Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Se acreditó que existe nulidad de un contrato por violación al derecho de audiencia, debido a que el ordenador del gasto no estuvo presente en toda la audiencia de adjudicación; y por violación a las normas en que debía fundarse y por falsa motivación? No
En los procesos de nulidad contractual, la ausencia del ordenador del gasto durante toda la audiencia de adjudicación de una licitación pública no vicia el acto de adjudicación, porque no existe una norma que lo obligue a estar presente en todo su desarrollo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ausencia de una norma que imponga la presencia permanente impide declarar la nulidad por violación del derecho de audiencia. Segunda, los cargos de nulidad por violación de las normas en que debía fundarse el acto y por falsa motivación deben probarse, y en el caso no lo fueron. En el caso, la providencia confirma la negativa de las pretensiones porque los cargos de nulidad contra el acto de adjudicación no quedaron probados. En la práctica, quien impugne una adjudicación por la ausencia de un servidor en la audiencia debe identificar la norma que exigía su presencia y acreditar el perjuicio que le causó la ausencia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se interpuso dentro del término estipulado por la ley?¿Procede la condena en costas al resolverse de forma desfavorable el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante?
¿Tiene la entidad estatal, facultades para corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier tiempo, y por el contrario, para la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones si deben sujetarse a las limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas? Sí
Las entidades estatales pueden corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier momento, pero la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones debe sujetarse a limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas, según establecen los artículos 30 numeral 5 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015. Estas limitaciones prohíben modificar el pliego de condiciones dentro de los tres días anteriores al cierre del proceso de selección y establecen que no se pueden alterar aspectos sustanciales como el objeto del contrato o las reglas fundamentales de la competencia. La facultad de corrección no puede dar lugar a cambios en el sentido material de la decisión, según el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, la Sala declaró nula la Resolución que suspendió el proceso de licitación y extendió el plazo de presentación de ofertas, ya que esta modificación constituye una adenda no permitida por la ley.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución mediante la cual se suspendió el proceso de Licitación Pública y se adoptó un nuevo cronograma con ampliación del plazo…¿La expedición de una resolución que, bajo la figura del saneamiento o corrección de un error contenido en el pliego de condiciones…¿Debe la Sala abstenerse de imponer condena en costas cuando se trata de un proceso de nulidad de un acto administrativo de carácter general promovido por una veeduría ciudadana…
Auto interlocutorio — Auto que declara desierto recurso2022-06-06Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020170041702LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Precisó la demandante en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión? No
El contratista no precisará en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión, ya que la omisión de esta especificación implica que la prueba documental no resulta pertinente, útil ni conducente para demostrar las supuestas irregularidades en el procedimiento de selección y las conductas violatorias de la libre competencia por parte de los oferentes adjudicatarios. En este caso concreto, la demandante no detalló cómo las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio podían ilustrar la existencia de acuerdos colusorios en el proceso específico, limitándose a afirmar que dichas decisiones eran útiles para ilustrar al tribunal sobre la existencia de colusión en otros eventos. Como resultado, el tribunal confirmó la decisión de negar la admisión de dichas resoluciones como prueba, reafirmando que la parte demandante no cumplió con los requisitos de sustentación necesarios para que el recurso de apelación fuera debidamente presentado y examinado.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentaron argumentos contra los fundamentos de hecho y/o derecho que sirvieron de sustento al tribunal para negar el decreto de la prueba testimonial?¿El Tribunal negó la prueba por considerarla innecesaria para demostrar los hechos objeto del litigio?¿La parte recurrente sustentó debidamente su impugnación?
¿Procede la acción de controversias contractuales para solicitar los perjuicios derivados del acto de adjudicación cuando el contrato ya se celebró al momento de presentar la demanda, por lo cual, se configuró ineptitud sustantiva de la demanda al interponer en el caso bajo análisis la acción de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El proponente que pretende cuestionar la legalidad del acto de adjudicación y reclamar los perjuicios derivados debe ejercer la acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad absoluta del contrato estatal cuando este ya se ha celebrado al momento de presentar la demanda. Aunque el parágrafo primero del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 dispone que el acto de adjudicación no tiene recursos en la vía gubernativa y puede impugnarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al CCA, dicha vía procesal resulta improcedente una vez celebrado el contrato entre la entidad contratante y el adjudicatario. De acuerdo con el artículo 87 del CCA (Decreto 01 de 1984), la omisión de pedir la nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad del acto precontractual mediante la acción de controversias contractuales configura ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción y obliga al juez a proferir fallo inhibitorio.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse el artículo 32 de la Ley la Ley 446 de 1998 como norma procesal al caso concreto, dado que la misma se encontraba vigente cuando se adelantó el proceso de licitación pública y se…¿Debe el juez administrativo decidir en la sentencia judicial sobre las excepciones propuestas en el proceso y las que encuentre probadas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-06-03Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 41001233300020200076301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pretensiones del medio de control de controversias contractuales están dirigidas a que se declare la nulidad del contrato? Sí
El contratista no puede solicitar la suspensión del proceso de restitución de bienes arrendados como medida cautelar cuando las pretensiones del medio de control de controversias contractuales están dirigidas a declarar la nulidad del contrato, ya que la continuación del proceso no causaría un perjuicio irremediable, dado que la entidad ya está dispuesta a devolver los bienes y a buscar alternativas para cumplir sus funciones. Además, la Sala considera que la demanda está razonablemente fundada en derecho, sin prejuzgar el fondo del asunto, y que la terminación del contrato y la restitución de los bienes son las únicas acciones que el juez puede ordenar en la sentencia que concluye el proceso de restitución. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la admisibilidad de medidas cautelares en procesos de control de controversias contractuales, limitando la posibilidad de suspender el proceso de restitución de bienes arrendados cuando la nulidad del contrato es la pretensión principal.síntesis automática
También resuelve:¿Es admisible que la demandante alegue que la restitución de los bienes arrendados implica un perjuicio para ella?¿El juez, en la sentencia que concluye el proceso de restitución de bienes dados en arrendamiento solo puede declarar la terminación del contrato y ordenar la restitución de los bienes objeto de este?¿La demanda se encuentra razonablemente fundada en derecho, sin que tal consideración implique prejuzgamiento?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo de adjudicación del contrato? Sí
La controversia planteada en término consiste en determinar, conforme a la apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque, a juicio del impugnante, el acto acusado debe anularse porque exigió el cumplimiento de requisitos contables ajenos a uno de los participantes y pasó por alto la ausencia de un poder debidamente otorgado respecto de otro participante.
También resuelve:¿Uno de los requisitos habilitantes exigido en el pliego de condiciones de la licitación pública convocada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca…¿La empresa extranjera demandante debía someterse a la normativa interna aplicada al proceso de selección de contratista para acreditar la situación financiera de los proponentes?¿La descalificación de la propuesta de la sociedad extranjera estuvo justificada en el incumplimiento de uno de los requisitos habilitantes consistente en aportar el certificado de los estados…
¿Es procedente la objeción por error grave en el dictamen pericial presentada por la parte demandante? No
El contratista no puede objetar por error grave el dictamen pericial presentado por el ingeniero civil, ya que este se limitó a calcular los perjuicios materiales y no evaluó la propuesta del consorcio demandante como la mejor opción según el pliego de condiciones. La Sala determina que la objeción no es procedente porque el perito consideró la totalidad de los puntos de análisis establecidos por la entidad estatal, no solo el supuesto error en la certificación de calidad. Además, la inexactitud en la información financiera suministrada por el proponente en el Registro Único de Proponentes configura una causal de rechazo de la propuesta según el pliego de condiciones, lo que implica que la propuesta del consorcio no cumplió con los requisitos exigidos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los pliegos de condiciones y subraya que la objeción por error grave en el dictamen pericial debe estar fundamentada en errores evidentes y no en interpretaciones subjetivas.síntesis automática
También resuelve:¿La inexactitud en la información suministrada por el proponente configuró una causal de rechazo de la propuesta a la luz de lo estipulado en el pliego de condiciones?¿Se configuró la causal de nulidad del contrato por celebrarse contra expresa prohibición legal o constitucional?¿Se configuró la causal de nulidad de desviación de poder en la adjudicación del contrato estatal?
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve:¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados?¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS?¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
¿El contrato para la introducción y comercialización de licores, celebrado entre el departamento de Valle del Cauca y la sociedad demandante, estaba regido por la Ley 80 de 1993 y debió haber estado precedido de un procedimiento licitatorio para la selección del contratista? Sí
Cuando el departamento celebra contratos para la introducción y comercialización de licores en desarrollo del monopolio de arbitrio rentístico, esos contratos están regidos por la Ley 80 de 1993 y la selección del contratista debe hacerse por un procedimiento competitivo, como la licitación pública. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 63 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 123 del Decreto 1222 de 1986 permiten celebrar esos negocios dentro de las normas de contratación vigentes. Segunda, el Consejo de Estado ha concluido que, desde la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el departamento debe ceñirse a esa ley, al no existir un régimen especial para la selección de los contratistas. Tercera, a falta de una regla específica, la modalidad de selección de contratistas particulares por parte del departamento era la licitación. En consecuencia, la providencia revoca la decisión que había considerado el contrato regido por el derecho privado. El documento reitera esa línea sobre el régimen de estos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos demandados mediante los cuales se declaró la terminación unilateral del contrato, al haberse celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional por la pretermisión…¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato para la introducción y¿En vigencia del C.P.A.C.A. y del Código General del Proceso, resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte a quien se le resuelve parcialmente favorable el recurso de…
¿Es nulo el contrato dado que la selección del contratista se debió haber efectuado por medio de licitación pública? Sí
Es absolutamente nulo el contrato estatal celebrado por contratación directa cuando la ley exigía su selección mediante licitación pública, y esa nulidad puede declararse aun a solicitud de la misma entidad que lo suscribió. La regla se apoya en que la nulidad es manifiesta cuando la selección del contratista se pretermitió y en que el acto que justificó la contratación directa también debe ser objeto de nulidad. Además, los estudios previos no pueden construirse con cotizaciones dirigidas a otros proveedores cuando ya se tenía una cotización preferente, lo que compromete la transparencia del procedimiento. En el asunto, la entidad solicitó la nulidad de su propio acto de contratación directa y del contrato celebrado, y la Sala revocó la decisión de primera instancia por encontrar nulo el contrato. En la práctica, la entidad que contrata sin licitación cuando la ley la exige no puede sanear el contrato y debe acudir a la nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria?¿Las entidades públicas están legitimadas en la causa por activa para demandar sus propios actos administrativos cuando los consideren lesivos de sus propios intereses…¿Es procedente la declaración de la nulidad absoluta del contrato cuando se celebra contra expresa prohibición constitucional o legal, o cuando se celebre con abuso o desviación de poder…
¿Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista no incluye la cláusula de reversión en contratos de concesión de servicios públicos, ya que estos no implican la explotación de bienes del Estado, sino la prestación de un servicio en un área de servicio exclusivo. Según el artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, la cláusula de reversión se aplica a la concesión de bienes, no a servicios públicos. En este caso, el contrato celebrado por la entidad territorial con Atesa para la prestación del servicio público de aseo no contempla la reversión, ya que la prestación del servicio no es monopolística y puede ser realizada por cualquier operador en un sistema de libre mercado. La entidad contratante debe evaluar la conveniencia de incluir la cláusula de reversión en función del valor presente neto del contrato, considerando que la prestación del servicio no implica la explotación de bienes estatales. La Sala reitera que la cláusula de reversión no es aplicable en contratos de concesión de servicios públicos, lo que implica que el contratista no está obligado a incluirla en dichos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato de concesión del servicio público de aseo se debe tener por incluida la cláusula de reversión?¿La amortización de sumas de dinero en el contrato debe ser expresamente pactada?¿La cláusula de reversión es de la esencia de todos los contratos de concesión?
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve:¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional?¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos?¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993? No
La entidad estatal contratante en un contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios regido por el derecho privado incumple lo pactado si lo da por terminado unilateralmente invocando la causal de nulidad absoluta prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993. Esa conducta contraviene la fuerza normativa del acuerdo de voluntades consagrada en el artículo 1602 del CC (Ley 57 de 1887), dado que dicha potestad excepcional del estatuto contractual no gobierna los negocios sometidos al derecho privado. De otra parte, cuando el contratista asume en su propuesta la ejecución de un plan inicial de optimización financiado con créditos y con los excedentes mensuales del fondo de reposición y emergencia, le corresponde probar las inversiones y actividades realizadas para obtener el reconocimiento de perjuicios materiales. Finalmente, ante la falta de liquidación definitiva del contrato por las partes, el juez establece los valores adeudados entre ellas hasta su terminación con fundamento en las pruebas allegadas al proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización?¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio?¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato?
¿Se probó la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de planeación en que incurrió la demandada y el incumplimiento del contrato por la entrega incompleta de las obras? No
El contratista que reclama la nulidad del acto de liquidación unilateral y la reparación por incumplimiento contractual debe acreditar tanto el cumplimiento de sus propias obligaciones como el nexo causal entre la infracción del deber de planeación por la entidad estatal y la entrega incompleta de las obras. Sin un despliegue probatorio que desvirtúe los señalamientos del interventor acogidos en dicho acto administrativo sobre la trasgresión de las obligaciones contractuales, no procede declarar la nulidad ni la responsabilidad estatal. Respecto de la caducidad prevista para el medio de control de controversias contractuales, como los actos contractuales solo admiten el recurso no obligatorio de reposición, el cómputo inicia cuando la liquidación unilateral cobra ejecutoria al extinguirse el término para recurrir. Conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001, la solicitud de conciliación prejudicial suspende el término por una sola vez y sin prórroga hasta el acuerdo, la expedición de las constancias respectivas o el transcurso de tres meses desde su radicación.síntesis automática
También resuelve:¿La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra un fallo de controversias contractuales proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado de manera oportuna?¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, que se entienden desfavorables a sus intereses?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-03-10Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020220010100CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿La licitación pública es el proceso contractual indicado para la selección del usuario operador de zona franca respecto de aquellos procesos regulados por el Estatuto de Contratación Pública? Sí
La zona franca se constituye formalmente como una porción delimitada dentro del territorio nacional sujeta a una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior conforme a la Ley 1004 de 2005, pasando de ser un antiguo establecimiento público de la estructura general de la administración nacional a operar de manera efectiva como un instrumento idóneo para la creación de empleo, el fomento de la competitividad regional y la generación de economías de escala, requiriendo de forma ineludible la previa selección de su usuario operador mediante los rigurosos procedimientos de convocatoria pública y licitación previstos en el ordenamiento jurídico cuando se involucren debidamente bienes o terrenos de propiedad exclusiva de la Nación en el desarrollo de las actividades comerciales.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible prorrogar, por tres años adicionales, los contratos de arrendamiento celebrados con los usuarios operadores de zonas francas ubicadas en terrenos de propiedad, total o parcial…¿Procede la expedición de un decreto reglamentario para prorrogar los contratos de arrendamiento celebrados con los usuarios operadores de zonas francas ubicadas en terrenos de propiedad…¿Las disposiciones especiales (No Contractuales) del artículo 26 y siguientes del Decreto 2147 de 2016, expedido en el marco de las Leyes 7 de 1991, 1004 de 2005 y 1609 de 2013…
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-06-06Sala Consulta y Servicio CivilALVARO NAMEN VARGASRad. 11001030600020180004200CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿La asignación de espectro y el otorgamiento de concesiones del servicio de radiodifusión sonora comercial, debe efectuarse empleando reglas de selección que prioricen el propósito de maximizar los recursos del Estado, como la subasta; o pueden emplearse otras reglas de selección al amparo del artículo 57 de la Ley 1341 de 2009 y de las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aunque no necesariamente prioricen el objetivo de maximizar recursos del Estado? Sí
El servicio de radiodifusión sonora opera como aquel servicio público de telecomunicaciones que permite emitir, transmitir y recibir sonidos por el público en general utilizando exclusiva o principalmente las ondas radioeléctricas o de radio, cuya titularidad recae en el Estado desde antes de la Constitución Política de 1991 para ser prestado directamente por intermedio de sus entidades y organismos o indirectamente por particulares previamente autorizados, manteniendo dicha característica bajo la regulación de la Ley 1341 y aplicándosele una amplia gama de disposiciones constitucionales en su triple condición de servicio público, medio masivo de comunicación social y sistema de telecomunicaciones que utiliza predominantemente el espectro radioeléctrico como bien de naturaleza pública perteneciente a la Nación colombiana.síntesis automática
También resuelve:¿El proceso de selección de los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora debe ser consecuente con el derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución Política?
¿El incumplimiento del contrato por parte del departamento de Putumayo fue superado con la suscripción del acta de liquidación bilateral? Sí
El contratista y la entidad estatal superan el incumplimiento del contrato mediante la suscripción de una acta de liquidación bilateral, siempre y cuando dicha acta no presente vicios del consentimiento y las partes queden a paz y salvo sin reparos o salvedades. En este caso, la entidad estatal incumplió el contrato No. 1188 de 2015 por una falta al deber de planeación, lo que impidió la suscripción del acta de inicio del proyecto debido a deficiencias en la gestión de las licencias de la obra. Sin embargo, el contratista y la entidad estatal liquidaron bilateralmente el contrato el 6 de diciembre de 2016, reconociendo únicamente los costos de pago de estampillas y pólizas, y modificaron el acta el 21 de diciembre de 2016 para excluir los gastos de administración fiduciaria. El contratista aceptó la liquidación y se declaró a paz y salvo por todo concepto, renunciando a otros emolumentos como la utilidad esperada y los gastos de arrendamiento, pago de servicios, alquileres de maquinaria y equipos y pago de prestaciones sociales. La Sala confirmó la sentencia que negaba las pretensiones del contratista, reafirmando que la liquidación bilateral es vinculante cuando no se acreditan vicios del consentimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño?¿Los contratos estatales suscritos por departamentos como el del Putumayo se rigen por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas?¿Cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento…
¿El Convenio 93 de 2010 es un contrato de suministro que, al haber sido celebrado sin agotar un proceso preceptivo de licitación pública o selección abrevia, es absolutamente nulo? Sí
La entidad estatal y una institución de educación superior que celebran bajo la apariencia de convenio interadministrativo o de cooperación un acuerdo para proveer bienes propios de la actividad de un comerciante, que no forman parte del objeto de dicha institución ni de su régimen especial de contratación, suscriben en realidad un contrato de suministro. Cuando este negocio jurídico de ejecución sucesiva se celebra sin agotar previamente el proceso preceptivo de selección abreviada o licitación pública exigido por la ley, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito que contraviene el derecho público de la Nación y por omitir los requisitos legales para su celebración, conforme al artículo 44 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 1741 del CC. Ante dicha irregularidad, el juez contencioso administrativo tiene el deber legal de declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato estatal y proceder a liquidar las restituciones o prestaciones mutuas, aun cuando se hubiera impuesto pena pecuniaria por incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿La declaración de la nulidad absoluta del contrato de ejecución sucesiva, como el contrato de suministro, conlleva a la liquidación de las prestaciones mutuas o restituciones mutuas cuando en el…¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para declarar de oficio la nulidad absoluta del convenio celebrado entre personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por entidades…¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a las instituciones de educación superior (universidades estatales u oficiales) y cuáles son las excepciones?
¿Procede declarar la ineptitud sustantiva de la demandan respecto de la pretensión de nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa mediante la acción de lo contencioso administrativo, ya que dicha decisión no genera una situación jurídica nueva ni es susceptible de control judicial, por lo que la demanda debe ser declarada inepta sustantivamente en relación con esta pretensión. La Sala reitera la jurisprudencia según la cual la resolución que niega la revocatoria directa no constituye un acto administrativo definitivo, por lo que no puede ser objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta regla implica que el juez debe inhibirse para fallar sobre dicha pretensión y declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en este aspecto.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la acumulación de las pretensiones solicitadas a través del medio de control de controversias contractuales y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Cuando las pretensiones se solicitan mediante medios de control diferentes, el término de caducidad cuenta de manera separada para cada una de ellas?¿Cuál es la diferencia entre la inhabilidad para contratar y la incompatibilidad?
Usamos una cookie técnica de sesión, necesaria para que el
buscador funcione, y, si lo aceptas, cookies de Google Analytics
con IP anonimizada para medir visitas de forma agregada. No usamos cookies de
publicidad ni de perfilamiento. Puedes cambiar tu decisión en cualquier momento
desde la Política de cookies.