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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

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Fecha
2025-08-11
Radicado
25000233600020150197201
Número interno
59412
Ponente
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
Demandado
CLS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Regla de decisión

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Consejo de Estado conocen de las controversias sobre validez de contratos de prestación de servicios por cuantía.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las controversias relativas a la validez de contratos de prestación de servicios celebrados por entidades públicas, conforme al artículo 104 del CPACA. En la presente providencia, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada por el tribunal administrativo, en atención a la vocación de doble instancia del proceso y dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda superaba los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Lo que dijo la Sala

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, en tanto la controversia sometida a juicio versa sobre la validez de un contrato de prestación de servicios, junto con su modificatorio, celebrado entre una Unidad Administrativa Especial del orden Nacional —UNP— y la sociedad CSL Trading S.A.S. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos por ambos extremos procesales contra la sentencia proferida el 5 de abril de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a lo establecido en los artículos 150 y 152 del CPACA, en atención a la vocación de doble instancia del proceso, dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONTRATO DE CONSULTORÍA CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLASES DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIFERENCIA ENTRE CONTRATO DE CONSULTORÍA Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CONCURSO DE MÉRITOS CONTRATACIÓN DIRECTA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA ACUERDO DE VOLUNTADES TIPOLOGÍA DE CONTRATO INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA OBLIGACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA OTROSÍ AL CONTRATO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSPENSIÓN DEL CONTRATO TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Terminación unilateral Supervisión e interventoría Contratación directa Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Adición y prórroga del contrato Suspensión del contrato Prestación de servicios y contrato realidad Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 18.755 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Respuesta al problema jurídico: Si Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, en tanto la controversia sometida a juicio versa sobre la validez de un contrato de prestación de servicios, junto con su modificatorio, celebrado entre una Unidad Administrativa Especial del orden Nacional —UNP— y la sociedad CSL Trading S.A.S. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos por ambos extremos procesales contra la sentencia proferida el 5 de abril de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a lo establecido en los artículos 150 y 152 del CPACA, en atención a la vocación de doble instancia del proceso, dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Respuesta al problema jurídico: Si La demanda presentada el 19 de agosto de 2015 fue incoada oportunamente, dentro del término de dos años dispuesto en el inciso segundo del literal j) del artículo 164.2 del CPACA, toda vez que el contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión 941 de 2014 se suscribió el 19 de diciembre de 2014, de modo que el plazo para que se configurara la caducidad del medio de control de controversias contractuales transcurrió entre el 20 de diciembre de 2014 y el 20 de diciembre de 2016. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONSULTORÍA / CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CLASES DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO DE CONSULTORÍA Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONCURSO DE MÉRITOS / CONTRATACIÓN DIRECTA / PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA Problema jurídico: ¿Dependiendo de la tipología contractual, se define la modalidad de selección? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l contrato de consultoría incluye, esencialmente, las actividades de realización de estudios, diseños, asesoría técnica de control y supervisión de proyectos, así como las de interventoría, gerencia y dirección de obras o proyectos; por su parte, el contrato de prestación de servicios presenta un ámbito de cobertura más amplio, orientado al desarrollo de actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales (...) Con el propósito de establecer referentes objetivos, claros y precisos respecto de las dos tipologías contractuales referidas, la Sección Tercera de esta Corporación unificó su jurisprudencia precisando que, si bien la distinción entre los contratos de consultoría y de prestación de servicios —bajo cualquiera de sus modalidades, esto es: servicios profesionales, apoyo a la gestión o ejecución de trabajos artísticos— no depende, en modo alguno, del grado de “intelecto” aplicado en la ejecución del objeto contractual —pues ambas actividades son de naturaleza intelectual y, en tal virtud, de carácter intangible—, lo cierto es que las actividades expresamente enunciadas en la norma que regula la consultoría son las que se subsumen dentro de este tipo contractual, mientras que las restantes, por exclusión, deben enmarcarse dentro de la categoría de contratos de prestación de servicios. (...) La distinción anterior reviste importancia, dado que, dependiendo de la tipología contractual, se define la modalidad de selección aplicable. Así, conforme con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, los contratos de consultoría deben estar precedidos por el concurso de méritos, mientras que a los contratos de prestación de servicios los debe anteceder la modalidad de contratación directa. NOTA DE RELATORÍA: Referente a las notas características y diferenciadoras de las modalidades del contrato de prestación de servicios, consultar sentencia de unificación de 2 de diciembre de 2013, Exp. 41719, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. ACUERDO DE VOLUNTADES / TIPOLOGÍA DE CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO DE APOYO / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El acuerdo de voluntades celebrado por las partes se enmarca en la tipología contractual de prestación de servicios? Respuesta al problema jurídico: Si [B]ajo el criterio estrictamente residual, el acuerdo de voluntades en cuestión se enmarca en la tipología contractual de prestación de servicios, previsto en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual, de acuerdo con los estudios previos, no se celebró por el conocimiento especializado del contratista sino por la insuficiencia de recursos humanos en la entidad y ante la urgente necesidad de resolver la situación de atraso en los pagos a los operadores contratistas, circunstancias que hacían prioritario para la entidad contar con los servicios de apoyo, fundamentalmente, en la labor de revisión de facturas. (...) emerge con claridad que el objeto del contrato tantas veces mencionado guardó estrecha relación con la administración y funcionamiento de la entidad, pues se encaminó a ejecutar temporalmente labores de apoyo a la supervisión de contratos suscritos por la entidad con miras a solucionar la coyuntura que se presentaba al interior de la UNP, particularmente en punto a la verificación de las facturas de los operadores con ocasión de los esquemas de protección y seguridad. Lo anterior, valga añadir, se enmarca en lo dispuesto por el artículo 81 del Decreto 1510 de 2013 —aplicable al caso concreto—, en virtud del cual la prestación de servicios de apoyo pueden celebrarse con personas naturales o jurídicas, sin que la entidad contratante requiera la obtención previa de varias ofertas, y comprende actividades de naturaleza intelectual distintas de la consultoría, derivadas del cumplimiento de las funciones propias de la entidad estatal, así como labores de carácter operativo, logístico o asistencial. (...) A la vista de la normativa analizada, y con base en la interpretación gramatical, lógica y sistemática del contrato suscrito entre las partes de esta litis —incluidos los estudios previos y la oferta presentada por CSL Trading S.A.S que, por voluntad de los extremos negociales, formaban parte de aquel—, la Sala concluye que este se enmarcó dentro de la actividad de apoyo a la supervisión, en tanto las actividades encomendadas a CSL Trading S.A.S. se concentraron en brindar asistencia a la UNP, principalmente en la revisión de la facturación presentada por los distintos operadores de los esquemas de protección con el propósito de que los pagos se efectuaran conforme con la ejecución real del servicios prestado, sin que esta tarea comprendiera la intervención directa en el diseño, coordinación, dirección o asesoría de proyectos. FUENTE FORMAL: DECRETO 1510 DE 2013 - ARTÍCULO 81, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 3 SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONTRATACIÓN DIRECTA / PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Problema jurídico: ¿Era procedente la modalidad de contratación directa empleada por la UNP para celebrar con CSL Trading S.A.S. el contrato 941 de 2014? Respuesta al problema jurídico: Si En este contexto, de conformidad con el artículo 81 del Decreto 1510 de 2013, la modalidad de contratación directa empleada por la UNP para celebrar con CSL Trading S.A.S. el contrato 941 de 2014 resultaba jurídicamente procedente, en la medida en que se trató de un verdadero contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión, cuya ejecución fue instrumental para garantizar el seguimiento administrativo y operativo de los contratos de esquemas de seguridad vigentes para ese momento, permitiendo atender de manera eficiente una necesidad puntual de la entidad en el marco de su función supervisora, sin exceder los limites legales propios del tipo contractual seleccionado. FUENTE FORMAL: DECRETO 1510 DE 2013 - ARTÍCULO 81 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO DE APOYO / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONTRATACIÓN DIRECTA / PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / OBLIGACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión 941 de 2014, así como su modificatorio 001 de 2015, incurrieron en la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, por haber sido suscritos pretermitiendo la elaboración de estudios previos que justificaran su necesidad y conveniencia, y sin garantizar la pluralidad de oferentes que permitiera una comparación objetiva de propuestas, en contravía de los principios de planeación, transparencia y selección objetiva? Respuesta al problema jurídico: No La Sala anticipa que revocará la sentencia de primera instancia, mediante la cual, con fundamento en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, se declaró la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión 941 del 19 de diciembre de 2014 y de su modificación 001 del 28 de enero de 2015. A diferencia de lo sostenido por el a quo, en el proceso quedó establecido que la celebración del mencionado contrato estuvo precedida por la elaboración de los estudios previos correspondientes que justificaron su necesidad y conveniencia; asimismo, se aprecia que el proceso de selección se adelantó a través de la contratación directa, modalidad en la que no resulta exigible la obtención de varias ofertas. (...) Con todo, en el caso que ocupa la atención de la Sala no es menester ahondar sobre este particular, dado que en el caso sub examine —tal como fue anticipado— quedó establecido que la UNP sí elaboró los estudios previos correspondientes, que condujeron a la celebración del contrato de prestación de servicios para el apoyo a la supervisión de los contratos de servicios de seguridad suscritos para la provisión, implementación y operación de esquemas de protección. Ha de advertirse que este documento, al no haber sido tachado de falso y, pese a haber sido aportado junto al dictamen pericial, conserva plena eficacia probatoria y constituye, por ende, un elemento válido que permite colegir que, durante la etapa precontractual, el ente contratante: (i) describió la necesidad que pretendía satisfacer con la contratación; (ii) definió el objeto a contratar junto con su alcance; (iii) justificó la modalidad de contratación aplicable; y (iv) determinó el valor estimado, la forma de pago y los recursos presupuestales que se destinarían para su ejecución. Adicionalmente, se advierte que en la oferta presentada por CSL Trading S.A.S. se reprodujeron las actividades específicas previstas en los estudios previos como necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, lo que permite inferir que el contratista tuvo acceso a dichos estudios con antelación a la presentación de su propuesta. En tal virtud, de acuerdo con los medios probatorios arrimados al proceso no resulta admisible la afirmación de la entidad demandante según la cual dicho documento nunca existió. Como consecuencia de lo expuesto, contrario a lo concluido por el tribunal y a la vista de las pruebas, se tiene que la UNP, con antelación a la celebración del contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión 941 de 2014, cumplió con la obligación de elaborar los estudios previos exigidos en el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013. (...) lo expuesto, se concluye que en el proceso se demostró la elaboración de los estudios previos correspondientes que justificaron la necesidad y conveniencia de suscribir el contrato de apoyo a la supervisión 941 de 2014; a la vez, quedó establecido que, habiéndose tramitado el proceso contractual mediante la contratación directa, no resultaba exigible la obtención de varias ofertas como condición para garantizar el principio de selección objetiva. En suma, la Sala revocará la decisión de declarar la nulidad absoluta del contrato 941 de 2014, determinación que, igualmente, implica que conserva validez la modificación 001 de 2015, toda vez que, sin entrar a estudiar el cargo de nulidad específico formulado la parte accionante en relación con el acto modificatorio, esto es, que para el momento de su suscripción —28 de enero de 2015— el plazo contractual originalmente pactado ya había expirado —31 de diciembre de 2014— , el fallo de primera instancia declaró la nulidad absoluta de este acuerdo de voluntades como consecuencia directa de la anulación del contrato principal. (...) En definitiva, esta Subsección revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegará las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas a lo largo de esta providencia. Esta decisión lleva a prescindir del examen del segundo problema jurídico planteado, atinente a las restituciones mutuas, dado que este se encontraba Íntimamente ligado a la nulidad de los negocios jurídicos aquí analizados. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 2 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO DE APOYO / OTROSÍ AL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD / INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO Problema jurídico: ¿Era nulo el otrosí 001 de 2015 por haber sido suscrito supuestamente después del vencimiento del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si En este sentido, la decisión de primera instancia que declaró la nulidad absoluta de la modificación 001 de 2015 también debe ser revocada. Con todo, la Sala precisa que en cualquier caso el modificatorio referido no adolece de la nulidad absoluta que se alegó en la demanda, toda vez que, contrario a la aducido por la UNP, en el expediente obra un acta de suspensión suscrita el 30 de diciembre de 2014, que extendía los efectos del contrato por el periodo comprendido entre dicha fecha y el 30 de enero de 2015, dado que la entidad no había entregado la totalidad de facturación que debía revisar el contratista, documento que no desvirtuado en el proceso. En consecuencia, resulta claro que, para la fecha en que se suscribió la modificación, el contrato aún estaba vigente. Y si bien en la demanda se puso en entredicho la autenticidad de dicho documento de suspensión del contrato —que fue aportado por la sociedad demandada—, al alegarse que se celebró sin formalidad alguna en un papel que la entidad no usa oficialmente, lo cierto es que aquel, al no haber sido tachado de falso, conserva plena eficacia jurídica y ostenta valor probatorio. Además, se destaca que, a pesar de que el testigo Y. T. L. —auxiliar administrativo de la UNP—100 indicó de manera general y abstracta que el aludido documento contenía unas fechas erradas —tanto en lo concerniente al año de suscripción como al registro presupuestal—, aceptó que sí estaba firmado por el ordenador del gasto de la entidad, de ahí que su declaración no tenga la virtualidad de que en este asunto se desconozca el valor probatorio de ese acuerdo de suspensión, además porque, se insiste, aquel no fue tachado de falso. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si En este contexto, la Sala condenará en costas a la UNP, al haber sido la parte vencida en el proceso y constatarse que su contraparte participó activamente en el trámite de la segunda instancia mediante la presentación de alegatos de conclusión. Para tal efecto, corresponder· al Tribunal de origen efectuar la liquidación y tasación de las costas, debiendo considerar que, en esta instancia, se reconocen agencias en derecho por el 0,05% del valor de las pretensiones de la demanda, con fundamento en las tarifas fijadas en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201501972011100103