Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2023-03-24
Radicado
05001233100020000341401
Número interno
39188
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.
Demandado
MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO ANTIOQUIA

Síntesis de la providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Como el régimen del contrato n°. ALC-042 es el derecho privado, el Municipio de Puerto Berrío no podía darlo por terminado por nulidad absoluta prevista –causal de terminación prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993–. Esta terminación configura un incumplimiento de lo pactado, pues la conducta de la entidad demandada contravino la fuerza normativa del pacto que deviene de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC).

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La entidad estatal contratante en un contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios regido por el derecho privado incumple lo pactado si lo da por terminado unilateralmente invocando la causal de nulidad absoluta prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993. Esa conducta contraviene la fuerza normativa del acuerdo de voluntades consagrada en el artículo 1602 del CC (Ley 57 de 1887), dado que dicha potestad excepcional del estatuto contractual no gobierna los negocios sometidos al derecho privado. De otra parte, cuando el contratista asume en su propuesta la ejecución de un plan inicial de optimización financiado con créditos y con los excedentes mensuales del fondo de reposición y emergencia, le corresponde probar las inversiones y actividades realizadas para obtener el reconocimiento de perjuicios materiales. Finalmente, ante la falta de liquidación definitiva del contrato por las partes, el juez establece los valores adeudados entre ellas hasta su terminación con fundamento en las pruebas allegadas al proceso.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 57 de 1887, art. 1602
  • Ley 80 de 1993, art. 45

También resuelve

  • ¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización?
  • ¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio?
  • ¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS TERMINACIÓN DEL CONTRATO NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO CONDICIONAMIENTO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE CONCERTACIÓN DE CRÉDITO FONDO DE REPOSICIÓN DE GASTOS CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PAGO POR EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO GASTOS DE INVERSIÓN INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL TERMINACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GASTOS OPERATIVOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN COSTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL TARIFA DE ASEO TARIFA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO APERTURA DE CRÉDITO CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE LA NACIÓN A LOS MUNICIPIOS NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO PAGO INDIRECTO AL TRABAJADOR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONFIGURACIÓN DE SALDOS A FAVOR DERECHOS DEL CONTRATISTA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO RECOLECCIÓN DE BASURAS DISPOSICIÓN DE BASURAS PRÁCTICA DEL DICTAMEN PERICIAL CLASES DE COSTOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL TÉRMINO DEL CONTRATO INDEMNIZACIÓN POR LO DEJADO DE PERCIBIR CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL INTERPRETACIÓN DEL PERITO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS FACTOR DE EFICIENCIA INCONDUCENCIA DE LA PRUEBA FALTA DE PRUEBA DEL GASTO FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO PRUEBA DEL COSTO INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL EXTINCIÓN DEL CONTRATO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL CONDICIONES DEL CONTRATO OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL FORMACIÓN DEL CONTRATO DERECHO A LA AUTONOMÍA PRIVADA REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CLASES DE CONTRATO ESTATAL CONTRATO ESTATAL ESPECIAL CONTRATO ESPECIAL CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS REGULACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CLASES DE FUNCIÓN PÚBLICA PRINCIPIO DE LA IGUALDAD FRENTE AL SERVICIO PÚBLICO ECONOMÍA DE MERCADO REGLA GENERAL DE COMPETENCIA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA PRINCIPIOS DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO COMISIONES DE REGULACIÓN RETIRO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD ECONÓMICA CLASES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA FINALIDAD DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO ESTATAL DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA PRINCIPIO DE EFICIENCIA RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL LEY DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD TERRITORIAL PARTES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CAUSACIÓN DE PERJUICIOS RELACIÓN CONTRACTUAL CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO VENCIMIENTO DEL TÉRMINO JUDICIAL LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL PROCESO LIQUIDATORIO PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Prestación de servicios y contrato realidad Régimen del contrato: ¿Ley 80 o derecho privado?

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2022-10-19 Sección Tercera (Subsección B)
Están probadas las erogaciones en que incurrió el contratista
Consejo de Estado 2022-05-20 Sección Tercera (Subsección A)
El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales
Consejo de Estado 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B)
El asunto a resolver por el juez de segunda instancia recae sobre la procedencia de la suspensión o terminación del contrato
Consejo de Estado 2024-05-20 Sección Tercera (Subsección A)
Procede la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato expedido por el municipio, al recalcular el valor de las facturas del servicio de alumbrado público, sin antes acudir a un tercero para dirimir las controversias surgidas con ocasión de los cobros realizados por Codensa, conforme a lo estipulado en el contrato.
Consejo de Estado 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B)
La demanda fue interpuesta oportunamente el 11 de septiembre de 2018
Consejo de Estado 2024-05-09 Sección Tercera (Subsección A)
La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio
Titulación de la relatoría 19.267 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: No Como el régimen del contrato n°. ALC-042 es el derecho privado, el Municipio de Puerto Berrío no podía darlo por terminado por nulidad absoluta prevista –causal de terminación prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993–. Esta terminación configura un incumplimiento de lo pactado, pues la conducta de la entidad demandada contravino la fuerza normativa del pacto que deviene de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC). FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO / CONDICIONAMIENTO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / CONCERTACIÓN DE CRÉDITO / FONDO DE REPOSICIÓN DE GASTOS / CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ASEO / PAGO POR EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / GASTOS DE INVERSIÓN / INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL Problema jurídico: ¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización? Respuesta al problema jurídico: No [E]l plan inicial de optimización incluido en la propuesta del proponente sería financiado con créditos y con el fondo de reposición y emergencia, esto es, con los excedentes mensuales que resultaran de los ingresos después de aplicar el régimen económico del contrato. De acuerdo con lo probado, [la demandante] debía ejecutar el plan inicial de optimización del servicio de aseo según los términos de su propuesta. El plan se financiaría con créditos y con los recursos del fondo de reposición y emergencia, que se componía de los excedentes mensuales que resultaran de los ingresos después de aplicar el régimen económico del contrato. No se probó que [la demandante] realizó las inversiones, ni las actividades previstas en el plan de optimización. Como no se acreditó que la demandante invirtiera $187.456.211 o cualquier otra suma, la Sala negará el reconocimiento de perjuicios derivados de las inversiones realizadas por el plan inicial de optimización. CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO / CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / GASTOS OPERATIVOS / GASTOS DE ADMINISTRACIÓN / COSTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL / PAGO POR EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / TARIFA DE ASEO / TARIFA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO / CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO / APERTURA DE CRÉDITO / CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO / PRESUPUESTO DE INVERSIÓN / PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO / TRANSFERENCIAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE LA NACIÓN A LOS MUNICIPIOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio? Respuesta al problema jurídico: Si [L]os gastos generales de operación, administración y mantenimiento iban a ser reconocidos a través de la tarifa. Si inicialmente lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio. [E]l municipio no estaba obligado a pagar el excedente que no reconociera la tarifa por gastos generales de operación, administración y mantenimiento. Además, el reconocimiento y pago al operador de gastos e inversiones, con cargo al presupuesto de inversiones del municipio, no tenía nada que ver con el reconocimiento de los gastos de operación, administración y mantenimiento, pues estos tenían una destinación específica. Por ello, la Sala negará las pretensiones sobre este punto. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ASEO / EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / PAGO POR EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / PAGO INDIRECTO AL TRABAJADOR / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIGURACIÓN DE SALDOS A FAVOR / DERECHOS DEL CONTRATISTA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Está acreditado que el municipio de Puerto Berrío pagó [a la demandante] “por concepto de liquidación del contrato n°. ALC-042 Administración, Operación y Mantenimiento del sistema integral de aseo urbano del municipio de Puerto Berrío del 1 de enero de 1998 al 21 de julio de 1998”. [U]n año después, el municipio de Puerto Berrío pagó $12.408.591 a los trabajadores de [la contratista] en cumplimiento de una decisión del Juzgado Civil del Circuito del municipio. Conforme a la Resolución n°. 1257 de 1999, “no obstante que a la fecha no se ha liquidado definitivamente el contrato de este municipio con la firma [contratista] es claro que, con el saldo a favor de esa firma, puede atenderse a este pago”. El contrato ALC-042 no fue liquidado por las partes. Por ello, se establecerán los valores adeudados entre ellas hasta la terminación del contrato con fundamento en las pruebas allegadas al proceso. CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / RECOLECCIÓN DE BASURAS / DISPOSICIÓN DE BASURAS / PRÁCTICA DEL DICTAMEN PERICIAL / CLASES DE COSTOS / COSTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL / GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN / COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN POR LO DEJADO DE PERCIBIR / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL / INTERPRETACIÓN DEL PERITO / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / FACTOR DE EFICIENCIA / INCONDUCENCIA DE LA PRUEBA / FALTA DE PRUEBA DEL GASTO / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO / PRUEBA DEL COSTO / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL Problema jurídico: ¿El dictamen respondió de forma precisa los puntos sometidos a su consideración por las partes? Respuesta al problema jurídico: No En el proceso se decretó un dictamen pericial para que determinara los volúmenes de basura que producía el municipio, la estructura administrativa […], la estructura de ingresos iniciales y proyectados, la estructura de costos de la prestación del servicio […] y la utilidad que recibiría [la demandante] por el plazo del contrato. [E]l dictamen no respondió de forma precisa los puntos sometidos a su consideración por las partes. La prueba pericial tenía como objeto dictaminar la utilidad dejada de percibir por [la demandante] con la no prestación de servicio. El objeto del dictamen exigía que se tomaran los costos operativos de esa empresa […] y con fundamento en esos cálculos, en la normatividad y lo dispuesto en el contrato, se determinara la utilidad dejada de percibir. El perito no respondió las preguntas “pensando en el caso específico de [la contratista]. Se respondieron todas pensando en una empresa modelo, que responda en su funcionamiento a todos los requerimientos de eficiencia, equidad y normatividad legal”. Como el dictamen pericial no es conducente para acreditar los hechos que se pretendían probar, la Sala no lo acoge porque su fundamento carece de firmeza y precisión y no tiene eficacia probatoria según los artículos 233, 237 y 241 CPC. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, 237 Y 241 FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EXTINCIÓN DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONDICIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / FORMACIÓN DEL CONTRATO / DERECHO A LA AUTONOMÍA PRIVADA / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Las partes deben ajustarse a la intención expresada al momento de la formación del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes [y], se extingue por el mutuo disenso de las partes (arts. 1602 y 1625 CC), por la declaración judicial de resolución o de terminación, cuando se acredita el incumplimiento […] (arts. 1546 y 1625 núm. 9 CC y 870 C. Co) o por la declaración judicial de nulidad absoluta o relativa (arts. 1625 núm. 8 y 1740 CC). [L]as partes deben ajustar su comportamiento a la intención expresada al momento de la formación del contrato. Por ello, en principio, la acción individual de uno de los contratantes es insuficiente para ponerle fin. La autonomía privada impone la fuerza normativa del contrato, que exige el deber legal del cumplimiento, ya sea voluntariamente o por orden judicial (arts. 1535, 1551 y 1603 CC) y descarta la imposibilidad de aniquilarlo por acto unilateral. [L]as partes pueden dotarse recíprocamente, o a una de ellas, en ejercicio de la autonomía privada, de la facultad de resolver el contrato. Este pacto expreso de terminación unilateral constituye ley contractual y no puede ser anulado sino por contrariar el orden público y las buenas costumbres. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la terminación unilateral del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de agosto de 2020, rad. 36875, C. P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 870, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1535, 1546, 1551, 1602, 1603, 1740 Y 1625 NUMERALES 8 Y 9 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CLASES DE CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL ESPECIAL / CONTRATO ESPECIAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Problema jurídico: ¿Como el contrato fue celebrado antes de la modificación que hizo la Ley 689 de 2001 su régimen corresponde al derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si Ese contrato era de los denominados “especiales”, autorizados por el artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994. Como el contrato fue celebrado antes de la modificación que hizo la Ley 689 de 2001 a los artículos 31 y 39, su régimen corresponde al derecho privado. El contrato [celebrado] no es de los previstos en el artículo 1 de la Resolución CRA 1 de 1995. De modo que, la Comisión de Regulación no hizo obligatoria –por vía general– la inclusión en este contrato de las cláusulas exorbitantes previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. La inclusión de cláusulas exorbitantes sólo se hizo obligatoria a este tipo de contratos con la modificación que hizo el artículo 1 de la Resolución 293 de 2004. Además, tampoco se acreditó que la Comisión de Regulación autorizara su inclusión para este contrato en particular. FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31 Y 39 NUMERAL 3, LEY 689 DE 2001, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO / REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / REGULACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / CLASES DE FUNCIÓN PÚBLICA / PRINCIPIO DE LA IGUALDAD FRENTE AL SERVICIO PÚBLICO / ECONOMÍA DE MERCADO / REGLA GENERAL DE COMPETENCIA / INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA / PRINCIPIOS DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO / COMISIONES DE REGULACIÓN / RETIRO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTIVIDAD ECONÓMICA / CLASES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA / FINALIDAD DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO / SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA / PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA / PRINCIPIO DE EFICIENCIA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO Problema jurídico: ¿El ordenamiento constitucional posterior a 1991 dejó atrás la noción de servicio público que lo asimilaba a una proyección de la función pública y optó por un nuevo servicio público basado en el modelo competitivo? Respuesta al problema jurídico: Si La Constitución Política de 1991, al regular los servicios públicos domiciliarios, como un apartado especial de la Constitución Económica introdujo un cambio sustancial: el nuevo ordenamiento constitucional dejó atrás la noción de servicio público que lo asimilaba a una proyección de la ‘función pública’ y optó por un ‘nuevo servicio público’ basado en el modelo competitivo, a la vez, libre e intervenido por el Estado en su condición de director general de la economía (arts. 365 y 370 CN). Con esta regulación se superó la teoría clásica de los servicios públicos, que los asimilaba a una función administrativa, para reformularla como una actividad económica inherente a las finalidades sociales de nuestro Estado de Derecho. Dentro de los múltiples preceptos de promoción de la competencia, contenidos en la Ley 142, ocupan especial lugar las reglas en materia de contratación, las cuales sometieron a un mismo marco jurídico a todos los operadores con independencia de su naturaleza jurídica. Con sujeción a esos postulados, en especial, los de libre iniciativa, competencia y eficiencia económica, los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 dispusieron que los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, por regla general, se regirían por el derecho privado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen jurídico aplicable a la prestación de los servicios públicos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de octubre de 2020, rad. 48009, C. P. Guillermo Sánchez Luque; y sentencia del 30 de junio de 2011, rad. 32018, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 365 Y 370, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31 Y 32 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / LEY DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD TERRITORIAL / REGULACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / PARTES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN Problema jurídico: ¿Si el contrato de operación del servicio público era celebrado antes de la Ley 689 de 2001, el régimen aplicable era el derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l régimen de contratación aplicable –después de la Ley 689 de 2001– a los contratos previstos en el artículo 39.3 de la ley 142 sigue siendo, en principio, el derecho privado. Sin embargo, aquellos que celebren los entes territoriales con las empresas de servicios públicos para que estas asuman la prestación o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación (incluidas las modalidades del artículo 39.3 de la ley 142), se regirán para todos los efectos por el Estatuto General de la Contratación Pública y la selección siempre debe realizarse mediante licitación pública. [D]espués de la entrada en vigencia de la Ley 689 de 2001, si una entidad territorial celebraba un contrato de operación de los que trata el artículo 39.3, ese contrato se regía por la Ley 80 de 1993. No obstante, si el contrato de operación era celebrado antes de la Ley 689 de 2001, el régimen aplicable era el derecho privado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prestación del servicio público con la entrega de bienes afectos al servicio, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2008, rad. 2005-00005-01(AP), C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 39 NUMERAL 3, LEY 689 DE 2001, LEY 80 DE 1993 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CAUSACIÓN DE PERJUICIOS / RELACIÓN CONTRACTUAL / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO JUDICIAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCESO LIQUIDATORIO / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿En los contratos que requieran liquidación y esta fuera efectuada unilateralmente por la Administración, el término para formular pretensiones es de dos años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios originados de una relación contractual (arts. 1546, 1602 CC y 87 CCA). Según el artículo 136.10.d CCA, en los contratos que requieran liquidación y esta fuera efectuada unilateralmente por la Administración, el término para formular pretensiones es de dos años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquida dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación judicial dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87 Y 136 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1564 Y 1602

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000200003414011100103