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Consejo de Estado
Providencia
No se probó el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada
Sentencia — Sentencia
2024-04-12
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 47001233100020100020701
ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada? No
En la acción de enriquecimiento sin causa el demandante debe probar el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada y su propio empobrecimiento, así como la prestación efectiva de los servicios que alega, de modo que no basta con afirmar la existencia de la prestación ni con un dictamen que se limite a actualizar el valor de las facturas. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el demandante que no formula reparos a la conclusión del tribunal sobre la inexistencia del enriquecimiento no sustenta su pretensión en segunda instancia. Segundo, el empobrecimiento exige probar la prestación alegada, y las pruebas documentales y periciales deben acreditar su realización. Tercero, un peritaje que solo actualiza el valor de las facturas y del monto total del proyecto no demuestra el enriquecimiento ni el empobrecimiento. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, la prueba de los servicios prestados y del beneficio obtenido por la entidad debe aportarse de manera específica en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿Los requisitos del enriquecimiento sin causa están ausentes de prueba en el caso que ocupa la atención de la Sala?
¿El Tribunal advirtió que no se había acreditado el enriquecimiento alegado?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Las entidades demandadas están legitimadas en la causa por pasiva por el presunto incumplimiento
Sentencia — Sentencia
2021-10-21
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100019980011801
ACCION CONTRACTUAL
¿Las entidades demandadas están legitimadas en la causa por pasiva por el presunto incumplimiento de un contrato del cual no fueron parte? Sí
El contratista no puede demandar a entidades que no fueron parte del contrato de compraventa, ya que estas no tienen relación directa con la obligación de entrega del bien, que recae en la entidad vendedora original. La legitimación en la causa por pasiva de las entidades demandadas no se configura cuando no participaron en la relación contractual como propietarios vendedores, y el desplazamiento patrimonial alegado tiene su origen en una causa jurídica, el contrato de compraventa, que ya se está perseguiendo a través del medio de control de controversias contractuales. Por lo tanto, no se cumplen los requisitos para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa como pretensión subsidiaria. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de que la entidad demandada tenga una relación directa con la obligación incumplida y que no existan otras acciones contractuales para resolver el conflicto.síntesis automática
También resuelve:
¿Como el desplazamiento patrimonial alegado tiene origen en una causa jurídica –el contrato de compraventa–, que fue perseguida a través del medio de control de controversias contractuales…
¿Cuáles son los presupuestos del contrato de compraventa?
¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, especialmente la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en asuntos…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-10-21
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 68001233300020240019501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocer de una demanda en la que se alega la presunta responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, así como para resolver la apelación interpuesta contra el auto del Tribunal Administrativo que rechazó la demanda por caducidad del medio de control? Sí
El contratista puede interponer una demanda de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando se alega la responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, y la entidad competente es el Consejo de Estado para resolver la apelación contra un auto de Tribunal Administrativo que rechaza la demanda por caducidad del medio de control, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, la Sala reitera que el medio de control de reparación directa es procedente para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador cuando existe una omisión administrativa en reintegrar dichos costos, y que el recurso de apelación fue presentado y sustentado oportunamente, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a este medio para proteger sus intereses frente a enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente?
¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador…
¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el resarcimiento de perjuicios derivados de un enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2021-11-22
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100019980093701
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede interponer recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, dado que el Consejo de Estado es competente para conocer estos recursos de acuerdo con el artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, y su competencia también se fundamenta en la cuantía de la pretensión, conforme al artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 132 numeral 8 del Decreto Ley 1 de 1984. La Sala reitera esta posición, lo que implica que los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia serán conocidos por el Consejo de Estado siempre que se cumplan con los requisitos de competencia y cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato?
¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?
¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No haberse procedido a la celebración del contrato minero definitivo
Sentencia — Sentencia
2023-07-14
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 15001233100020110008101
ACCION CONTRACTUAL
¿Las resoluciones acusadas incurrían en violación de las normas en que debían fundarse, en particular, los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 58 y 83 de la Constitución Política, en cuanto desconocían el deber de obrar conforme a la buena fe y quebrantaban derechos como la igualdad, el trabajo, la propiedad privada y el debido proceso? Sí
La entidad pública o sociedad de economía mixta que celebra un contrato minero provisional para la exploración y explotación de recursos naturales y posteriormente declara su caducidad y liquidación unilateral se somete al control de legalidad ante la jurisdicción contencioso administrativa en el marco de la acción de controversias contractuales. En el asunto analizado, un contrato suscrito para la exploración de esmeraldas preveía la celebración posterior de un contrato definitivo dentro de los plazos establecidos, cuya omisión generó controversias sobre la declaratoria de caducidad y la liquidación unilateral del negocio jurídico por parte de la autoridad minera competente. La Corporación advierte la necesidad de verificar el ejercicio oportuno de la acción y la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda conforme a las normas constitucionales y legales aplicables, en particular los preceptos del Decreto 01 de 1984 y las normas especiales que rigen la materia contractual minera.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia el proceso en consideración a que las pretensiones de la demanda se relacionan con la declaración de incumplimiento de un…
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a las pretensiones relativas a la declaratoria de incumplimiento del contrato provisional por la no suscripción del…
¿Está configurada la caducidad de la acción de controversias contractuales en relación con la pretensión de declaración de inexistencia del contrato…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La acción contractual se ejerció en tiempo
Sentencia — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233100020120025701
ACCION CONTRACTUAL
¿La acción contractual se ejerció en tiempo, esto es dentro de los dos años a cuando concluyó la fase de liquidación y la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin justa causa, dentro del termino contado desde que el demandante adquirió certeza del no reconocimiento de las sumas reclamadas? Sí
Cuando el contrato concluye sin liquidación, los términos de liquidación bilateral de cuatro meses y unilateral de dos meses se cuentan desde la finalización del plazo de ejecución, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y la caducidad se computa desde que concluye esa fase. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el plazo de ejecución dio inicio a los términos de liquidación previstos en la ley, lo que fija el punto de partida del término bienal del artículo 136.10 literal d del Código Contencioso Administrativo. Segunda, la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin justa causa tiene un término bienal propio del artículo 136.8, que se cuenta desde que el demandante adquirió certeza de la negativa de reconocimiento. Tercera, incluso tomando la fecha menos favorable al demandante, la demanda se presentó dentro del término. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera la línea de la Subsección C citada en su nota de relatoría. La consecuencia práctica es que el término de caducidad debe fijarse desde la liquidación o la negativa, y no desde la terminación de la ejecución.síntesis automática
También resuelve:
¿En el presente asunto, el Municipio está legitimado en la causa por pasiva, cuando hay dos pretensiones diferentes, una contractual y no fue parte del contrato y la otra, subsidiaria…
¿El contrato núm. 0069 de 2009 celebrado entre la Fundación e Ingetec debe, por su naturaleza, constar por escrito?
¿Incumplió la Fundación el contrato núm. 0069 de 2009 por la falta de reconocimiento de mayores cantidades de obras y de obras adicionales?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001232600019950118501
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, que establece la competencia del Consejo para resolver recursos de apelación. Esta competencia se extiende a casos en que la cuantía de la pretensión supera la suma prevista en el artículo 132 numeral 8 del mismo decreto, según el artículo 20 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo. La modificación de este precedente facilita el acceso a la justicia en controversias contractuales de alto valor, permitiendo una revisión más amplia de las decisiones judiciales en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se solicita el incumplimiento del contrato y la nulidad de los…
¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?
¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que liquidó unilateralmente el contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia Unificación
Sentencia Unificación — Sentencia
2023-07-27
Sección Tercera (Subsección C)
Rad. 05001233100019990215101
ACCION CONTRACTUAL
¿Aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos, es deber del juez estudiar las pretensiones, desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos? Sí
En los contratos estatales, el juez debe estudiar las pretensiones relativas a la ejecución aunque la parte no haya formulado reclamación específica ni salvedad al suscribir suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o contratos adicionales. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el alcance de estos acuerdos debe interpretarse en cada caso, pues su firma no implica necesariamente la renuncia a reclamar. Segunda, el deber del juez consiste en desentrañar la verdadera intención de las partes frente a esos acuerdos, con el fin de determinar si la reclamación está vigente. En el caso, la providencia niega la pretensión de la parte que alegaba que su silencio al firmar los acuerdos impedía el estudio de sus reclamaciones. En la práctica, la firma de prórrogas o adicionales sin salvedad no cierra automáticamente la discusión de los perjuicios de la ejecución, y el juez examinará si las partes quisieron renunciar a ellos.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?
¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se legan los perjuicios originados en una…
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales?
NIEGA