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¿Es procedente en esta instancia analizar una petición que no fue elevada oportunamente por el medio que el ordenamiento previó para tal efecto? No
El contratista no puede plantear súplicas o hechos novedosos a través del recurso de apelación, ya que esto vulnera el principio de congruencia, y si la entidad demandada tenía la intención de que la jurisdicción emitiera un pronunciamiento sobre el anticipo no amortizado por su contraparte, debió presentar una demanda de reconvención dentro del lapso legalmente establecido. La Sala confirma que no es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del demandado cuando no fue reclamado oportunamente por dicho extremo procesal, lo que implica que la entidad accionada no puede invocar nuevos argumentos en el recurso de apelación que no fueron planteados en primera instancia, matizando precedentes sobre la procedencia de la demanda de reconvención y la necesidad de agotar los medios procesales adecuados para reclamar créditos.síntesis automática
También resuelve:¿No pueden plantearse súplicas o hechos novedosos a través del recurso de apelación, porque con ello se vulnera el principio de congruencia?¿Si la entidad demandada tenía la intención de que la Jurisdicción emitiera un pronunciamiento atinente al anticipo no amortizado por su contraparte debió presentar demanda de reconvención dentro del…¿No es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del demandado cuando ello no fue reclamado oportunamente por dicho extremo procesal?
¿Se cumplen los presupuestos de procedencia de la demanda para estudiar de fondo el caso en concreto? Sí
El extremo activo promueve acción de controversias contractuales con el fin de obtener el reconocimiento y pago de perjuicios materiales derivados del presunto incumplimiento del contrato estatal por parte de la entidad pública. La corporación judicial examina los presupuestos procesales de procedencia y legitimación en la causa conforme a los artículos 129, 132 numeral 5 y 136 numeral 10 literal d del Decreto 01 de 1984. Al abordar el fondo del litigio, el juez analiza el dictamen pericial contable rendido por el perito y complementado a petición de la entidad demandada, determinando que los conceptos y montos reclamados carecen de respaldo documental y soporte técnico que permita su comprobación intersubjetiva. El juez concluye que la parte actora incumplió la carga probatoria al no demostrar la causación efectiva de los perjuicios materiales alegados, confirmando la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Demostró FONADE los perjuicios que afirma le fueron causados, con ocasión del incumplimiento contractual en que incurrió la UT C&C Orbita Béisbol…
¿Se configuró el vicio de falsa motivación respecto de las resoluciones enjuiciadas –la 5488 del 15 de mayo de 2013 y la 10604 del 12 de agosto de ese mismo año, proferidas por el Ministerio de Educación Nacional-, por cuanto las razones aducidas en sus fundamentos se alejaron de la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico? Sí
Cuando los requerimientos de la entidad contratante son sucesivos y no delimitados y hacen inejecutable un contrato de consultoría, los actos que los sustentan adolecen de falsa motivación. La regla parte de distinguir el contrato de consultoría del de prestación de servicios, pues la Ley 80 de 1993 define el primero para estudios, diseños y asesoría técnica, interventoría y dirección de obras, actividades de marcada índole técnica que se seleccionan por concurso de méritos, mientras que el segundo se orienta a la administración o funcionamiento de la entidad. Segunda razón: la motivación de un acto debe corresponder a la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico. Tercera, en el caso, la entidad, con requerimientos de ajuste metodológico no delimitados y sucesivos, provocó que el contrato fuera inejecutable. Por ello se revocó la sentencia apelada y se declaró la nulidad de los actos. La providencia reitera la distinción entre ambas tipologías, que la Corporación ha adoptado de forma mayoritaria.síntesis automática
También resuelve:¿El monto de la liquidación de la condena en abstracto podrá superar la estimación razonada de la cuantía, los límites establecidos en las pretensiones y en el precio ofertado por el actor en la…¿La Sala discrepa en reconocer el monto solicitado, porque (i) se refiere al valor total del contrato y en el expediente obra prueba que la entidad canceló la suma correspondiente a $143.388.72270…¿Se probó la existencia de una afectación moral en cabeza de los integrantes del consorcio actor, obran medios probatorios que así lo demuestren?
¿La parte actora se encuentra legitimada en la causa por activa para reclamar la existencia del contrato de distribución, su prórroga y para reclamar la declaración de incumplimiento? No
Cuando el demandante comparece en nombre propio y como representante legal de una sociedad extinta, sin acreditar la existencia, la representación ni la conformación de la compañía, carece de legitimación en la causa por activa para reclamar la existencia y prórroga del contrato, y la declaración de incumplimiento. La regla se sostiene en tres razones: la legitimación por activa exige ser parte del contrato o actuar en nombre de quien lo es, y el demandante debe probarlo con documentos idóneos; la prueba de la representación de la sociedad no fue aportada en ninguna de las instancias, y las pruebas decretadas en primera instancia no se dirigieron a acreditarla; y la sociedad que se afirma extinta no puede ser representada sin probar su existencia y representación. En el caso, la sala revocó la sentencia de primera instancia y declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el representante de una sociedad extinta debe acreditar la existencia, la representación y su calidad para comparecer.síntesis automática
También resuelve:¿La persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es quien se encuentra habilitada por la ley para actuar procesalmente?¿Salvo que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil?
¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador, dado que el municipio desatendió algunas de las obligaciones a su cargo; y negar las pretensiones de condena, considerando que la demandante no acreditó los perjuicios generados por tales incumplimientos, ni los presupuestos para la aplicación de las sanciones estipuladas en el contrato? Sí
El contrato constructor operador puede ser declarado incumplido si la entidad estatal desatendió sus obligaciones, como la entrega formal de bienes y la gestión de licencias y permisos. La demandante debe acreditar perjuicios y presupuestos para la aplicación de sanciones. En este caso, el municipio no cumplió con varias obligaciones, pero los perjuicios no fueron demostrados y los presupuestos necesarios no fueron acreditados, por lo que la pretensión de condena fue negada.síntesis automática
¿La empresa de servicios públicos demandada tenía competencia para liquidar de manera unilateral el contrato, hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento y la cláusula penal? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de los actos administrativos que liquidan unilateralmente un contrato estatal regido por el derecho privado, hacen efectiva la póliza de seguro de cumplimiento y cobran la cláusula penal, siempre y cuando se demuestre que la entidad estatal no tenía competencia para expedir dichos actos y que estos obstaculizaron el cumplimiento del contrato. La Sala revocará la sentencia de primera instancia y declarará la nulidad de los actos administrativos impugnados, ordenando la restitución de las sumas pagadas por el contratista y el pago del daño emergente, pero denegará el cobro de la utilidad dejada de percibir como comisión de éxito. Además, se determina que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se contabiliza desde la ejecutoria del acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato, según el literal d) del inciso 2 del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Se presenta caducidad de la acción de controversias contractuales?¿Procede de oficio declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio demandado, al evidenciarse que éste no hizo parte de la relación contractual?
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en…¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser…¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Sí
El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño?¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas?¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?
¿Los actos administrativos que declararon unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato fueron expedidos sin competencia y en consecuencia procede su nulidad, en razón a que esta facultad de la Administración fue suprimida temporalmente cuando entró en vigencia la Ley 80 de 1993 y derogó el Decreto 222 de 1983? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato, cuando estos se expiden sin la competencia legal correspondiente, ya que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la facultad de las entidades para declarar incumplimientos y caducidades hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad pierde su competencia para declarar la caducidad una vez vencido el plazo pactado para la ejecución del contrato. Asimismo, el debido proceso debe garantizarse en todas las actuaciones administrativas, permitiendo al afectado ejercer su derecho de contradicción y defensa. Estas reglas implican que los actos administrativos que no respetan estas garantías y competencias pueden ser declarados nulos, protegiendo así los derechos del contratista en el marco de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato es necesario que el plazo pactado para su ejecución esté vigente, porque de haber finalizado…¿El derecho al debido proceso debe garantizarse en las actuaciones administrativas y conlleva a que el afectado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa?¿Ante la ausencia de pruebas sobre el detrimento patrimonial y la falta de acreditación de los perjuicios materiales, procede la negativa de las pretensiones económicas o la condena en abstracto?
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para resolver en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos? Sí
El contratista tiene competencia para interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía del daño emergente y lucro cesante supere el monto mínimo establecido en la Ley 1437 de 2011. Esta posición se sustenta en el artículo 150 de la misma ley, que otorga al Consejo de Estado la facultad de conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de los tribunales administrativos. Además, la Sección Tercera puede conocer de casos que normalmente serían de competencia de la Sección Primera, siempre y cuando no haya objeciones por parte de las partes y el acto no sea precontractual. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia existente sobre la competencia de la Sección Tercera en casos de nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con la adjudicación de rutas de transporte.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro del término para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La resolución demandada se profirió con falta de competencia por cuanto el procedimiento administrativo ya se había agotado?¿Se acreditaron en debida forma los perjuicios materiales para que proceda su reconocimiento?
¿Las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad, por haber sido expedidas con falsa motivación, y por haber desconocido el principio de preferencia, consagrado en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001? Sí
Las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad por haber sido expedidas con falsa motivación y por desconocer el principio de preferencia, consagrado en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001. La Sala ha determinado que la administración se equivocó al rechazar la propuesta del actor, ya que algunas de las superposiciones invocadas no existían, lo que implica que el acto se encuentra viciado de nulidad. Además, la violación del principio de preferencia, aunque no es absoluta, fue aceptada por la autoridad minera en casi la totalidad de los documentos enunciados en los hechos probados, lo que da lugar a que este acto también se vicie de nulidad. La Sala ha anulado la Resolución 000081 de 2015, dada la relación inescindible que existe entre este acto y los estudiados en el título anterior, lo cual obliga a que se elimine el manto de legalidad de todos en su conjunto.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros…¿El fenómeno de la caducidad opera frente a los actos administrativos que son producto del silencio administrativo negativo?¿Procede el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios al declararse la nulidad de las resoluciones acusadas?
¿Si las partes acuerdan una suspensión o una modificación del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, pues resultaría contrario al principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios, permitir que una parte prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva lo que estaba firmando? Sí
El contratista no puede desconocer los efectos de las salvedades no expresadas en las actas de suspensión o modificación del contrato, pues resultaría contrario al principio de buena fe y a la prohibición de venir contra los actos propios. En el presente caso, el contratista suscribió actas de suspensión sin indicar que estas causarían mayores costos por disponibilidad de personal, maquinaria y aumento de costos administrativos, circunstancias que ahora reclama. Las partes acordaron las suspensiones para superar dificultades y viabilizar la ejecución del contrato, por lo que el contratista no puede sorprender a su contraparte con situaciones que nunca fueron puestas de presente. La jurisprudencia reitera que el interesado debe indicar a su contraparte si la respectiva modificación, adición, prórroga o suspensión lo afecta, especialmente cuando se llegan a acuerdos para superar las dificultades. Por lo tanto, el contratista no puede desconocer sus propios actos para ahora pretender mayores costos por las suspensiones que firmó sin protesta alguna, sin reservas o salvedades en relación con sus intereses o derechos.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que respecta a los intereses de mora por el incumplimiento en los pagos al contratista, dado que las partes nada pactaron en relación con el término que tenía la entidad demandada para…¿La entidad demandada debe responder patrimonialmente por los perjuicios materiales alegados en la demanda, causados por el proceso de cobro coactivo adelantado contra la contratista y por el remate…¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios morales a favor del representante legal de la contratista, derivados del incumplimiento del pago de las obligaciones de la entidad contratante…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de reparación directa para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía, siempre que la demanda se interponga dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho. En este caso, la víctima falleció el 16 de octubre de 2009, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 25 de junio de 2010, y la demanda se interpuso el 4 de febrero de 2011, dentro del plazo legal. La Sala modificó la jurisprudencia anterior sobre la caducidad de la acción, otorgando mayor seguridad jurídica y protegiendo el derecho de acceso a la justicia, lo que implica que los plazos para presentar la demanda deben ser estrictamente respetados para evitar la pérdida del derecho de accionar.síntesis automática
También resuelve:¿Los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa para reclamar la reparación de perjuicios ocasionados por la muerte de la víctima en un accidente de tránsito…¿El Instituto Nacional de Vías (Invías) está legitimado en la causa por pasiva, pero no el Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Inco…¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
¿Se configuró la causal de impedimento frente a uno de los consejeros de la Sección Tercera, de haber intervenido como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores? Sí
El contratista no puede solicitar la prórroga automática del contrato de concesión porque esta fue pactada como una alternativa subordinada al cumplimiento de requisitos específicos establecidos en el Acuerdo 41 de 1993, que no fue aportado al expediente. Además, la entidad estatal no incurrió en falta de jurisdicción al conocer del caso, ya que la renuncia tácita a la cláusula compromisoria se produjo antes de la jurisprudencia que exige una renuncia expresa. Por último, se acepta el impedimento del consejero de la Sección Tercera por haber actuado como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores, lo que configura la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Estas decisiones reafirman las reglas sobre la interpretación de cláusulas contractuales, la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y las causales de impedimento de los funcionarios judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la procedencia de la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo guarda competencia para conocer de la presente acción contractual ejercida…¿La prórroga automática fue pactada en el contrato como una alternativa sometida a la voluntad de las partes y al cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 41 de 1993?¿Ante la dificultad para determinar el monto de los perjuicios materiales sufridos por la parte actora por cuenta de la inhabilidad sobreviniente consecuencia de la declaratoria de caducidad del…
¿Está demostrado el incumplimiento de contrato de obra pública por parte del IDU por entrega de estudios y diseños incompletos y deficientes y, por la demora en entregar los predios necesarios para la obra requeridos para la ampliación y rehabilitación de la Autopista al Llano entre el CAI Yomasa y el inicio de la concesión Bogotá – Villavicencio? Sí
La entidad estatal que entrega estudios y diseños deficientes o demora la entrega de los predios necesarios para la obra incurre en incumplimiento del contrato de obra pública, pero la declaratoria de ese incumplimiento no genera por sí sola la indemnización de perjuicios, la cual exige probar un daño económico concreto. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, los incumplimientos de la entidad pueden generar la necesidad de ejecutar obras no previstas en el proyecto inicial y una mayor permanencia en obra, lo que acredita el incumplimiento contractual. Segundo, para reconocer perjuicios el contratista debe demostrar que no se le pagaron las mayores cantidades de obra ejecutadas o que asumió sobrecostos por la mayor permanencia, pues esos hechos constituyen el daño indemnizable. La providencia declara el incumplimiento de la entidad y confirma la negativa de las pretensiones indemnizatorias; en la práctica, el contratista que reclame perjuicios por incumplimientos de la entidad debe acreditar el pago omitido o el sobrecosto asumido con soporte probatorio concreto.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante no demostró la ejecución de obras no reconocidas ni pagadas por el IDU, ni acreditó que hubiera asumido sobrecostos por concepto de la mayor permanencia en la obra…¿Es necesario dejar salvedades en el acta de liquidación bilateral sobre los puntos sobre los cuales posteriormente se realizará alguna reclamación en sede judicial?¿Para reconocer una mayor permanencia en la obra y/o obras adicionales o no previstas, es indiferente si el precio pactado era global o por valores unitarios…
¿La prescripción ordinaria de la acción del contrato de seguros debe contarse a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento de la situación de hecho que dio lugar al siniestro amparado? Sí
Según lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio la acción derivada del contrato de seguro prescribe ordinaria o extraordinariamente para lo cual, en el primer caso, el término de prescripción será de dos (2) años contados desde el momento en que el interesado haya tenido o debió tener conocimiento del hecho que origina la acción, y en el segundo, tal término será de cinco (5) años, que correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.… En el presente asunto realmente el tema radica en el momento en que sucedió el siniestro y/o cuando el beneficiario o víctima conoció de ello.… El colapso del talud… de la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio ocurrió……
También resuelve:¿El colapso del talud, constitutivo del siniestro, fue conocido por las partes del contrato y la aseguradora desde el mismo momento en que ocurrió?¿Se configuró la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró la ocurrencia del siniestro y ordenó hacer efectivo el amparo de calidad de la póliza de seguro?
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria?¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS?¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
¿Cuál es el régimen normativo aplicable a los contratos celebrados por Ecopetrol? Sí
El contratista no está sujeto al régimen normativo de contratación estatal cuando celebra contratos con Ecopetrol, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que las actuaciones de Ecopetrol se rigen exclusivamente por el derecho privado, descartando la posibilidad de pactar cláusulas excepcionales y la competencia para expedir actos administrativos. Por ende, las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidos por Ecopetrol no son considerados actos administrativos, por lo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene competencia para pronunciarse sobre su validez. Además, en contratos regidos por el derecho privado celebrados por Ecopetrol, la entidad debe acreditar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato unilateralmente, lo cual no se cumplió en el caso analizado. Asimismo, la carga probatoria de demostrar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato recae sobre Ecopetrol, evidencia que no fue aportada en el proceso. Este precedente reitera y matiza la aplicación del régimen contractual de Ecopetrol, limitando la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y estableciendo las cargas probatorias en contratos privados celebrados por la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidas por Ecopetrol SA llamados a producir efectos jurídicos, son actos administrativos?¿En el contrato que se rige por el derecho privado celebrado por Ecopetrol, quién tiene la carga procesal de demostrar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato…¿A quién le corresponde probar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato?
¿El demandante omitió probar cuándo adquirió los elementos utilizados en las obras y cuánto le costaron? Sí
El contratista que alega un desequilibrio económico por el alza de los insumos debe probar cuándo adquirió los elementos utilizados en la obra y cuánto le costaron, pues sin esos datos no puede acreditarse la afectación económica. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que el anticipo, que equivale a la mitad del valor del contrato, está destinado a brindar liquidez al contratista para adquirir precisamente esos insumos, de modo que su correcta inversión es un dato relevante para el reclamo. Otra razón es que los nuevos ítems creados durante la ejecución se fijaron a partir de los precios unitarios presentados por el contratista y con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión, según los testimonios, y la parte actora no logró desvirtuarlo. En el caso, las adiciones y prórrogas no se objetaron por falta de precios de mercado, y el demandante omitió probar los costos reales. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el reclamo por sobrecostos exige soportes de adquisición y precios, y no basta con afirmar el incremento de los insumos.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento de la creación de los nuevos ítems se hizo con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión?¿El contratista había presentado solicitud en relación con el reconocimiento del ajuste de los precios del contrato en dos ocasiones?¿Es suficiente con acreditar la mayor duración del contrato y las suspensiones o prórrogas para deducir la excesiva onerosidad supuestamente afrontada por el contratista?
¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993? No
Como el régimen del contrato n°. ALC-042 es el derecho privado, el Municipio de Puerto Berrío no podía darlo por terminado por nulidad absoluta prevista –causal de terminación prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993–. Esta terminación configura un incumplimiento de lo pactado, pues la conducta de la entidad demandada contravino la fuerza normativa del pacto que deviene de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC).
También resuelve:¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización?¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio?¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato?