Titulación de la relatoría 17.065 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / MUNICIPIO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / TARIFA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / CODENSA / COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS / COMPETENCIA MATERIAL DE LA ADMINISTRACIÓN / FALTA DE COMPETENCIA MATERIAL / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS / MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS / OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Procede la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato expedido por el municipio, al recalcular el valor de las facturas del servicio de alumbrado público, sin antes acudir a un tercero para dirimir las controversias surgidas con ocasión de los cobros realizados por Codensa, conforme a lo estipulado en el contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las reglas negociales reconocieron la posibilidad de surgimiento de discrepancias respecto de los montos o valores facturados, frente a las cuales el municipio podía activar una serie de conductas a fin de solucionar tales desencuentros directamente o dejar sentada su inconformidad, en aras de que terceros entraran a resolverlos. (…) Examinadas las piezas probatorias obrantes en el sub lite, así como lo consignado en la parte motiva de las resoluciones enjuiciadas, no se advierte que el municipio hubiere hecho uso de las posibilidades que las reglas contractuales le otorgaron para reprochar los cobros facturados, sino que procedió a su pago. A través de las resoluciones enjuiciadas, el municipio liquidó unilateralmente el negocio jurídico y ordenó a Codensa consignar a su favor el monto de los saldos reliquidados (…). A partir del contenido de los actos de liquidación (…) es posible deducir que durante el plazo negocial, (…) Codensa cumplió con la obligación de facturar mensualmente el servicio de alumbrado público, al lado que el municipio observó el compromiso que adquirió en contraprestación. (…) [E]l municipio no estaba habilitado para desconocer los efectos legales y convencionales que se derivan del pago; de manera que si estimaba que Codensa incumplió los términos del contrato al liquidar las facturas en desconocimiento de las regulaciones de la CREG debió buscar esa declaración en las etapas previas a la de la liquidación del contrato, o si su conclusión fue que hizo un pago de lo no debido, debió acudir al juez para que así lo declarara. Así las cosas, la Sala encuentra probado el cargo de nulidad alegado en la demanda y reiterado en la apelación, consistente en que las Resoluciones 120 y 154 de 2017 proferidas por el municipio de Sopó desconocieron lo pactado en el contrato, que es ley para las partes (art. 1602, Código Civil). Adicionalmente, observa que el vicio alegado en la demanda también se encuadra en la falta de competencia material del municipio para dejar sin efectos en el acto de la liquidación las consecuencias derivadas de los pagos que voluntariamente y sin ningún condicionamiento realizó, que aparejaron la consolidación de los valores contenidos en las facturas que emitió Condensa por la prestación del servicio de alumbrado público. En consecuencia, revocará la decisión de primera instancia para, en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos enjuiciados.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS / REGULACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS / CODENSA / SERVICIOS PÚBLICOS DE LA COSA ARRENDADA / MUNICIPIO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO / CONTRATO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS / FACULTAD REGULADORA DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS / TARIFA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / TARIFA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / RESPONSABILIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
Problema jurídico:
¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio y Codensa, se trató de un contrato administrativo, en el que el primero se obligó a pagar las facturas por el servicio de energía eléctrica destinada a alumbrado público, y el segundo a la prestación de dicho servicio?
Respuesta al problema jurídico: Si
A través del convenio No. 7 del 13 de mayo de 2003, Codensa se comprometió a dar en arrendamiento al municipio la infraestructura de alumbrado público (…). A su vez, el municipio se obligó a pagar los valores que la empresa le facturara por concepto de alumbrado público. Dadas las prestaciones a cargo de los sujetos negociales, el acuerdo en estudio, al margen de su denominación, se estatuye como un contrato y no como un convenio, en la medida que el propósito de las partes no se enlazó a un ánimo de cooperación para la consecución de un fin común, sino que se enmarcó en la prestación de unos servicios a cargo de la parte habilitada para ello a cambio de la remuneración a la que se obligó el municipio. El contrato se gobernó por las disposiciones de la Ley 80 de 1993. (…) [E]l servicio de alumbrado público no participa de la naturaleza de los servicios públicos domiciliarios y tampoco se puede subsumir en las actividades del sector energético gobernadas por la segunda, a lo que se añade que, de conformidad con el artículo 311 constitucional, en concordancia, en su momento, con el artículo 2 de la Resolución CREG 43 de 1995 y el artículo 4 del mencionado decreto, la obligación de prestar los servicios públicos está a cargo de los distritos y los municipios, cuya actividad contractual se rige por las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP-. (…) Para la época en que se celebró el contrato estaba vigente la Resolución 043 del 23 de octubre de 1995, por medio de la cual la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- reguló de manera general el suministro y el cobro que efectuaran las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios a los municipios por el servicio de energía eléctrica destinada a alumbrado público.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la diferencia entre contratos y convenios, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de junio de 2019, rad. 25000-23-37-000-2010-02552-01(AP), C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 20 de noviembre de 2019, rad. 61429, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 31 de marzo de 2023, rad. 58623, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, RESOLUCIÓN 43 DE 1995 - ARTÍCULO 2, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 311, DECRETO 2424 DE 2006 - ARTÍCULO 4, LEY 80 DE 1993
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / CONTRATO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / COSTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / RECAUDO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / TARIFA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / FACULTADES DEL MUNICIPIO / COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA / CONCEPTO DE SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA / CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CONSENSUAL / CONTRATO BILATERAL / CONTRATO ONEROSO / CONTRATO CONMUTATIVO / SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
Problema jurídico:
¿Aunque existe conexidad entre el servicio de alumbrado público y el domiciliario de energía eléctrica, entre uno y otro existen marcadas diferencias que se ven reflejadas, principalmente, en la forma de su contratación y en su destinación?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el artículo 1 de la Resolución 89 de 1996 la CREG estableció el régimen de libertad de tarifas para la energía eléctrica que las empresas suministraran a los municipios y distritos, con destino al alumbrado público. En el artículo 8 de la Resolución 043 de 1995 se estableció que, “con sujeción a las normas que lo rigen”, el municipio podía celebrar convenios o contratos para el suministro, mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público y previó los aspectos mínimos que debían contener tales negocios jurídicos. Paralelamente, en el artículo 2 de la Resolución 089 de 1996, la CREG estableció que “ [l]a actividad de comercialización de electricidad para alumbrado público está sujeta a las normas que rigen la comercialización de electricidad”, de ahí que en este componente del servicio de alumbrado público se deba hacer remisión a la Ley 143 de 1994, en tanto la comercialización es una de las actividades del sector energético que están reguladas especialmente por esa normativa, no así en los aspectos de mantenimiento y expansión, pues a ellos no se refiere esa ley. (…) Aunque existe conexidad entre el servicio de alumbrado público y el domiciliario de energía eléctrica, en cuanto en ambos es necesario el suministro de tal, lo cierto es que entre uno y otro existen marcadas diferencias que se ven reflejadas, principalmente, en la forma de su contratación y en su destinación. El contrato de servicios públicos domiciliarios es un contrato típico, en tanto está definido legalmente en el artículo 128 de la Ley 142 de 1993 (…). Se trata de un contrato de adhesión, consensual, bilateral, oneroso y conmutativo. Su regulación no está librada a la voluntad de quien fija sus condiciones, sino que, por involucrar intereses superiores (art. 365 constitucional), está sometido a la intervención del Estado, entre otras materias, en función de la definición de los derechos y deberes de los usuarios o suscriptores, el régimen de protección y la forma de participación en la gestión y fiscalización de las empresas que asumen su prestación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2008, rad. 26520, C. P. Ramiro Saavedra Becerra. Corte Constitucional, sentencia T 540 de 1992; sentencia C 1162 de 2000; sentencia C 558 de 2001.
FUENTE FORMAL:
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, RESOLUCIÓN 89 DE 1996 - ARTÍCULO 1, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, RESOLUCIÓN 89 DE 1996 - ARTÍCULO 2, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 365, LEY 142 DE 1993 - ARTÍCULO 128, LEY 143 DE 1994, RESOLUCIÓN 43 DE 1995 - ARTÍCULO 8
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA / USUARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / POTESTAD REGLAMENTARIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS / DERECHOS DEL USUARIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN / PROTECCIÓN AL USUARIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / INTERPOSICIÓN DE RECURSO JUDICIAL / RECURSOS DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL / DERECHOS DEL CONSUMIDOR / PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DE LAS REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿El legislador estableció mecanismos de protección y defensa a favor de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, para equilibrar la relación negocial entre el suscriptor y la empresa de servicios públicos cuya posición es dominante?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l contrato de servicios públicos domiciliarios, dentro del que se clasifica el de energía eléctrica con esa destinación, es un contrato de condiciones uniformes en el marco del cual el legislador dota de instrumentos a los usuarios o suscriptores para equilibrar la relación con las empresas que los prestan y que ostentan una posición dominante frente a ellos. El de alumbrado público no participa de tales características, en éste prima la libertad de condiciones que estipulen las partes, lo que explica que en el contrato 7 del 13 de mayo de 2003, en lugar de remitirse a los mecanismos de defensa establecidos en el capítulo VII del Título VIII de la Ley 142 de 1994, se pactaran específicamente los medios para resolver las diferencias que se pudieran presentar en relación con la facturación del servicio contratado.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 132, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 152, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 154
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / RÉGIMEN LEGAL DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SUPUESTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / FACULTADES DE LA ENTIDAD PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / PAGO DEL CONTRATO / PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES / EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿El pago es una forma de extinción de las obligaciones contractuales, y ante la ausencia de salvedades en la liquidación del contrato se entiende que cobijó todos los aspectos que tocan la prestación cumplida?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos de los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, ante la falta de acuerdo entre las partes para realizar la liquidación, la entidad pública queda revestida de poder público –a la vez que obligada– para determinar de manera unilateral y con carácter vinculante el balance económico final del contrato, estableciendo para ello los ajustes, revisiones y reconocimientos a que hubiere lugar. (…) [E]l corte de cuentas no constituye una herramienta para eludir los efectos de la extinción de los débitos negociales, acaecido por la propia conducta de las partes, sino que se circunscribe al esclarecimiento del acontecer negocial, que supone el ajuste o revisión de los asuntos pendientes por concreción o definición, pero no habilita a la administración para obviar o pasar por alto las consecuencias legales y convencionales concluyentes del pago, como mecanismo insignia de la culminación de los compromisos obligacionales. El pago constituye la satisfacción de lo que se debe, cuya realización genera la solución o la liberación de las obligaciones ligadas a este, es decir, da lugar a la terminación de la obligación debida, de manera que el nexo jurídico existente en torno a la obligación se soluciona o se extingue, una vez acontece el pago de la prestación debida. El pago lleva inmersa la intención del deudor de extinguir la deuda - solvendae obligationis animo- por lo que una vez cumplida la prestación a la que se sujeta se presume que su voluntad es suprimir o concluir esa obligación, sin que se torne esencial una manifestación al respecto, pues la conducta desarrollada en torno al cumplimiento de la prestación es suficiente para tener por probado el ánimo de extinguirla. Además de enlazar ese objetivo de concluir el débito obligacional, impone la satisfacción de todos los aspectos que llenan de contenido el tenor de la obligación contraída -art. 1627 del C.C.-, al paso que una vez recibido por el acreedor sin la presentación de reparo o debate alguno en torno a su extensión, se entiende que cobijó todos los aspectos que tocan la prestación cumplida.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1627
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que a este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso (núm. 4), la Sala condenará en costas de ambas instancias al municipio de Sopó, en la medida que resultó la parte vencida del proceso y se revocará en su integridad la sentencia recurrida que lo había favorecido. (…) La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se rigen por el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366