Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: las manifestaciones y pretensiones formuladas por las partes resultan vinculantes
Regla de decisión
Es improcedente el estudio del enriquecimiento sin justa causa en esta controversia y carece de objeto cualquier análisis de los argumentos de apelación dirigidos a desvirtuar la aplicación de esta figura.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista no puede basar la resolución de una controversia en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensiones ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual, debido a que la jurisdicción es de carácter rogado y las pretensiones de las partes resultan vinculantes. El juez no puede modificar la causa petendi ni el petitum de la demanda, ni introducir pretensiones que no fueron instauradas por las partes, y debe respetar el principio de congruencia y el derecho contractual celebrado entre las partes. Por lo tanto, es improcedente el estudio del enriquecimiento sin justa causa en esta controversia y la resolución debe basarse en el medio de controversias contractuales, atendiendo el régimen legal aplicable al negocio suscrito por las partes.
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Problema jurídico
¿Es improcedente resolver la controversia con fundamento en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensión alguna ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 1437 de 2011, art. 171
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Titulación de la relatoría 12.852 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / FUENTE DEL DAÑO / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / JUSTICIA ROGADA / JURISDICCIÓN ROGADA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOLICITUD DE NULIDAD / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
Problema jurídico:
¿Es improcedente resolver la controversia con fundamento en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensión alguna ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i bien el juez cuenta con el deber de dar el trámite correspondiente aunque se haya indicado una vía procesal inadecuada - artículo 171 del CPACA- y conforme al derecho de acceso a la administración de justicia rigen los principios “dame los hechos que yo te daré el derecho” -da mihi factum, dabo tibi ius- e iura novit curia -el juez conoce el derecho-, no puede perderse de vista que esta jurisdicción es de carácter rogado. En consecuencia, las manifestaciones y pretensiones formuladas por las partes resultan vinculantes y deben prevalecer frente a cualquier actuación oficiosa orientada a adecuar la demanda, máxime cuando es procedente un pronunciamiento de fondo, se respetan las normas procesales y se garantiza el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia. (...) la Sala encuentra que cuando las pretensiones tienen una causa contractual, la controversia debe juzgarse conforme a las reglas del negocio suscrito, con prelación sobre cualquier análisis relacionado con reconocimientos económicos derivados del enriquecimiento sin causa. Esta conclusión también se sustenta en que todo pronunciamiento de la jurisdicción debe respetar el principio de congruencia, el cual exige coherencia con las pretensiones y los hechos expuestos en la demanda. (...)esta Corporación ha establecido que el principio iura novit curia no permite modificar la causa petendi ni el petitum de la demanda. En consecuencia, tampoco permite la introducción de pretensiones que no fueron instauradas por las partes (...) En estos términos, las pretensiones instauradas tienen una causa petendi exclusivamente contractual y el hecho principal que la sustenta reside en la celebración del contrato 0107*2011*000041 de 2011, las condiciones pactadas para su ejecución, el alegado cumplimiento de las prestaciones y su liquidación unilateral. La referencia a la ejecución de prestaciones previas al perfeccionamiento del contrato, solo se presenta como un argumento fáctico para alegar la responsabilidad contractual, que justifica la parte demandante en la demora para la suscripción del contrato por motivos administrativos Así, ante el alegado incumplimiento contractual, la controversia debe analizarse según el régimen del negocio celebrado, el cual proporciona el marco normativo específico que reconoce derechos, impone obligaciones y establece mecanismos de satisfacción según las estipulaciones de las partes y lo dispuesto por la ley. (...) En el sub examine, la Subsección estima desacertada la decisión de primera instancia que, desconociendo que el petitum exigía abordar la responsabilidad contractual, resolvió el caso exclusivamente bajo los postulados del enriquecimiento sin causa a pesar de que la demanda no elevó ninguna pretensión relacionada con este instituto -ni como principal, ni subsidiaria, ni con fundamento en la acumulación de pretensiones- ni se estableció dicha figura como fundamento de derecho de la reclamación; contrario sensu, lo solicitado es la nulidad de la liquidación del contrato, el incumplimiento por el no pago del precio del contrato junto con la reclamación de los saldos adeudados en el negocio jurídico. Si bien la aplicación del principio iura novit curia permite al juez determinar cuál es el derecho aplicable a una controversia, no habilita a la instancia judicial a introducir ni reformular las pretensiones de la demanda. En esa medida, es improcedente el estudio del enriquecimiento sin justa causa en esta controversia y carece de objeto cualquier análisis de los argumentos de apelación dirigidos a desvirtuar la aplicación de esta figura. En consecuencia, el presente litigio se debe resolver por el medio de controversias contractuales atendiendo el régimen legal aplicable al negocio suscrito por las partes, conforme a sus presupuestos procesales.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la aplicación del principio iura novit curia, consultar sentencia de 13 de agosto de 2024, Exp. 70470, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 171
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA.-, en concordancia con el artículo 104 ibídem, que establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce los litigios originados en la actividad contractual de las entidades públicas, naturaleza que ostenta el departamento del Atlántico. También le asiste competencia a esta Corporación para conocer del presente asunto en segunda instancia en atención a su cuantía, en los términos del artículo 152, en concordancia con el artículo 157 del del CPACA.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 164, numeral 2, literal j, del CPACA, establece que la oportunidad para presentar la demanda, tratándose de contratos sometidos a liquidación, es de dos años, contados desde diferentes momentos, atendiendo al agotamiento del plazo contractual o legal para liquidar el contrato, o desde que ésta se efectúa. (...) Esta instancia encuentra que el departamento del Atlántico liquidó unilateralmente el contrato de la litis mediante la Resolución No. 01603 del 12 de mayo de 2014, confirmada en todas sus partes por la Resolución No. 02094 del 24 de julio de 2014, notificada personalmente el día 5 de agosto de 2014, por tanto, el acto adquirió firmeza el 6 de agosto de 2014, según lo consignado en el artículo 87, numeral 2, del CPACA. Es así como el término de 2 años para acudir a esta jurisdicción vencía, en principio, el 6 de agosto de 2016 y como el contratista presentó la demanda el día 30 de marzo de 2016, se concluye que acudió a la jurisdicción dentro de la oportunidad legal, aun sin necesidad de contabilizar los términos de suspensión para el trámite de la conciliación prejudicial.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 87 NUMERAL 2
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBJETO DEL CONTRATO / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La parte demandante desvirtuó la presunción de legalidad de la liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios?
Respuesta al problema jurídico: No
La valoración conjunta del acervo probatorio permite concluir que le asiste razón a la parte demandante cuando alega que la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de la liquidación unilateral ante la improcedencia de reconocer prestaciones ejecutadas en forma previa al perfeccionamiento del contrato estatal previsto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que consagra el carácter solemne de los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Además, el contratista ya había tenido relaciones contractuales con el Estado para prestar servicios similares en años anteriores -como se indicó en la demanda-, de modo que tenía pleno conocimiento de las exigencias legales para el perfeccionamiento del vínculo contractual, resultando improcedente la configuración de los vicios de falsa motivación o desviación de poder de la liquidación efectuada por el departamento del Atlántico, amparados en el principio de buena fe, con soporte en prestaciones previas a la ejecución del contrato. (...) no se desvirtuó la presunción de legalidad de la liquidación unilateral porque no se acreditaron los vicios de falsa motivación y la desviación de poder, fundamentados en la existencia de motivos falsos y móviles políticos atribuibles a la administración que asumió funciones en 2012. En efecto, estos argumentos no están llamados a prosperar porque se ha acreditado que la liquidación unilateral es acorde con el alcance del objeto, las prestaciones establecidas por las partes y la propuesta del Centro de Idiomas, razones suficientes para revocar el fallo del a quo y negar las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por ser la vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]egún lo dispuesto en el artículo 365, numeral 4 del CGP, se condenará en costas de ambas instancias a la parte demandante, Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente. Respecto a las agencias en derecho, en la medida que la parte demandada ejerció su defensa a través de la designación de apoderado judicial, que debió vigilar el proceso en sede de apelación, y que el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, normativa vigente para la fecha en que se presentó la demanda estableció la fijación de las agencias en un porcentaje del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia , esta Corporación fijará como agencias de la primera instancia la suma del 0,5% sobre el valor del petitum64 correspondiente a $2.696.873 y de segunda instancia otra suma del 0,5%, equivalente al mismo monto, a la fecha de ejecutoria del fallo. Las costas serán liquidadas por el Tribunal de origen.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4