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Consejo de Estado
Providencia
La interventoría también se contradijo en cuanto a la ampliación del plazo de aceleración
Sentencia — Sentencia
2021-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600019961180201
ACCION CONTRACTUAL
¿Durante la ejecución del contrato de interventoría se presentó la contradicción que sirvió de fundamento a la declaratoria de incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato de interventoría al presentar contradicciones en sus informes y conceptos durante la ejecución del contrato, apoyando la revocatoria de una multa impuesta por atrasos en las obras mientras, en otros informes, señala que el contratista es responsable de dichos atrasos. Esta contradicción impide el adecuado seguimiento y reporte de las condiciones de ejecución, justificando la declaración de incumplimiento y la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. La entidad pública contratante debe verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos por medio de un interventor, según el Decreto-Ley 222 de 1983, lo que reitera la importancia de la labor del interventor en garantizar la correcta ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿La interventoría apoyó la revocatoria de la multa impuesta con fundamento en que el contratista no era el responsable del atraso en las obras?
¿Se justificó que se declarara el incumplimiento del contrato y se hiciera efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria?
¿La entidad pública contratante debía verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-03-24
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100020000341401
ACCION CONTRACTUAL
¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993? No
La entidad estatal contratante en un contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios regido por el derecho privado incumple lo pactado si lo da por terminado unilateralmente invocando la causal de nulidad absoluta prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993. Esa conducta contraviene la fuerza normativa del acuerdo de voluntades consagrada en el artículo 1602 del CC (Ley 57 de 1887), dado que dicha potestad excepcional del estatuto contractual no gobierna los negocios sometidos al derecho privado. De otra parte, cuando el contratista asume en su propuesta la ejecución de un plan inicial de optimización financiado con créditos y con los excedentes mensuales del fondo de reposición y emergencia, le corresponde probar las inversiones y actividades realizadas para obtener el reconocimiento de perjuicios materiales. Finalmente, ante la falta de liquidación definitiva del contrato por las partes, el juez establece los valores adeudados entre ellas hasta su terminación con fundamento en las pruebas allegadas al proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización?
¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio?
¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El principio de legalidad exige que las competencias y prerrogativas públicas se circunscriban estrictamente a lo expresamente otorgado por el ordenamiento jurídico.
Salvamento voto — Salvamento de voto
2026-04-17
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 25000233600020220013101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Exige el principio de legalidad que el reconocimiento y alcance de las competencias o prerrogativas públicas se circunscriba a lo expresamente otorgado por el ordenamiento jurídico, con delimitación frente a facultades adicionales como la imposición de la cláusula penal? Sí
El principio de legalidad exige que el reconocimiento y el alcance de las competencias y prerrogativas de las autoridades públicas se circunscriban estrictamente a lo expresamente otorgado por el ordenamiento jurídico superior, sin que sea admisible la existencia de facultades o competencias implícitas. Con sustento en los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, cuando una norma otorga una prerrogativa específica como la declaratoria de siniestro, el juez está obligado a darle el alcance literal asignado sin ampliarla para comprender en ella la imposición autónoma de la cláusula penal.síntesis automática
También resuelve:
¿Exige la habilitación normativa expresa la imposición de la cláusula penal por parte de empresas de servicios públicos, pese a la competencia para declarar la caducidad y la aplicación del artículo…
¿Exige la distinción conceptual entre siniestro, daño y perjuicio diferenciar la declaratoria del siniestro de la imposición de la cláusula penal o de la tasación de perjuicios?
¿Exige la interpretación restrictiva de las prerrogativas en el régimen de servicios públicos que la declaratoria del siniestro se limite a su alcance propio y no incorpore la imposición de la…