obtener indemnización.síntesis automática
También resuelve:
¿La competencia para conocer las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad le corresponden en…
¿El término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de 2 años?
¿Los documentos aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2025-07-09
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 23001233300020150028501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada en un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, cuando dicho contrato fue suscrito en desarrollo del giro ordinario de sus negocios? No
La jurisdicción de lo contencioso administrativo no conoce de las controversias contractuales originadas en contratos que una entidad pública con carácter de institución financiera celebra en desarrollo del giro ordinario de sus negocios. La regla se apoya en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, que excluye de esa jurisdicción esos asuntos, y en que la competencia se determina por la naturaleza del contrato y de la actividad que lo origina. Cuando el proceso ya está para sentencia de segunda instancia y se advierte esa falta de competencia, el juez la declara conforme al artículo 138 del Código General del Proceso. En el caso, la entidad demandada es una institución financiera pública y el contrato se celebró en desarrollo de su giro ordinario, por lo que el despacho declara falta de jurisdicción. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso declara la falta de jurisdicción, invalida la sentencia de primera instancia y remite el expediente a la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede considerarse que el contrato celebrado por FONADE con Construcciones Diserq se encuentra excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa…
¿Tiene la jurisdicción contencioso-administrativa competencia para conocer de la controversia sobre la nulidad de resoluciones expedidas por FONADE…
¿Las decisiones unilaterales adoptadas por FONADE en ejecución de un contrato celebrado bajo régimen de derecho privado, pueden ser calificadas como actos administrativos sometidos al control de la…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas
Sentencia — Sentencia
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020070292402
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista es competente para ceder su posición contractual en favor de una persona jurídica privada, como una distribuidora de licores, siempre y cuando se notifique y obtenga la aceptación del gobernador del departamento, tal como lo establece la normativa de contratación estatal. Esta regla se fundamenta en que la cesión del contrato no altera el régimen jurídico aplicable, y que la legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva se mantiene en la entidad estatal y la cesionaria. La Sala modifica precedentes al establecer que la cesión de la posición contractual y los créditos y derechos litigiosos derivados del contrato son válidos cuando se cumplen los requisitos legales, lo que implica que las partes cesionarias deben cumplir con las formalidades establecidas para mantener la validez del contrato y la legitimación en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿Ante la ausencia de un pacto para la liquidación del contrato, resulta procedente aplicar las disposiciones de la Ley 80 de 1993, frente a la liquidación del contrato en el cómputo de la caducidad?
¿La unión temporal contratista cedió su posición contractual, así como los créditos y derechos litigiosos que se derivan del contrato, en favor de la distribuidora de licores cesionaria?
¿Al delimitar el alcance del recurso de apelación, en aras de la solución del mismo, corresponde mantener invariable la causa petendi?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El silencio del contratista en el acta de inicio no constituye una convalidación ni condona los incumplimientos contractuales previos de la entidad estatal.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-08-26
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 05001233300020180162101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede interpretarse el silencio del contratista en el acta de inicio como una convalidación del presunto incumplimiento contractual anterior por parte de EPM? No
El contratista conserva su derecho a reclamar indemnizaciones por perjuicios derivados de incumplimientos contractuales previos de la administración, sin que la suscripción del acta de inicio implique renuncia o condena tácita. En su aclaración de voto, el magistrado precisa que el silencio del contratista en el acta de inicio no podía entenderse como una convalidación de la conducta contractual morosa de la entidad desplegada con anterioridad, pues ello equivaldría a presumir indebidamente la renuncia a reclamar los perjuicios causados. Conforme a los principios de la contratación estatal y la autonomía de la voluntad, los acuerdos posteriores no purgan automáticamente los incumplimientos previos ni exoneran de responsabilidad a la parte infractora sin una manifestación expresa de voluntad.síntesis automática
También resuelve:
¿Confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) al contratista el derecho a mantener la ecuación económica del contrato estatal frente a modificaciones o eventos…
¿Resultan aplicables los principios del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, como el derecho al restablecimiento del equilibrio económico…
¿Resulta aplicable el derecho al restablecimiento del equilibrio económico consagrado en el EGCAP a un contrato estatal celebrado por una entidad pública en un mercado liberalizado y regido por el…